La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso para el próximo miércoles (11/09) para exigir a los diputados que rechacen el veto presidencial al aumento de las jubilaciones, y en protesta «contra el intento de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65.000 despidos que planea el Gobierno a fin de mes».

«Los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir. Los estatales nos vamos a movilizar de manera masiva y rechazamos cualquier posibilidad de que se aplique el protocolo anticonstitucional de Bullrich», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en referencia al protocolo antipiquetes.

«Debemos estar en la calle para evitar que se siga consolidando el régimen autoritario del Gobierno. No vamos a aceptar que se congelen los salarios en el sector público y rechazamos cualquier posibilidad de que a fin de mes vuelvan a existir cesantías masivas. Seguramente esta será la primera protesta de varias que llevaremos adelante este mes», agregó el dirigente.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sindicato se manifestará a partir de las 13 horas frente al Congreso Nacional mientras que en el resto de las provincias las modalidades de protesta serán definidas por las conducciones locales.

Cabe recordar que durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno, y repudió cualquier posibilidad de que los salarios se mantengan congelados hasta fin de año.

Esta medida se realizará en conjunto con las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional con el objetivo de que los diputados ratifiquen su voto en favor de la movilidad jubilatoria.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó ante la Justicia Nacional del Trabajo una demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional. «Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Bases que modifican el régimen de disponibilidad de los trabajadores de la planta permanente en la Ley de Empleo Público», dijeron desde el gremio y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente la aplicación de la norma.

«La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público. La inconstitucionalidad de esta norma es manifiesta, es contraria al artículo 14 bis de la ley fundamental de nuestra nación», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

«El documento señala la ilegalidad de los artículos 11 de la ley 25.164 (sustituido por el art. 52 de la ley 27.742) y 14 de la misma norma, como así también y sus reglamentaciones (art. 51 del Decreto 695/2024, que sustituye el art. 11 del Anexo I del Decreto 1421/2002), que afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional», detalló Aguiar.

«La convención que en 1957 reforma la Constitución, incorpora el artículo 14 bis estableciendo la garantía de estabilidad en el empleo público. Es decir, se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público fue más allá y además de esa protección estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder. Estamos cansados de ser testigos de las cesantías en masa que se producen en la administración pública casi siempre que llega un nuevo intendente, gobernador, o presidente», detalló el dirigente.

En este marco, Aguiar cargó contra la subjetividad de la nueva norma, en la cual se detalla que la declaración de disponibilidad puede darse con el objetivo de alcanzar la ‘dotación óptima necesaria’ en un determinado organismo. «De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Evidentemente esta definición subjetiva es la que no se corresponde con el espíritu que tuvieron los constituyentes al declarar la garantía de estabilidad en el empleo público. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados», agregó.

El secretario general de ATE aseguró que «se tiene que suspender el cumplimiento de la Ley Bases en esta parte» y concluyó con que «por eso también hemos solicitado una medida cautelar, porque esta norma ya con su sola aplicación y sin ser revisada comienza a afectar de manera grave a los trabajadores. Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren una drástica baja de salarios, se les recortan derechos y hasta pierden sus empleos».

¿Qué dice la presentación judicial de ATE?

El documento, que lleva la firma de Rodolfo Aguiar y de parte del equipo jurídico de ATE integrado por los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, detalla que «el Gobierno está sentando las bases para la pulverización del empleo público y la destrucción del Estado, único órgano capaz de dar respuestas efectivas a las contingencias sociales y económicas de una crisis como la actual, y garante primigenio de los derechos fundamentales de quienes habitamos en el suelo de la Nación».

El sindicato también acusa al Gobierno de violar la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22, destruyendo el derecho a la estabilidad en el empleo público mediante despidos arbitrarios.

Además, ATE alega que se encuentra «legitimado para accionar en función de lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional, que otorga legitimidad activa para accionar judicialmente a las personas y a las asociaciones en tutela de derechos subjetivos y, también, de derechos de incidencia colectiva en general».

Finalmente, el sindicato solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, dependiente del ministerio que maneja Federico Sturzenegger, que informe «la cantidad de trabajadores que se encuentran en planta permanente en la Administración Pública Nacional, desagregado por organismo con indicación de la antigüedad, cargo, función y nivel escalafonario; la desvinculación de trabajadores de la planta permanente de toda la administración pública nacional y sus organismos descentralizados desde el 26/12/2023 a la fecha; y si existe informe sobre la dotación óptima de empleados públicos en cada organismo».

El plenario de secretarios generales de la UnTER definió dejar en suspenso el paro de 24 horas, convocado para mañana jueves (5/09), en función de haber logrado frenar el tratamiento del proyecto para declarar a la educación como servicio esencial, que iba a realizarse en la próxima sesión de la Legislatura provincial.

Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario definió además declarar el estado de alerta y movilización permanente, y ratificó la realización de las medidas de fuerza en caso que se defina avanzar con el proyecto de ley impulsado por el bloque del PRO y acompañado por los legisladores del bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro.

El plenario fue convocado de manera inmediata apenas se confirmó la definición de Labor Parlamentaria de no incluir el proyecto en el temario de la sesión de mañana. “Reiteramos que el real objetivo que persigue esta iniciativa no apunta a mejorar la educación pública, sino a cercenar el derecho de huelga y el ejercicio de la protesta a los trabajadores, garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, indicaron desde UnTER.

“La iniciativa finge defender el derecho de niños y adolescentes a educarse, y establece guardias mínimas obligatorias los días de paro que no aseguran de ninguna manera el dictado de clases. Sólo garantiza la apertura de las escuelas y las convierte en meras guarderías”, agregaron.

“Denunciamos que ni el proyecto ni los legisladores que lo avalan se ocupan del escaso presupuesto destinado a educación, que no garantiza edificios escolares en condiciones ni salarios dignos. Aparentan preocuparse por el ciclo lectivo, pero nada dice de los días de clase que el Estado no asegura por falta de transporte, comedores escolares y escuelas en condiciones”, concluyeron desde UnTER.