Judiciales
Deniegan pedido de prisión domiciliaria y trabajos extramuros de Bernardi
El destituido juez de Viedma se encuentra en prisión preventiva.
La Cámara Criminal de Viedma, integrada por Carlos Mussi, Ariel Gallinger e Ignacio Gandolfi, resolvió no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria y de trabajos extramuros solicitado por el destituido juez Juan Bernardi, quien se encuentra en prisión preventiva.
El argumento central es que no cesó el riesgo de fuga, que ya fuera tenido en cuenta en la primera resolución de prisión preventiva de los jueces y en la ratificación brindada por el Superior Tribunal de Justicia.
Bernardi fue condenado a 5 años de prisión por corrupción de menores. La sentencia fue confirmada por el STJ, pero no se encuentra firme hasta tanto la Corte Suprema de Justicia no resuelva un planteo realizado por la Defensa.
A pesar de no estar firme la condena, se encuentra en prisión preventiva ante el peligro de fuga. Bernardi realizó diversos planteos para acceder a beneficios. En el último, que ahora fue rechazado, solicitó cumplir prisión preventiva en la localidad de Luis Beltrán y salidas laborales a un estudio jurídico.
Alegó que a la fecha de la presentación “lleva cumplidos 15 meses de prisión, es decir el 25 por ciento de la condena”, que “siempre estuvo a derecho” y que “mientras estuvo en libertad, cumplió con los comparendos”.
Para la Defensa, “no hay peligros procesales, no puede haber entorpecimiento de la investigación de un hecho que ya está juzgado, y además no existe peligro de fuga”. Ofrecieron que se coloque una tobillera electrónica y otorgar una fianza real.
El fiscal Hernán Trejo se opuso. Dijo que Bernardi “tiene altos contactos, y por ello no vislumbran que se pueda morigerar este peligro de fuga”.
La Cámara sostuvo que “persisten los fundamentos dados al momento de disponer la prisión preventiva”. Si bien deja sentado que “claramente por el principio de “humanidad”, en el cual se fundan los supuestos que trata el Art. 10 del CP, correspondería hacer efectiva las detenciones -aun preventivas- en el domicilio del imputado cuando se acrediten los extremos que se detallan en lo supuestos del artículo referido”, en este caso los defensores citan este argumento pero no lo desarrollan.
En efecto, afirman que “no se ha verificado en este caso la concurrencia de ningún elemento que de acuerdo con la normativa aplicable aconseje la concesión de ese modo de prisión, pues no se ha acreditado en el trámite del presente incidente ningún tipo de afección de salud que torne desaconsejable la permanencia del condenado en el medio carcelario o lo coloque en riesgo suficiente que pueda llevarnos a concluir que se deba disponer su prisión en un domicilio particular”.
“Entendemos que la medida cautelar adoptada es la herramienta mas idónea para no frustrar la finalidad de sancionar, en caso de adquirir firmeza, tal conducta de violencia contra la mujer, actuando así con la debida diligencia que esa situación amerita, todo ello en conformidad con los términos exigidos por la Convención de Belém do Pará”, agrega la Cámara.
Al analizar el pedido de las salidas laborales, se requirieron informes a diversos organismos. Los jueces concluyeron: “Sin perjuicio del buen concepto informado por el sector del área externa del Servicio Penitenciario, existe un informe negativo del titular del área de Presos y Liberados, además del dictamen del Ministerio Público Fiscal, quien ratifica que persiste el riesgo de fuga del condenado”. Por lo tanto, denegaron también ese beneficio.
Judiciales
Buscan intensamente a una mujer desaparecida en Roca
La mujer de 39 años fue vista por última vez el lunes a la mañana.
La Policía de Río Negro, a través de la Comisaría 31° de General Roca, emitió un comunicado oficial solicitando la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Claudia Yanet Vidal, de 39 años. La mujer fue vista por última vez este lunes (13/04), aproximadamente a las 9.00 horas, y desde entonces se desconoce su ubicación actual, lo que ha generado una gran preocupación entre sus allegados.
Según los datos filiatorios aportados por la fuerza, Claudia es de tez trigueña, posee una contextura física robusta y mide 1,60 metros de estatura. Su cabello es castaño y le llega hasta la altura de los hombros.
Como señas particulares, se destacó que posee un tatuaje en su antebrazo izquierdo con la imagen de una virgen y tiene acento colombiano. Al momento de ser vista por última vez, vestía un pantalón de jean, una camisa color bordó y botas negras.
Además, se informó que la mujer portaba una mochila roja que contenía una botella de detergente y una escobilla.
Un dato relevante para la investigación es que no posee teléfono celular, aunque sí llevaba consigo su DNI personal, el de sus hijos menores y una tarjeta de colectivo.
Ante cualquier información, se solicita a los vecinos comunicarse de manera inmediata con la Comisaría 31°, la unidad policial más cercana o llamar a la línea de emergencias 911.
Judiciales
Falsificación y fraude: La increíble historia de la mujer que engañó al sistema de salud roquense
La Justicia de General Roca dictó medidas cautelares contra la mujer que habría utilizado un título apócrifo de la Universidad de Los Andes. Deberá usar tobillera electrónica por seis meses.
La Justicia de General Roca investiga un caso que ha generado una profunda alarma en el sistema sanitario regional. La Fiscalía solicitó la imposición de estrictas medidas cautelares para resguardar la investigación iniciada tras una denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro contra una mujer que ejerció la medicina de manera ilegal. Según el equipo fiscal, los hechos se habrían extendido desde el año 2020 hasta el pasado 3 de marzo, momento en que se le retiró la matrícula y fue desvinculada de una clínica privada de la ciudad.
De acuerdo a la descripción de la fiscal del caso, la mujer habría iniciado trámites de convalidación de un título de «médica cirujana» presuntamente expedido por la Universidad de Los Andes de Venezuela, el cual sería apócrifo. Con esa documentación, logró insertarse en el mercado laboral local, desempeñándose nada menos que en el área de terapia intensiva de la Clínica Roca, en los consultorios de CIROM como médica clínica, en el Hospital de General Roca y presuntamente también en el Sanatorio Juan XXIII.
En virtud de la gravedad del engaño, la Fiscalía le atribuyó provisoriamente cinco delitos: ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación de documento público, uso de documento público falso y defraudación agravada contra la administración pública.
En los allanamientos realizados en su domicilio y el de un familiar, se secuestraron sellos, títulos, recetarios, medicación y dispositivos electrónicos que ahora están siendo sometidos a pericias.
Al momento de solicitar las cautelares, la Fiscalía invocó un claro riesgo procesal de fuga. Se argumentó que, tras seis años de ejercicio ilegal, la mujer ostenta una solvencia económica considerable. Entre los bienes detectados y requisados figura una camioneta Fiat Toro automática y una vivienda propia.
Además, el hallazgo de pasaportes de la imputada y su grupo familiar reforzó la necesidad de asegurar su permanencia en la ciudad mediante el uso de una tobillera de control satelital por un plazo de seis meses.
Finalmente, la jueza interviniente resolvió hacer lugar a la mayoría de las peticiones del Ministerio Público Fiscal. Además del dispositivo electrónico, se dispuso la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes, afectando tanto al inmueble como al vehículo. «Usted debe cumplir con todas estas medidas para no perder su libertad», sentenció la magistrada, subrayando que, aunque rige la presunción de inocencia, el Código Procesal habilita estas restricciones ante el avance de una investigación de tal magnitud.
Judiciales
Comerciante le inició un juicio penal a una mujer por una reseña en Google
Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo y la Justicia dispuso el sobreseimiento de la imputada.
Una mujer protagonizó un incidente vial y, en ese contexto, publicó un escrache en Google contra un comerciante de Cipolletti para presionar por una resolución. La reseña apareció en la ficha comercial del negocio y dio origen a una causa penal por presuntas calumnias e injurias.
Según el damnificado, ambas partes participaron en un incidente vial cuyas consecuencias se encontraban bajo tratamiento de las aseguradoras. El comerciante sostuvo que no existió relación comercial con la mujer y que ese episodio fue el único vínculo previo.
De acuerdo con la presentación, la mujer realizó un reclamo directo por fuera de los canales formales y advirtió que podía exponerlo públicamente si no accedía a sus exigencias. Tras la negativa, se concretó la publicación.
El escrache se difundió en la plataforma Google, dentro de la ficha comercial del establecimiento. El contenido incluyó expresiones como: «Pésimo, unos estafadores sinvergüenzas. No lo recomiendo! No consuman! Son la peor lacra, no se hacen cargo de lo que les corresponde y encima estafan gente!».
El comerciante afirmó que esas frases resultaron falsas, que la autora de la reseña no fue clienta y que la publicación afectó su honor, su reputación y su actividad comercial. En particular, señaló que una de las expresiones implicó la atribución de un delito.
A partir de ese hecho, impulsó una querella penal. El proceso incluyó audiencias orientadas a lograr un acuerdo entre las partes, aunque en una primera etapa no se alcanzó un entendimiento.
Con posterioridad, retomaron el diálogo y presentaron un acuerdo conjunto ante la Oficina Judicial. El documento incluyó la retractación de la publicación en Google y una disculpa en términos conciliatorios. También se dejó constancia de que no existió relación comercial entre las partes.
Además, el comerciante renunció a continuar con la acción penal y desistió de los planteos realizados. El acuerdo estableció que no habría nuevos reclamos vinculados con los hechos.
El juez interviniente consideró que se trató de delitos de acción privada, en los que la continuidad del proceso depende de la voluntad de quien impulsa la acción. También valoró la retractación prevista en la normativa penal. Con esos elementos, dispuso el sobreseimiento de la mujer imputada y dio por finalizado el proceso conforme a las normas aplicables.
