Río Negro
Es ley el rechazo a las centrales nucleares extranjeras en Río Negro
Se debatió largo y tendido sobre el artículo 2 del proyecto enviado por Weretilneck, ya que implica la excepción a la instalación de plantas de diseño nacional. Por el primer artículo, sólo una legisladora votó en contra.
La Legislatura de Río Negro acompañó mayoritariamente al Poder Ejecutivo en su decisión de prohibir por ley y de manera definitiva, cualquier posibilidad de instalar centrales nucleares para la generación de energía eléctrica en el territorio de Río Negro. Sobre 45 legisladores presentes, 44 de pronunciaron a favor del artículo que así lo establece de manera taxativa. Quien votó en contra fue Daniela Agostino, del Frente Progresista.
Esta determinación del Ejecutivo provincial, según queda expresado en la nota de elevación a la Legislatura, resulta “de los acontecimientos que surgieron de la propuesta del gobierno nacional de instalar la quinta usina nuclear de generación eléctrica en nuestro territorio”.
El debate de este expediente fue seguido desde las bandejas del recinto por representantes de la “Asamblea de Vecinos por el No a la Planta Nuclear” que siguieron atentamente su discusión y que se expresó a viva voz por el rechazo al segundo artículo del proyecto oficial que implica la excepción a la instalación de plantas de diseño nacional basadas en la tecnología CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) desarrollada por CNEA e INVAP. Esa misma postura fue posteriormente expresada por algunos legisladores de la oposición con el argumento de que “No es No” a la instalación de centrales nucleares en Río Negro, “sean chinas o argentinas”, sin que ello implique un rechazo a las actividades que realiza la empresa rionegrina INVAP.
La argumentación oficial también hace referencia a la legislación aprobada por el Congreso Nacional desde el año 2009 con el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino, impulsado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con apoyo en ambas cámaras del Parlamento, cuando fue declarado “de interés nacional” la construcción de Atucha 3 y las tareas de “extensión de vida” de la Central de Embalse Río Tercero.
También alude a los diferentes “Convenios Marco” firmados en Buenos Aires en el año 2014 con la República Popular de China, en materias económica, financiera, infraestructura, energía, comercio, transporte y cultural, la modernización del ferrocarril Belgrano, y un acuerdo financiero de 11.000 millones de dólares, entre otros. Dichos convenios se complementaron posteriormente en el viaje realizado por la ex presidenta a China con la firma de 15 nuevos acuerdos además de un “memorandum de entendimiento” en diversos temas, entre ellos el que daba lugar a la posibilidad de una 5ta. Central Nuclear en Argentina, la primera en nuestro país del tipo de Agua Presurizada cuya operación se realiza con uranio enriquecido y agua liviana.
El debate legislativo
Alejandro Palmieri, presidente del bloque Juntos Somos Rio Negro, repasó este historial de acontecimientos y reconoció que “el solo anuncio formal generó (en Río Negro) una reacción que no pudimos desconocer y que fue motivo de discusiones en todos los ámbitos sociales” e hizo referencia a que la falta de “licencia social” de la comunidad para avanzar en esta idea “pudo apreciarse y fue respetada por el gobierno provincial”.
El miembro informante de la iniciativa oficial afirmó que “si en tan solo cuatro meses el tema generó tantas opiniones en contra, no pudimos desoír lo que la gente nos estaba expresando y esto concluye con la decisión de plasmar esa voluntad popular en una ley” y que interpretó “hará repensar a las autoridades nacionales sus intenciones de llevar adelante iniciativas como ésta en cualquier provincia argentina”.
Agregó Palmieri que esta decisión “no debe ser coyuntural” y “que mañana intentemos hacer o escribamos algo distinto a lo que hoy decidimos con esta ley. La licencia social la construimos entre todos y Río Negro fue clarísimo a la hora de expresarse por lo que este proyecto significa, sin lugar a dudas, que nuestro territorio queda expresamente prohibida la instalación de centrales nucleares para la generación de energía nucleoeléctrica”.
Respecto del segundo artículo afirmó que “Río Negro ya tiene centrales nucleares. y cuando planteábamos las instalaciones que están en Bariloche quedó claro que no se pueden comparar los reactores que allí hay con uno de 1.150 megas; pero también es necesario proteger al INVAP que es de todos los rionegrinos, una de las empresas emblema en tecnología y en ciencia en Argentina y en el continente y de larga experiencia realizando trabajos de y con responsabilidad”.
Recordó sobre el particular que “esta misma Legislatura, hace menos de dos meses, firmó los avales para que el INVAP participe en una licitación para un reactor nuclear de investigación en Holanda”, y que “en este mismo recinto quedó plasmado por entonces el orgullo que todos sentimos por nuestra empresa a la que, de no aprobarse este segundo artículo, estaríamos hiriendo de muerte”.
Por el bloque del Frente para la Victoria, Nicolás Rochás adelantó el voto afirmativo en general y su “enérgico rechazo” al artículo 2, por considerarlo “malo, infundado y contradictorio”. Manifestó su oposición a la instalación de reactores nucleares de potencia en la provincia. Criticó la fundamentación del proyecto hecha por el bloque oficialista por decir “verdades y mentiras a medias”. Rochás sostuvo que el proyecto le pertenece al pueblo porque fue una construcción política colectiva. Finalmente, manifestó su oposición a la instalación de la planta, entre otros motivos, “por los desechos que genera, por los riesgos y peligros que implica, porque la energía que genera es cara y sucia, porque se instalaría en un área protegida y porque en la mayoría de los países del mundo este tipo de energía va en declive”.
Por la bancada de AFPIR, Jorge Ocampos y Daniela Agostino emitieron votos diferentes, Ocampos acompañó y Agostino se opuso, no obstante, ambos lamentaron que no se haya llamado a una consulta popular, a un plebiscito vinculante, para decidir sobre la instalación de la planta nuclear. La legisladora calificó al proyecto como “cuasi esquizofrénico” y expresó que no puede “apoyar algo que nace de la irresponsabilidad y el oportunismo”, aseguró que se trató de una “decisión unilateral”. Cuestionó la falta de tiempo para analizar el tema y asoció la medida adoptada a un “resultado electoral”. Ocampos consideró que una compulsa pública hubiera permitido que la gente respalde o no la decisión tomada por el gobierno provincial.
El legislador Facundo López (JSRN) señaló que “llegamos hasta la etapa de exploración. Decidimos conocer sobre la posibilidad de instalar una central nuclear porque pensamos que era una posibilidad de desarrollo económico para la provincia, no tuvo la licencia social, entonces no habrá central nuclear”.
Por su parte, el legislador Mario Sabbatella (FNyP) expresó que “hubiera sido necesario un debate, escuchar tanto los que están en contra como los que están a favor”. Asimismo, adelantó el acompañamiento al proyecto en general y no en particular, ya que “hay dudas con el articulo dos, pienso que es necesario debatirlo y convocar a los técnicos del INVAP”.
La presidente del bloque radical, Soraya Yauhar afirmó que este proceso estuvo cargado de contradicciones respecto a la política nuclear del país, afincada en la mirada local. A su vez, señaló que faltó información fiable y científica, y sobró opinión oportunista, “montada en la contienda electoral inmediata”. Por esto, consideró que Río Negro perdió la gran oportunidad de que la sociedad rionegrina pueda debatir seriamente este tema. La legisladora adelantó su acompañamiento a la iniciativa “con muchos interrogantes” porque consideró que “es la mejor que pudo encontrar el gobierno en este contexto”, y propuso que no se abandone el debate objetivo de la política energética y el paradigma ambiental “sobre bases sólidas, serias, científicas y objetivas”, y recordó que la región sur, zona a la que representa, necesita desarrollarse.
Votación final
Las discusiones se prolongaron durante varias horas con las posturas y argumentaciones planteadas desde el comienzo del tratamiento de la iniciativa oficial y concluyeron con algunas consideraciones finales del titular del bloque oficialista Alejandro Palmieri, tras lo cual se procedió a la votación del proyecto. Con 45 legisladores presentes, el Artículo 1 fue votado favorablemente por 44 legisladores y 1 voto en contra. El Artículo 2 tuvo 27 votos favorables y 18 por la negativa.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
