Río Negro
Río Negro recibió ofertas por todas las áreas hidrocarburíferas licitadas
En total, diez empresas que operan en la Argentina presentaron sus propuestas.
Ayer (7/09) al mediodía se abrieron los sobres con las ofertas de la licitación pública nacional e internacional de seis áreas hidrocarburíferas lanzada por el Gobierno de Río Negro. En todos los casos, se recibieron proyectos para desarrollar cada uno de los bloques licitados con compromisos de inversión y un bono para la Provincia por encima de las condiciones mínimas establecidas en el pliego.
El secretario de Estado de Energía, Sebastián Caldiero, presidió la apertura junto a autoridades de la empresa provincial EDHIPSA, cuya participación en las áreas está prevista en un 10% de los derechos y obligaciones que se cedan. Además, está prevista una capitalización de la compañía provincial de unos U$S 3.000.000 por las inversiones que realizó desde la recuperación de las áreas, con el fin de que puedan licitarse en correctas condiciones.
En el proceso participaron diez empresas que operan en la Argentina, que adquirieron los pliegos de las áreas Catriel Oeste, Catriel Viejo, Loma Guadalosa, Tres Nidos, Las Bases y Puesto Prado, las que no fueron renegociadas en su momento, por lo que sus contratos se vencieron y las áreas volvieron al Estado Provincial.
“Tenemos propuestas de inversión para los próximos cinco años del orden de los U$S 70.000.000 con compromisos firmes de inversión en territorio rionegrino y aparte, una propuesta de bono fijo de pago de dinero en efectivo para la Provincia de unos U$S 17.000.000”, informó. La cancelación de este aporte, en el caso de adjudicarse los bloques, será de U$S 13.000.000 al momento de otorgarse la concesión y los restantes U$S 4.000.000 durante los siguientes 12 meses.
Por el área Catriel Oeste, la empresa Petrolera Aconcagua Energía ofreció hacer inversiones por U$S 16.080.000, un 28,9 % por encima del mínimo requerido; con un bono de U$S 6.540.000, también por encima de los 5.000.000 pretendidos, más un amplio plan de adecuación de instalaciones.
La misma compañía también hizo una propuesta para quedarse con otros tres bloques (Catriel Viejo, Loma Guadalosa, Tres Nidos) que no tenían como condición el pago de un bono fijo. Pese a ello, ofrecieron un bono de U$S 180.000 por Catriel Viejo y uno de iguales características por el área Loma Guadalosa, más U$S 100.000 por Tres Nidos. Las inversiones que presentaron como propuesta para conseguir la adjudicación de las tres áreas fue de U$S 23.055.000, similares a las mínimas estipuladas en el pliego licitatorio.
Para el área Puesto Prado, se recibió un plan de inversiones por parte de President Petroleum SA de U$S 24.340.000, un 10,56% encima del mínimo solicitado; más un bono fijo de U$S 3.902.000, superior en un 30% a lo requerido.
President también hizo una presentación por el bloque Las Bases, donde proyectó inversiones por U$S 4.640.000, muy por encima de lo establecido como mínimo en la licitación, que era de U$S 2.635.000. El bono de explotación propuesto es de U$S 6.002.000, un 20% más que lo fijado como base.
Al respecto, Caldiero reconoció que “es un proceso muy satisfactorio ya que a la hora de establecer las condiciones del pliego se plantearon objetivos altos y muy exigentes tanto en lo que tenía que ver con las inversiones, en el bono y en los planes de remediación en aquellas áreas que lo requerían”. También se consideró un reconocimiento a los superficiarios del lugar, que en todos los casos estuvo incluido en los ofrecimientos.
El proceso ahora continúa con una instancia de clasificación de las ofertas y, según anticipó el titular de Energía, podría cerrarse en los próximos 30 días. “Se analizará la solvencia técnica y sobre todo financiera de las empresas, más las propuestas de los planes de inversión, que en todos los casos deben ser garantizadas mediante póliza de caución”, concluyó.
Política
Weretilneck recorrió los trabajos que dejarán a Río Negro libre de PCB
Los equipos están siendo preparados para su exportación y tratamiento final en una planta especializada en el exterior.
El gobernador Alberto Weretilneck recorrió Sierra Grande y verificó los trabajos de acondicionamiento de transformadores contaminados con PCB almacenados en el predio de Hiparsa, en el marco del operativo que permitirá eliminar de manera definitiva este pasivo ambiental histórico.
Las tareas forman parte del plan provincial de gestión de pasivos ambientales y comprenden el acondicionamiento técnico de cerca de 70 transformadores que contenían PCB, una sustancia altamente contaminante. Los equipos están siendo preparados para su exportación y tratamiento final en una planta especializada en el exterior, conforme a la normativa internacional vigente.
Durante la recorrida, Weretilneck destacó que se desarrolla un trabajo «serio y profesional» para eliminar definitivamente esta sustancia. «Cuidar el ambiente también es hacernos cargo de estos pasivos, generar empleo calificado y aplicar rigor técnico para dejar a Río Negro libre de contaminantes peligrosos», indicó.
Desde el equipo técnico a cargo de las tareas señalaron que el proceso incluye el acondicionamiento de transformadores ya desaceitados, con estándares internacionales de seguridad, lo que permitirá concretar la exportación a fines de enero. Destacaron además el acompañamiento de la Provincia y del Estado Nacional para cerrar una etapa compleja desde el punto de vista ambiental.
El operativo es resultado del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y Hiparsa. Los componentes sólidos son embalados en big bags homologados y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con control de Aduana y Prefectura.
Una vez finalizada esta etapa, los residuos serán trasladados al puerto y enviados a Francia, donde la empresa Trédi realizará el tratamiento final mediante procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del PNUD, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento final. Una vez certificada la eliminación, la Provincia gestionará la baja definitiva de los equipos en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB, completando un hito clave en la política ambiental rionegrina.
Acompañaron la recorrida el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el presidente del bloque de JSRN, Facundo López y el interventor del IPPV, Mariano Lavin, entre otras autoridades.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
