Judiciales
Acusado de vender terrenos y viviendas que no finalizó irá a juicio
Se trata del ex presidente del Círculo Policial Valletano. El loteo está ubicado en Ruta 22 y Damas Patricias.
Por considerar que el monto de reparación económica ofrecida no resultaba razonable para las 12 presuntas víctimas del caso, la jueza de Garantías de Roca Natalia González rechazó el pedido de probation formulado por la defensa de un hombre acusado de cometer defraudaciones reiteradas mediante la comercialización de inmuebles en Roca.
En el legajo se analizan hechos que habrían ocurrido entre los años 2005 y 2012, de los que habrían resultado víctimas varias personas y familias que contrataron la adquisición de lotes y/o viviendas a construir con Carlos Virgilio Matus, por entonces presidente del Círculo Policial Valletano de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Río Negro.
La Fiscalía imputa, básicamente, que los terrenos fueron vendidos “como propios” cuando en verdad la titularidad de los mismos correspondía a una sociedad radicada en Choele Choel. De acuerdo con los hechos establecidos en oportunidad de la audiencia de control de acusación, Matus, junto a colaboradores que se encuentran en situación procesal de falta de mérito en la actualidad, “fraccionaron” esas tierras, ubicadas en Ruta Nacional N° 22 y Damas Patricias de Roca, “vendiendo las parcelas en los montos pactados en los contratos para la cancelación del terreno y construcción de las viviendas” y “en muchos casos las obras no fueron iniciadas o las viviendas fueron entregadas con graves deficiencias de habitabilidad, como la carencia de servicios públicos básicos, además de no poder los compradores iniciar los trámites para escriturar”.
El proceso penal se enmarca en un cuadro judicial complejo en el que existen otras causas penales y también civiles vinculadas.
En la audiencia de probation el Defensor Oficial Eduardo Luis Carrera ofreció como reparación económica la suma de $5.000 a cada uno de los damnificados, haciendo un total de $ 60.000 y aclarando que ese ofrecimiento no reemplaza la eventual indemnización que las partes puedan requerir en un proceso del fuero Civil.
Pero tanto el fiscal Ricardo Romero como el abogado Gustavo Kalamikoy, quien representa como querellantes a seis de los afectados, consideraron “irrazonable” el ofrecimiento, invocando la expresa negativa de la mayoría de las víctimas. Sólo una de las personas dijo que aceptaría la propuesta, otras tres no pudieron ser localizadas y las restantes ocho se pronunciaron en contra de que se conceda el beneficio de suspensión de juicio a prueba. Por su parte, la Municipalidad de General Roca, a través del abogado Santiago Silva y como querellante de la causa, también negó su conformidad a la probation.
Tras analizar todos los planteos y la información aportada por las partes en la audiencia, la jueza González rechazó el pedido, con lo que se mantiene vigente lo resuelto en junio pasado en la audiencia de Control de Acusación, cuando se dispuso la apertura a juicio de la causa por el presunto delito de “estelionato reiterado (12 hechos) en concurso real”. En aquella ocasión se definió también que será un juez unipersonal el encargado de realizar el juicio oral y público, puesto que la Fiscalía anticipó, provisoriamente, que solicitará en esa instancia una pena no mayor a los 3 años de prisión.
El delito de estelionato es un tipo de defraudación que se comete cuando una persona “vendiere o gravare como bienes libres, los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios, bienes ajenos”. El Código Penal lo reprime con penas de prisión de un mes a seis años.
Judiciales
Condenaron a cuatro policías por agredir y amenazar a dos adolescentes en Roca
El hecho ocurrió el 15 de junio de 2024 en un playón deportivo del barrio Alta Barda. El policía considerado autor recibió 3 años de prisión en suspenso, mientras que los otros tres fueron condenados a penas de entre 24 y 30 meses.
Cuatro empleados policiales fueron condenados a penas de prisión en suspenso por un hecho ocurrido con dos adolescentes en un playón deportivo del barrio Alta Barda, en General Roca. El policía considerado autor recibió una pena de tres años de ejecución condicional, mientras que los otros tres fueron considerados partícipes necesarios y recibieron condenas de entre 24 y 30 meses.
La sentencia fue dictada por los jueces Oscar Gatti, Emilio Stadler y Verónica Rodríguez. Según lo resuelto, el funcionario policial declarado autor fue quien llevó adelante las conductas agresivas contra las víctimas y les profirió amenazas con un arma.
Durante el debate, las defensas penal pública y particular solicitaron modificar la calificación legal propuesta por la Fiscalía. El planteo fue admitido por el Tribunal. Posteriormente, durante la etapa de cesura, insistieron en que las penas requeridas por la acusación eran elevadas.
La defensora penal pública Flavia Rojas explicó que, en el caso de una de sus asistidas, la pretensión fiscal no contemplaba su historia personal ni los testimonios que la describían como una persona pacífica. También destacó que las dos mujeres involucradas habían reclamado al policía considerado autor que cesara su accionar contra los adolescentes.
Por su parte, el defensor Juan Pablo Chirinos sostuvo que no existían elementos para justificar una pena de cumplimiento efectivo y pidió que se contemplaran la situación familiar y las responsabilidades de cuidado de su asistido.
El hecho por el que los policías llegaron a juicio ocurrió el 15 de junio de 2024, entre las 2.05 y las 4.30. Los imputados se movilizaban en una camioneta policial tipo pick up mientras prestaban funciones en la Comisaría 47° de J.J. Gómez. En ese contexto, llegaron a un playón deportivo del barrio Alta Barda, donde se produjeron las acciones investigadas contra dos adolescentes.
Judiciales
Pidieron más de 4 años de prisión para la mujer que atacó a la ex pareja y 3 años y medio para su cómplice
La agresión ocurrió en abril de 2025 en una vivienda de San Juan al 2200.
Tras haber sido declarados culpables por atacar a la ex pareja de la mujer en abril de 2025, en General Roca, un hombre y una mujer esperan conocer las penas que deberán cumplir. La Fiscalía solicitó 4 años y 6 meses de prisión efectiva para ella y 3 años y 6 meses para él.
El fiscal Daniel Zornitta requirió al Tribunal que condene a la mujer como autora de lesiones graves calificadas por haber mantenido una relación de pareja con la víctima. Para el hombre pidió 3 años y 6 meses de prisión como partícipe necesario de las lesiones graves.
Durante sus alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que ambos atacaron a la víctima por la espalda, impidiéndole defenderse. También señaló que el objetivo era causarle daño y remarcó que su vida corrió riesgo, ya que un amigo debió trasladarlo al hospital local, donde fue internado inmediatamente en terapia intensiva.
Zornitta también hizo referencia a las consecuencias que dejó la agresión. Explicó que las lesiones le impidieron a la víctima trabajar con normalidad y lo obligaron a cerrar su taller. Además, mencionó el informe de la psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), quien indicó que el hombre continúa con un alto grado de vulnerabilidad y temor, al igual que integrantes de su familia.
Durante la audiencia de cesura realizada este lunes (02/11) declararon la víctima, quien también había brindado su testimonio durante el debate de responsabilidad penal, y Virginia Ansola, psicóloga de la OFAVI del Ministerio Público. También lo hicieron familiares y conocidos de los autores del hecho, por parte de las defensas particulares.
El Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Maximiliano Camarda, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler, dará a conocer la sentencia el próximo miércoles 11 de noviembre al mediodía en los Tribunales roquenses.
Judiciales
Una mediación permitió resolver el contacto de una madre detenida con su hijo y autorizar viajes al exterior
El acuerdo establece comunicaciones por Zoom tres veces por semana, sujetas a las condiciones del establecimiento penitenciario. También contempla una autorización para que el padre pueda viajar con el niño fuera del país hasta que cumpla 18 años.
Una mujer que se encuentra privada de su libertad en General Roca acordó, mediante una mediación, un nuevo régimen de comunicación con su hijo. El entendimiento establece que podrán mantener contacto a través de videollamadas por Zoom tres veces por semana, de acuerdo con las condiciones del establecimiento penitenciario.
El encuentro se realizó en el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Roca. El padre participó de manera presencial, mientras que la madre intervino por videollamada desde el establecimiento donde permanece alojada. El proceso estuvo dirigido por una mediadora oficial.
El objetivo fue modificar un régimen de comunicación acordado anteriormente y establecer una modalidad que permitiera sostener el vínculo entre la mujer y su hijo, pese a las limitaciones derivadas de su situación de detención.
Durante la audiencia, el padre manifestó su conformidad con que el niño mantenga contacto con su madre y propuso dos franjas horarias por la tarde para realizar las comunicaciones: de 17 a 18 o de 18 a 19, según su disponibilidad laboral.
La puesta en marcha del régimen dependerá de las disposiciones del establecimiento penitenciario. Su Centro de Monitoreo deberá coordinar los días, horarios y enlaces de las videollamadas mediante una plataforma digital.
La mediación también permitió resolver otra cuestión familiar: la madre otorgó una autorización general para que el niño pueda salir del país acompañado por su padre hasta alcanzar la mayoría de edad. Como parte del acuerdo, el hombre se comprometió a informar las fechas y los destinos de cada viaje.
Las partes solicitarán la homologación judicial del acuerdo para formalizar la autorización de viaje y poner en funcionamiento la nueva modalidad de comunicación. Hasta que se concrete ese trámite, continuará vigente el régimen anterior.
