Opinión
El derecho a la salud es humano y universal
Nota de opinión por Magdalena Odarda, senadora nacional por Río Negro.
«Estamos convocados por un compromiso ineludible: debemos luchar por una sociedad más justa y equitativa, sin prejuicios de ninguna índole. Sólo lo lograremos si no nos apartamos nunca de los lineamientos éticos basados en el respeto a la dignidad del hombre». (Mensaje del Dr. René Favaloro a los estudiantes reunidos en Glacier Park Lodge , Montana, Estados Unidos, 1993. De «Don Pedro y la educación»).
Cuando el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anticipaba días atrás en Salta su decisión de cobrar en los hospitales públicos la atención de salud a los extranjeros, haciendo referencia a que “Los argentinos pagamos impuestos y por eso es que recibimos la atención de la salud”, instaló un debate sobre un punto sensible en la población, a la vez que despertó una serie de posicionamientos éticos antagónicos que merecen algunas consideraciones.
Bastante diferente parecía la concepción de aquel intachable presidente argentino, el Dr. Arturo Illia, quien desde el mismo partido político, la Unión Cívica Radical, revelaba hace más de 50 años, que “Con la salud no se negocia”; visión que contrasta notablemente con las expresiones del actual gobernador, reconocido por él mismo como “nieto de bolivianos”, cuando expresó días atrás que “Mientras esto no ocurra (la instauración de un sistema de reciprocidad con Bolivia), nosotros le vamos a cobrar la atención de salud a todos los extranjeros”.
Con el mismo criterio ético, el gran René Favaloro nos enseñaba que “En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales; entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad» (Congreso de Bioingeniería 1999).
Sin embargo, es necesario que nos adentremos un poco más sobre el contenido jurídico de lo que constituye el “derecho a la salud”, tanto en el ámbito nacional como internacional para comprender que, más allá de que podamos realizar convenios de reciprocidad con otros estados a fin de que se garanticen las mismas prestaciones de servicios médicos a los ciudadanos argentinos que se encuentren en sus territorios; la realización o no de dichos acuerdos no pueden en manera alguna constituir un obstáculo para brindar la atención del servicio de salud primario hacia cualquier extranjero que se encuentre en nuestro país.
Ello resulta así, en tanto el Estado Nacional argentino ha celebrado y suscripto instrumentos internacionales vinculantes que resultan claros en tal sentido, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tal circunstancia tornaría a cualquier tipo de norma que pudiera dictarse en el sentido de limitar el derecho de prestación de salud hacia extranjeros por parte del Estado en abiertamente inconstitucional e inconvencional.
El mero hecho de promover Convenios bilaterales con países hermanos a fin de establecer sistemas de reciprocidad en los servicios de salud no constituye, en sí mismo, un problema a la vista, en tanto los Estados se encuentran en condiciones de garantizar a sus ciudadanos algún tipo de cobertura o garantía adicional cuando transiten por el territorio de los Estados con quienes se celebran estos acuerdos, luego de los cuales podrá existir, o no, algún tipo de reintegro de un estado al otro.
Sin embargo, esto no significa en absoluto que desde nuestros servicios de salud pública puedan negarse a atender debidamente, y en condiciones de absoluta igualdad, a los ciudadanos de otro estado que se encuentren convalecientes en nuestro territorio ante la carencia de firma del acuerdo bilateral correspondiente. Tal actuación podría derivar, incluso, en la convocatoria del Estado Nacional Argentino a los Tribunales Internacionales a fin de que rinda cuentas por la falta de cumplimiento de los referidos instrumentos internacionales potencialmente incumplidos en dicho caso.
Así, el Protocolo de San Salvador, revela claramente en su artículo 10 que “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”, aclarando luego que entre las medidas para garantizar este derecho se encuentran “la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad” y “la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y de los que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”.
A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que integra el bloque de constitucionalidad argentino a través de la reforma constitucional de 1994 en el texto del artículo 75, inc. 22, refleja en su artículo 12 que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, aclarando luego que “Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para… d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.
En la misma dirección, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 expresaba en su artículo 25. 1 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”; lo que resulta ratificado por la misma Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en Colombia en 1948, cuando dice que “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad” (Art. 11).
Asimismo, el derecho a la salud se reconoce, en particular, en el inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965; en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979.
Pero el instrumento internacional al que ha adherido la Argentina, que resulta más exhaustivo y específico respecto al derecho a la salud viene siendo, sin lugar a dudas, la Observación General N° 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado en el seno de Naciones Unidas y referido al “derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, donde se considera a la salud como “Un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente”, aclarando en su apartado 8 que “Entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud”.
Entre los elementos esenciales que debe incluir el derecho a la salud se encuentra, precisamente, la accesibilidad, en cuanto los establecimientos, bienes y servicios de salud deben resultar accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte; incluyendo entre los elementos que impidan la discriminación al hecho de que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquier motivo.
El apartado 18 de la misma Observación General 14, aclara que “El Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud (incluidos el VIH/SIDA), orientación sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud”.
Al igual que sucede con la totalidad de los derechos humanos, el Comité PIDESC resulta claro al expresar que “no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud”, por lo que agrega en el punto 34 que “los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en particular absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; abstenerse de imponer prácticas discriminatorias como política de Estado”.
Del mismo modo en que el notable sanitarista que cimentara el sistema de salud de la República argentina, Dr. Ramón Carrillo, nos iluminara hacia el camino de la igualdad en la atención de la salud al decir que “Sólo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo”; aquel mismo René Favaloro que citáramos al comienzo, signado por un inocultable espíritu latinoamericanista de “Patria Grande”, junto a sus reconocidos referentes a quienes citaba regularmente, San Martín, Bolívar, Sucre y Artigas, expresaba “sufro más como latinoamericano que como argentino” («Marginalidad y pobreza de cara al tercer milenio», Universidad del Litoral, noviembre de 1997).
Magdalena Odarda.
Senadora Nacional por Río Negro.
Opinión
Las Universidades, para qué?
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
En estos días es habitual oír los problemas que enfrenta el sistema educativo, por el desfinanciamiento que está sufriendo.
Y rápidamente podemos preguntarnos cuál sería el problema y por extensión, por el rol clave que deberían cumplir, en especial las universidades.
En primera medida servir de espacio de contención socio cultural para quienes pretendan formarse y contar con nuevas herramientas para avanzar en la vida, y segunda y quizá tenida menos en cuenta, generar conocimientos valiosos para la comunidad en su conjunto.
Si hay algo que uno espera de la educación superior, (de las universidades) ese lugar donde se produce el conocimiento, es que corran los límites, que vayan más allá, que incomoden todo aquello que sea necesario para poder avanzar.
En este sentido, las ciencias sociales, esas con las que convivimos, ya que nos revisan en eso que nos define como sociedad, como individuos y como humanos, tendrán mucho para aportar.
Claramente el estado, pero no únicamente el nacional, decide qué financiar y por ende qué no. Pensemos por un momento un gobierno provincial e inclusive algunos gobiernos locales (municipio y comunas), financiando proyectos de investigación en la creencia y seguridad de que eso que se investigue, aportará nuevas ideas, conocimientos y herramientas para su gestión.
Pero claro, hoy pareciera que las cosas son distintas. Quienes ocupan cargos de gestión, con su trabajo cotidiano nos responden a la preguntá ¿qué se hace?, ya que es su cotidiano. Mientras que quienes investigan en políticas públicas, ciencias de la administración y todo lo referido a la administración pública, nos responderían a ¿qué se podría hacer?
Hay algo hasta increíble en la separación que tiene hoy la academia con la gestión gubernamental, los investigadores en lo estatal por un lado y los cargos electivos y funcionarios por otros. Si bien son dos conocimientos diferentes, el que se consigue estudiando y el que se consigue haciendo, en algún momento deberían encontrarse.
Pero claro, quién financiaría aquello que lo incomode, que lo exhiba, que revele sus falencias, inclusive aparece cierta complicidad por parte del sistema ya que esos avances pueden a las claras incomodar la capacidad de gestión de quienes ocupan cargos en las propias instituciones educativas.
Complicidad de dos lados, dos caras de una moneda que lógicamente no se encuentra, más que en un borde que investiga y aporta sobre cosas cómodas, relatos de una historia sabida y que recopila los datos ya conocidos.
En esa misma rueda, los trabajadores de la investigación atrapados, ya que se les reconoce y se los obliga a investigar y se les financia aquellas cosas que no molesten.
Existen problemas de financiamiento, claro, pero ojo no son los únicos.
Si queremos salir de los problemas que presenta el sistema, sin salir del sistema, deberemos cambiar lo que se deba, corregir lo que se necesite y abrir las administraciones.
Conseguir que política y conocimiento se amiguen, caso contrario el pozo será cada vez más hondo y la falta de dinero, pasará a ser, el menor de los problemas.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
Del otro lado, nosotros
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
En estos tiempos tan veloces de vivir, son pocos los momentos en que nos detenemos a tratar de comprender qué nos pasa, más allá del bolsillo.
Ahora es fácil confundir el síntoma con la causa, la consecuencia con la fuente del problema. Seguir discutiendo en circularidad de lo obvio: el dinero no alcanza. Cuando, en realidad no somos capaces de repensar qué es lo que genera la situación.
Entonces traigo tres dicotomías tan vigentes y actuales (y pasadas, si lo son), como necesarias para incorporar, quizá mate mediante en un momento de reflexión:
La primera responde a la pregunta, ¿dónde estamos?
Rápidamente comprender que estamos inmersos en un sistema democrático, que es abonado por todas y todos, ejercido por las instituciones del estado, pero que muchas veces quien gobierna, impone, crea y establece las condiciones de gobernabilidad, traza las políticas e inclusive el plan de gobierno, es el poder económico privado. Nacional e internacional.
Lo que quiero aportar aquí es esta dicotomía de los “jugadores” de adentro y de afuera del sistema. Vecinas y vecinos serán de afuera, pudiendo aportar con sus participaciones a quienes sí están adentro, la clase dirigencial, políticos y funcionarios públicos. Pero ojo, no seamos tampoco ingenuos, porque quizá hasta ellos mismos, están afuera del sistema de decisión, del poder real. Su único diferencial es conocer el sistema, ser conscientes de su lugar y cumplir con su papel, hacer como que deciden, emular que pueden, abonar alguno de los dos lados de una grieta que no existe como tal.
Para la segunda pregunta, debemos pensar, ¿qué nos ofrecen?
Es que claro, si ellos que son quienes ocupan los cargos públicos, que los elegimos para que gobiernen, no pueden hacerlo porque a su vez son condicionados por los poderes económicos concentrados nacionales, qué nos queda esperar a los demás?
Por lo pronto comenzar a comprender esta segunda dicotomía en la que usualmente nos empantanamos al momento de relacionarnos con ellas/os, y que comprenderla nos dará la libertad de saber qué se nos dice. Esta dicotomía es doble, ya que confundimos los productos del accionar del estado con resultados de la política pública desarrollada y a la vez, el diagnóstico de la situación, con la posibilidad real de avanzar y construir propuestas.
Daré un breve ejemplo: una campaña de vacunación que alcance las 50 personas diarias evidentemente da cuentas de un trabajo (producto – personas vacunadas), pero no de un resultado ya que desconocemos el punto de partida, la situación problemática que se pretendía abordar y acaso el nivel de esfuerzo institucional comprometido y previsto (¿qué tasa pretendíamos mejorar con la vacunación? ¿Queríamos vacunar 50 o quizá el doble y no pudimos?). En este mismo sentido el diagnostico es necesario para saber dónde estamos, qué nos falta, cuál podría ser un punto de partida. Pero solo es eso, un estado de situación. Se requiere entonces avanzar, trascender, comprender que eso es la base a considerar para planificar propuestas que mejoren ese punto de partida. El diagnóstico lo podemos compartir casi todos, pero el plan de acción seguramente tenga lógicas y necesarias resistencias.
Para la tercera pregunta y la más complicada, debemos enfrentar un, ¿qué necesitamos?
Claramente es mi opinión, y parte de considerar que la mejor manera de cambiar las cosas, es participando activamente, conociendo las reglas y teniendo las herramientas y recursos contextuales para ser parte de una construcción que permita dar discusiones, debates e incidir en el diseño y ejecución de lo público.
Por ello, la tercera dicotomía propone que no necesitamos mártires, sino líderes. Esa idea remanente de los héroes en la historia que lo han dado todo por la liberación de los pueblos, de alguna manera invita a pensar en luchas colosales y sobresalientes de pocas/os iluminados y claramente la historia argentina de los últimos 200 años da cuenta que, si a esos proyectos no se los nutre de ideología de compromiso, se los oxigena con carne y participación, mueren antes de iniciar, o se extinguen con su fundador.
Aquí aportar otra dicotomía que se desprende del sistema y es actual en términos de no aportar más que nombres sin proyecto, y es que, no es lo mismo ganar una elección que gobernar. Esas alianzas que dicen lo que se quiere escuchar, o que apelan a lo que el otro ha hecho mal, por sobre proponer hacia dónde, ganan es cierto, pero rápidamente quedan expuestas al momento de tener que avanzar y resolver cómo y qué hacer dentro y desde el estado. Discursos biensonantes sobran, quizá lo que falta es conocimiento sobre el funcionamiento de la cosa pública, para tratar de comprender si eso que han planteado, es posible, probable, realismo mágico o acaso legal.
Poco tiene que ver la legitimidad que otorga un cargo ganado con la capacidad de gestionar programas y proyectos, todas/os votamos a un par que quizá nos cae bien, pero el haber sido votado no garantiza ni eleva a nadie por sobre la masa. Ese será el rol y desafío que el líder deba emprender en una comunidad politizada, conocedora y sobre todo con la claridad para defender lo propio.
Al final y del otro lado, nosotros tratando de comprender para dónde va la cosa, quizá no sea mucho, pero espero que alguna de estas ideas, de estos conceptos, de estos interrogantes queden resonando y permitan idolatrar un poco menos y comprometerse a debatir un poco más.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
¿Por qué marchamos?
Nota de opinión por Nicolás Rochas, apoderado Frente Renovador Distrito Río Negro.
Nunca nadie que haya llegado al cargo de Presidente había confesado abiertamente, que a su entender, el Estado Nación es «el problema». Porque destruir el Estado no nos hará libres, simplemente nos expondrá ante el mundo casi como bienes fungibles, una nueva especie de res nullius en un planeta organizado en torno a países soberanos.
Marchamos porque no se trata de estar «en contra», sino de advertir las consecuencias de decisiones nefastas y evitar pérdidas que serán irreparables.
Porque gobernar es asignar prioridades y no puede estar antes la ganancia de un banquero que la comida de la gente.
Porque la inflación no puede detenerse a fuerza de pulverizar el salario.
Porque la Cultura, la Ciencia, el Deporte o el Arte, nunca (jamás) son un gasto, sino la inversión a través de la que un pueblo se expresa, se identifica, se distingue y crece.
En poco más de un mes, el gobierno de Javier Milei devaluó en más del 100% la moneda, quitó subsidios, subió tarifas, frenó la obra pública, desfinanció al Estado (tanto Nacional como a las provincias) y desprotegió a todo inquilino, consumidor o usuario. El precio de los alimentos se dispara día a día, pero aún más se le adelantan los medicamentos. Hay una confesa pretensión de asignarle a la recesión la estrategia para frenar los precios (macabra convicción, la de pensar que «no hay inflación en los cementerios»).
En nuestra historia democrática jamás tuvimos un gobierno tan disociado de la realidad, tan ajeno al padecimiento, tan insensible y brutal.
Ganar el balotaje le otorgó la legitimidad para el ejercicio del Poder Ejecutivo, no la adquisición llave en mano de un país (que le avisamos: no está en venta). Ser el Presidente le da facultades para administrar los recursos del Estado, no la Suma del Poder Público, ni el cúmulo de facultades con que los constituyentes contaron en la conformación de la república. También por esto marchamos, para recordarle conceptos tan básicos que parecen habérsele olvidado; premisas tan antiguas como sus recetas económicas del siglo XIX.
Buena parte de la sociedad argentina lo votó en la esperanza de un cambio. Pero ese cambio debe serlo en la mejora del conjunto, no en la aniquilación de todo lo que a su criterio configura “un gasto”. Cuando hablamos de Patria, País o Estado, no nos referimos a cifras, variables o estadística, sino a personas, individuos, ciudadanos. Existencias reales que comen, sufren y sienten; no son likes, ni visualizaciones; son angustias de padres, pies descalzos y pancitas que chiflan si no hay pan sobre la mesa.
Marchamos por la responsabilidad histórica que importa proteger la soberanía y por la sensibilidad social de cuidar a los que menos tienen. Marchamos para advertir sobre las consecuencias que pueden ser aún más gravosas y para intentar corregir desequilibrios que se profundizarán de seguir el curso de las cosas. Marchamos porque es nuestro país el que están rifando, en un experimento en el que (como diría Serrat) «juegan con cosas que no tienen repuesto”. Por todo esto, y tantas otras cosas, el 24 de enero marchamos!
Nicolás Rochas
Apoderado Frente Renovador – Distrito Río Negro.
