Judiciales
Prisión preventiva para uno de los integrantes de la banda que maniató y asaltó a dos jóvenes en el río
No se presentó en la audiencia y decretaron su declaración de rebeldía.
Esta mañana el fiscal del caso Ricardo Romero junto a la adjunta Natalia Pascual solicitaron la prisión preventiva de uno de los imputados por los delitos de “robo en despoblado y en banda, privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas por el uso de arma y lesiones leves todo en concurso real y agravado por la participación de un menor de edad (Art. 166 inc.2; 142 inc.1, 149 bis, 2do supuesto, art. 55, y 41 quater del Código Penal) para poder asegurar la realización del debate oral y público que debía iniciar ayer (7/05).
La cuestión fue que dos de las cuatro personas que están imputadas por los hechos ocurridos en marzo del año pasado no se presentaron a la audiencia de juicio de esta mañana y por esta razón el fiscal pidió al Tribunal su declaración de rebeldía y detención.
“Cuestión que pedimos para que se logre su presencia en el debate, que debía iniciar ayer. De esta manera buscamos asegurar la realización del juicio”, planteó Romero, y los jueces Emilio Stadler, María Evelina García y Natalia González no se opusieron al pedido, entre otras cuestiones porque los imputados que no comparecieron no dieron una justificación por su inasistencia.
La cierto es que horas más tarde, personal policial logró dar con uno de ellos, y se realizó en Tribunales una nueva audiencia para tratar su prisión preventiva. El defensor oficial Gustavo Viecens se opuso a la medida proponiendo una menos gravosa, como fijar nuevamente domicilio o cumplir la prisión en el domicilio materno, pero los jueces coincideron con el representante del Ministerio Público Fiscal y la joven quedó detenida.
Entre los peligros procesales esgrimidos por Romero se encuentra el peligro de fuga fundado en que tanto ayer como en otras oportunidades la joven no ha estado a derecho. Asimismo agregó el fiscal que “existen antecedentes suficientes como para considerarla como co-autora del hecho y ayer fue conducida hasta Tribunales por personal policial luego de que se decretara su declaración de rebeldía”.
Según la acusación fiscal el hecho ocurrió el 4 de marzo de 2017, alrededor de las 5 de la mañana en la zona conocida como El Pedrero de la costa norte del río Negro. Una pareja estaba en su auto cuando se acercó un joven y les solicitó ayuda para desencajar su vehículo. Se dirigieron hacia una arboleda donde había 4 personas, y luego de haber intentado varias veces desencajar el auto, el chico les dijo que no podía continuar porque rompería el suyo. En ese momento los imputados lo comenzaron a agredir físicamente, dándole golpes de puños y patadas, provocándole lesiones leves, a la vez que uno de ellos, portando un cuchillo de grandes dimensiones amenazó con matarlo. Posteriormente sacaron a la chica, que permanecía en el vehículo, y los ataron de pies y manos. Luego, comenzaron a desmantelar el auto de la pareja, sustrayéndole las dos ruedas traseras, la batería, un espejo, los apoyacabezas, los cinturones e intentaron sacar el capot.
Mientras permanecían atados los rociaron con un líquido que podría ser nafta y amenazaron con prenderlos fuego. En un momento pasó por el lugar una camioneta y sus ocupantes advirtieron que el chico se encontraba atado y llamaron a la policía.
Cuando se dirigía hacia el sitio, un móvil policial interceptó a uno de los acusados, que tenía elementos que posteriormente se estableció que eran de las víctimas. Mientras que en el lugar del hecho la policía detuvo a otro de los imputados, y mediante la advertencia realizada al resto de las comisarías se logró dar con los otros dos.
Judiciales
Un comisario obró $0,01 de sueldo: La Justicia ordenó limitar las retenciones sobre su salario
El fallo tuvo en cuenta la situación de la hija del trabajador, quien padece graves patologías y necesita tratamientos de rehabilitación.
Durante más de un año, cada recibo de sueldo llegaba con un monto menor que el anterior. Los descuentos por préstamos y otras retenciones absorbían casi toda la remuneración. El punto más extremo llegó cuando, tras un mes de trabajo, el depósito fue de apenas un centavo.
Como tiene una hija con graves patologías, un fallo hizo una medida excepcional y de manera cautelar puso un límite a esos descuentos para no afectar los tratamientos. De todas maneras, intimó al hombre a iniciar en un plazo de 10 días como máximo un proceso contra las entidades crediticias para resolver la cuestión de fondo.
Ese ingreso ya no alcanzaba para cubrir el alquiler, los servicios, la alimentación ni los tratamientos de rehabilitación de una de sus hijas, que tiene graves patologías neurológicas y motrices. La familia también debió interrumpir terapias complementarias como la equinoterapia y la natación terapéutica.
Ante esa situación, un comisario de la Policía de Río Negro promovió una medida cautelar ante la Cámara Segunda del Trabajo de General Roca para que se limitaran los descuentos que se practicaban sobre su salario. El tribunal hizo lugar al planteo de manera provisoria y ordenó que las retenciones por este tipo de obligaciones no superen el 33% de la remuneración, previo descuento de las retenciones obligatorias. La sentencia no está firme y puede ser apelada.
Según la presentación judicial, durante 14 meses las retenciones llegaron a absorber el 90,13% de sus haberes. En junio de 2026, sobre una remuneración bruta superior a los $3.900.000, percibió únicamente $0,01.
Al analizar el caso, la Cámara verificó que los recibos de sueldo reflejaban una disminución progresiva del ingreso disponible hasta llegar al cobro de un centavo. Consideró que esa situación comprometía el carácter alimentario del salario e impedía la subsistencia del trabajador y de su grupo familiar.
El fallo también destacó que la reducción extrema de los ingresos afectaba los derechos de la hija menor del trabajador, ya que impedía afrontar gastos básicos y sostener las terapias que necesita para su rehabilitación.
Recordaron los y las magistradas que, aunque existe un vacío normativo respecto del tope de descuentos para empleados públicos provinciales, la jurisprudencia del propio fuero ya había considerado razonable fijar un límite del 33% para preservar el derecho al salario y garantizar condiciones de vida dignas.
En consecuencia, la resolución ordenó a la Jefatura de Policía verificar que la suma de los descuentos no supere ese porcentaje y dejar de aplicar cualquier retención que exceda ese límite. La medida tendrá vigencia durante 10 días. En ese plazo, el trabajador deberá iniciar la demanda correspondiente contra las entidades crediticias para que se resuelva de manera definitiva la situación de los descuentos sobre su salario.
Judiciales
Condenan parcialmente a un hombre que defendió a su pareja de una agresión de su ex
La sentencia atribuyó un 30% de responsabilidad civil al sujeto que intervino para defender a su novia y lo condenó a pagar una indemnización parcial por incapacidad y daño extrapatrimonial.
Un hombre fue hasta la casa de su ex pareja. Entre ambos existía una larga historia de conflictos y medidas de protección. La mujer había denunciado hechos de violencia y contaba con restricciones de acercamiento. En ese momento intervino la pareja actual de la mujer. Lo hizo para frenar la agresión y protegerla. El hecho terminó con lesiones para el hombre que había llegado al lugar. Años después, ese episodio llegó al fuero civil de Roca.
El hombre lesionado inició una demanda por daños y perjuicios contra su expareja y contra la pareja de ella. Reclamó una indemnización por las lesiones físicas y psicológicas que sufrió.
Un fallo rechazó la demanda contra la mujer y la admitió de manera parcial contra el otro demandado. La sentencia entendió que actuó en defensa de un tercero, aunque excedió los límites de una respuesta proporcional.
La jueza analizó el caso con perspectiva de género. El fallo valoró el contexto de violencia previo y sostuvo que ese antecedente resultó indispensable para comprender lo ocurrido. La resolución recordó que los jueces tienen la obligación de incorporar esa perspectiva cuando existen indicios de violencia contra las mujeres.
La sentencia señaló que la legítima defensa no puede evaluarse como un hecho aislado. Explicó que, en situaciones de violencia de género, la agresión forma parte de un proceso que suele extenderse en el tiempo. Por ese motivo, el análisis debe incluir los antecedentes, las denuncias y las medidas de protección vigentes.
Con ese criterio, el fallo concluyó que la intervención de la pareja de la mujer tuvo como finalidad protegerla frente a una agresión. Sin embargo, también determinó que algunos golpes superaron lo necesario para neutralizar el ataque. Por esa razón le atribuyó un 30% de responsabilidad civil. La demanda contra la mujer quedó rechazada.
La resolución destacó que la valoración de los hechos debía evitar estereotipos y ajustarse a los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos de las mujeres.
omo consecuencia de la decisión, la sentencia condenó a la pareja actual a pagar una indemnización parcial por incapacidad, daño extrapatrimonial, tratamiento psicológico y gastos médicos, con más los intereses correspondientes.
Judiciales
Un perro suelto y amenazas de matarlo delante de la familia: Deberán cumplir con la tenencia responsable de mascotas
El conflicto terminó en un Juzgado de Paz.
Un conflicto entre dos vecinos de Sierra Grande, que tuvo como eje la tenencia responsable de un perro, terminó en el Juzgado de Paz luego de que las diferencias escalaran a discusiones, denuncias de amenazas y situaciones de hostigamiento.
Todo comenzó por la preocupación de un vecino, quien sostuvo que el animal permanecía suelto de manera habitual. Según relató, intentó hablar en varias oportunidades con sus propietarios para que modificaran esa situación, pero el desacuerdo derivó en un enfrentamiento entre ambas partes.
El vecino promovió una denuncia en el marco de la Ley Contravencional de Río Negro. Expuso que había sufrido actos de hostigamiento, intimidación y amenazas vinculados con el conflicto por la mascota.
Durante la audiencia, la pareja de la persona denunciada concurrió en su representación y solicitó la suspensión del proceso contravencional a prueba. Negó los hechos denunciados y afirmó, en cambio, que el denunciante había amenazado con matar al perro delante de la familia. También explicó que el animal siempre había permanecido suelto sin haber mordido a nadie y que Zoonosis municipal ya había intervenido para notificar sobre la tenencia responsable.
La jueza de Paz advirtió que, más allá de las versiones contrapuestas, existía un conflicto vecinal que había derivado en episodios de confrontación verbal y que podía afectar la convivencia entre las partes.
Por ese motivo, hizo lugar al pedido de suspensión del proceso contravencional a prueba por el plazo de seis meses. Como condición, impuso reglas de conducta para evitar nuevos enfrentamientos.
Entre esas reglas, ordenó que la persona beneficiaria se abstenga de realizar actos de hostigamiento, intimidación, amenazas o agresiones verbales. También dispuso que cualquier futura controversia relacionada con la tenencia responsable de la mascota se canalice exclusivamente por las vías legales, evitando toda confrontación directa.
Además, dio intervención a la Secretaría de Zoonosis de la Municipalidad de Sierra Grande para que controle el cumplimiento de las normas sobre tenencia responsable de animales, adopte las medidas preventivas que correspondan e informe al Juzgado sobre cualquier actuación relevante para prevenir nuevos conflictos. También se notificó a la Comisaría 13° para que informe únicamente si se registran nuevos episodios de conflicto o incumplimientos de las reglas impuestas.
