Judiciales
El STJ rechazó el recurso extraordinario planteado por la defensa del policía Villegas
Ahora, a los nuevos abogados (Pineda e Iribarren) del detenido, le queda como último recurso presentar una queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia para que se revea el fallo.
El Superior Tribunal de Justicia denegó el recurso extraordinario federal planteado por la defensa del imputado Jorge Villegas, quien se encuentra condenado -sin sentencia firme- a la pena de prisión perpetua por el homicidio de Pablo Vera, ocurrido en Roca el 25 de septiembre de 2014.
El 10 de marzo de 2016, la Cámara Criminal Tercera de Roca condenó al imputado, quien por entonces era Sargento de la Policía provincial, a la pena de prisión perpetua como autor del delito de «homicidio calificado por la calidad de autor y por la utilización de arma de fuego». Contra esa sentencia la defensa planteó un recurso de casación, que fue declarado «mal concedido» por el Superior Tribunal de Justicia en diciembre del mismo año. Luego el imputado, tras haber designado como nuevos defensores a los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren, planteó un recurso extraordinario federal, con el objetivo de llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese recurso fue ahora rechazado por el STJ, en un fallo que lleva los votos coincidentes de los jueces Sergio Barotto, Liliana Piccinini y Adriana Zaratiegui.
En su recurso los defensores sostuvieron, entre otros agravios, que la sentencia impugnada «resulta arbitraria». Cuestionaron que se «soslayó analizar la procedencia de una clara causal de justificación como es la legítima defensa» y reprocharon la inclusión de la agravante por «abuso de la función» policial.
Al analizar el planteo el Fiscal General advirtió que la presentación «no reúne los extremos requeridos en la Acordada Nº 4/2007 de la Corte Suprema» en cuanto a las formalidades del recurso y dictaminó que la sentencia del STJ que rechazó en diciembre la casación «cumple con los estándares internacionales y constitucionales» pues refleja «una revisión integral» del fallo condenatorio.
Por su parte, el abogado por la parte querellante coincidió en pedir que se «declare inadmisible» el recurso de la defensa.
En la sentencia que rechazó finalmente el planteo el STJ argumento que la defensa «insiste en denunciar una supuesta carencia de fundamentación por la absurda o arbitraria valoración de la prueba y por la incorrecta inclusión de la agravante relacionada con el abuso de la función o cargo. Ahora bien, este Superior Tribunal examinó la serie de razonamientos lógicos desarrollados en la sentencia que condenó al señor Villegas, los que han dado cuenta extensamente de la totalidad de la prueba pertinente producida en el expediente, tanto para desestimar los dichos exculpatorios del imputado como para corroborar la hipótesis de la acusación».
En cuanto a la alegada legítima defensa, el STJ avaló su rechazo porque se «desechó la existencia de un forcejeo y un ataque de la víctima». Por el contrario, la Cámara de Roca, al dictar su condena tuvo por acreditado que Vera recibió el disparo «desde atrás, a muy corta distancia, cuando escapaba corriendo tras ser sorprendida en un intento de robo».
Cabe señalar que el imputado se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde el dictado de la sentencia de Cámara en 2016 y que la condena en su contra no está firme, pues la defensa tiene plazo para presentar como último recurso una queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia.
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Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
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Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
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Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
