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Para ATE, por la campaña electoral, «el gobierno provincial descuida la gestión»
El gremio asegura que «ministros, secretarios y funcionarios están totalmente ausentes de sus despachos y han abandonado el cumplimiento de las funciones específicas para las cuales fueron designados».
Teniendo en consideración el funcionamiento de la Administración Pública durante las últimas semanas y el estado actual de la mayoría de las prestaciones, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) consideró que el «gobierno provincial -por la campaña partidaria de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto- descuida la gestión».
«En la actualidad los ministros, secretarios y funcionarios del Poder Ejecutivo están totalmente ausentes de sus despachos y han abandonado el cumplimiento de las funciones específicas para las cuales fueron designados, generando de esta manera un retraso mayor al habitual en las respuestas que debe brindar el Estado rionegrino o directamente la inexistencia de ellas», aseguró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y la CTA Río Negro.
“No sabemos si estarán abocados de manera directa a la campaña, pero la realidad nos indica que los ministros y funcionarios del gobierno, en estas últimas semanas, se han alejado de sus funciones y están ausentes de sus despachos. Si esta práctica se va a mantener hasta octubre todos seremos altamente perjudicados”, cuestionó Aguiar.
“Teníamos un Estado que, a partir del ajuste que decidió el gobierno, brindaba pocas respuestas, pero ahora la afectación partidaria de las máximas autoridades hace que casi no existan. El gobierno dilata una convocatoria al diálogo y esto genera una acumulación en las demandas que tenemos los estatales. No podemos esperar muchos días más. Vamos a evaluar nuevas medidas de acción directa”, añadió el máximo referente del sindicato.
Preocupa además al gremio que este accionar de la planta política se reitere hasta el mes de octubre, ya que «se traduce en este momento en áreas que están siendo autogestionadas por sus trabajadores como ocurre con la mayoría de las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social en la provincia, generándose -por falta de recursos económicos y materiales- un vacío de políticas y la falta de presencia que debiera tener esta cartera de Gobierno en la atención y contención de los sectores sociales en riesgo de vulnerabilidad».
En el caso del Ministerio de Educación, «el receso invernal se caracterizó por la falta de fiscalización y seguimiento que debieron realizarse sobre las tareas de refacciones y reparaciones, sin que numerosas escuelas se encuentren en condiciones para poder garantizar el normal dictado de clases», afirmaron desde ATE.
En tanto que en el Ministerio de Salud las prestaciones hospitalarias, «más allá del esfuerzo de los trabajadores, no paran de reducirse en cantidad y calidad como resultado de las políticas de ajuste que se descargan sobre el sistema público».
Por otro lado, «el gobernador Alberto Weretilneck dilata la posibilidad de convocar al diálogo a ATE y de esta manera los reclamos de los estatales se acumulan sin resolverse, como el atraso en los salarios, la precarización laboral (becados), malas condiciones de trabajo, sumarios ilegales, persecuciones y la creciente criminalización de la protesta en Río Negro», recordó finalmente Aguiar.
Por último, desde la conducción provincial del gremio informaron que en las próximas horas comenzarán a ser convocados los cuerpos orgánicos y las asambleas de trabajadores con el objetivo de evaluar y decidir nuevas medidas de fuerza para los próximos días.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
