Política
Soria denunciará penalmente a Macri por supuesta privatización de ARSAT
Tras la información difundida por el canal de noticias C5N, la diputada rionegrina pedirá documentación y en caso de ser real, accionará judicialmente contra Macri.
La diputada nacional del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, anticipó que solicitará toda la documentación firmada que comprometa la continuidad de ARSAT en los términos de la Ley N° 27.208 de Desarrollo de Industria Satelital, para luego avanzar en una denuncia penal contra el presidente de la Nación Mauricio Macri por incumplimiento de dicha disposición. «No es novedad la intención de privatizar ARSAT por parte del gobierno de Macri y tampoco es novedad el incumplimiento de las decisiones del Congreso; pero no por ello vamos a quedarnos sentados viendo cómo desguazan nuestra industria satelital nacional y destruyen nuestras oportunidades de desarrollo tecnológico», dijo la hermana del intendente de General Roca.
«No pueden pasar por arriba del Congreso como si nada. Vamos a ir contra este nuevo atropello», añadió.
Soria se refirió a la noticia de la reciente privatización de ARSAT como «otro golpe de la política económica del gobierno de Macri que nos sacude, nos aparta drásticamente de la gran apuesta a la industria satelital nacional y los importantes logros alcanzados, y nos encamina hacia la dependencia tecnológica».
Opinó asimismo que la política de Macri «es abrir los cielos y dejar que entren los grandes operadores satelitales. Otra vez, el beneficio es para las grandes empresas extranjeras. No hay excusas para semejante entrega, los proyectos del Plan Satelital se autofinanciaban».
En este sentido, la diputada rionegrina recordó que en noviembre de 2015, con la sanción de la Ley N° 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, «el Congreso de la Nación impulsó esta política de Estado que hoy se intenta socavar». Finalmente anticipó que «no vamos a permitir semejante atropello, vamos a solicitar toda la documentación para presentar en la justicia una denuncia penal por este incumplimiento».
Política
En Río Negro, la Ley de Ficha limpia es la más exigente del país
No pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos
En la última sesión de la Legislatura Rionegrina se aprobó, por mayoría, la iniciativa para garantizar que las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos, ni ser designadas para ejercer cargos partidarios.
Se trata del proyecto más exigente de los aprobados a nivel nacional, lo que posiciona a Río Negro como ejemplo de transparencia electoral.
«Esta ley indica que no pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos», comentó el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, en declaraciones a Radio Nacional Viedma.
«Tratándose de delitos contra la administración pública, se le agrega un plus de 25 años más de inhabilitación para ejercer cargos partidarios, públicos-electivos, o ser funcionario público. Y en el resto de los delitos, por ejemplo el robo, se limita a la pena que establezca la sentencia, más diez años que se le agrega de sanción», agregó.
Gatti destacó que la norma, tal como fue aprobada, es el proyecto sancionado con mayor exigencia de todo el país «y fue sancionado por unanimidad, con excepción de los bloques vinculados al justicialismo».
El funcionario indicó, en este sentido, que quedan afuera aquellos delitos cometidos contra el honor, es decir las calumnias y las injurias que «porque el lenguaje político, sobre todo en las redes sociales, es lindante con lo que antes se consideraba como una injuria. No comparto esas formas de expresión, pero es cierto que las redes son un lugar donde estas cosas suceden de manera constante».
Gremios
ATE anticipa que no tolerará nuevos despidos: «En el 2025 les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos»
«El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los más de 57.500 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año», indicó Aguiar.
Ante la situación que atraviesan los 57.513 trabajadores del Sector Público cuyos contratos vencen a fin de mes y que el Ejecutivo pretende cesantear, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año».
«Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes», agregó el dirigente.
En esta línea, Aguiar aseguró que «más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei, disparó.
«El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías; y otros tipos de contrataciones a término como eventuales.
El mayor alerta de ATE por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).
Cabe destacar que según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales. Desde la organización se sigue reclamando su inmediata reinstalación y se evalúan nuevas medidas de acción directa para el inicio del 2025.
Política
El jueves sesionará el Concejo Deliberante roquense
Se convocó a una sesión extraordinaria para debatir dos iniciativas del Poder Ejecutivo local.
El Concejo Deliberante convocó a la sexta sesión extraordinaria del XXXV Período de Sesiones Ordinarias para este jueves (26/12) a las 10 de la mañana en la Sala de Sesiones del edificio gobernador Carlos E. Soria.
Los concejales roquenses analizarán y discutirán dos iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo local.
