La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió la renovación automática y anual de los casi 50.000 contratos que vencen el 31 de diciembre en la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada. En este marco, lanzó una nueva jornada de lucha para el próximo miércoles (11/12).

«El fraude laboral del Gobierno en el Estado es gigantesco. Se le tiene que empezar a poner fin a la alarmante precarización renovando de manera automática todos los vínculos contractuales que vencen a fin de año hasta su definitiva incorporación en la planta permanente», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El dirigente resaltó «la abrumante situación de los agentes con amplia trayectoria en el sector público, cuyos puestos de trabajo están en juego cada tres meses desde que comenzó el año. Las firmas de contratos trimestrales que se impusieron desde que asumió esta gestión no sólo generan malestar e incertidumbre en los trabajadores, sino que resienten en cantidad y calidad los servicios que brinda el Estado», agregó.

Aguiar también cargó contra las irregularidades planteadas en los exámenes que pretenden tomar a los estatales. «El sistema de evaluación que ilegalmente pretende implementar el Gobierno bajo ningún punto de vista puede condicionar la continuidad de los vínculos laborales. Rechazamos cualquier posibilidad que se vulnere el derecho a la estabilidad», añadió.

Cabe destacar que la Resolución N° 26/24 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado señala que estas evaluaciones no son vinculantes y que, por lo tanto, quienes aprueben no tienen garantizada su continuidad laboral.

«Al congelamiento salarial en la Administración Pública, se le sumaron en las últimas horas nuevos despidos en organismos como el PAMI. Esta semana tenemos que multiplicar las protestas en todo el país», concluyó Aguiar.

El sindicato comunicará en las próximas horas la profundización del plan de acción de cara a las fiestas de fin de año con movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas las provincias.

En las primeras horas del paro de ATE ya se reportó un masivo nivel de adhesión en todo el país brindando solo guardias mínimas en servicios esenciales y se encamina a una movilización hacia Plaza de Mayo con retiros de los sectores de trabajo a partir de media mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«Hace casi un año nos declaraban la guerra a los estatales y hoy están muy lejos de ganarla. Se equivocaron los gurúes que decían que no había clima para paro. La adhesión en todo el país supera el 90%», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Agregó que «nos tienen que devolver el 40% de nuestros sueldos que nos robaron y tirar los exámenes de idoneidad a la basura».

El dirigente estatal evaluó que el plan de acción del sindicato podría continuar en los próximos días que «puede ser que esta no sea la última medida del año. No descartamos anunciar otra para la próxima semana. Si quienes gobiernan les arruinaron las fiestas a los trabajadores, jubilados y sus familias, también se las tenemos que arruinar a ellos».

«El largo plan de lucha que llevamos adelante durante el 2024 impidió el despido de 150.000 empleados públicos que había planificado el Gobierno, el cierre de numerosos organismos y la privatización de varias empresas estatales. Tenemos que seguir movilizados como única posibilidad de salvar al Estado», concluyó Aguiar.

No sólo la Administración Pública Nacional, las provinciales y municipales se ven afectadas por la medida de fuerza; los hospitales funcionan sólo con guardias mínimas y los organismos esenciales atienden únicamente emergencias. En tanto, otros servicios como la recolección de residuos, el barrido de las calles, los porteros de escuelas, auxiliares de educación y el mantenimiento de espacios verdes también se ven alcanzados por la protesta de los estatales.

Además, las movilizaciones se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias incluyendo asambleas en organismos, radios abiertas e incluso cortes de rutas.

El último aumento salarial ofrecido por el Gobierno Nacional y aceptado por el otro gremio participante de la paritaria nacional (UPCN) fue de 1% para diciembre y un bono por única vez de $30.000. ATE rechazó la propuesta entendiendo que el porcentaje es mucho menor a la inflación prevista y que el bono no alcanza para pagar ni un cuarto de la boleta de luz ni medio tanque de combustible.

El sindicato también exige la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos ilegalmente de la Administración Pública Nacional.

En la previa del paro nacional del jueves (05/12), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió al Gobierno Nacional la anulación de los exámenes de idoneidad en el Empleo Público mediante una nota formal enviada al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger.

«Las evaluaciones deben ser anuladas. Es notoria la falta de transparencia de todo este proceso. Además, no hay garantías sobre la integridad y seguridad de los soportes digitales que se van a utilizar», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.

Ante la falta de certezas por parte del Gobierno sobre la modalidad del operativo con el que pretenden tomar las evaluaciones, el dirigente esgrimió que «el Gobierno no cuenta con la logística para un evento de semejante envergadura. Todavía no está debidamente determinado el universo de trabajadores a evaluar. Tampoco pueden asegurar un manejo confiable sobre los datos personales de cada uno de los agentes estatales».

«Con los antecedentes de ataque, persecución y asedio hacia los estatales, está claro que estos exámenes están destinados a perjudicar a los trabajadores», aseguró el referente estatal y cuestionó además «¿Adorni y sus 208 empleados que gastarán en un año 47 mil millones de pesos van a ser evaluados?».

En esta línea, Aguiar apuntó que «no nos quieren evaluar sobre nuestras capacidades, lo que quieren es seguir estigmatizando el empleo público. Hasta este momento, el sistema de evaluación pública no se encuentra reglamentado. No existen normas específicas al respecto. Miente el Poder Ejecutivo al querer implementarlo».

«Pretenden revisar los vínculos de trabajadores que llevan décadas prestando servicios en el Estado y que demuestran su idoneidad con el trabajo cotidiano que realizan. Esta idea macabra que lo que hace es reprecarizar a los trabajadores debe ser dejada sin efecto», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Hasta el momento, los únicos detalles oficiales que dio a conocer el Gobierno sobre el Sistema de Evaluación Pública (SEP) aparecen en el Decreto N° 695/24, el cual «no brinda precisiones sobre modalidades de evaluación o los software que se utilizarán, poniendo en riesgo la transparencia y la seguridad de los exámenes».

El sindicato también aseguró que «son evaluaciones innecesarias, ya que actualmente existen métodos de evaluación laboral en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 214/06 de la Administración Pública Nacional. Además, con el SEP se estará sometiendo a examen a profesionales con 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad en el Estado».