El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro, Rodolfo Aguiar, y otros tres dirigentes del gremio fueron procesados a raíz de los disturbios ocurridos en Contralmirante Cordero el 27 de mayo del año pasado en el contexto de un conflicto gremial entre las autoridades comunales y empleados del Municipio, agrupados en el sindicato estatal. A esto hay que sumarle el pedido de captura para que Aguiar preste declaración en los Tribunales Federales, también por incidentes en la localidad rionegrina, pero en el marco de otra causa que se investiga en el ámbito nacional.

El procesamiento, que se firmó el 24 de abril último, consigna que «no se desconoce el derecho a la protesta por parte de cualquier trabajador sindicalizado empero ese derecho a la protesta no justifica bajo ningún punto de vista la producción de daño a los bienes ajenos o lesiones a otras personas y por ende debe desentrañarse el alcance de los hechos acaecidos en esa aciaga jornada».

A lo largo del proceso pudo constatarse “efectivamente los daños que ocurrieran en el edificio del Municipio de Contralmirante Cordero, los que fueron ilustrados por el personal de la policía científica y descriptos profusamente por las personas que declararon”, surge de la resolución.

Ante consultas periodísticas, el juez Santiago Márquez Gauna, titular del Juzgado N° 4 de Cipolletti, confirmó que las cuatro personas procesadas son Rodolfo Aguiar, Danilo Cinchini, Ezequiel Villanueva y Sergio Cides.

Dice la resolución que “la participación de una muchedumbre en este tipo de sucesos torna muy difícil acreditar la causalidad necesaria entre su accionar y el resultado que pretende imputársele y por ello, si bien al inicio se imputaron los hechos a un gran número de personas, a medida que fue progresando la investigación, con buen tino, la fiscalía fue desvinculando del proceso a aquellas personas que solo se podía demostrar su presencia en el lugar, mas no se podía acreditar fehacientemente cual conducta desplegaron y que resultado tuvo la misma. Así llegamos al estadio procesal donde el representante de la vindicta publica insta el procesamiento de cuatro de los imputados, por los hechos que le fueran imputados y corresponde entonces expedirme en concreto sobre la participación de estos en dichos hechos.

De acuerdo con la acusación que imputó la Fiscalía ese 27 de mayo, a las 13.10 hs, en inmediaciones del Municipio de Cordero, «los manifestantes arrojaron elementos contundentes tales como piedras, bulones y esferas de rulemanes como así también botellas, palos y hasta una varilla roscada contra el edificio municipal y contra los agentes policiales que lo custodiaban. Provocaron importantes daños en la parte externa del edificio, en el revoque y persianas, destruyendo ocho vidrios del salón de usos múltiples, cuatro vidrios del polideportivo, veinte vidrios de puertas y ventanas corredizas del sector de Catastro y compras; un espejo retrovisor lateral del móvil del COER, un vidrio lateral de un segundo móvil y la parte trasera de otro móvil marca Fiat Siena. También causaron daños en la vestimenta y elementos de protección policial. En ese contexto, Aguiar tomó impulso a la carrera y pateó la puerta de acceso principal del edificio municipal, dañando la madera y los herrajes, golpeando a un empleado municipal que se encontraba sosteniendo la misma por el lado de adentro».

«En el mismo lugar, 20 minutos después, Aguiar atentó contra el personal policial abalanzándose con violencia contra el vallado humano formado por el subcomisario Nelson Monsalve y el comisario Mauro Aldo Albornoz, quienes evitaron el ingreso al edificio municipal de los manifestantes para impedir que se ocasionen mayores daños a los bienes de la municipalidad. Luego y en iguales circunstancias, atentaron contra el personal policial actuante, empleando armas (resorteras y palos) y la fuerza bruta, ejerciendo violencia contra los mismos provocándoles lesiones», dice la investigación.

Al momento de resolver, el juez analizó los certificados médicos, las declaraciones testimoniales, los croquis ilustrativos, actas de allanamientos, informes de investigación, de Criminalística y de los médicos Forenses. Consideró el magistrado “no hay testigo que no describa como las personas que protestaban sobre la Ruta Nacional N° 151, arremetieron contra los numerarios del grupo COER y contra otros numerarios policiales que se desempeñaban en la cobertura de seguridad dispuesta para proteger los bienes públicos”.

En ese sentido, Márquez Gauna dictó el procesamiento de Aguiar por los delitos de “lesiones leves en concurso real con atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas en concurso real con daños agravados por ser cometidos contra bienes públicos”; de Danilo Cinchini por los delitos de “atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas en concurso real con daños agravados por ser cometidos contra bienes públicos”; de Ezequiel Villanueva por los delitos de “atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas” y de Sergio Cides por los delito de “daños agravados por ser cometidos contra bienes públicos”.