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Río Negro

El STJ confirmó condenas a hermanos acusados de cobrar «peaje» a porteros de Roca

El abogado de Miriam y Pablo Quintreman había apelado el fallo de la Cámara Criminal Segunda de Roca de octubre pasado, pero el máximo órgano judicial de la provincia ratificó el mismo.

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El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena de tres años de prisión en suspenso y una multa de $50.000 que la Cámara Criminal Segunda de Roca había impuesto en octubre pasado a dos personas como coautoras de los delitos de «exacciones ilegales agravadas, cuatro hechos en concurso real». Con voto rector del Dr. Sergio Barotto y adhesión de sus pares Dres. Ricardo Apcarian y Enrique Mansilla, el máximo tribunal provincial declaró mal concedido el recurso de casación interpuesto por la defensa de los imputados Miriam Graciela Quintreman y Roberto Pablo Quintreman y confirmó además, respecto del segundo, la inhabilitación absoluta perpetua que había impuesto la Cámara.

En la sentencia se tuvo por acreditado que «entre los años 2009 y 2010, siendo Miriam Quintreman encargada del área del personal no docente (porteros) de la Delegación de Educación del Alto Valle Este y su hermano empleado del Departamento Unidad de Gestión y del área de Salud de la misma Delegación, condicionaron el ingreso, permanencia y rotación de porteros escolares al pago injustificado de sumas de dinero por parte de éstos».

«En su condición de agentes públicos y abusando sistemáticamente de los cargos como de los roles confiados, violaron los deberes inherentes a sus funciones en tanto les exigieron a las víctimas la entrega de varias contribuciones indebidas. Se aprovecharon así de las necesidades de aquellas respecto del acceso a servicios temporarios en el Estado o su renovación y les impusieron pagar en su beneficio distintas sumas de dinero», indica el fallo.

Tras evaluar la sentencia de Cámara, el juez Barotto coincidió en que se acreditó, «más allá de toda duda razonable», que «los imputados, funcionarios públicos, en coautoría y abusando de su cargo, exigieron de modo arbitrario y violentamente a cuatro víctimas la entrega de dinero para ellos, como condición para obtener empleo público o lograr que no se rescindieran sus contratos».

La discusión técnica del fallo

En la casación, el defensor particular Dr. Jorge Crespo cuestionó el rechazo a su planteo de «atipicidad», con el cual había sostenido en el juicio que la conducta de los imputados no encuadraba técnicamente en ningún delito tipificado en el Código Penal. También reprochó la aplicación de la figura de «exacciones ilegales agravadas», considerándolo un delito de naturaleza distinta al delito de «concusión» reclamado por la Fiscalía.

Tras realizar un análisis minucioso de los «tipos penales» mencionados en el caso, el fallo del STJ concluyó que corresponde aplicar la figura de «concusión» cuando el provecho (sea dinero u otra dádiva) es para el funcionario que lo pidió o para otro particular, y que se trata del delito básico de «exacciones» cuando la destinataria de la suma indebida es la propia Administración Pública. Con ese posicionamiento, el STJ modificó y precisó el criterio de

tipificación que venía sosteniendo el STJ en sus fallos desde el año 2005.Se concluyó así que el delito «básico» de exacciones está previsto en el artículo 266 del Código Penal, que sanciona con prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial de 1 a 5 años al «funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden». Luego el artículo 267 agrava el delito «si se empleare intimidación o se invocare

orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima».Y finalmente el artículo 268, que específicamente se refiere al delito de «concusión», define un segundo agravante elevando la pena de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para «el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en los artículos anteriores».

En el caso juzgado fueron aplicados los tres artículos, utilizándose como equivalentes los términos «exacciones ilegales agravadas» y «concusión». Es por eso que la Cámara de Roca, al fundamentar su elección del tipo penal, señaló que el artículo 266 «contiene varios supuestos de exacciones ilegales, entre ellos la concusión, delito por el que han de responder los acusados en calidad de coautores».

Conforme el voto rector siempre se trató de un pedido ilegal de dinero en provecho propio; por tanto se trataba de una concusión ubicada en el artículo 268 del Código Penal, que debe remitirse al criterio general del 266 del mismo Código, en tanto éste último menciona las exacciones.

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Río Negro

Convocan a audiencia pública por el Parque Eólico en Cerro Policía

En la audiencia participarán autoridades provinciales, representantes de la empresa proponente, equipos técnicos y vecinos de la región.

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El Gobierno de Río Negro convoca a una audiencia pública presencial para analizar el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Parque Eólico Cerro Policía 300 MW, impulsado por la empresa Argentina Fortescue Future Industries S.A, en el marco del procedimiento de evaluación ambiental vigente.

La instancia participativa se realizará el 19 de marzo de 2026, a las 10 en la Escuela 193 José Sabino Rojas, ubicada en calle Los Olmos s/n de Cerro Policía, y tiene como objetivo garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en el análisis del proyecto.

La audiencia se enmarca en el análisis del Estudio de Impacto Ambiental, instrumento técnico que evalúa los efectos ambientales, sociales y territoriales asociados a la construcción y operación del parque eólico, cuya finalidad es la generación de energía eléctrica a partir de una fuente renovable como el viento, en el Departamento El Cuy.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se destacó que este tipo de instancias permiten fortalecer los procesos de evaluación ambiental, asegurando la transparencia y el involucramiento de la comunidad en decisiones estratégicas vinculadas al desarrollo sostenible y la transición energética de la provincia.

La convocatoria fue formalizada mediante la Resolución RESOL-2026-137-E-GDERNE-SAYCC#SGG, y forma parte de las políticas públicas orientadas a compatibilizar el desarrollo productivo con la protección del ambiente, promoviendo proyectos que incorporen criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

En la audiencia participarán autoridades provinciales, representantes de la empresa proponente, equipos técnicos y vecinos de la región, conforme a lo establecido por la normativa ambiental vigente.

Las personas interesadas en participar de forma oral o mediante la presentación de un escrito deberán inscribirse completando sus datos personales en el formulario disponible en la web oficial de Ambiente (ambiente.rionegro.gov.ar), con un plazo de inscripción de hasta 72 horas previas a la realización de la audiencia. Cada intervención podrá extenderse por un máximo de cinco minutos.

Por consultas, se encuentra habilitado el correo electrónico [email protected]. Asimismo, el expediente completo del proyecto se encuentra disponible en línea para su consulta pública.

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Judiciales

Tras una agresión sexual, autorizaron a dos adolescentes a suprimir el apellido paterno

La incomodidad apareció en la escuela primaria y volvió a manifestarse más adelante, cada vez que el apellido figuró en un listado o fue pronunciado en voz alta.

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En una casa de Cipolletti, dos adolescentes de 12 años insistieron con una idea que fue tomando forma con el paso del tiempo: dejar de llevar el apellido de su padre. No se trató de un impulso aislado. La incomodidad apareció en la escuela primaria y volvió a manifestarse más adelante, cada vez que el apellido figuró en un listado o fue pronunciado en voz alta.

La madre recogió ese pedido e inició una acción para suprimir el apellido paterno y mantener únicamente el apellido materno. El expediente dejó asentado un antecedente determinante: el padre de las adolescentes fue condenado por una agresión sexual cometida dentro del ámbito familiar y, a partir de ese hecho, el Poder Judicial lo privó de la responsabilidad parental.

En ese proceso previo, el tribunal incorporó una condena penal por agresión sexual agravada por el vínculo y la convivencia, que tuvo como víctima a una hija mayor integrada al grupo familiar. Al analizar ese contexto, el Juzgado sostuvo que la conducta resultó incompatible con los deberes de protección y cuidado propios de la responsabilidad parental y expuso a las niñas a una situación de riesgo para su salud psíquica y emocional.

Con el paso de los años, fueron las adolescentes quienes pidieron avanzar con el trámite. Según lo expuesto en la demanda, el apellido paterno se convirtió en un recordatorio permanente de la agresión sexual y del abandono, y dejó de funcionar como un elemento neutral de identidad. También se destacó que la madre sostuvo en soledad el cuidado cotidiano y la protección frente a ese contexto.

El Juzgado ordenó las medidas habituales. Intervinieron la Defensora de Menores, el Ministerio Público Fiscal y el Registro Civil y Capacidad de las Personas. El equipo técnico interdisciplinario elaboró informes y los establecimientos educativos remitieron sus apreciaciones. En esos documentos se dejó constancia del malestar expresado por las adolescentes en relación con el apellido paterno, tanto en la primaria como en el nivel secundario.

En diciembre del año pasado se realizó la audiencia de escucha. Allí, las jóvenes explicaron de manera directa por qué no querían seguir usando el apellido de su padre. Los informes incorporados al expediente reflejaron que el apellido se asociaba a una historia de agresión sexual y producía una afectación en su esfera emocional.

Al dictar sentencia el fuero de Familia de Cipolletti encuadró el caso dentro de las normas del Código Civil y Comercial que permiten modificar el apellido cuando existen justos motivos. Con base en las entrevistas, los informes técnicos y los antecedentes judiciales, el tribunal consideró acreditado que el uso del apellido paterno afectó la personalidad de las adolescentes.

La resolución hizo lugar al pedido y ordenó la supresión del apellido paterno de ambas jóvenes, con la continuidad del apellido materno como única identificación. El fallo dispuso además las comunicaciones necesarias para su anotación registral una vez que la decisión quedara firme.

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Política

Weretilneck puso en funciones al nuevo ministro de Gobierno de Río Negro

Se trata de Agustín Ríos. También asumieron Natalia Almonacid como secretaria de Gobierno e Ivana Porro al frente del IPROSS.

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El gobernador Alberto Weretilneck tomó juramento a Agustín Ríos como nuevo ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro y puso en funciones a nuevos integrantes del Gabinete, en el marco de una nueva etapa de gestión con perfiles renovados. En ese contexto, destacó el «recambio generacional como parte de un Gobierno dinámico y puso en valor la normalidad institucional, la paz social y la estabilidad política como pilares fundamentales de la Provincia».

Durante la jornada también asumieron Natalia Almonacid como secretaria de Gobierno; Ivana Porro como presidenta de la obra social provincial IPROSS; y Martina Morana como titular de la Inspección General de Personas Jurídicas. En el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, tomaron posesión de sus cargos Ceferino Ullua como subsecretario de Administración Territorial y Aurelia Sosa como subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo.

Al dirigirse a los presentes, Weretilneck subrayó la importancia de acompañar a las nuevas generaciones que asumen responsabilidades de gestión: «Este acompañamiento tiene algo muy importante: el afecto y el reconocimiento hacia los jóvenes».

En ese sentido, señaló que «más allá de la experiencia, de la trayectoria y de lo realizado hasta ahora, creo firmemente en la importancia de que todos acompañemos a quienes asumen nuevas funciones, para ayudarlos y hacerlos sentir reconocidos», y vinculó esta mirada con los desafíos futuros de la Provincia y el aporte de las juventudes a los nuevos procesos políticos y sociales.

El gobernador remarcó además el rol que tendrán las nuevas generaciones en la etapa que se inicia: «Quienes interpretan las nuevas épocas, con su juventud, ideas renovadas y una mirada distinta de la sociedad, van a ser fundamentales para lo que viene en Río Negro». En la misma línea, sostuvo que los cambios en la estructura del Gabinete no deben interpretarse como una dificultad, «sino como una señal de que la estructura está viva, que el proyecto está vivo y que las personas tenemos roles, etapas y misiones».

Weretilneck también destacó la normalidad institucional, la paz social y la estabilidad política que hoy predominan en Río Negro: «Son valores que hoy para los rionegrinos representan una situación de normalidad, y esto se da porque hay diálogo permanente, respeto y división de poderes».

Por su parte, el flamante ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, agradeció la confianza del gobernador y valoró el respaldo recibido al asumir el cargo. «Estamos comenzando una nueva etapa, como lo definió el Gobernador, un nuevo impulso para el Ministerio. Estoy muy contento, con mucho orgullo y con un fuerte acompañamiento», expresó.

Ríos destacó el momento estratégico que atraviesa la Provincia y los desafíos que ello implica para la gestión pública: «Tenemos una oportunidad muy importante, porque Río Negro hoy es protagonista a nivel nacional e internacional, con los nuevos desarrollos productivos y las inversiones que se vienen. Pero no hay desarrollo posible sin una gestión cercana».

Finalmente, el nuevo ministro señaló que uno de los ejes centrales de su gestión será el trabajo articulado con los gobiernos locales. «El acompañamiento a los municipios y la cercanía con el territorio van a ser pilares de nuestra tarea. Estar presentes y cerca de cada localidad será una de las bases de la gestión», concluyó.

Acompañaron la jornada los ministros de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, Juan Pablo Muena; de Modernización, Milton Dumrauf; y la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos. También estuvieron presentes el presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; intendentes e intendentas de distintas localidades rionegrinas, entre ellos Marcos Castro (Viedma), Lucas González (Chichinales), Gustavo Sepúlveda (Chimpay), Diego Ramello (Choele Choel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Rodrigo Buteler (Cipolletti), Raúl Hermosilla (Comallo), Horacio Zúñiga (Contralmirante Cordero), Diego Agüero (Coronel Belisle), Gustavo Amati (General Fernández Oro), Silvana Penilla (Ingeniero Huergo), José Mellado (Ingeniero Jacobacci), Mabel Yahuar (Los Menucos), Robin del Río (Luis Beltrán), Miguel Petricio (Mainqué), Silvana Pérez (Maquinchao), Miguel Cuminao (Ñorquinco), Miguel Jara (Pomona), Nelson Quinteros (Ramos Mexía), Duilio Migneri (Río Colorado), Adrián Casadei (San Antonio Oeste), Marta Ignacio (Sierra Colorada) y Yamila Direne (Valcheta), entre otros.

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