Sociedad
Los inquilinos cada vez adquieren más fuerza
En Buenos Aires se reunieron por tercera vez todas las organizaciones de inquilinos que hay en el país. Reclaman por la aprobación de la Ley Nacional de Alquileres.
Todas las organizaciones de inquilinos del país que integran el Frente de Inquilinos Nacional se reunieron este fin de semana en la sede de ATE de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para consolidar la organización e impulsar la Ley Nacional de Alquileres. «Es fundamental que la Cámara de Diputados le dé un pronto y satisfactorio tratamiento a nuestro proyecto de ley, que en noviembre pasado obtuvo media sanción por unanimidad de la Cámara de Senadores y actualmente se encuentra paralizado en la Comisión de Legislación General por decisión de su presidente, Daniel Lipovetzky, quien presentó otro proyecto de ley con el objetivo de dilatar y tergiversar el debate que debe dar la Cámara Baja», reclamó Néstor Soler, referente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos.
«Los 7.000.000 de inquilinos del país necesitamos medidas urgentes que restauren el desequilibrio que existe entre las familias que alquilan su vivienda y el mercado inmobiliario. En este sentido, todas las organizaciones decidimos lanzar una campaña nacional para impulsar el tratamiento de nuestro proyecto de ley de forma urgente, sin agregados ni maniobras especulativas», agregó Soler en diálogo con el programa #CONTRAPUNTO (de lunes a viernes de 9 a 12.30 hs por La Super FM 96.3).
Añadió el referente de la UIR que «todos los presentes en el plenario coincidimos en la importancia histórica de organizar a los inquilinos, un sector que, salvo contadas oportunidades, estuvo atomizado y sin ningún tipo de representación. Es por esto que decidimos constituirnos bajo la figura jurídica de Federación, con el objetivo de construir una herramienta nacional que nos trascienda a nosotros y a nuestras organizaciones».
Del plenario participaron representantes de once provincias, si bien existen particularidades en cada una, es notable que el problema central en cada región está ligado a la lógica de la rentabilidad que el mercado inmobiliario impone a un derecho básico como es el acceso a la vivienda digna. Ante esta situación, desde el Frente de Inquilinos Nacional determinaron defender el acceso a la vivienda en calidad de alquiler, impulsando la desconcentración y la regulación de la vivienda, «entendiéndola como un derecho humano».
«Creemos que para generar políticas públicas que faciliten el acceso a una vivienda alquilada es fundamental conocer el estado de situación. Hace años el INDEC dejó de medir el impacto del alquiler de una vivienda en la canasta básica de una familia, lo que genera que las cifras que se obtienen y se difunden no se ajustan a la realidad de quienes alquilan. Es por esto que vamos a proponer que el organismo estadístico oficial vuelva a tomar en consideración a los alquileres, dejando de ocultar una realidad que abarcar a sectores cada vez más amplios de la sociedad», explicó Soler.
«Notamos, también, que existen sectores más vulnerables al abuso inmobiliario como es el caso de las mujeres, que además de lidiar con las dificultades propias de alquilar una vivienda, se enfrentan también con la discriminación de género, que se agudiza aún más cuando se entrecruza con otros tipos de exclusiones, por ejemplo: mujeres solteras con hijos, en situación de violencia, jubiladas, migrantes. Es por esto que decidimos tener una política nacional más activa para defender el derecho de las mujeres a acceder a un alquiler digno, creando una comisión permanente dedicada a esta tarea», concluyó el referente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos.
Participaron del plenario además Inquilinos Agrupados (CABA); Unión de Inquilinos Neuquinos; Asociación Platense de Inquilinos; Unión de Inquilinos de Tierra del Fuego; Concejalía Popular (Rosario); Organización de Inquilinos de La Pampa; Inquilinos Organizados de Entre Ríos; Asociación de inquilinos Sanjuaninos; Inquilinos Córdoba; Asociación Civil de Inquilinos de Corrientes; Frente de Inquilinos de Lujan; Inquilinos San Miguel y la Asociación Misionera de Inquilinos.
Judiciales
«La empresa me obligó a mentir»: La confesión de un vendedor de planes de ahorro terminó en condena
La Justicia declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones.
Un vecino de Viedma inició una demanda luego de intentar comprar una camioneta a través de un plan de ahorro que encontró en redes sociales. La historia comenzó en 2021, en plena pandemia, cuando las concesionarias permanecían cerradas al público y muchas operaciones se realizaban de forma virtual.
Mientras navegaba por internet, el vecino vio una publicidad de una concesionaria que ofrecía financiación para vehículos cero kilómetro. Completó un formulario y, días después, recibió el llamado de un asesor comercial que le explicó distintas opciones para adquirir una camioneta mediante un plan de ahorro.
Según el relato que luego llegó al expediente judicial, la propuesta incluía beneficios y una entrega prevista luego de algunas cuotas. Convencido por esas condiciones, aceptó la oferta y realizó los primeros pagos con tarjeta de crédito.
Con el paso de los meses comenzaron las dudas. Las cuotas que aparecían en los resúmenes eran más altas que las que le habían informado. Tampoco recibió el contrato ni información precisa sobre el grupo y orden del plan al que había sido incorporado.
Tiempo después, el mismo vendedor volvió a comunicarse con una nueva propuesta. Le dijo que existía una alternativa mejor: cambiar el plan y acceder a otro modelo con entrega inmediata. Para eso debía dejar de pagar el plan anterior y abrir uno nuevo a nombre de la esposa.
La pareja siguió esas indicaciones. Realizaron nuevos pagos vinculados al supuesto cambio de modelo, gastos administrativos y trámites de patentamiento. Sin embargo, la entrega del vehículo nunca ocurrió y tampoco recibieron respuestas claras sobre el estado de la operación.
Meses más tarde, el propio vendedor volvió a llamar. Según consta en la causa, durante esa conversación les dijo que había sido obligado a engañar a los clientes. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, les manifestó que había sido «forzado por la empresa a mentir con el fin de vender».
A partir de ese momento comenzaron nuevas gestiones para intentar recuperar el dinero. En ese contexto también se registraron cargos en la tarjeta de crédito vinculados a supuestos trámites para cerrar anticipadamente el plan y gestionar la devolución de los fondos.
Ante la falta de respuestas y las irregularidades detectadas, el vecino decidió desconocer los consumos y bloquear la tarjeta. Luego inició reclamos ante el organismo de defensa del consumidor, envió cartas documento y participó en una mediación. Ninguna de esas instancias tuvo respuesta de las empresas involucradas.
El caso llegó finalmente al fuero civil de Viedma. La jueza analizó la forma en que se ofrecieron los planes de ahorro y el modo en que se desarrolló la relación de consumo.
En la sentencia se indicó que la concesionaria, a través de su vendedor, realizó «ofertas confusas y engañosas» y solicitó pagos que no correspondían. También se señaló que durante la contratación no se brindó información clara ni detallada sobre las condiciones del plan.
La jueza explicó que las empresas que participan en este tipo de operaciones tienen una responsabilidad especial frente a los consumidores. En ese sentido remarcó que «las firmas demandadas se encuentran altamente profesionalizadas y organizadas para cumplir sus cometidos en el mercado», por lo que deben actuar con mayor diligencia.
En el fallo también se concluyó que no se cumplió con el deber legal de información. Según se indicó, no se acreditó que los consumidores hubieran recibido datos claros sobre las características del plan, sus costos o las condiciones reales de contratación.
Además se advirtió que la documentación aportada reveló irregularidades. Incluso una pericia caligráfica determinó que una de las firmas que aparecía en un formulario de adhesión no correspondía al consumidor.
La jueza sostuvo que estas conductas implicaron una vulneración de derechos básicos del consumidor. Por ese motivo declaró la nulidad de los contratos vinculados a los planes de ahorro y ordenó devolver el dinero abonado, además de fijar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
Finalmente, el fallo también dispuso dar intervención al Ministerio Público Fiscal para que analice la posible comisión del delito penal de estafa.
Judiciales
Inició una demanda para poder hacer su viaje de 15 años
El viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes.
Una adolescente de Viedma obtuvo autorización judicial para realizar su viaje de 15 años a Estados Unidos. Debió recurrir al Poder Judicial para garantizar el permiso de salida del país. El caso se tramitó el fuero de familia. El padre de la joven inició el expediente para obtener la autorización necesaria para que su hija pudiera concretar el viaje recreativo. Era el regalo familiar por sus 15 años.
Según se explicó en la presentación, el viaje fue costeado con esfuerzo familiar y debía contar con la autorización de la mamá antes de una fecha límite fijada por la agencia de viajes. Ante esa situación, el padre promovió el proceso judicial para asegurar que la adolescente pudiera realizar el viaje.
En el expediente también se dejó constancia de que la joven ya había ejercido su derecho a ser oída en actuaciones vinculadas al caso y expresó su voluntad de realizar el viaje. La madre, por su parte, manifestó que no se oponía al destino ni al carácter recreativo del viaje.
Con esos elementos, la jueza autorizó la salida del país por un período de hasta 15 días, durante los meses de mayo o junio de este año, cuando se confirme el itinerario definitivo. La sentencia también dispuso que las costas del proceso deberán ser afrontadas por la madre.
La magistrada entendió que el padre se vio obligado a iniciar el trámite judicial para obtener la autorización y que la demandada no realizó gestiones extrajudiciales que permitieran evitar el dictado de la sentencia.
Roca
Lanzan nueva campaña en Roca para recolectar aparatos electrónicos en desuso
La iniciativa se realizará del 25 al 27 de marzo en Plaza Belgrano y busca reutilizar equipos informáticos a través de un curso de eco-recuperación.
El Municipio de General Roca, a través de la Dirección de Ambiente, realizará una nueva campaña de recepción de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, en el marco de lo establecido por la Ordenanza N° 4605/10.
En esta oportunidad, se recibirán televisores, celulares, computadoras y CPU, que serán destinados al curso Eco-Recuperación de Equipos Informáticos, una capacitación que se desarrollará de manera conjunta con la USEP municipal.
La campaña se llevará adelante los días martes (25/03), miércoles (26/03) y jueves (27/03), en el horario de 9 a 16, en Plaza Belgrano.
Desde el Municipio invitaron a vecinos, vecinas, empresas e instituciones a participar acercando los equipos electrónicos que ya no utilicen, con el objetivo de promover su recuperación, reutilización y una correcta disposición.
Quienes no puedan asistir en esas fechas también podrán coordinar la recepción de los aparatos comunicándose al teléfono 4431400, interno 2305.
