Política
Exigen que ministros no se vayan sin rendir cuentas en el Congreso
María Emilia Soria presentó un proyecto de ley para que ex funcionarios den explicaciones sobre su gestión.
La diputada nacional del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, presentó hoy (18/06) un proyecto de Ley para que los ministros o jefes de Gabinete de ministros salientes deban comparecer ante ambas cámaras del Congreso a fin de rendir cuentas de su gestión y brindar las explicaciones e informes que los diputados y senadores estimen convenientes.
El proyecto propone además, que si de la documentación surgiera la comisión de un posible hecho delictivo, los legisladores deberán poner en conocimiento de aquello al juez competente.
En un contexto de sucesivas modificaciones en la conducción de Ministerios, la iniciativa de Soria busca que los funcionarios salientes cumplan con la responsabilidad de rendir cuentas sobre lo realizado en su gestión.
«El cargo de ministro, pensado en nuestro diseño constitucional, importa una delegación de facultades ejecutivas propias del presidente de la Nación, pero en personas que no fueron elegidas mediante el voto popular. Por ello la Constitución prevé ciertos mecanismos de control parlamentario como el juicio político y la interpelación de los Ministros del art. 71, así como la obligación del jefe de Gabinete de Ministros a concurrir al Congreso al menos una vez por mes, para informar de la marcha del gobierno», indicó la diputada rionegrina.
«En este marco, resultaría altamente saludable y sumamente democrático y republicano, imponer la obligación a los ministros y jefe de Gabinete de rendir cuentas de su gestión por última vez en el Congreso», explica en sus fundamentos Soria.
«Entendiendo que los funcionarios públicos deben regirse por los principios de legalidad, transparencia y honestidad, como contracara deben tener la obligación de rendir cuentas sobre sus responsabilidades en el ejercicio de la función pública. Al momento de su salida del cargo, sea por renuncia, remoción, destitución o reemplazo en otro cargo público; los servidores públicos deben rendir cuentas y dar las explicaciones pertinentes en el Congreso, que es la casa del pueblo», concluyó la diputada.
Política
En Río Negro, la Ley de Ficha limpia es la más exigente del país
No pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos
En la última sesión de la Legislatura Rionegrina se aprobó, por mayoría, la iniciativa para garantizar que las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia judicial en segunda instancia no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos, ni ser designadas para ejercer cargos partidarios.
Se trata del proyecto más exigente de los aprobados a nivel nacional, lo que posiciona a Río Negro como ejemplo de transparencia electoral.
«Esta ley indica que no pueden competir, ya sea por cargos partidarios o públicos-electivos, ni tampoco ejercer como funcionarios públicos, todos aquellos que cometieron delitos dolosos», comentó el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, en declaraciones a Radio Nacional Viedma.
«Tratándose de delitos contra la administración pública, se le agrega un plus de 25 años más de inhabilitación para ejercer cargos partidarios, públicos-electivos, o ser funcionario público. Y en el resto de los delitos, por ejemplo el robo, se limita a la pena que establezca la sentencia, más diez años que se le agrega de sanción», agregó.
Gatti destacó que la norma, tal como fue aprobada, es el proyecto sancionado con mayor exigencia de todo el país «y fue sancionado por unanimidad, con excepción de los bloques vinculados al justicialismo».
El funcionario indicó, en este sentido, que quedan afuera aquellos delitos cometidos contra el honor, es decir las calumnias y las injurias que «porque el lenguaje político, sobre todo en las redes sociales, es lindante con lo que antes se consideraba como una injuria. No comparto esas formas de expresión, pero es cierto que las redes son un lugar donde estas cosas suceden de manera constante».
Gremios
ATE anticipa que no tolerará nuevos despidos: «En el 2025 les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos»
«El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los más de 57.500 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año», indicó Aguiar.
Ante la situación que atraviesan los 57.513 trabajadores del Sector Público cuyos contratos vencen a fin de mes y que el Ejecutivo pretende cesantear, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año».
«Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes», agregó el dirigente.
En esta línea, Aguiar aseguró que «más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei, disparó.
«El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías; y otros tipos de contrataciones a término como eventuales.
El mayor alerta de ATE por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).
Cabe destacar que según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales. Desde la organización se sigue reclamando su inmediata reinstalación y se evalúan nuevas medidas de acción directa para el inicio del 2025.
Política
El jueves sesionará el Concejo Deliberante roquense
Se convocó a una sesión extraordinaria para debatir dos iniciativas del Poder Ejecutivo local.
El Concejo Deliberante convocó a la sexta sesión extraordinaria del XXXV Período de Sesiones Ordinarias para este jueves (26/12) a las 10 de la mañana en la Sala de Sesiones del edificio gobernador Carlos E. Soria.
Los concejales roquenses analizarán y discutirán dos iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo local.
