Judiciales
Feria de invierno en la Justicia: Magistrados y Personal que prestan servicio
Conocé en detalle como trabajará la Justicia durante el receso invernal.
Por Resolución 535/17, se dispuso el funcionamiento de las diferentes áreas del Poder Judicial durante la Feria de Invierno, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio de justicia. El presidente del STJ, Ricardo Apcarián, cumplirá funciones durante la segunda semana de la feria, junto a los vocales de Superior Tribunal, Adriana Zaratiegui y Sergio Barotto. Por su parte, los Jueces del STJ Enrique Mansilla y Liliana Piccinini estarán en la primera semana del receso.
Jueces penales, civiles y de Familia
En la Primera Circunscripción, los jueces penales de turno serán Ignacio Gandolfi en la primera semana y Carlos Mussi en la segunda. Por otra parte, los Jueces de Cámara que quedarán a cargo son: María Luján Ignazi en la primera semana y Ariel Gallinger en la segunda, ambos en el Fuero Civil. En Penal estará en funciones la Jueza Daniela Zágari durante la primera semana y la última estará el Juez Carlos Reussi. Por su parte, en Laboral quedará las dos semanas a cargo el Juez Carlos Marcelo Valverde. En Civil y Familia, los Jueces Vanessa Kozaczuk de SAO y Leandro Oyola de Viedma; estarán las dos semanas en funciones.
En General Roca, los Jueces de Instrucción-Penal que estarán a cargo será Juan Pablo Chirinos, en la primera semana y Julio Martinez Vivot en la segunda. En cuanto a los Jueces de Cámara del Fuero Laboral estará Edgardo Juan Albrieu la primera semana y Silvana Gadano, la segunda semana. En Civil estará Adriana Mariani, la primera semana u Gustavo Martinez, la segunda. Y en Penal estará Daniel Tobares, la primera semana y Veronica Rodriguez del 24 al 28 de julio. Mientras tanto, con respecto a los Jueces Civiles, María Del Carmen Villalba se quedará la primera semana y Andrea De La Iglesia lo hará la segunda. Mientras que la Jueza Moira Revsin de Familia estará en funciones las dos semanas.
En Bariloche, los Jueces de Instrucción de turno serán Juan Martín Arroyo, la primera semana y la segunda estará Marcos Burgos. En cuanto al foro Civil y de Familia estará las dos semanas la Jueza Erika Fontela de El Bolsón. Además también para el fuero de Familia estará la Jueza Marcela Trillini de Bariloche, las dos semanas. Y en Civil estará la primera semana Santiago Moran y la segunda Mariano Castro. Con respecto a los Jueces de Cámara estarán en funciones Jorge Serra en Laboral la primera semana y Edgardo Camperi en Civil la primera semana. Y en Penal estará Joos Gregor en la primera semana y Marcelo Barrutia en la segunda.
Por último, en Cipolletti, estará en funciones la Jueza de Instrucción Sonia Martin las dos semanas. Mientas que los Jueces de Cámara que estarán prestando servicio son: Raúl Santos en Laboral, la primera semana y Luis Mendez, la segunda. En Civil estará la Jueza Emilce Alvarez del 17 al 25 de julio y el Juez Marcelo Gutierrez del 26 al 28. En cuanto a la Cámara Criminal estarán a cargo los Jueces Pablo Repetto, la primera semana y César Elcaras Gutierrez, la segunda semana. En Familia está a cargo la Jueza Marissa Palacios del 17 al 19 de julio. Y los Jueces Civiles Federico Corsiglia estará del 20 al 26, mientras que Soledad Peruzzi prestará servicios el 27 y 28.
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Imputaron a una quinta persona por la presunta millonaria defraudación al IPROSS en Valle Sereno
Se trata de una acompañante terapéutica, acusada de participar en una presunta maniobra que habría perjudicado a la obra social provincial mediante la facturación de prestaciones que no se habrían realizado.
La investigación por la presunta defraudación al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) sumó este jueves (02/07) una quinta imputación. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una acompañante terapéutica, a quien acusa de haber participado en una maniobra para facturar prestaciones de salud mental que, según la investigación, nunca fueron brindadas a pacientes del establecimiento Valle Sereno-San Cirano S.A., de General Roca.
Durante la audiencia, la fiscal adjunta Gimena Ducca sostuvo que la imputada habría intervenido en 21 hechos ocurridos entre noviembre de 2021 y julio de 2023, junto a un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en Psicología, directivos del establecimiento y otros integrantes del equipo profesional.
De acuerdo con la acusación, el grupo habría confeccionado historias clínicas, planillas de asistencia y registros de pacientes con datos falsos, incluyendo internaciones ambulatorias bajo la modalidad Hospital de Día que, en realidad, no se habrían concretado. Esa documentación era utilizada para emitir facturas que luego eran presentadas al IPROSS para el cobro de prestaciones.
La Fiscalía indicó que el establecimiento mantenía un convenio con la obra social provincial para brindar distintos módulos de atención en salud mental, entre ellos Hospital de Día, una modalidad con un valor superior al de otras prestaciones. Según la investigación, esa circunstancia habría permitido incrementar el monto de las facturaciones presuntamente irregulares.
Como sustento de la imputación, el Ministerio Público Fiscal mencionó la denuncia presentada por el IPROSS en mayo de 2024, documentación administrativa de la obra social, informes contables elaborados por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal, registros bancarios, informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), documentación del Ministerio de Salud de Río Negro y diversas entrevistas realizadas durante la investigación.
La acompañante terapéutica fue imputada como presunta partícipe necesaria del delito de estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública.
Por su parte, el defensor penal público Juan Pablo Chirinos no presentó objeciones a la formulación de cargos, aunque informó que ya solicitó la realización de una pericia caligráfica.
Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
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Inició el debate oral por presuntos maltratos y amenazas a niños en un CAINA de Roca
La imputada está acusada por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora. Otro acusado ya admitió su responsabilidad y cumple una condena.
Comenzó esta mañana (30/06) en los Tribunales de General Roca el juicio contra una mujer que se desempeñaba como auxiliar en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) -dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)-, acusada de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora por hechos que habrían tenido como víctimas a menores institucionalizados.
Durante los alegatos de apertura, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca señalaron que la acusada y el otro auxiliar asistencial habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023. Según la teoría del caso, ambos habrían amenazado a los menores para impedir que relataran los episodios de maltrato, vulnerando derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentará la denuncia de la coordinadora institucional, testimonios de operadores del CAINA, informes elaborados durante la intervención, la declaración de la psicóloga de la institución, la participación de profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell por especialistas del Cuerpo de Investigación Forense y certificaciones laborales de los imputados.
Por su parte, la mujer es asistida por un defensor particular, quien sostuvo que la situación corresponde a una cuestión de orden administrativo.
El debate continuará mañana y se prevé que finalice el jueves, cuando las partes expondrán sus conclusiones respecto de la responsabilidad penal de la imputada.
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Transfirió por error 3 millones de pesos por Mercado Pago y el destinatario se los gastó: El conflicto se solucionó en el Juzgado de Paz
La deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios.
Un productor de cebollas transfirió por error 3 millones de pesos a la cuenta de Mercado Pago de otra persona cuando intentaba pagar los insumos necesarios para su actividad. Pese a que reclamó en varias oportunidades la devolución del dinero, no obtuvo respuesta. Según relató, incluso fue bloqueado en WhatsApp. El conflicto llegó al Juzgado de Paz de General Conesa, donde finalmente las partes alcanzaron un acuerdo de pago.
La demanda se presentó a través del procedimiento de menor cuantía. El hombre explicó que la transferencia estaba destinada a una agronomía que le provee los insumos indispensables para la producción, pero por un error el dinero terminó acreditado en la billetera virtual de otra persona.
En la presentación judicial sostuvo que intentó recuperar el dinero por vías informales. Afirmó que se comunicó en reiteradas oportunidades con el destinatario de la transferencia para pedirle que restituyera el monto, pero no obtuvo respuesta y luego fue bloqueado.
Durante la audiencia convocada por el Juzgado de Paz, el demandado reconoció que había recibido los 3 millones de pesos en su cuenta de Mercado Pago. Sin embargo, explicó que no podía devolverlos porque los había gastado inmediatamente después de recibirlos.
Ante esa situación solicitó un cuarto intermedio para reunir parte del dinero y elaborar una propuesta de pago que pudiera cumplir. Días más tarde, las partes volvieron a reunirse y alcanzaron un acuerdo.
Finalmente la deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios. En ese mismo acto el demandado entregó en efectivo medio millón.
El resto se abonará en seis cuotas consecutivas. Los pagos deberán realizarse en el Juzgado de Paz de General Conesa, aunque el acuerdo prevé que el deudor podrá adelantar cuotas o efectuar pagos superiores si tiene posibilidades de hacerlo.
La jueza de Paz consideró que el convenio reflejaba la voluntad de ambas partes y que no afectaba el orden público. En consecuencia, homologó el acuerdo y dejó establecido el cronograma de pagos que permitirá cancelar la deuda originada por la transferencia realizada por error.
