Río Negro
Es ley el rechazo a las centrales nucleares extranjeras en Río Negro
Se debatió largo y tendido sobre el artículo 2 del proyecto enviado por Weretilneck, ya que implica la excepción a la instalación de plantas de diseño nacional. Por el primer artículo, sólo una legisladora votó en contra.
La Legislatura de Río Negro acompañó mayoritariamente al Poder Ejecutivo en su decisión de prohibir por ley y de manera definitiva, cualquier posibilidad de instalar centrales nucleares para la generación de energía eléctrica en el territorio de Río Negro. Sobre 45 legisladores presentes, 44 de pronunciaron a favor del artículo que así lo establece de manera taxativa. Quien votó en contra fue Daniela Agostino, del Frente Progresista.
Esta determinación del Ejecutivo provincial, según queda expresado en la nota de elevación a la Legislatura, resulta “de los acontecimientos que surgieron de la propuesta del gobierno nacional de instalar la quinta usina nuclear de generación eléctrica en nuestro territorio”.
El debate de este expediente fue seguido desde las bandejas del recinto por representantes de la “Asamblea de Vecinos por el No a la Planta Nuclear” que siguieron atentamente su discusión y que se expresó a viva voz por el rechazo al segundo artículo del proyecto oficial que implica la excepción a la instalación de plantas de diseño nacional basadas en la tecnología CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) desarrollada por CNEA e INVAP. Esa misma postura fue posteriormente expresada por algunos legisladores de la oposición con el argumento de que “No es No” a la instalación de centrales nucleares en Río Negro, “sean chinas o argentinas”, sin que ello implique un rechazo a las actividades que realiza la empresa rionegrina INVAP.
La argumentación oficial también hace referencia a la legislación aprobada por el Congreso Nacional desde el año 2009 con el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino, impulsado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con apoyo en ambas cámaras del Parlamento, cuando fue declarado “de interés nacional” la construcción de Atucha 3 y las tareas de “extensión de vida” de la Central de Embalse Río Tercero.
También alude a los diferentes “Convenios Marco” firmados en Buenos Aires en el año 2014 con la República Popular de China, en materias económica, financiera, infraestructura, energía, comercio, transporte y cultural, la modernización del ferrocarril Belgrano, y un acuerdo financiero de 11.000 millones de dólares, entre otros. Dichos convenios se complementaron posteriormente en el viaje realizado por la ex presidenta a China con la firma de 15 nuevos acuerdos además de un “memorandum de entendimiento” en diversos temas, entre ellos el que daba lugar a la posibilidad de una 5ta. Central Nuclear en Argentina, la primera en nuestro país del tipo de Agua Presurizada cuya operación se realiza con uranio enriquecido y agua liviana.
El debate legislativo
Alejandro Palmieri, presidente del bloque Juntos Somos Rio Negro, repasó este historial de acontecimientos y reconoció que “el solo anuncio formal generó (en Río Negro) una reacción que no pudimos desconocer y que fue motivo de discusiones en todos los ámbitos sociales” e hizo referencia a que la falta de “licencia social” de la comunidad para avanzar en esta idea “pudo apreciarse y fue respetada por el gobierno provincial”.
El miembro informante de la iniciativa oficial afirmó que “si en tan solo cuatro meses el tema generó tantas opiniones en contra, no pudimos desoír lo que la gente nos estaba expresando y esto concluye con la decisión de plasmar esa voluntad popular en una ley” y que interpretó “hará repensar a las autoridades nacionales sus intenciones de llevar adelante iniciativas como ésta en cualquier provincia argentina”.
Agregó Palmieri que esta decisión “no debe ser coyuntural” y “que mañana intentemos hacer o escribamos algo distinto a lo que hoy decidimos con esta ley. La licencia social la construimos entre todos y Río Negro fue clarísimo a la hora de expresarse por lo que este proyecto significa, sin lugar a dudas, que nuestro territorio queda expresamente prohibida la instalación de centrales nucleares para la generación de energía nucleoeléctrica”.
Respecto del segundo artículo afirmó que “Río Negro ya tiene centrales nucleares. y cuando planteábamos las instalaciones que están en Bariloche quedó claro que no se pueden comparar los reactores que allí hay con uno de 1.150 megas; pero también es necesario proteger al INVAP que es de todos los rionegrinos, una de las empresas emblema en tecnología y en ciencia en Argentina y en el continente y de larga experiencia realizando trabajos de y con responsabilidad”.
Recordó sobre el particular que “esta misma Legislatura, hace menos de dos meses, firmó los avales para que el INVAP participe en una licitación para un reactor nuclear de investigación en Holanda”, y que “en este mismo recinto quedó plasmado por entonces el orgullo que todos sentimos por nuestra empresa a la que, de no aprobarse este segundo artículo, estaríamos hiriendo de muerte”.
Por el bloque del Frente para la Victoria, Nicolás Rochás adelantó el voto afirmativo en general y su “enérgico rechazo” al artículo 2, por considerarlo “malo, infundado y contradictorio”. Manifestó su oposición a la instalación de reactores nucleares de potencia en la provincia. Criticó la fundamentación del proyecto hecha por el bloque oficialista por decir “verdades y mentiras a medias”. Rochás sostuvo que el proyecto le pertenece al pueblo porque fue una construcción política colectiva. Finalmente, manifestó su oposición a la instalación de la planta, entre otros motivos, “por los desechos que genera, por los riesgos y peligros que implica, porque la energía que genera es cara y sucia, porque se instalaría en un área protegida y porque en la mayoría de los países del mundo este tipo de energía va en declive”.
Por la bancada de AFPIR, Jorge Ocampos y Daniela Agostino emitieron votos diferentes, Ocampos acompañó y Agostino se opuso, no obstante, ambos lamentaron que no se haya llamado a una consulta popular, a un plebiscito vinculante, para decidir sobre la instalación de la planta nuclear. La legisladora calificó al proyecto como “cuasi esquizofrénico” y expresó que no puede “apoyar algo que nace de la irresponsabilidad y el oportunismo”, aseguró que se trató de una “decisión unilateral”. Cuestionó la falta de tiempo para analizar el tema y asoció la medida adoptada a un “resultado electoral”. Ocampos consideró que una compulsa pública hubiera permitido que la gente respalde o no la decisión tomada por el gobierno provincial.
El legislador Facundo López (JSRN) señaló que “llegamos hasta la etapa de exploración. Decidimos conocer sobre la posibilidad de instalar una central nuclear porque pensamos que era una posibilidad de desarrollo económico para la provincia, no tuvo la licencia social, entonces no habrá central nuclear”.
Por su parte, el legislador Mario Sabbatella (FNyP) expresó que “hubiera sido necesario un debate, escuchar tanto los que están en contra como los que están a favor”. Asimismo, adelantó el acompañamiento al proyecto en general y no en particular, ya que “hay dudas con el articulo dos, pienso que es necesario debatirlo y convocar a los técnicos del INVAP”.
La presidente del bloque radical, Soraya Yauhar afirmó que este proceso estuvo cargado de contradicciones respecto a la política nuclear del país, afincada en la mirada local. A su vez, señaló que faltó información fiable y científica, y sobró opinión oportunista, “montada en la contienda electoral inmediata”. Por esto, consideró que Río Negro perdió la gran oportunidad de que la sociedad rionegrina pueda debatir seriamente este tema. La legisladora adelantó su acompañamiento a la iniciativa “con muchos interrogantes” porque consideró que “es la mejor que pudo encontrar el gobierno en este contexto”, y propuso que no se abandone el debate objetivo de la política energética y el paradigma ambiental “sobre bases sólidas, serias, científicas y objetivas”, y recordó que la región sur, zona a la que representa, necesita desarrollarse.
Votación final
Las discusiones se prolongaron durante varias horas con las posturas y argumentaciones planteadas desde el comienzo del tratamiento de la iniciativa oficial y concluyeron con algunas consideraciones finales del titular del bloque oficialista Alejandro Palmieri, tras lo cual se procedió a la votación del proyecto. Con 45 legisladores presentes, el Artículo 1 fue votado favorablemente por 44 legisladores y 1 voto en contra. El Artículo 2 tuvo 27 votos favorables y 18 por la negativa.
Río Negro
Echarren: «El peaje al tránsito pesado permitirá mantener nuestras rutas»
El nuevo sistema de peajes y control de cargas fue aprobado por la Legislatura rionegrina.
El nuevo sistema de peajes y control de cargas aprobado por la Legislatura rionegrina se aplicará sobre las Rutas Provinciales Nº 2, Nº 6, Nº 8, Nº 65, Nº 69 y solo a vehículos de carga que hagan uso de rutas provinciales con fines económicos.
No se cobrará peaje a los vehículos de uso privado radicados tributariamente en Río Negro, con excepción de Ruta 2, cuyo cobro ya estaba autorizado anteriormente por ley.
De concretarse la solicitud del Gobierno Provincial de provincializar las Rutas Nacionales N° 22 y N° 151 para su finalización y mantenimiento, las mísmas también estarán afectadas al cobro de peaje.
El nuevo sistema le permitirá a Vialidad Rionegrina contar con los recursos para poder mantener, mejorar y ejecutar obras viales en todo el territorio rionegrino. Tendrá un doble propósito: recaudatorio y de control de peso a fin de evitar que el transporte venga pasado de peso y estropee las rutas.
En un contexto de obra pública nacional paralizada y en donde el propio Gobierno Nacional anunció el fin del financiamiento para la obra pública, la Provincia encontró alternativas para mantener el estado de sus rutas provinciales.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , explicó que «por un lado todo lo que es insumo de materiales para el mantenimiento y reparación de rutas sufrió en el último año un incremento muy grande, al tiempo que la coparticipación vial disminuyó muchísimo; ese desfinanciamiento para mantener la seguridad y transitabilidad sus rutas la Provincia lo está sufriendo».
«Por otro lado, el Gobierno Nacional tiene obras paradas como es el caso de la Ruta N° 22, la N° 23, la Rotonda Choele Choel; puntos y zonas donde tenemos un movimiento permanente de la actividad hidrocarburífera, y también estamos viendo que mucho del tránsito pesado de la actividad se da también por rutas provinciales; entonces no están estropeando las rutas provinciales porque las rutas nacionales están sin finalizar y sin mantenimiento y seguridad que tienen que tener vías de ese tipo para garantizar este tipo de tránsito que requiere la industria», agregó.
Esta combinación de factores, ha hecho que el Gobierno Provincial resuelva sobre la necesidad de cobrar peaje a una actividad que se desarrolla sobre rutas provinciales. «Hay que llevarles tranquilidad a todos los vecinos y vecinas de la provincia, el peaje se aplicará sólo sobre el tránsito pesado como es el caso del petróleo, así que el rionegrino o rionegrina que, por ejemplo, quiera transitar la ruta turística 82 no pagará ningún peaje», finalizó Echarren
La ley contempla además la creación de una Comisión de seguimiento de la inversión de los fondos recaudados a través del peaje.
Río Negro
La Legislatura aprobó el Régimen de Desvinculación Voluntaria para agentes públicos
El personal que adhiera a esta medida percibirá por única vez una suma equivalente a 1,2 sueldos por año de antigüedad o fracción mayor a seis meses.
Los agentes públicos de Río Negro podrán desvincularse del Estado y obtener una serie de beneficios, tras haberse modificado en la Legislatura la Ley Nº 3135. El proyecto fue originado en el Poder Ejecutivo y contó con el respaldo mayoritario del Parlamento.
El personal que adhiera a esta medida percibirá por única vez una suma equivalente a 1,2 sueldos por año de antigüedad o fracción mayor a seis meses, que se abonará al contado o en cuotas, de acuerdo a la antigüedad laboral. El monto de esas cuotas se actualizará de acuerdo al aumento salarial que se produzca en las categorías que revestían al momento de retirarse.
También continuarán recibiendo las prestaciones del IPROSS por un año y quienes inicien alguna actividad económica en la provincia gozarán de exenciones en el impuesto a los ingresos brutos.
La legisladora Marcela González Abdala (Juntos Somos Río Negro) fundamentó la iniciativa diciendo que se basa en la necesidad de modernizar el Estado, evaluando la cantidad y calidad de sus agentes.
Tras mencionar que «la sociedad pide un cambio de rumbo» en ese aspecto, sostuvo que «muchas provincias atraviesan por la misma situación, y lo están discutiendo. Todo ello producto del rumbo económico actual».
Indicó que el gobierno nacional eligió despedir a algunos sectores de trabajadores, mientras que Río Negro «optó por el diálogo y por poner en marcha esta desvinculación para aquellos agentes que creen que han cumplido un ciclo en el Estado».
Opiniones, aportes y críticas
Al tomar la palabra otros legisladores, César Domínguez (Primero Río Negro) argumentó su acompañamiento, aunque pidió el congelamiento de nuevos ingresos por el término de tres años. «Si eso no ocurre se va a convertir en una puerta giratoria, porque se irán retirando pero también incorporando», indicó.
El bloque de Vamos con todos no apoyó la iniciativa. Ayelén Spósito consideró que la suma estimada que recibirá en promedio cada desvinculado (unos 10 millones de pesos) «no alcanza para iniciar una actividad privada». Resaltó el incremento de la cantidad de agentes públicos «previo a las campañas electorales».
Leandro García (Partido Justicialista-Nuevo Encuentro) explicó que el respaldo a la propuesta se debe a la necesidad de modernizar el Estado y al deseo de «darle una mano» a los empleados estatales.
No obstante solicitó que las cuotas que se les abonarán tras desvincularse se actualicen y de esa manera no ser tan afectados por la inflación. También requirió que tengan atención prioritaria por parte de la Agencia de Desarrollo Económico en materia de capacitación y asistencia financiera, si optan por comenzar con un emprendimiento privado.
Por otra parte, García anticipó que presentará otra propuesta para que también puedan desvincularse quienes se encuentren a menos de cinco años de acceder a la jubilación y ya tienen lo 30 años de aportes.
La Coalición Cívica ARI-Cambiemos también votó a favor de la iniciativa, según lo adelantó antes de la votación el legislador Javier Acevedo. «Sabemos que hay sobredimensión de empleados, que muchas veces llegan con las elecciones, pero un retiro voluntario es mucho mejor opción que los despidos», sostuvo.
Asimismo propuso que se aumenten algunos montos que se abonarán a quienes se retiren y se acorte la cantidad de cuotas. También que se invite a adherir a otros poderes del Estado y a los municipios.
Si bien acompañaron el proyecto porque entendieron que «es mejor que nada», desde el bloque PRO-Unión Republicana criticaron varios aspectos de la presentación.
María Laura Frei sostuvo que el proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo «fue por necesidad y no por convicción. Este mismo gobierno aumentó la planta mediante sucesivos pases a planta permanente, pero no mejoró el servicio. Ahora llegó el momento en que no hay plata. Es lo que pasa cuando las cosas se hacen con el agua hasta el cuello y no hay un plan».
Juan Martín, por su parte, manifestó que la Provincia comenzó a «desandar un camino de festival de empleo públicos. En este tiempo de gobiernos verdes y un gremio que usa el mismo color, la cantidad de agentes estatales creció de 48.000 a 68000. Ésto se paga con déficit y deudas, y las consecuencias las tenemos hoy».
Para Lorena Matzen (UCR) se trata de «un retiro con dignidad económica» debido a los montos que recibirán quienes decidan retirarse. Destacó además que es una medida voluntaria y no forzosa.
López: «No hay que temerle al Estado»
Cerró las deliberaciones el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien -en principio- desmintió los dichos de Juan Martín sobre el incremento del personal. «No es verdad que aumentamos la planta, eran agentes que estaban contratados y adquirieron estabilidad», indicó. Añadió que sí se contrataron más trabajadores, pero para cubrir cargos tras la apertura de nuevas escuelas y hospitales.
López afirmó que «no hay que temerle al Estado, porque el Estado siempre equilibra y elimina extremos».
Finalmente informó que se incorporaron algunas modificaciones en el proyecto, producto de sugerencias de otros bloques, como que las cuotas indemnizatorias se actualicen de acuerdo a los aumentos salariales de las categorías que revestían al momento de retirarse.
El proyecto fue votado por 40 legisladores y rechazado por 5.
Río Negro
Confirmado: Cobrarán peajes en las Rutas 2, 6, 8, 65 y 69 de Río Negro
El proyecto enviado por el Ejecutivo fue aprobado en la Legislatura. No pagarán los vehículos de uso particular que tributan en la provincia.
El Parlamento rionegrino sancionó este jueves (17/05) la ley que establece una contribución especial de peaje, que abonarán quienes hagan uso y aprovechamiento económico de la infraestructura vial provincial. La norma no incluye a los vehículos de uso particular que tributan en Río Negro. La ley obtuvo 27 votos a favor y 18 en contra.
Carlos Valeri fue el miembro informante del proyecto impulsado por el Ejecutivo. Explicó que a partir de la ley, se implementará un sistema de telepeaje para transportes de carga en cinco Rutas Provinciales: la 2, la 6, la 8, la 65 y la 69. En total suman 507 kilómetros, de los 760 que están pavimentados.
Valeri planteó los inconvenientes ocasionados por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales, que se agravaron últimamente por la falta de presupuesto y la decisión del gobierno nacional de no afectar partidas presupuestarias para la finalización de esas obras. El mal estado de las rutas nacionales provoca que se incremente el tránsito en las vías provinciales y provoque su deterioro.
Los fondos recaudados con este sistema de peaje se destinarán exclusivamente al reacondicionamiento y pavimentado de las rutas provinciales.
La iniciativa también prevé otras excepciones, como los vehículos destinados a prestar asistencia médica o afectados a servicios de salud; los vehículos oficiales de propiedad del sector público nacional, provincial o municipal; los registrados a nombre de las asociaciones de bomberos voluntarios; los comprendidos dentro del Registro Provincial o Nacional de Personas Con Discapacidad; y los afectados al servicio público de transporte urbano e interurbano de pasajeros y transporte escolar contratado por el Estado provincial o municipal.
El debate
Por el bloque UCR, Ariel Bernatene y Lorena Matzen expresaron el acompañamiento de su bancada al proyecto. Consideraron que la implementación del peaje es conveniente a fin de mejorar el mantenimiento de las rutas de la provincia, en un contexto de disminución de los recursos que provienen de la coparticipación y del deterioro de la infraestructura vial producido por «camiones que usufructúan las rutas y no dejan nada». Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, apoyó la ley «ante la falta de fondos suficientes para hacer el mantenimiento de las rutas».
Javier Acevedo, del Bloque Coalición CÍvica Ari – Cambiemos, apoyó la implementación del peaje señalando el deterioro de las rutas provinciales producido por los camiones de la producción del petróleo. «Los que lucran transitando por la provincia con grandes sumas de dinero en el transporte, van a tener que aportar», aseguró. Fernando Frugoni apoyó la propuesta y pidió la exención del pago del peaje para los vehículos radicados en el ejido de San Antonio. Roberta Scavo acompañó también y pidió que se contemple la situación de los vecinos que viven en Carmen de Patagones.
Leandro García, del bloque Justicialista Nuevo Encuentro, no acompañó la propuesta al considerar que la redacción del proyecto no es clara. Ana Marks también se opuso. Entre otros puntos, criticó la falta de legitimación social que tuvo el proyecto y consideró que «era mucho más fácil ser taxativo en cuanto a quién se quiere cobrar el peaje, que llenar de excepciones la ley, y darle al Ejecutivo la posibilidad de que siga exceptuando indefinidamente, lo que lleva a una dispersión normativa y a una inseguridad jurídica». En cambio Pedro Dantas, del mismo bloque, apoyó la iniciativa.
Patricia Mc Kidd (Pro Unión Republicana) también se opuso, señaló que con este proyecto «se demuestra el carácter antiproductivo del oficialismo y del grupo de aliados que lo acompaña».
Martina Lacour también manifestó su voto en contra. Señaló que el proyecto es anticonstitucional, argumentó que el artículo 9 del proyecto dice que quien tenga una deuda no podrá transitar, lo que contradice el derecho a transitar contemplado en la Constitución. También habló de falta de claridad en a redacción del proyecto y criticó el «poco tiempo de análisis que tuvo el proyecto».
Por el Bloque Vamos Con Todos, Delgado Sempé expresó la «firme oposición al sistema de peaje» centrándose en críticas al estado de las rutas de la provincia. José Luis Berros también votó en contra. Justificó su posición con críticas a la falta de claridad en la redacción del proyecto: «Es un desastre», señaló. Consideró que si ante una situación de crisis como la que se está viviendo, sumamos otra contribución, el bolsillo del vecino no lo va aguantar».
En el mismo sentido, Juan Martín (Pro Unión Republicana) se opuso a la iniciativa. Sostuvo que el proyecto «es poco claro, ambiguo y vago». Aseguró que se trata «otro manotazo de ahogado recaudatorio por parte de este Gobierno».
El presidente del bloque oficialista, Facundo López, cerró el debate aclarando que el principal objetivo de la instalación del peaje es el control del pesaje de los camiones, que son los que deterioran las rutas.
Ante los cuestionamientos de la oposición sobre el objeto de la ley y el hecho imponible, explicó que se trata de una contribución especial por hacer uso de una infraestructura vial provincial, y el hecho imponible es transitar por la ruta. Además, aclaró que los sujetos obligados son todos, menos los rionegrinos que tengan el auto para uso particular.
«Ante la dificultad, estamos tratando de mantener las rutas lo mejor posible», fundamentó el legislador de JSRN. «Somos defensores de la productividad, no queremos engañar a nadie con este proyecto, estamos queriendo cuidar la vida de los rionegrinos, con mejores rutas y más seguridad», concluyó.
