Río Negro
Aprobaron modificaciones a la ley de apicultores
Además, se aprobaron otras normas en la sesión de esta mañana en la Legislatura rionegrina.
El Parlamento rionegrino avaló hoy la iniciativa del Ejecutivo provincial para incorporar a la ley de Apicultura un “arancel de egreso” para todos los apicultores que egresen material vivo de la Provincia. Esta norma, que en 2004 declaró de interés provincial a la apicultura, establece actualmente el pago de un arancel de ingreso, discriminando entre apicultores radicados y no radicados en la Provincia, lo cual, según el Ejecutivo, incide de manera negativa en las economías regionales frutícolas y hortícolas de la Provincia, porque afecta el rendimiento de las cosechas.
En este sentido, el legislador Alfredo Martín (JSRN) argumentó que “la ley necesita un cambio para tratar de mejorar la situación de nuestros apicultores y terminar con las demandas de los apicultores que vienen del norte del río Colorado, que argumentan que existe en Río Negro una especie de barrera”.
Afirmó que esta propuesta crea trabajo y mayores posibilidades de exportar desde los puertos patagónicos, y evitar así que los apicultores foráneos vengan con sus colmenas y se lleven nuestra miel para venderla en otras provincias.
El proyecto establece que el arancel sea fijado por la autoridad de aplicación y destinado en su totalidad al “Fondo Apícola”. Define además que a los apicultores que demuestren haber utilizado salas de extracción de Río Negro, se les reembolsará el arancel.
Prórroga de la Vivienda Única de Residencia Permanente
Se aprobó también la prórroga, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2017, de todos los plazos procesales establecidos en la ley de “Régimen Excepcional de Protección de la Vivienda Única de Residencia Permanente”. Mario Sabatella, autor de la iniciativa, explicó que la “Ley de Protección de la Vivienda” y sus prórrogas tienen por objeto la suspensión de todas las ejecuciones hipotecarias de inmuebles que fueran el único bien de residencia permanente del grupo familiar del deudor, cuando la hipoteca sea producto de créditos destinados a la compra, construcción, refacción o ampliación del inmueble motivo de la subasta.
El legislador del Frente para la Victoria resaltó que esta medida es más importante que en otros momentos, por la caída del salario y porque para los productores es cada día más difícil afrontar las cuotas. Consideró que tanto el gobierno nacional como el provincial deben articular políticas que incluyan a los deudores en un plan de financiamiento, que les permita mantener su vivienda mediante el pago de cuotas razonables y no confiscatorias.
Adhieren a la ley nacional de turismo rural
La Legislatura rionegrina avaló por unanimidad hoy la adhesión a la ley nacional que establece la promoción y el desarrollo sustentable de las actividades turísticas de los pueblos rurales, impulsada por la legisladora Soraya Yauhar (UCR). La autora explicó que la iniciativa busca complementar la legislación provincial con la recientemente sancionada ley nacional, que se basa en la planificación turística provincial desde su perspectiva económica, sociocultural, medioambiental y territorial, respetando los planes turísticos estratégicos que se definan tanto desde la provincia como desde los municipios, y promoviendo la cooperación política, técnica y financiera entre todos los sectores involucrados.
Yauhar resaltó que “pensar en proyectos turísticos como forma de diversificar las fuentes de ingreso de los distintas localidades rurales, compromete a desarrollar al turismo como actividad socio económica y cultural basada en la planificación, generación y gestión de productos turísticos de calidad”. En este sentido, señaló que actualmente la población rural en la Provincia es de 82 mil habitantes, más del 10 por ciento de la población total. Afirmó que Río Negro tiene riquezas invalorables naturales y arquitectónicas que son dignas de difundir, y expresó que si bien son muchos los pueblos, una gran cantidad de ellos están en la región sur, con características especiales y potenciales para el turismo.
El legislador Alejandro Marinao (FPV) adelantó el voto favorable de su bancada y destacó que “es necesario revitalizar todos los potenciales que tenemos en los pueblos y comisiones de fomento”. Afirmó que hay antecedentes en la región sur sobre esta materia, y que todavía se mantienen localidades con actividad y búsqueda de desarrollo de ese potencial, como Pilcaniyeu, Maquinchao y Los Menucos, que esta Legislatura ya promocionó. En este sentido y como un llamado al Poder Ejecutivo, el legislador resaltó que “tenemos elementos, tenemos normas, pero no podemos permitir que estas leyes `duerman el sueño de los justos`”.
Por su parte, Sandra Recalt (JSRN) expresó que la adhesión a esta ley no solo se refiere al financiamiento o recuperación de patrimonio cultural e histórico, sino también a optimizar todas las herramientas que esta gestión ha aportado a la Región Sur, como la llegada de servicios de internet, gas, luz y otros.
Arabela Carreras (JSRN) agregó que “la mejora de las condiciones de vida de los pobladores rurales de la Provincia, a partir de las acciones concretas del gobierno provincial ha llevado, no solo a que los pobladores piensen en no abandonar la vida rural, sino en ir incorporando otras estrategias para darle sustentabilidad a sus proyectos”.
Modifican la autoridad de aplicación de la ley que creó el Conservatorio de Música
Se aprobó esta tarde en la sesión de la Legislatura rionegrina una modificación a la ley que creó el Conservatorio de Música de Géneros Populares de la Provincia de Río Negro. La iniciativa establece un cambio en la autoridad de aplicación de la ley, que pasa a la órbita de la Secretaría de Cultura Provincial.
La modificación se plantea por la distribución de funciones, facultades y competencias dentro del Poder Ejecutivo provincial. La Secretaría de Cultura cuenta actualmente con una Dirección de Artística y funcionarios de la cartera han expresado su interés por implementar la ley que creó el Conservatorio y aportar a su reglamentación desempeñando el rol de autoridad de aplicación de la misma.
Judiciales
Más de 100 causas de Defensa del Consumidor ingresaron solo al fuero Civil en lo que va de 2025
Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos.
En los primeros 6 meses del año, los Juzgados y unidades jurisdiccionales Civiles tramitaron 108 causas por denuncias de Defensa del Consumidor. Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos alcanzados entre las partes. Es una de las vías de ingreso, aunque no la única, de temas de consumo.
El fuero civil provincial cuenta actualmente con 16 organismos distribuidos en 8 ciudades: Viedma, San Antonio Oeste, Roca, Villa Regina, Choele Choel, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti. Desde estos organismos se tramitan procesos que van desde reclamos de consumidores hasta sucesiones, daños y perjuicios, ejecuciones y amparos, entre otros.
Existen otros organismos que también reciben denuncias de las y los consumidores como por ejemplo los juzgados de Paz, algunas oficinas municipales y las áreas de Defensa del Consumidor del poder Ejecutivo.
En el Poder Judicial de Río Negro, durante el primer semestre de 2025, el fuero Civil recibió 3.056 causas nuevas. En ese mismo período, dictó 2.213 sentencias que pusieron fin a los procesos, lo que refleja un alto nivel de resolución de expedientes. Entre los tipos de procesos más frecuentes se destacan las sucesiones intestadas (953 casos, 30% del total), los reclamos por daños y perjuicios (395) y los procesos ejecutivos (379), además de las denuncias de Defensa del Consumidor.
La Ley 24.240 establece los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores en las relaciones de consumo. Una relación de consumo es un vínculo que se establece entre el proveedor de un bien o servicio y el consumidor o usuario del mismo. Incluye el antes, durante y después de la compra del producto o contratación del servicio.
Esta norma garantiza que las personas tengan derecho a recibir información cierta, clara y detallada sobre los productos o servicios, a ser tratadas de manera digna y equitativa, a obtener comprobantes de las operaciones y a contar con bienes y servicios que no representen riesgos para su salud o seguridad.
También regula aspectos clave como las garantías legales, los plazos de entrega, las condiciones de las compras por internet y la calidad en la prestación de servicios públicos esenciales.
La información estadística del fuero Civil forma parte de los informes semestrales realizados por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia. Las estadísticas permiten optimizar la toma de decisiones al apuntalar determinados fueros u organismos de acuerdo a la carga de trabajo.
Política
«Un país no se construye abandonando las universidades y la salud»
Weretilneck habló tras los nuevos vetos de Milei a las leyes aprobadas en el Congreso y aseguró que no hubo ningún llamado del presidente.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó con firmeza los vetos del presidente Javier Milei a leyes claves para el financiamiento de la educación, la salud pública y las provincias. Anticipó que en el Congreso se rechazarán estas decisiones. «Un país no se construye abandonando a las universidades, quitándole la salud a los niños y negándole a las provincias los recursos que les corresponden. Eso no es federalismo, es un castigo injusto», afirmó.
El mandatario provincial remarcó que los vetos dejaron sin efecto normas votadas por amplia mayoría en el Congreso: la ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). «Estamos hablando de derechos básicos: educación, salud y federalismo. No de privilegios», enfatizó.
En relación a los ATN, explicó que «son fondos que se descuentan de la coparticipación, es decir, de los impuestos que nos pertenecen a las provincias. No pedimos nada más que lo que corresponde: esos recursos son de los rionegrinos y deben volver en obras, en escuelas, en hospitales y en servicios para nuestra gente».
En diálogo con LU19, Weretilneck también advirtió que «no hubo ninguna convocatoria institucional a las provincias» por parte del Gobierno Nacional. «El diálogo que existió fue partidario, con gobernadores aliados a La Libertad Avanza. Exigimos un ámbito federal serio, con temario claro, donde estemos todas las provincias, no un encuentro político a puertas cerradas», sostuvo.
Finalmente, fue categórico. «Río Negro no se va a quedar en silencio frente a estas decisiones. Vamos a defender en el Congreso lo que corresponde a nuestra gente. Porque la defensa nace acá, en cada provincia, en cada universidad, en cada hospital que necesita recursos para seguir de pie», concluyó.
Judiciales
Estuvo varado más de 12 horas sin agua ni asistencia: Condenan a empresa de transporte por trato indigno
El colectivo se quedó sin combustible a pocos kilómetros de Chimpay.
Un hombre que viajaba desde Cipolletti hacia Sierra Grande quedó varado en la ruta, sin agua ni comunicación, cuando el colectivo de larga distancia en el que se trasladaba se detuvo por falta de combustible a pocos kilómetros de la localidad de Chimpay. Horas más tarde, al retomar el viaje en otra unidad, el colectivo no se detuvo en el parador correspondiente y, luego de una discusión con los choferes, la persona fue obligada a descender a la intemperie, sin su equipaje.
Tras varios intentos administrativos para obtener una compensación por parte de la empresa Autotransportes Andesmar S.A., y al no lograrlo, el cliente inició una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Sierra Grande.
En el fallo se explicó que el hombre abordó el colectivo interno 5295 a las 10 de la mañana, una hora después del horario estipulado. Hacia el mediodía, a unos 15 kilómetros de Chimpay, la unidad se detuvo por falta de combustible. Las personas pasajeras permanecieron en el lugar hasta que personal policial y de bomberos organizó traslados particulares hacia la terminal de esa localidad. Recién a las 22 horas llegó otra unidad para continuar el viaje.
Durante la madrugada siguiente, ya en las proximidades de Sierra Grande, el colectivo pasó de largo por el lugar donde la persona solía descender. Al pedir que se detuviera, el chofer la insultó y se negó a retroceder. Un segundo conductor, que no se encontraba de servicio, intervino en la discusión. Según el relato, descendió del vehículo con el torso descubierto y un cinturón en la mano, y obligó al pasajero a bajar, lejos de su destino y sin su valija.
Frente a esta situación, presentó reclamos ante Defensa del Consumidor de San Antonio Oeste y Sierra Grande. La empresa negó los hechos denunciados y ofreció una suma compensatoria que fue rechazada por el cliente. Luego, las partes intentaron una instancia de mediación, sin resultados.
En su análisis, la jueza de Paz sostuvo que existió una relación de consumo encuadrada en la Ley 24.240 y en el Código Civil y Comercial. Señaló que el proveedor debe garantizar información clara, trato digno y cumplimiento del servicio contratado. También indicó que, ante la existencia de dudas, corresponde interpretar el contrato de manera más favorable a la persona usuaria.
El fallo consideró acreditada la situación de vulnerabilidad de la parte actora y concluyó que el accionar de la empresa vulneró los derechos protegidos por la normativa vigente. Además del daño material, el juzgado identificó una afectación moral relacionada con la angustia, el maltrato sufrido y la pérdida del equipaje.
La sentencia también impuso un resarcimiento en concepto de daño punitivo, al considerar que la empresa ignoró los distintos reclamos administrativos y obligó a la persona afectada a acudir al Poder Judicial para resolver el conflicto.
Finalmente, la magistrada condenó a la empresa Andesmar a pagar, en concepto de daño directo, la suma de $1.400.000; en concepto de daño extrapatrimonial, $200.000; y en concepto de daño punitivo, $200.000, más intereses.
