Río Negro
Convenio entre el Ejecutivo y el STJ para digitalizar la publicación de edictos en el Boletín Oficial
Se trata de un nuevo paso en la digitalización y modernización.
El gobernador, Alberto Weretilneck, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Enrique Mansilla, firmaron un convenio que permitirá digitalizar y acelerar la publicación de edictos en el Boletín Oficial. Estuvieron presentes en el acto los vocales del STJ, Liliana Piccinini, Sergio Barotto y Ricardo Apcarián; junto al subsecretario Legal y Técnico, José Calfueque, y la titular del área de Informatización de la Gestión Judicial, Miriam Daoud.
Se trata de un nuevo paso en la digitalización y la celeridad para la publicación de edictos. El área de Informatización de la Gestión Judicial ya había generado un sistema libre, gratuito y público que facilitó las publicaciones en la web del Poder Judicial a los abogados y su acceso por parte de la ciudadanía. Sin embargo, ahora se suma un servicio más, incorporando la posibilidad de publicar directamente en el Boletín Oficial.
Hasta el momento, quien quisiera publicar un edicto en el Boletín Oficial debía concurrir primero con un texto para que se le cotice, pagar el depósito en un banco y luego concurrir nuevamente al Boletín. Allí, los empleados debían “tipear” nuevamente el texto.
Ahora, a través de un acceso web, el abogado subirá el texto, se cotizará de manera automática, podrá realizar una transferencia electrónica y ya quedará habilitado el edicto para su publicación. Además, los trabajadores del Boletín no deberán “tipearlo” nuevamente, porque lo tomarán directamente del sistema, mejorando la celeridad y minimizando la posibilidad de errores.
El área de Informatización se encargará, asimismo, de brindar la capacitación a los integrantes del Boletín Oficial con anterioridad a la puesta en funcionamiento del sistema, para que estos puedan realizar luego el soporte a sus operadores. También, a través de una casilla de correo, atenderá las dudas y reportes de fallas.
Inicialmente, el cambio provino de la Ley Provincial 5.273, vigente desde el 12 de abril, que modificó los artículos 146, 147 y 135 bis del Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro. Posteriormente el Superior Tribunal de Justicia dictó normas reglamentarias para la implementación de la modalidad de publicidad en la página web, garantizando el fácil acceso y la disponibilidad de edictos y demás información.
En la web del Poder Judicial, los edictos sólo pueden ser creados por los abogados particulares, defensores públicos e integrantes de organismos jurisdiccionales que dispongan de clave de acceso a Sistemas Informáticos en la web oficial. En cambio, el confronte y publicación solo pueden realizarlos los integrantes de Organismos Jurisdiccionales con permiso para ello.
Los objetivos de la Ley 5.273 y de la Acordada 4/18 del STJ son una mayor transparencia, una simplificación de los pasos y el ahorro de costos para el matriculado, su cliente y la ciudadanía que quiera acceder a los edictos.
Policiales
Desapareció un hombre de 35 años y creen que podría estar en Bariloche
El último contacto telefónico se registró el pasado 7 de mayo.
La Policía de Río Negro solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Iván Ezequiel De La Canal, un hombre de 35 años que es intensamente buscado en la provincia.
Según informaron fuentes policiales, fue visto por última vez durante el mes de abril y el último contacto telefónico con él se registró el pasado 7 de mayo a las 13.07.
De acuerdo a los datos aportados, presuntamente podría encontrarse residiendo en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Iván De La Canal es de nacionalidad argentina, contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene cabello oscuro ondulado y ojos marrones.
Ante cualquier información que permita localizarlo, se solicita comunicarse de inmediato con la Unidad 42° de San Carlos de Bariloche o al sistema de emergencias 911.
Judiciales
Un divorcio y una fotografía patrimonial incompleta fue determinante para rechazar la compensación económica
La jueza consideró que ambos integrantes de la pareja trabajaron durante toda la relación y compartieron las dificultades financieras.
La pareja se conoció mientras trabajaba en un galpón de empaque. Ella buscaba empleo y una oportunidad mejor para su hija. Él realizaba tareas rurales junto a su padre. Entre cajones de fruta y largas temporadas laborales comenzó la relación.
Los comienzos fueron difíciles. No tenían vivienda propia ni estabilidad económica. Vivían en un monoambiente alquilado y trataban de sostenerse con trabajos temporarios. En ese contexto nació el primer hijo de la pareja. La situación económica era frágil y las discusiones comenzaron temprano.
Finalmente se casaron y la vida continuó siendo trabajosa. Ella hizo temporadas en empaque, tareas rurales y pequeños emprendimientos. Más adelante vendió ropa y luego estudió un oficio. Él continuó vinculado al trabajo rural y a las actividades de la chacra familiar.
Con el paso de los años la relación se deterioró. Finalmente se divorciaron. Para entonces, la dinámica familiar ya había cambiado mucho. El hijo menor eligió vivir con el padre y los abuelos paternos.
Luego de la separación, la mujer inició una demanda de compensación económica. Sostuvo que había dedicado gran parte de su vida al cuidado familiar y que terminó en una situación de desventaja económica. Él respondió que ambos siempre trabajaron y que ninguno construyó riqueza a costa del otro.
El fuero de Familia de Luis Beltrán rechazó la demanda. La jueza consideró que la historia de la pareja reflejaba años de esfuerzo compartido. También entendió que no existió una situación en la que uno hubiera sacrificado su desarrollo personal para que el otro prosperara económicamente.
La sentencia concluyó que no se acreditó un desequilibrio económico actual, manifiesto y directamente derivado del matrimonio y de su ruptura.
El fallo aclara que la compensación económica prevista el Código Civil y Comercial no es automática, sino una herramienta para equilibrar. El divorcio, por sí solo, no genera derecho a cobrar una compensación. La persona que la reclama debe probar cómo era su situación antes y durante el matrimonio, qué sacrificios o postergaciones realizó, de qué manera eso favoreció el crecimiento del otro cónyuge y cuál es el desequilibrio económico manifiesto que sufrió la persona tras la separación.
La jueza utilizó la «metáfora de la fotografía» para explicar cómo debe analizarse una compensación económica después del divorcio. Señaló que no basta con afirmar que una persona quedó en peor situación económica, sino que resulta necesario comparar dos momentos concretos de la vida de la pareja.
La metáfora consiste en tomar dos «fotografías» patrimoniales: una al inicio de la convivencia o del matrimonio y otra al momento de la ruptura. A partir de esa comparación, se determina si existe un desequilibrio económico relevante provocado por la relación y su finalización.
En este caso, la jueza valoró que esa «fotografía inicial» no pudo reconstruirse porque la actora no aportó pruebas suficientes sobre cuál era su situación económica al comienzo de la relación. Ese punto resultó central para rechazar la demanda.
Según la sentencia, si no se conoce la situación económica inicial de la actora, no es posible establecer si realmente empeoró como consecuencia del matrimonio o si las diferencias actuales ya existían antes.
Respecto del hombre, el fallo señaló que tampoco se comprobó que tuviera una posición económica significativamente superior. Los informes oficiales indicaron que no registraba actividad económica formal relevante, bienes rurales propios ni cuentas bancarias importantes. La explotación agropecuaria mencionada por la mujer figuraba registrada a nombre de su padre.
La sentencia también destacó que, tras la separación, el hijo menor quedó bajo el cuidado cotidiano del padre, con residencia principal junto a los abuelos paternos, y que incluso la madre asumió una cuota alimentaria. Esa circunstancia fue considerada relevante porque modificó la organización familiar.
Río Negro
Comenzó la inscripción para las becas terciarias y universitarias
Hay tiempo de inscribirse hasta el 25 de mayo.
A partir de ayer lunes (11/05) y hasta el 25 de mayo está abierta la inscripción para que estudiantes de la provincia puedan inscribirse en el Programa de Becas para Carreras Terciarias y Universitarias.
Se trata de una política del Gobierno de Río Negro que a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, acompaña a las y los estudiantes en su formación y que en este caso brinda la posibilidad de asignar una beca a quienes precisen de ese recurso para poder continuar con sus estudios.
Las inscripciones se reciben en la página del Ministerio de Educación en el botón Becas mientras que también se pueden realizar consultas en el correo [email protected].
Luego, habrá una instancia de entrega de la documentación correspondiente (digital y/o presencial) la cual estará vigente desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio en los Consejos Escolares correspondientes al lugar de residencia.
De acuerdo a los establecido por el Consejo Provincial de Becas, las mismas están destinadas a estudiantes terciarios y universitarios de gestión pública o privada, que cursen sus estudios dentro o fuera de la provincia.
Un aspecto importante reside en que aquellos estudiantes que hoy cuenten con alguna beca de otra institución o entidad educativa, también podrán inscribirse en este programa.
Quienes quieran anotarse deberán presentar Documento Nacional de Identidad del solicitante y de su grupo familiar; título de Nivel Medio y título analítico o su constancia en trámite, sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación; constancia de inscripción a una carrera de grado de universidades e institutos terciarios de gestión pública y/o privada, y acreditar Plan de Estudios.
También se solicitará constancia de CBU como titular de cuenta; recibos de sueldos del grupo familiar, constancia de inscripción al monotributo o como responsable inscripto, según correspondiera; rendimiento académico con la cursada y finales de materias; Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo hubiera; Certificación Negativa de Anses de los miembros del grupo familiar, si los hubiera y Declaración Jurada de domicilio.
