Judiciales
Cuatro policías a juicio por la muerte de un joven en la vieja Comisaría Tercera
Ocurrió en el 2008 y la víctima era un adolescente de 17 años. El muchacho se quitó la vida en una de las dependencias del edificio ubicado en 25 de Mayo y Sarmiento.
El juez de juicio Emilio Stadler admitió la acusación formulada por la Fiscalía contra cuatro efectivos policiales de distinta jerarquía, a quienes se investiga por la muerte de un menor de edad que se encontraba detenido en la antigua Comisaría Tercera de Roca la tarde del 31 de octubre de 2008.
En la audiencia de Control de Acusación el fiscal Miguel Fernández Jahde anticipó que llegado el momento procesal oportuno solicitará una pena superior a los 3 años de prisión para los imputados, por el delito de «homicidio culposo», por lo que se fijó la competencia de un tribunal colegiado, a designar por la Oficina Judicial, para la realización del futuro juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación, se atribuye a Roberto García, jefe de la Comisaría Tercera al momento del hecho; Luis Neguimán, subjefe de la unidad; Hector Fernández, oficial de servicio, y Hugo Paillalef, cuartelero, «haber contribuido» a la ocurrencia de la muerte por haber incumplido sus respectivas obligaciones funcionales y reglamentarias en materia de conducción de la unidad, directivas, trato y resguardo de detenidos, tratamiento de menores de edad en unidades policiales, entre otros deberes asociados con la «posición de garantes» que les correspondía por su función.
El fiscal expuso en la audiencia que en la fecha mencionada, aproximadamente las 16:25, el menor de edad Matías Nicolás Molina fue detenido en el predio de un hipermercado en momentos en que se habría encontrado provocando desórdenes, en aparente estado de ebriedad o bajo efectos de alguna sustancia. El adolescente fue trasladado a la antigua Comisaría Tercera y quedó alojado en soledad en un calabozo. El médico policial fue convocado en tres oportunidades y cuando se hizo presente para que examinar al detenido, alrededor de las 21 horas, el cuartelero encontró al joven ahorcado con su propia camisa en una reja del calabozo.
«En el período que va desde su detención y traslado a la unidad policial, hasta el hallazgo en posición de ahorcamiento, Molina no habría sido revisado por ningún otro médico ni trasladado al hospital local para su atención, teniendo en cuenta el estado de incoherencia que mostraba, según el relato de testigos», sostuvo la parte acusadora, con adhesión del abogado por la querella, Ivan Radeland.
A su turno los abogados defensores Luis Vincenty (por García), Pablo Iribarren (por Fernández), Marcelo Ávila (por Neguiman) y Miguel Salomón (por Paillalef) solicitaron que se declare la «insubsistencia de la acción penal» por el tiempo transcurrido desde el acaecimiento del hecho y el alcance de esta instancia procesal, atribuyendo la «morosidad» a factores ajenos a sus respectivos representados.
El juez Stadler rechazó el planteo, considerando que no ha operado la prescripción y menos la insubsistencia de la acción. «Es un hecho de suma gravedad y ha demandado una investigación muy compleja. No se ha marcado desde la defensa que el expediente haya estado demorado inútilmente en ningún despacho, por lo que tengo que suponer que estuvo en trámite normal hasta la fecha», sostuvo el magistrado.
Por otra parte, Stadler avaló el planteo de la querella en cuanto a que «se trata de un hecho, en principio, cometido desde el Estado, por funcionarios del Estado, y la víctima en un menor de edad. No podemos olvidar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ‘Espósito’ a raíz del fallo ‘Bulacio’ de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para desconocer el Derecho de los Tratados Internacionales, en este caso, el derecho a la tutela judicial efectiva para las víctimas».
Luego las defensas alegaron una violación al «principio de congruencia» entre el hecho narrado por la Fiscalía y la calificación legal pretendida para el mismo, solicitando la nulidad de la acusación. El juez también rechazó ese planteo, declarando que «la descripción de los hechos que ha brindado la Fiscalía es adecuada, completa, comprensible, y permite entender perfectamente qué se les está atribuyendo a cada uno de los imputados».
Por último, como formalidad requerida por la instancia, tanto la acusación como las defensas ofrecieron la prueba (testimonial, documental, instrumental, actas, grabaciones, etc.) que utilizarán en el juicio oral, cuya fecha será oportunamente definida por la Oficina Judicial.
Judiciales
Identificaron al joven que fue asesinado a tiros en la zona oeste de Roca
La investigación busca determinar cómo ocurrió el crimen, identificar a los responsables y localizar las armas que habrían sido utilizadas.
Un joven de 19 años fue asesinado durante la noche del jueves (14/08) en la zona oeste de General Roca, luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Diego Nicolás Gutierrez, quien murió como consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque.
El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47° y es investigado por el Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación de la fiscal Verónica Villarruel.
En la escena trabajaron integrantes de la Fiscalía de Turno, el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, la Policía de Río Negro y la Brigada de Investigaciones.
El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca, donde profesionales médicos realizarán la autopsia para determinar con precisión la causa y las circunstancias del fallecimiento.
Mientras tanto, los investigadores continúan con distintas diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a los responsables del homicidio y avanzar en la búsqueda de las armas utilizadas en el ataque.
Judiciales
Acusan a un hombre de enviar mensajes y audios sexuales a una adolescente
La Fiscalía sostuvo que el imputado contactó a la víctima entre julio y agosto de 2025 y le envió mensajes y audios de contenido sexual, sabiendo que era menor de edad.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por el delito de acoso sexual infantil, en una causa en la que se investiga el contacto que habría mantenido con una adolescente a través de WhatsApp y el envío de mensajes y audios de contenido sexual.
La audiencia se realizó este viernes (14/08) en el Foro Penal de General Roca. La fiscal adjunta Daniela Espinoza Sagredo detalló que los hechos investigados ocurrieron entre julio y agosto de 2025.
Según la acusación, el hombre se comunicó con la adolescente mediante WhatsApp y le envió mensajes y audios de contenido sexual, a sabiendas de que se trataba de una menor de edad. La calificación legal propuesta es acoso sexual infantil en carácter de autor.
La investigación comenzó luego de que la madre de la joven escuchara a su hija hablar por teléfono con una persona desconocida, a quien le brindaba información sobre sus rutinas y horarios. Ante esta situación, la mujer realizó la denuncia penal que dio inicio a las actuaciones judiciales.
Como principal evidencia, la Fiscalía presentó un informe técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones. El análisis de los teléfonos del imputado y de la víctima permitió identificar más de 1.000 páginas de registros, conversaciones y archivos de audio que sustentan la acusación.
El legajo también incorpora el acta del allanamiento realizado en la vivienda del imputado, en Cipolletti, y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. Este último documento explicó las razones técnicas por las cuales no fue posible realizar una entrevista en Cámara Gesell a la adolescente. Además, se anexó como prueba el Certificado Único de Discapacidad de la menor.
Durante la audiencia, la defensa del acusado, a cargo del abogado Pablo Barrionuevo, no presentó objeciones formales a la imputación, aunque señaló que discutirá la interpretación que la Fiscalía realiza de los mensajes. El imputado, por su parte, hizo uso de su derecho constitucional y optó por no declarar.
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Gustavo Quelín dio por iniciada la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
¿Qué es el grooming?
El grooming es una forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, mediante la cual una persona adulta establece contacto con fines sexuales a través de medios tecnológicos, utilizando estrategias de engaño, manipulación y sometimiento emocional.
En Argentina, el delito de grooming está tipificado en el artículo 131 del Código Penal y contempla una pena de prisión de seis meses a cuatro años.
Judiciales
Negó ser el padre, murió durante el juicio y una prueba de ADN confirmó la paternidad
Antes de su fallecimiento, los progenitores habían firmado un acuerdo sobre distintos aspectos, entre ellos el nombre con el que quedaría inscripta la niña.
La búsqueda de una madre por la identidad de su hija comenzó con una respuesta negativa. Cuando la niña tenía cuatro meses, la mujer le comunicó al hombre con quien había mantenido una relación que era el padre. Él rechazó esa posibilidad. Le dijo que tenía un problema orgánico que le impedía tener hijos. Con ese argumento, no asumió la paternidad.
Frente a esa negativa, la mujer inició un recorrido para que su hija tuviera reconocida su identidad y su vínculo paterno. Recurrió al Poder Judicial y, en representación de la niña, promovió una acción de filiación. De esta manera, el fuero de Familia de Villa Regina ordenó una prueba genética para determinar si existía el vínculo biológico.
Antes de que el proceso llegara a una sentencia, el hombre falleció. La mujer informó su muerte en y presentó el acta de defunción. También acompañó un acuerdo que ambos habían firmado unos meses antes. Allí habían establecido, entre otras cuestiones, el nombre con el cual quedaría inscripta la niña.
Durante el trámite judicial se ordenó una extracción de muestras y el análisis molecular de ADN. La pericia del Laboratorio Regional de Genética Forense del Poder Judicial de Río Negro determinó una probabilidad de vínculo biológico de paternidad superior al 99,99998 por ciento. El resultado no recibió objeciones de las partes.
El fallecimiento del hombre no impidió que el expediente continuara. Se suspendió la tramitación y se citó a sus herederos. Luego se ordenó la publicación de edictos y, ante la eventual existencia de sucesores, se designó un Defensor de Ausentes. La Defensoría Oficial asumió esa representación. Antes de la sentencia, el Defensor de Menores e Incapaces dictaminó que correspondía hacer lugar a la acción de filiación.
Con la prueba genética como elemento central, el fuero de Familia tuvo por acreditado que el hombre era el progenitor biológico de la niña. La sentencia destacó el valor de este tipo de estudios para establecer la denominada verdad biológica y señaló que el resultado obtenido aportaba una certeza casi absoluta sobre la paternidad.
El fallo también hizo lugar a la incorporación del apellido paterno. De acuerdo con lo que los progenitores habían pactado antes del fallecimiento del hombre, la niña llevará un apellido compuesto, primero el materno y luego el paterno.
La jueza ordenó librar oficio y testimonio al Registro Civil para que se modifique la inscripción correspondiente y dispuso que las costas del proceso sean soportadas en el orden causado.
