Río Negro
Se desarrolló la audiencia pública por renegociación de Puesto Flores-Estancia Vieja
Es por el acuerdo acuerdo firmado por el gobierno de Río Negro con la empresa President Petroleum S.A. Comprende el área hidrocarburífera, ubicada al norte de Roca.
Se llevó a cabo esta mañana en Cipolletti la audiencia pública por los acuerdos de renegociación de explotación del área hidrocarburífera Puesto Flores-Estancia Vieja, entre el gobierno de la provincia de Río Negro y la empresa President Petroleum S.A. La audiencia fue presidida por el legislador Alfredo Martín (Juntos Somos Río Negro), titular de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura de Río Negro.
Se trata del acuerdo firmado por el secretario de Estado de Energía, Sebastián Caldiero, con la empresa President Petroleum S.A. Comprende el área hidrocarburífera Puesto Flores-Estancia Vieja, que la compañía adquirió recientemente a su anterior concesionaria, Chevron Argentina SRL.
El tratamiento del convenio alcanzado será analizado por el Parlamento provincial conforme lo previsto por la Ley Q N° 4.818 y su modificatoria N° 5.027. Dicha norma aprobó las bases y condiciones para la convocatoria pública a las empresas interesadas titulares de concesiones de explotación de áreas hidrocarburíferas en la Provincia, otorgadas por el Gobierno nacional, con el fin de renegociar los términos y condiciones de sus respectivas concesiones.
Los oradores
La legisladora Silvana Larralde (JSRN) destacó la importancia de jerarquizar a la Secretaría de Energía de la provincia. “A diferencia del resto de las provincias patagónicas, Río Negro es una provincia petrolera que comparte el área hidrocarburífera más importante del país, pero desde un sector marginal, y esto es observable en la producción de gas y petróleo”, indicó.
“Era un tema que los gobiernos provinciales anteriores veían como ajeno y estuvo ausente muchos años en estrategia y desarrollo. Este panorama cambió a partir del 2012. Río Negro profundizó su protagonismo cuando definió un marco jurídico para la reglamentación de los contratos petroleros con las empresas que operan en nuestro territorio”, señaló.
Por otra parte resaltó la importancia de la jerarquización de EDHIPSA, “una empresa provincial a la que recién en estos últimos años se le está dando el protagonismo necesario para que pueda desarrollarse”.
También destacó “la transparencia” con que se desarrolló el procedimiento para el manejo de la actividad hidrocarburífera, coordinado por una comisión de seguimiento conformada por legisladores, superficiarios, intendentes, Secretaria de Energía, representantes de los trabajadores, sindicatos y operadoras.
“Queremos agradecerle a la empresa su decisión de invertir en el país y en la provincia, pero también quiero decirle que vamos a ser celosos defensores del trabajo rionegrino de las inversiones de Río Negro y del compre local”, aseguró.
Por su parte, el legislador Ariel Rivero (Frente para la Victoria) también expuso en la audiencia y reconoció el trabajo de la Secretaría de Energía. “Hace 10 años no se hablaba en la provincia de petróleo, desde el año 2012 la provincia viene trabajando muy fuerte para ese desarrollo”, dijo. “Espero el compromiso de la empresa para que invierta más, creo que la provincia tiene mucho más gas y petróleo que el que creemos, y nunca se desarrolló como desde hace 5 años lo viene haciendo”, continuó.
Destacó que “gracias a la ley que aprobamos desde la Legislatura, la provincia se ve beneficiada de distintas maneras, pero también todos los municipios reciben fondos frescos para obras de infraestructura”.
Criticó aspectos del “compre rionegrino. No veo que se haya tomado más personal de los lugares y tampoco empresas chicas de servicios. Neuquén tiene una política desarrollada en ese sentido que podríamos copiar”.
Advirtió que no se hace un control fuerte a las empresas con respecto a los pasivos que dejan y el daño que generan al medio ambiente. “Las empresas tienen que cumplir con el compromiso asumido”, aseveró.
Mientras tanto, la legisladora Norma Coronel (JSRN) destacó la sanción de la Ley Provincial N° 4818, que permitió que el gobierno provincial pueda renegociar con la empresa President Petroleum el área que la empresa Chevron dejó por decisión propia, y de esta manera el Estado recibirá un nuevo bono fijo, más las regalías que de allí se contemplen.
“Esta nueva renegociación de concesión permitirá que distintas empresas prestadoras de servicios específicos de alta tecnología, como aquellas proveedoras locales en su mayoría PYMEs que brindan servicios básicos de insumos o equipamientos de baja complejidad y especialización tecnológica, sean consideradas eslabones de la cadena, fundamentales para el desarrollo en las localidades donde se encuentre la empresa President Petrolum”, aseguró.
Por la compañía Patagonia Oil S.R.L, el orador fue Daniel Herrera. “Vemos cómo las pymes fuimos afectadas por el cambio de la matriz económica de la provincia y nos encontramos con escollos tantos privados como estatales para insertarnos en el mercado”, expresó.
Planteó dificultades para prestar servicios de las grandes empresas. “Hay mucha burocracia para dar de alta como prestador de servicios a las grandes operadoras. Creo que hay que buscar una identidad rionegrina, porque tenemos capacidad y todos los recursos, y creo que estamos aprendiendo a trabajar con este recurso”, observó.
En representación del intendente de Catriel Carlos Johnston, Alberto Ariaudo resaltó “el gran trabajo” del Secretario de Energía (Caldiero). “Creemos que más allá de la coyuntura mundial, el acuerdo es muy beneficioso para la provincia”, expresó. Remarcó que en Catriel se están por recibir 15 profesionales para fiscalizar el petróleo, que estudiaron la carrera que puso en marcha el gobierno provincial. “Esto tiene que ver con pensar una provincia productora de petróleo”, dijo.
Por Organización Rionegrina Empresarial, Eduardo Lara destacó que “se viene dando un debate interior histórico en el contexto de un proceso en el cual están todos los actores participando y representados y creo que todo es en pos de mejorar lo que se está haciendo. El nivel de conciencia que tenemos que implementar tiene que ser progresivo, la provincia tiene un potencial enorme, no solo de recursos, sino de conocimiento”.
Judiciales
El STJ definió el procedimiento para causas penales que involucren a menores de edad
La resolución también establece que quienes no hayan cumplido 14 años al momento del hecho no serán sometidos a proceso, aunque deberá acreditarse la existencia del hecho ilícito.
El Superior Tribunal de Justicia estableció las reglas que deberán aplicarse en Río Negro en los procesos penales que involucren a niñas, niños y adolescentes, hasta que la provincia cuente con un Código Procesal específico en materia Penal Juvenil. La Acordada dispone la aplicación del Código Procesal Penal provincial junto con los principios y garantías previstos por la legislación provincial y el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. Una de las definiciones es que no se someterán a juicios por jurados populares.
La decisión se adoptó luego de la entrada en vigencia de la Ley Nacional N° 27.801, que derogó el anterior Régimen Penal de Minoridad. La Acordada señala que la nueva legislación, sancionada por el Congreso Nacional, establece, entre otros aspectos, «la edad de punibilidad plena a partir de los 14 años», incorpora otros tipos de penas, prohíbe imponer prisión y reclusión perpetua y fija que la pena de prisión «“no puede exceder de 15 años».
El STJ señaló que las normas procesales previstas en esa ley nacional no se aplican en el ámbito provincial, ya que las provincias conservan facultades para dictar sus propias normas procesales. Al mismo tiempo, recordó que Río Negro todavía no cuenta con una normativa procesal específica de Responsabilidad Penal Juvenil.
Hasta que exista un procedimiento específico, la Acordada estableció que debe aplicarse el Código Procesal Penal provincial junto con los principios y garantías de cumplimiento obligatorio contenidos en la Ley Provincial D 4109 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley Nacional 27.801. La resolución establece que este esquema se aplicará «con excepción del juicio por jurados».
Entre los fundamentos, el STJ recordó que la Constitución de Río Negro establece que las personas menores de edad gozan, «como mínimo de las mismas garantías procesales que las personas adultas». También señaló que la Ley D 4109 regula el procedimiento para juzgar a adolescentes punibles y establece garantías específicas para niñas, niños y adolescentes involucrados en un proceso penal.
La Acordada aborda específicamente la situación de quienes no hayan cumplido 14 años al momento del hecho. En esos casos, en concordancia con la Ley Nacional, establece que «no serán sometidos a proceso», sin perjuicio de la obligación del Ministerio Público de acreditar la existencia del hecho ilícito. Si se determina la necesidad de intervención del organismo de protección, la situación deberá ponerse en conocimiento de esa autoridad.
La resolución también dispuso comunicar a la SENAF y requerirle que informe al Foro Penal de Jueces y Juezas de las cuatro Circunscripciones Judiciales cuáles son los programas vigentes y operativos con los que cuenta para cumplir las obligaciones previstas por la Ley D 4109. Además, hizo saber al Poder Ejecutivo que las disposiciones de esa ley provincial «rigen en toda su extensión para el Organismo Técnico Proteccional».
Finalmente, el STJ encomendó a la Escuela de Capacitación Judicial continuar durante este año con el plan de capacitación obligatoria sobre Régimen Penal Juvenil destinado a integrantes del fuero Penal y del Tribunal de Impugnación. También invitó a la Procuración General a disponer la participación de integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y solicitó al Consejo de la Magistratura que incorpore esta temática en los exámenes para cubrir cargos del fuero Penal.
Río Negro
Weretilneck confirmó el aval de Nación para financiar obras en las Rutas 22 y 151
El financiamiento de FONPLATA permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores y mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.
El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que Río Negro obtuvo la garantía del Gobierno Nacional para avanzar con un crédito de hasta US$ 60 millones de FONPLATA – Banco de Desarrollo, destinado a financiar obras prioritarias en las Rutas Nacionales 22 y 151.
El financiamiento permitirá intervenir los sectores más deteriorados de ambos corredores, mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.
La operación se enmarca en la decisión de la Provincia de asumir progresivamente la gestión de estas rutas y definir y ejecutar las obras necesarias en territorio rionegrino.
El avance se produjo luego de un relevamiento realizado recientemente por Vialidad Rionegrina, la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), especialistas de FONPLATA y el Gobierno Nacional.
El trabajo permitió constatar en territorio el estado de las trazas y avanzar en la definición del plan de obras que acompañará la operación de financiamiento.
Con el aval obtenido, la Provincia continúa trabajando en la documentación técnica y financiera necesaria para presentar la operación ante el Directorio de FONPLATA, previsto para noviembre.
El programa tendrá impacto directo sobre más de 438.000 habitantes de los departamentos de Pichi Mahuida, Avellaneda y General Roca, además de las personas y vehículos que utilizan diariamente ambas rutas.
También se estima un mejor acceso para 312.000 habitantes a 81 centros de salud, 15 hospitales, 20 cuarteles de bomberos y distintas dependencias policiales.
La operación contempla financiamiento externo por hasta US$ 60 millones, con la Nación como garante. La gestión administrativa, financiera y fiduciaria estará a cargo de la UPCEFE, mientras que Vialidad Rionegrina tendrá la responsabilidad técnica de definir las prioridades y ejecutar las intervenciones.
Judiciales
Por el aumento de causas, Roca tendrá una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia
El Poder Judicial detectó durante la última década un incremento sostenido de expedientes en el Fuero de Familia de General Roca.
La Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto impulsado por el Superior Tribunal de Justicia para crear una nueva Unidad Procesal del Fuero de Familia con sede en General Roca, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Al fundamentar la iniciativa, la legisladora Natalia Reynoso (JSRN) explicó que la propuesta surge a partir de los estudios realizados por la Dirección de Planificación Estratégica del Poder Judicial, que durante los últimos diez años registró un crecimiento sostenido de las causas y expedientes que ingresan al fuero de Familia.
Según detalló, el relevamiento correspondiente al período comprendido entre 2016 y 2026 permitió detectar un incremento que calificó como «exponencial, sostenido y estructural», particularmente en la Segunda Circunscripción Judicial.
Reynoso destacó además que el Poder Judicial modificó la metodología utilizada para determinar la carga que soportan los distintos organismos. Hasta ahora, uno de los principales parámetros era simplemente cuantitativo: se contabilizaba la cantidad de expedientes ingresados y tramitados.
La nueva metodología incorpora el concepto de «carga ponderada de trabajo», que busca determinar no solamente cuántos expedientes tramita un organismo, sino también cuánto esfuerzo y tiempo demanda cada uno de ellos de acuerdo con su complejidad.
Para establecer ese indicador se tuvieron en cuenta variables como la complejidad de las causas, su duración y el grado de intervención judicial requerido.
«No es lo mismo una causa que puede resolverse mediante una audiencia y posterior homologación que aquellos procesos que demandan seguimientos durante dos años o más, sucesivas audiencias y la participación de equipos interdisciplinarios», explicó la legisladora.
Entre las problemáticas de mayor complejidad mencionó las situaciones de violencia de género e intrafamiliar, además de causas relacionadas con alimentos, filiaciones y adopciones.
La metodología, elaborada con participación de juezas de Familia de las diferentes circunscripciones judiciales, permitió establecer con mayor precisión la carga efectiva de trabajo de cada organismo.
En el caso de General Roca, los resultados mostraron no solamente un aumento en la cantidad de expedientes, sino también una creciente exigencia funcional derivada de la complejidad de las causas.
Reynoso sostuvo que la ciudad viene registrando «un nivel de demanda estructural superior al resto de las localidades analizadas», pese a contar con estructuras organizativas similares a las existentes en organismos que atienden volúmenes y niveles de demanda considerablemente menores.
Ese desequilibrio, explicó, determinó la necesidad de avanzar con la creación de una nueva Unidad Procesal de Familia.
La iniciativa busca así adecuar la estructura judicial de General Roca a una realidad que se modificó sustancialmente durante la última década y mejorar la capacidad de respuesta del fuero frente a causas que, además de haber aumentado en cantidad, requieren intervenciones cada vez más prolongadas y complejas.
