Río Negro
Se desarrolló la audiencia pública por renegociación de Puesto Flores-Estancia Vieja
Es por el acuerdo acuerdo firmado por el gobierno de Río Negro con la empresa President Petroleum S.A. Comprende el área hidrocarburífera, ubicada al norte de Roca.
Se llevó a cabo esta mañana en Cipolletti la audiencia pública por los acuerdos de renegociación de explotación del área hidrocarburífera Puesto Flores-Estancia Vieja, entre el gobierno de la provincia de Río Negro y la empresa President Petroleum S.A. La audiencia fue presidida por el legislador Alfredo Martín (Juntos Somos Río Negro), titular de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura de Río Negro.
Se trata del acuerdo firmado por el secretario de Estado de Energía, Sebastián Caldiero, con la empresa President Petroleum S.A. Comprende el área hidrocarburífera Puesto Flores-Estancia Vieja, que la compañía adquirió recientemente a su anterior concesionaria, Chevron Argentina SRL.
El tratamiento del convenio alcanzado será analizado por el Parlamento provincial conforme lo previsto por la Ley Q N° 4.818 y su modificatoria N° 5.027. Dicha norma aprobó las bases y condiciones para la convocatoria pública a las empresas interesadas titulares de concesiones de explotación de áreas hidrocarburíferas en la Provincia, otorgadas por el Gobierno nacional, con el fin de renegociar los términos y condiciones de sus respectivas concesiones.
Los oradores
La legisladora Silvana Larralde (JSRN) destacó la importancia de jerarquizar a la Secretaría de Energía de la provincia. “A diferencia del resto de las provincias patagónicas, Río Negro es una provincia petrolera que comparte el área hidrocarburífera más importante del país, pero desde un sector marginal, y esto es observable en la producción de gas y petróleo”, indicó.
“Era un tema que los gobiernos provinciales anteriores veían como ajeno y estuvo ausente muchos años en estrategia y desarrollo. Este panorama cambió a partir del 2012. Río Negro profundizó su protagonismo cuando definió un marco jurídico para la reglamentación de los contratos petroleros con las empresas que operan en nuestro territorio”, señaló.
Por otra parte resaltó la importancia de la jerarquización de EDHIPSA, “una empresa provincial a la que recién en estos últimos años se le está dando el protagonismo necesario para que pueda desarrollarse”.
También destacó “la transparencia” con que se desarrolló el procedimiento para el manejo de la actividad hidrocarburífera, coordinado por una comisión de seguimiento conformada por legisladores, superficiarios, intendentes, Secretaria de Energía, representantes de los trabajadores, sindicatos y operadoras.
“Queremos agradecerle a la empresa su decisión de invertir en el país y en la provincia, pero también quiero decirle que vamos a ser celosos defensores del trabajo rionegrino de las inversiones de Río Negro y del compre local”, aseguró.
Por su parte, el legislador Ariel Rivero (Frente para la Victoria) también expuso en la audiencia y reconoció el trabajo de la Secretaría de Energía. “Hace 10 años no se hablaba en la provincia de petróleo, desde el año 2012 la provincia viene trabajando muy fuerte para ese desarrollo”, dijo. “Espero el compromiso de la empresa para que invierta más, creo que la provincia tiene mucho más gas y petróleo que el que creemos, y nunca se desarrolló como desde hace 5 años lo viene haciendo”, continuó.
Destacó que “gracias a la ley que aprobamos desde la Legislatura, la provincia se ve beneficiada de distintas maneras, pero también todos los municipios reciben fondos frescos para obras de infraestructura”.
Criticó aspectos del “compre rionegrino. No veo que se haya tomado más personal de los lugares y tampoco empresas chicas de servicios. Neuquén tiene una política desarrollada en ese sentido que podríamos copiar”.
Advirtió que no se hace un control fuerte a las empresas con respecto a los pasivos que dejan y el daño que generan al medio ambiente. “Las empresas tienen que cumplir con el compromiso asumido”, aseveró.
Mientras tanto, la legisladora Norma Coronel (JSRN) destacó la sanción de la Ley Provincial N° 4818, que permitió que el gobierno provincial pueda renegociar con la empresa President Petroleum el área que la empresa Chevron dejó por decisión propia, y de esta manera el Estado recibirá un nuevo bono fijo, más las regalías que de allí se contemplen.
“Esta nueva renegociación de concesión permitirá que distintas empresas prestadoras de servicios específicos de alta tecnología, como aquellas proveedoras locales en su mayoría PYMEs que brindan servicios básicos de insumos o equipamientos de baja complejidad y especialización tecnológica, sean consideradas eslabones de la cadena, fundamentales para el desarrollo en las localidades donde se encuentre la empresa President Petrolum”, aseguró.
Por la compañía Patagonia Oil S.R.L, el orador fue Daniel Herrera. “Vemos cómo las pymes fuimos afectadas por el cambio de la matriz económica de la provincia y nos encontramos con escollos tantos privados como estatales para insertarnos en el mercado”, expresó.
Planteó dificultades para prestar servicios de las grandes empresas. “Hay mucha burocracia para dar de alta como prestador de servicios a las grandes operadoras. Creo que hay que buscar una identidad rionegrina, porque tenemos capacidad y todos los recursos, y creo que estamos aprendiendo a trabajar con este recurso”, observó.
En representación del intendente de Catriel Carlos Johnston, Alberto Ariaudo resaltó “el gran trabajo” del Secretario de Energía (Caldiero). “Creemos que más allá de la coyuntura mundial, el acuerdo es muy beneficioso para la provincia”, expresó. Remarcó que en Catriel se están por recibir 15 profesionales para fiscalizar el petróleo, que estudiaron la carrera que puso en marcha el gobierno provincial. “Esto tiene que ver con pensar una provincia productora de petróleo”, dijo.
Por Organización Rionegrina Empresarial, Eduardo Lara destacó que “se viene dando un debate interior histórico en el contexto de un proceso en el cual están todos los actores participando y representados y creo que todo es en pos de mejorar lo que se está haciendo. El nivel de conciencia que tenemos que implementar tiene que ser progresivo, la provincia tiene un potencial enorme, no solo de recursos, sino de conocimiento”.
Judiciales
Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
Judiciales
Responsabilizan a la dueña de un perro por un ataque en la vía pública: La víctima sufrió lesiones estéticas permanente
Las marcas quedaron visibles y a eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada.
Una mujer sufrió lesiones de consideración y secuelas estéticas permanentes tras el ataque de un perro en plena vía pública. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando caminaba hacia su trabajo y, al pasar frente a una vivienda, el animal se lanzó sobre ella sin advertencia previa. La mordió reiteradamente en un brazo y recién se separó tras varios intentos. El episodio ocurrió en Bariloche y un fallo civil condenó a la dueña del can a pagar una suma millonaria.
El ataque no fue un hecho menor ni aislado en sus consecuencias. La mujer recibió atención médica de urgencia y continuó con tratamientos posteriores por las lesiones provocadas por la mordedura. Las marcas quedaron visibles y permanentes. A eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada en un espacio que, por definición, debería ser seguro: la vereda de una calle residencial.
Durante el juicio, el juez civil interviniente dio por acreditado que el ataque ocurrió sin provocación alguna por parte de la víctima y que el perro se encontraba bajo la guarda de su propietaria. Para reconstruir lo sucedido, el magistrado valoró actas policiales, registros de sanidad animal, documentación médica, fotografías y testimonios producidos en el expediente. Ese conjunto probatorio permitió descartar cualquier versión alternativa de los hechos.
El fallo se apoyó en un principio jurídico central: los daños causados por animales se rigen por el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo este sistema, no resulta necesario demostrar negligencia, descuido o intención. El dueño responde por el solo hecho de tener al animal bajo su control. La ley solo admite la eximición de responsabilidad si se prueba culpa de la víctima, intervención de un tercero ajeno o un hecho imprevisible e inevitable. Ninguna de esas circunstancias fue acreditada en el caso.
La sentencia fijó una suma superior a los 6 millones y medio de pesos. El monto reconoció, en primer lugar, el daño estético derivado de la cicatriz que dejó la mordedura, considerada una alteración permanente de la apariencia física. El juez entendió que esa secuela debía ser reparada de manera autónoma, aun cuando no afectara de forma directa la capacidad laboral de la mujer.
También se reconoció el daño moral. El fallo destacó el carácter traumático del ataque, el miedo experimentado, la alteración de la tranquilidad personal y las limitaciones que el hecho impuso en la vida cotidiana de la víctima. La agresión, ocurrida de manera súbita y violenta, fue considerada suficiente para justificar una reparación económica relevante por la afectación espiritual sufrida. Además, se admitieron gastos médicos posteriores al episodio, vinculados a curaciones, medicamentos y atenciones necesarias como consecuencia directa del ataque.
El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico permanente. Un informe pericial concluyó que la mujer no presenta una patología psíquica ni una incapacidad duradera, sino reacciones esperables frente a un evento violento. Si bien se reconoció la existencia de angustia y conductas de evitación, estas no alcanzaron el umbral de una afección psicológica indemnizable como incapacidad. La sentencia no está firme porque puede ser apelada.
Gremios
El Gobierno propuso suma compensatoria y actualizar salarios por IPC
ATE analizará la oferta, mientras que UPCN ya adelantó su rechazo asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
El Gobierno de Río Negro retomó las negociaciones paritarias con los gremios ATE y UPCN, en el ámbito de la Mesa de la Función Pública. Se presentó una propuesta superadora que combina una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, con un esquema de actualización automática por IPC para los primeros 4 meses de 2026.
Los representantes de ATE adelantaron que «la decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato», mientras que UPCN rechazó la propuesta asegurando que «ya hay un acuerdo preliminar con la otra organización sindical».
La oferta oficial consta de 4 ejes. En primer lugar, incluye una compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025 por un total de $250.000. El monto se abonará por planilla complementaria en 2 cuotas iguales: la primera el 20 de febrero y la segunda el 20 de marzo.
Para la pauta salarial 2026, el Ejecutivo propuso un mecanismo de actualización automática bimestral basado en la evolución del IPC, que cubre los primeros 4 meses del año. Los haberes de febrero se ajustarán según el IPC de diciembre y enero, mientras que los de abril lo harán con los índices de febrero y marzo. A pedido de los gremios, el cálculo surgirá del promedio entre el IPC Nacional y el IPC Viedma.
Además, en marzo se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100% respecto del año anterior, alcanzando los $80.000 y los $160.000 en el caso de familias con hijos con discapacidad.
Por último, se confirmó el pago del concepto Indumentaria con un incremento interanual, que alcanzará los $250.000. El monto se depositará en 2 cuotas, el 17 abril y el 17 mayo.
«Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero siempre con los pies sobre la tierra. No vamos a sacrificar la responsabilidad fiscal, porque el orden de las cuentas es lo único que nos permite garantizar el pago en tiempo y forma, un compromiso que esta gestión ha cumplido siempre», explicó la secretaria de la Función Pública.
Esquema de pagos y actualizaciones mes a mes
Con la propuesta de Gobierno, en febrero se abonaría la primera cuota de la compensación extraordinaria por el último trimestre de 2025, por un monto de $125.000, y se aplicará el aumento salarial correspondiente por IPC.
En marzo, se pagará la segunda cuota de la compensación extraordinaria, también por $125.000, y se abonará la Ayuda Escolar con un incremento del 100%, que alcanzará los $80.000 por hijo y los $160.000 en el caso de hijos con discapacidad.
En abril se aplicará un nuevo aumento salarial por IPC y se abonará la primera cuota del concepto Indumentaria, por un monto de $125.000.
En mayo se completará el pago del concepto Indumentaria con la segunda cuota, también por $125.000.
La reunión fue encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, junto a sus pares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Natalia Almonacid. Por los gremios participaron Mónica Miranda (UPCN) y Rodrigo Vicente (ATE).
