Gremios
“La propuesta del gobierno no puede aceptarse de ninguna manera”
Así lo resolvió la Mesa Directiva Provincial de la UPCN.
Ayer a la tarde (15/03) se realizó en Viedma una reunión con el pleno de los 52 miembros de la Mesa Directiva Provincial de la UPCN y los 36 integrantes de la comisión asesora de las 26 delegaciones territoriales. Entre los temas tratados, el salarial ocupó el centro de la orden del día y por votación unánime de los integrantes, se resolvió que la propuesta del gobierno (15% en cuatro tramos hasta septiembre y una suma fija por única vez de 1500 pesos) no puede aceptarse de ninguna manera.
Respecto a esa decisión, el secretario general Juan Carlos Scalesi, aseveró que «la Ley N° 3052 del Consejo Provincial de la Función Pública establece que los acuerdos salariales deben ser consensuados en esa mesa y nosotros, como representantes de los trabajadores no podemos consensuar lo que propuso el gobierno hasta ahora».
Los secretarios de Mesa destacaron además que «la planta de trabajadores de la Administración Pública no aumenta desde hace años, por lo que el Estado no tiene preocupaciones ni excusas en ese sentido. Además, resaltaron la absoluta disconformidad con la actitud poco comprometida del Ejecutivo respecto a sus trabajadores, porque los salarios vienen cayendo por el desfasaje respecto a la inflación y el gobierno no cumple con lo que se comprometió a través de la firma de las actas de 2016 y 2017, que es, justamente, revisar los acuerdos para ajustar los puntos que perdió el salario».
«Hay cada vez más compañeros endeudados y el consumo desciende a niveles preocupantes», expresaron. Todos coincidieron en que «la brecha entre ricos y pobres crece cada vez más y muchos trabajadores no superan el límite de la pobreza».
Scalesi dijo que «el Estado debe sincerarse en sus gastos y apuntalar el funcionamiento de la Administración Pública, no subsidiar empresas deficitarias o dilapidar el presupuesto en erogaciones que no hacen al funcionamiento de un Estado de utilidad para todos los ciudadanos».
La Mesa Directiva Provincial se centró en consensuar el rechazo unánime de la oferta del gobierno y propuso continuar el diálogo en la búsqueda de un acuerdo para el primer semestre (de aumento salarial para 2018, más reconocimiento de parte de la deuda de 2016 y 2017) y volver a negociar en el mes de junio, con el compromiso inobjetable de la revisión.
Dentro del debate se evaluó la posibilidad de implementar diversas medidas si no se logra consenso y acuerdo en la próxima reunión.
Gremios
ATE va al paro general este jueves y amplía la convocatoria a municipales y provinciales
«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo el presidente Milei, sino también los gobernadores y senadores que tendrán que tratar la Ley Bases», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adherirá al paro general lanzado por las centrales obreras para este jueves 9 de mayo y amplió la convocatoria a las tres esferas del Estado: nacionales, provinciales y municipales.
«En la Administración Pública, salvo las guardias mínimas en servicios esenciales, nadie va a concurrir a sus puestos de trabajo. Hay un creciente malestar social, estamos ingresando en una depresión económica que golpea absolutamente a todos los sectores sociales», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Durante la medida de fuerza, sólo se garantizarán guardias mínimas en los hospitales, centros asistenciales de adultos mayores, adolescentes y niños, y en servicios esenciales para hacer frente a emergencias.
El dirigente evaluó que «en la gente hay una oposición mayoritaria a todas las medidas que impulsa el Gobierno nacional» y detalló que «la reforma laboral que se propone en la Ley Bases configura un retroceso a la última Dictadura Militar. Fue en gobiernos de facto donde se creó un fondo de cese laboral y se puso en disponibilidad a todos los trabajadores».
«Este paro tiene varios destinatarios. No sólo las demandas son para el presidente Milei, sino también para los gobernadores y los senadores que tendrán que tratar la Ley Bases, y para los cuatro o cinco grupos empresarios que en este momento son socios del Ejecutivo nacional», apuntó el secretario general de ATE Nacional.
«Tenemos que pensar para el día que se fije el tratamiento de la ley en el Senado, declarar un paro activo en todo el país. En el caso de ATE, después del 9 de mayo vamos a convocar inmediatamente a nuestras instancias orgánicas para definir nuevas medidas de fuerza y darle continuidad al plan de acción dentro del Estado», concluyó Rodolfo Aguiar.
La medida de fuerza alcanzará a las administraciones públicas de las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los más de 2.200 municipios de todo el país, los cuales en su gran mayoría son los sectores más postergados en materia salarial.
ATE impulsa el llamado a una huelga general desde hace meses a través de las instancias orgánicas de la CTA Autónoma, central obrera que integra el sindicato estatal, entendiendo que «las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei no solo perjudican al sector público, sino a toda la población en general».
En este marco, el sindicato reclamará por «reincorporación inmediata de todas las y los cesanteados y detención de los despidos, regularización de todos los vínculos contractuales y pase a planta permanente de todas las y los trabajadores, aumento salarial y en las jubilaciones que supere la inflación, rechazo a la restitución del Impuesto a las Ganancias, cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre, rechazo a cualquier privatización de empresas públicas, defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los
trabajadores jubilados, anulación del Protocolo anti-movilizaciones, cese de las políticas de amedrentamiento hacia las y los trabajadores estatales, no a la restitución del Impuesto a las Ganancias, anulación del DNU 70/23 y rechazo a la Ley Bases».
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Por asambleas de ATE, este lunes podrían suspenderse vuelos en 24 aeropuertos
«Si hay cancelación de vuelos y perjuicios hacia los pasajeros, no será responsabilidad de los trabajadores. Quieren privatizar hasta nuestro cielo y no lo podemos permitir», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza este lunes (06/05) una jornada de lucha que afecta vuelos en 24 aeropuertos de todo el país en rechazo a la media sanción de la Ley Bases, que «pone en riesgo el normal funcionamiento de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)».
«El programa de ajuste del Gobierno golpea fuerte a la aviación comercial y pone en riesgo el sector. Quieren privatizar hasta nuestro cielo y dejar a los trabajadores en disponibilidad, y no lo podemos permitir. Al intento de tercerizar funciones de la ANAC, se le suma el congelamiento salarial. Si se cancelan vuelos, no será responsabilidad de los trabajadores», advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
El sindicato realizará asambleas entre las 8 y las 11 de la mañana, momento en el cual sólo se garantizará la prestación de servicios mínimos esenciales a razón de vuelos de Estado, sanitarios, emergencias, amenazas de bomba y vuelos en desarrollo. En el sector aerocomercial, ATE nuclea a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos, entre otros.
«Tiene que quedar claro que mientras duren las asambleas, solamente vamos a garantizar los servicios y vuelos que resulten esenciales. Se debe convocar de manera inmediata a la paritaria sectorial y otorgar una recomposición salarial por encima de la inflación. También se debe garantizar que ninguno de los servicios ingrese en proceso de privatización», exigió el dirigente.
Aguiar evaluó que «si se completa la aprobación de la Ley Bases en el Congreso, implicará un grave retroceso para toda la actividad aerocomercial» y concluyó con que «el salario no es ganancia. Rechazamos cualquier intento de que nos vuelvan a cobrar impuestos por trabajar».
La actividad se realizará como parte de la medida de fuerza dispuesta por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
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Avanza el proyecto de retiros voluntarios en el Estado rionegrino
Quienes deseen concretarlo podrán percibir entre 5 y 7 salarios juntos, dependiendo de la antigüedad, además de un 50% del haber habitual, durante un año.
En relación a una necesidad planteada por un sector de la administración púbica provincial, y en el marco del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo que impulsa la provincia de Río Negro, se avanza en un esquema de retiros voluntarios de agentes estatales, que brinde las condiciones adecuadas a quienes decidan adherirse.
Se impulsará, en este marco, la readecuación del Régimen General de Desvinculación Voluntaria, previsto en la Ley N° 3135, para que contemple la realidad actual de los agentes públicos. De acuerdo a la propuesta, quienes deseen concretarlo podrán percibir entre 5 y 7 salarios juntos, dependiendo de si cuentan con 10 o más años de antigüedad, además de un 50% del haber habitual, durante un año.
«Se está trabajando para dar respuesta a un porcentaje de agentes que sienten que su pertenencia al Estado se ha terminado, y están buscando alternativas en otros sectores. El Estado ha escuchado este mensaje y ha entendido que tiene que hacer una propuesta bajo el régimen legal vigente actualmente», comentó al programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3) el ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo, Federico Lutz.
En este sentido, Lutz afirmó que «no es la filosofía del partido del gobierno el achique de planta de manera indiscriminada. La visión es la de generar una oportunidad a aquellos agentes que entienden que han culminado su carrera administrativa, y la propuesta alternativa es el retiro voluntario, sin que eso implique la pérdida de sus derechos por haber pertenecido tantos años al sistema».
«Si bien la masa de trabajadores es representativa, no creemos que el Estado Rionegrino requiera de un achicamiento, sino de una mayor eficiencia y una transformación en la relación de empleo», sostuvo.
El funcionario indicó que en los próximos días se estará enviando la propuesta para que sea tratada en la Legislatura Provincial, además de realizarse el cálculo de las erogaciones correspondientes.
«El Estado no puede prescindir de todos sus agentes, con lo cual se establecerá un cupo. Buscamos que sea un beneficio mutuo, sin necesidad de perjudicar la dinámica y la operatividad de la administración. Estamos hablando de un número limitado de agentes y no un retiro masivo», dijo.
