Judiciales
Daniel Solano, 6 años de búsqueda
Después de mucho tiempo de incertidumbre, la Justicia avanza en la causa y deberá resolver la situación de siete policías acusados de haber desaparecido al joven salteño.
El jagüel es un pozo de decenas de metros de profundidad, ubicado en el campo “La Manuela” en el kilómetro 977 de la Ruta Nacional N° 22, a 28 kilómetros de Choele Choel, donde se presume fueron arrojados los restos de Daniel Solano. Dos años tardó la justicia en autorizar el procedimiento. La familia de Daniel, junto con sus abogados, solicitan al Poder Ejecutivo que garantice los medios económicos para la “bajada al jagüel” autorizada por la justicia el 18 de octubre.
Para exigir verdad y justicia, el 5 de noviembre pasado, la Comisión de Familiares y Amigos de Daniel Solano y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Luis Beltrán, realizaron una marcha y festival artístico en la Isla 92 de Choele Choel, denominada “Seis años sin Daniel”.
La causa por la desaparición y homicidio de Daniel Solano será resuelta por la justicia Penal rionegrina, según resolvió la Corte Suprema de Justicia. Ahora la Cámara Segunda de Roca deberá fijar la fecha para el juicio contra los siete policías acusados de haber asesinado al joven trabajador salteño, en la madrugada del 5 de noviembre del 2011.
Su familia asegura que lo secuestraron después de que propuso a sus compañeros protestar por los bajos salarios. El joven de 26 años, viajó a Río Negro desde Tartagal, Salta. De origen guaraní, fue contratado por la empresa Agro Cosecha SRL para trabajar en Expofrut Univeg.
La desaparición de Daniel evidencia la explotación laboral que ejerce la empresa monopólica de la fruta en la región. En un aspecto, porque utiliza a empresas fantasmas que convocan a trabajadores golondrina, para hacinarlos en las chacras, apropiándose de su salario y en muchas ocasiones dejándolos librados a su suerte si no responden como la empresa requiere. Además, el predio de Expofrut era custodiado por agentes del grupo BORA que realizaban adicionales de seguridad. Los trabajadores los denunciaron por maltrato. Desde 2011 Expofrut es presidida por Fernando Oris de Roa, recientemente designado embajador en Estados Unidos.
En agosto de 2016, Cristian Bonin, cura párroco de Choele Choel, denunció ante la justicia haber recibido mensajes intimidatorios, atribuidos a su acompañamiento a abogados y familia Solano quienes mantienen un acampe frente al Juzgado Nº 30 de la ciudad.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
