Río Negro
Se desarrolló la audiencia pública por renegociación de Puesto Flores-Estancia Vieja
Es por el acuerdo acuerdo firmado por el gobierno de Río Negro con la empresa President Petroleum S.A. Comprende el área hidrocarburífera, ubicada al norte de Roca.
Se llevó a cabo esta mañana en Cipolletti la audiencia pública por los acuerdos de renegociación de explotación del área hidrocarburífera Puesto Flores-Estancia Vieja, entre el gobierno de la provincia de Río Negro y la empresa President Petroleum S.A. La audiencia fue presidida por el legislador Alfredo Martín (Juntos Somos Río Negro), titular de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura de Río Negro.
Se trata del acuerdo firmado por el secretario de Estado de Energía, Sebastián Caldiero, con la empresa President Petroleum S.A. Comprende el área hidrocarburífera Puesto Flores-Estancia Vieja, que la compañía adquirió recientemente a su anterior concesionaria, Chevron Argentina SRL.
El tratamiento del convenio alcanzado será analizado por el Parlamento provincial conforme lo previsto por la Ley Q N° 4.818 y su modificatoria N° 5.027. Dicha norma aprobó las bases y condiciones para la convocatoria pública a las empresas interesadas titulares de concesiones de explotación de áreas hidrocarburíferas en la Provincia, otorgadas por el Gobierno nacional, con el fin de renegociar los términos y condiciones de sus respectivas concesiones.
Los oradores
La legisladora Silvana Larralde (JSRN) destacó la importancia de jerarquizar a la Secretaría de Energía de la provincia. “A diferencia del resto de las provincias patagónicas, Río Negro es una provincia petrolera que comparte el área hidrocarburífera más importante del país, pero desde un sector marginal, y esto es observable en la producción de gas y petróleo”, indicó.
“Era un tema que los gobiernos provinciales anteriores veían como ajeno y estuvo ausente muchos años en estrategia y desarrollo. Este panorama cambió a partir del 2012. Río Negro profundizó su protagonismo cuando definió un marco jurídico para la reglamentación de los contratos petroleros con las empresas que operan en nuestro territorio”, señaló.
Por otra parte resaltó la importancia de la jerarquización de EDHIPSA, “una empresa provincial a la que recién en estos últimos años se le está dando el protagonismo necesario para que pueda desarrollarse”.
También destacó “la transparencia” con que se desarrolló el procedimiento para el manejo de la actividad hidrocarburífera, coordinado por una comisión de seguimiento conformada por legisladores, superficiarios, intendentes, Secretaria de Energía, representantes de los trabajadores, sindicatos y operadoras.
“Queremos agradecerle a la empresa su decisión de invertir en el país y en la provincia, pero también quiero decirle que vamos a ser celosos defensores del trabajo rionegrino de las inversiones de Río Negro y del compre local”, aseguró.
Por su parte, el legislador Ariel Rivero (Frente para la Victoria) también expuso en la audiencia y reconoció el trabajo de la Secretaría de Energía. “Hace 10 años no se hablaba en la provincia de petróleo, desde el año 2012 la provincia viene trabajando muy fuerte para ese desarrollo”, dijo. “Espero el compromiso de la empresa para que invierta más, creo que la provincia tiene mucho más gas y petróleo que el que creemos, y nunca se desarrolló como desde hace 5 años lo viene haciendo”, continuó.
Destacó que “gracias a la ley que aprobamos desde la Legislatura, la provincia se ve beneficiada de distintas maneras, pero también todos los municipios reciben fondos frescos para obras de infraestructura”.
Criticó aspectos del “compre rionegrino. No veo que se haya tomado más personal de los lugares y tampoco empresas chicas de servicios. Neuquén tiene una política desarrollada en ese sentido que podríamos copiar”.
Advirtió que no se hace un control fuerte a las empresas con respecto a los pasivos que dejan y el daño que generan al medio ambiente. “Las empresas tienen que cumplir con el compromiso asumido”, aseveró.
Mientras tanto, la legisladora Norma Coronel (JSRN) destacó la sanción de la Ley Provincial N° 4818, que permitió que el gobierno provincial pueda renegociar con la empresa President Petroleum el área que la empresa Chevron dejó por decisión propia, y de esta manera el Estado recibirá un nuevo bono fijo, más las regalías que de allí se contemplen.
“Esta nueva renegociación de concesión permitirá que distintas empresas prestadoras de servicios específicos de alta tecnología, como aquellas proveedoras locales en su mayoría PYMEs que brindan servicios básicos de insumos o equipamientos de baja complejidad y especialización tecnológica, sean consideradas eslabones de la cadena, fundamentales para el desarrollo en las localidades donde se encuentre la empresa President Petrolum”, aseguró.
Por la compañía Patagonia Oil S.R.L, el orador fue Daniel Herrera. “Vemos cómo las pymes fuimos afectadas por el cambio de la matriz económica de la provincia y nos encontramos con escollos tantos privados como estatales para insertarnos en el mercado”, expresó.
Planteó dificultades para prestar servicios de las grandes empresas. “Hay mucha burocracia para dar de alta como prestador de servicios a las grandes operadoras. Creo que hay que buscar una identidad rionegrina, porque tenemos capacidad y todos los recursos, y creo que estamos aprendiendo a trabajar con este recurso”, observó.
En representación del intendente de Catriel Carlos Johnston, Alberto Ariaudo resaltó “el gran trabajo” del Secretario de Energía (Caldiero). “Creemos que más allá de la coyuntura mundial, el acuerdo es muy beneficioso para la provincia”, expresó. Remarcó que en Catriel se están por recibir 15 profesionales para fiscalizar el petróleo, que estudiaron la carrera que puso en marcha el gobierno provincial. “Esto tiene que ver con pensar una provincia productora de petróleo”, dijo.
Por Organización Rionegrina Empresarial, Eduardo Lara destacó que “se viene dando un debate interior histórico en el contexto de un proceso en el cual están todos los actores participando y representados y creo que todo es en pos de mejorar lo que se está haciendo. El nivel de conciencia que tenemos que implementar tiene que ser progresivo, la provincia tiene un potencial enorme, no solo de recursos, sino de conocimiento”.
Judiciales
Fallo contempló el cuidado exclusivo de una madre y fijó una cuota de siete salarios mínimos
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior.
El cuidado cotidiano que la madre ejerce de manera exclusiva sobre su hija fue uno de los factores centrales para fijar una cuota alimentaria equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La sentencia, dictada en Bariloche, también dispuso que el padre deberá afrontar el 50% de los gastos extraordinarios vinculados con la crianza.
La demanda fue presentada por la madre en representación de su hija de 8 años. Señaló que el progenitor reside en Buenos Aires y que el contacto con la niña es esporádico, ya que se ven una o dos veces al año. También explicó que las tareas de cuidado recaen exclusivamente sobre ella.
Según la presentación, el padre pagaba de manera directa un colegio privado, el comedor y algunas actividades. Además, hasta septiembre de 2023 realizaba depósitos mensuales, que luego dejó de efectuar. La madre sostuvo que ese aporte resultaba insuficiente frente al conjunto de gastos de crianza.
El progenitor respondió que no estaba en condiciones de afrontar el monto solicitado. Indicó que se dedica a la intermediación en la venta de caballos, con ingresos irregulares, y afirmó encontrarse desocupado. Durante una audiencia ofreció una suma menor junto con algunos pagos directos, pero no hubo acuerdo.
En el expediente se incorporaron informes sobre los gastos de la niña, vinculados con educación, cobertura médica, actividades extracurriculares y tratamientos médicos. También se realizó una pericia social en el domicilio materno que describió condiciones habitacionales adecuadas y señaló que el hogar se sostiene con el salario de la madre.
Al analizar el caso, la sentencia destacó que las tareas de cuidado tienen un valor económico que debe considerarse al fijar la cuota alimentaria. En este caso, se acreditó que esas responsabilidades recaen casi en su totalidad sobre la progenitora.
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior. En ese contexto, el juzgado indicó que, ante ingresos informales, es el propio alimentante quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlos.
Con base en las necesidades de la niña y las circunstancias acreditadas en el proceso, la sentencia hizo lugar a la demanda y fijó la cuota alimentaria en siete salarios mínimos vitales y móviles, además del pago compartido de los gastos extraordinarios.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
