Río Negro
Media sanción a ley que regula el uso medicinal del cannabis
La autoridad de aplicación corresponderá al Ministerio de Salud Pública de Río Negro.
La Legislatura provincial aprobó hoy en primera vuelta parlamentaria una iniciativa parlamentaria por la que Río Negro adhiere a la ley nacional que establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados.
La ley nacional dispone que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) permita la importación de aceite de Cannabis para su distribución gratuita a aquellas personas que tengan alguna de las patologías contempladas en la norma y cuenten con la indicación médica correspondiente. A ese fin, la norma autoriza el cultivo de plantas de marihuana a la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
De esta manera abre la posibilidad de investigar, estudiar, aprender todo lo relativo a la utilización del Cannabis en el tratamiento de diferentes enfermedades, tales como la epilepsia, autismo, fibromialgia, problemas en la piel, sida y trastornos de alimentación, aunque no autoriza el autocultivo.
En el ámbito provincial, luego de su sanción legislativa y su subsiguiente reglamentación y promulgación por parte del Ejecutivo, la autoridad de aplicación corresponderá al ministerio de Salud Pública rionegrina.
El debate legislativo
Inició la serie de exposiciones el legislador Nicolás Rochás (FpV) quien manfestó su “alegría porque este debate legislativo, en principio una adhesión a la ley nacional, se dé finalmente en este recinto y de esta manera cumplir con los pacientes y los familiares involucrados en esta cuestión”.
“Estamos cumpliendo, con este proyecto, una deuda que comenzamos a saldar con los rionegrinos dando este primer paso legislativo y con el deseo ya manifestado de que entre esta primera y la segunda vuelta podamos introducir modificaciones que beneficien y otorguen más derechos a quienes tanto necesitan de esta medicación”.
Seguidamente Marta Milesi (JSRN) aseguró que “éste es un tema complejo porque todo lo que tenga que ver con la salud así lo es. Lo que no puede haber en materia de salud es ocultismo, mentiras y clandestinidad”. Esta ley “no es un mérito ni de la justicia ni de la política. Es un mérito de la gente y de todos quienes vienen bregando y exigiendo el derecho de acceder a esta medicación para atender diferentes patologías, muchas de las cuales aún no están contempladas en la normativa y a las que no da respuestas la medicina convencional”.
Agregó que “nos permitirá hacer uso de una herramienta que permitirá al estado provincial proveer a través de la obra social provincial (IPROSS) y de forma gratuita, el aceite de Cannabis, producto que por el momento se importa por no producirse en el país, y que éste reúna las condiciones de seguridad que todo producto medicinal debe cumplimentar”.
Seguidamente la legisladora Daniela Agostino (AFPIR) anticipó su voto afirmativo, se refirió a algunos de los aspectos técnicos que prevé la norma y defendió la necesidad de defender y legislar en materia de autocultivo “para que los cultivadores dejen de ser infractores”.
La parlamentaria Soraya Yauhar (UCR), hizo hincapié en que “los tiempos de los pacientes y de la ciencia no son los mismos que los de la legislación y la ciencia. No son los tiempos de una madre que ve a su hijo sufrir”. El aceite de cannabis, aseguró, “no cura, pero sí es un poderoso paliativo para las personas del espectro autista y demás enfermedades previstas en la ley que tratamos”.
Luego el legislador Mario Sabbatella también defendió los usos medicinales del Cannabis en sus diferentes variedades y anticipó su opinión favorable al proyecto. Durante su alocución felicitó a los legisladores y a todos aquellos han estado trabajando en este tema, especialmente a los padres y familiares de pacientes que “se han constituído en los verdaderos expertos en el tema”. Bregó por “profundizar en la cuestión para avanzar más allá de la letra y el actual contenido de esta ley”.
En idéntico sentido y en apoyo de la iniciativa se expresó posteriormente Javier Iud (JSRN) tras quien cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Alejandro Palmieri, que lamentó no poder ir “más allá de lo que permite la ley nacional para no sancionar en Río Negro una norma que posteriormente no pueda ser aplicada”. Palmieri, aseguró que “Río Negro no llega tarde con esta ley, la mayoría de las provincias argentinas no tienen aún una norma como la que hoy está aprobando Río Negro”.
Agregó que “estamos sancionando la mejor ley que una ley provincial pueda aprobar en el marco de la ley nacional que Río Negro no puede obviar”. También se refirió a una comunicación remitida desde la Comisión de Labor Parlamentaria de este Parlamento al Poder Ejecutivo Nacional, específicamente al ministerio de Salud.
Su texto solicita a ese organismo que “realice las gestiones necesarias para garantizar las partidas presupuestarias que permitan llevar adelante las obligaciones establecidas en la ley nacional, para facilitar los trámites de inscripción y acceso al Programa Nacional para el Estudio e Investigación del uso medicinal de la planta Cannabis y sus derivados en tratamientos no convencionales, y analice la posibilidad de ampliar el universo de patologías pasibles de ser tratadas” por esa medicación.
Otras iniciativas aprobadas en primera vuelta
Durante la sesión de hoy también fue aprobada en primera vuelta la adhesión a la ley nacional que incorpora al Programa Médico Obligatorio, al sistema público nacional, a las obras sociales y mutuales provinciales, la cobertura total de los dispositivos o bolsa para ostomías. Asimismo se dio media sanción a la ley que modificará el artículo un artículo de la ley que establece la elección cada dos años de los miembros titulares y suplentes que compondrán el Consejo Asesor Mutual.
Igual tratamiento y aprobación de la Cámara tuvo la reforma de la ley que regula la Actividad Pesquera Artesanal Marítima en cuanto a los requisitos para la inscripción en el Registro de Pescadores Artesanales.
Por otra iniciativa aprobada durante la sesión de hoy se establece que en las facturas y tickets a consumidores finales emitidos en Río Negro, deberá constar en forma legible y destacada la siguiente leyenda: “Oficina Provincial de Defensa del Consumidor. Sitio web: www.defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar”.
Política
Weretilneck sostiene el control de ausencias en el sector público
Aseguró que en septiembre, se pidieron 25.000 días de licencia en el ámbito del Ministerio de Educación.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se refirió a la situación actual de paros y ausentismo en el ámbito educativo, destacando la importancia del control de ausencias de los trabajadores públicos.
Weretilneck subrayó que «la primera obligación de un trabajador público es ir a trabajar», enfatizando que el Estado tiene la responsabilidad de verificar la validez de los certificados médicos presentados por los docentes. En este contexto, mencionó que, «en el mes de septiembre, se solicitaron 25,000 días de licencia en el Ministerio de Educación, de los cuales más del 50% no correspondían».
En declaraciones brindadas a LU19, explicó que «venimos de dos denuncias médicas a médicos que fraguaban certificados. Nadie puede negar el derecho del Estado a controlar la validez de estos documentos». Además, destacó que el sueldo de los empleados públicos es financiado por los contribuyentes, lo que añade una dimensión moral a la obligación de cumplir con el trabajo.
Respecto a los días no trabajados durante los paros, Weretilneck dejó en claro que «los días no trabajados serán días descontados», argumentando que sería incoherente no hacerlo si se busca controlar la calidad y validez de los certificados médicos.
El gobernador finalmente abordó el debate en la Legislatura sobre la educación como un servicio, y reafirmó que, si bien la educación es un derecho, «el principal derecho es el de los estudiantes a recibir educación». En este sentido, subrayó la necesidad de «priorizar el bienestar de los estudiantes sobre los intereses gremiales».
Río Negro
Apertura de sobres para obras de refacción en la Escuela 128
La obra contempla recalce de fundaciones y refacciones generales.
La ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, encabezó la apertura de sobres para la ejecución de obras de refacción en la Escuela Primaria N° 128 de General Roca. Junto a la ministra Campos, estuvieron presentes el secretario de Articulación y Gestión, Adrián Carrizo, la coordinadora de la UCP y Obras Mayores, Yamile Spinelli, y el coordinador de Mantenimiento y Obras Menores, Gustavo Nogues.
La obra, que contempla recalce de fundaciones y refacciones generales, tiene un presupuesto oficial de $93.475.784,80. En ese sentido, se presentaron la empresa Mapi vial Equipo con una propuesta económica de $98.369.603,18; y la firma Kuma SRL cuya propuesta fue de $112.515.419,97.
A partir de ahora se comenzará con el proceso de preadjudicación de esta importante obra para la comunidad educativa que, entre otros trabajos, incluirá la construcción de una cubierta metálica sobre sectores de losa en donde se producen filtraciones de agua de lluvia.
También se hará el recalce de fundaciones en zonas determinadas y se repararán todas las mamposterías dañadas y se hará lo propio respecto al revoque grueso, entre otros trabajos.
Judiciales
Femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti: Confirmaron perpetua para Pablo Parra
La resolución ratificó el veredicto de culpabilidad al que arribó el jurado popular y la pena impuesta luego por un juez de juicio.
El Tribunal de Impugnación confirmó la condena a prisión perpetua de Pablo Parra por el femicidio de Agustina Fernández. La resolución ratificó el veredicto de culpabilidad al que arribó el jurado popular y la pena impuesta luego por un juez de juicio.
A Parra se lo acusó de haber atacado a Agustina Fernández el 2 de julio de 2022 en su departamento, ubicado en la ciudad de Cipolletti. Según la teoría del caso, Parra invitó a Agustina a cenar en su vivienda y, tras asegurarse de que ella se encontrara allí, salió del lugar y regresó por la parte trasera de la propiedad. Ingresó luego al inmueble y, aprovechó su mayor fuerza física para agredirla brutalmente. Le causó así múltiples heridas en la cabeza y en las manos. Las lesiones derivaron en un traumatismo craneoencefálico grave, que llevó a la muerte de Agustina días después en el hospital. Luego, Parra intentó simular un robo para desviar la investigación.
El Tribunal decidió que ninguno de los planteos de la defensa ameritaba la nulidad del juicio ni una revisión del veredicto emitido por el jurado popular. Según la resolución, los agravios presentados carecieron de fundamento suficiente para invalidar el proceso, ya que las pruebas presentadas en el juicio fueron adecuadamente valoradas por el jurado, y las instrucciones impartidas fueron claras y precisas.
El Tribunal de Impugnación resolvió que no existieron elementos que justificaran anular el juicio ni modificar el veredicto del jurado, afirmando que «la acusación describió correctamente los hechos, indicando quién, cuándo, cómo y dónde se cometió el crimen». Según la sentencia, la defensa no logró demostrar vicios procesales ni una afectación a los derechos de Pablo Parra durante el juicio por jurados. El tribunal también destacó que las pruebas físicas y testimoniales fueron correctamente presentadas y valoradas, confirmando que no hubo irregularidades en su admisión.
Además, la resolución enfatizó que «no se acreditó ninguna violación a los derechos del imputado», descartando los reclamos de la defensa sobre pruebas supuestamente contaminadas y testimonios que, según su argumento, habrían sido obtenidos en violación del derecho a guardar silencio.
El Tribunal concluyó que las pruebas evaluadas y las instrucciones dadas al jurado cumplieron con las normas procesales. Se ratificó así la condena a prisión perpetua de Parra por el femicidio de Agustina Fernández.
El juicio por jurados se realizó en mayo de este año y, posteriormente, en junio, un juez de juicio impuso la pena de prisión perpetua.