Gremios
Movimientos sociales reclamaron con ollas populares en plena calle
Protestaron contra las políticas del gobierno nacional en Roca, Viedma, Bariloche y Cipolletti.
Trabajadores de la economía popular y de los movimientos sociales realizaron ollas populares en Roca, Viedma, Bariloche y Cipolletti y marcharon a las delegaciones provinciales y nacionales de Desarrollo Social, en donde entregaron un petitorio que «sintetiza y refleja como golpean las medidas de ajuste económico en las barriadas más humildes de todos los rincones de la provincia».
La jornada de protesta se desarrolló en el marco de una medida nacional que llevaron adelante en Río Negro la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), Movimiento La Dignidad, Movimiento 23 de Julio, entre otros. También adhirieron y participaron en las distintas movilización gremios y agrupaciones políticas como ATE con llevó adelante un contundente paro.
Se trató de “la segunda Jornada Nacional de Lucha de los movimientos sociales contra el FMI y contra el hambre que llevan adelante Macri y Weretilneck”. Las organizaciones populares denunciaron “el aumento del hambre, la precarización laboral, el recorte del presupuesto social y la marginalidad a la que están siendo arrojadas millones de personas. Nos enfrentamos en la calle a un saqueo descomunal a manos de las trasnacionales, los bancos, la sociedad rural, las mineras, las petroleras, las agroexportadoras y los formadores de precios. Denunciamos el desguace del sector público en áreas sensibles para la población en favor del sector privado que con la complicidad de los gobernadores que está dejando a miles sin trabajo. Denunciamos también el acuerdo con el FMI que va a profundizar la pobreza, la precarización laboral y social, como nos lo confirma la historia de nuestro país. En esta realidad día a día llegan cada vez más familias a nuestros comedores, merenderos y movimientos poniendo de manifiesto el aumento de la pobreza que es consecuencia directa de los gobiernos de Macri y los gobernadores”.
La dirigente provincial de la CTEP Haydee Bustos se refirió a la situación en los barrios de Río Negro y afirmó que “hay carencias de las cosas más elementales para una persona, como la comida, la vivienda y la salud, porque también rechazamos que se reduzca el Ministerio de Salud a una secretaría, lo que implica un ajuste en el presupuesto nacional, hoy hay niños muertos como consecuencia de una bacteria, muertes que podrían haber sido evitadas si se brindara el servicio de salud como corresponde”.
“Nos están destinando a la indigencia, marchamos a las delegaciones de Desarrollo Social de la provincia y de la Nación porque, como decimos en el barrio, lo único que hacen es un asistencialismo berreta, cuando nosotros nos consideramos sujetos de derecho, tenemos derecho a tener un trabajo, eso resuelve la situación primordial de una persona, nosotros estamos excluidos del mercado laboral”, destacó la dirigente.
Respecto a los dos refuerzos en la Asignación Universal por Hijo, Haydee Bustos opinó que “no ayudan en nada porque el aumento de costo de vida es cada vez mayor, con el aumento de la leche, el aceite, la harina y otros alimentos de la canasta básica, la inflación ya se llevó el aumento y se llevó puesto todo, se está llevando puesto el país, cuando el gobierno acusa a los movimientos sociales de realizar saqueos es una calumnia y en realidad son ellos los que están saqueando el país”.
Luego de las ollas populares, dirigentes de la CTEP y la CCC participaron en Cipolletti de una jornada junto a la CTA de los Argentinos, la CTA Autónoma, gremio de las distintas regionales de la CGT de la provincia y la Federación Universitaria del Comahue para en la convocatoria a las jornadas de paro y movilización del próximo 24 y 25 de septiembre.
Gremios
ATE anticipa que no tolerará nuevos despidos: «En el 2025 les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos»
«El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los más de 57.500 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año», indicó Aguiar.
Ante la situación que atraviesan los 57.513 trabajadores del Sector Público cuyos contratos vencen a fin de mes y que el Ejecutivo pretende cesantear, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año».
«Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes», agregó el dirigente.
En esta línea, Aguiar aseguró que «más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei, disparó.
«El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías; y otros tipos de contrataciones a término como eventuales.
El mayor alerta de ATE por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).
Cabe destacar que según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales. Desde la organización se sigue reclamando su inmediata reinstalación y se evalúan nuevas medidas de acción directa para el inicio del 2025.
Gremios
ATE exige la reapertura de las paritarias ante de fin de año y una recomposición salarial de emergencia
«La política salarial impulsada desde la Casa Rosada empujó a más del 80% de los estatales a la pobreza. Los sueldos ya no alcanzan», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le exigió al Gobierno Nacional la inmediata reapertura de las paritarias antes del 31 de diciembre y reclamó un aumento de emergencia para recomponer el poder adquisitivo gravemente deteriorado en el último año. El sindicato anticipó que en el caso de que no haya convocatoria a las negociaciones salariales, podría determinar medidas de acción directa para el inicio del 2025.
«Es imperiosa la necesidad de que se reabran las negociaciones antes de fin de año. El ajuste aplicado en el sector público durante el 2024 destruyó todos los salarios. La política salarial impulsada desde la Casa Rosada empujó a más del 80% de los estatales a la pobreza. Los sueldos ya no alcanzan ni para cubrir las mínimas prestaciones garantizadas por la ley», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
Ante esta situación el dirigente apuntó que «necesitamos que sea compensando el grave deterioro que han tenido durante este año nuestros ingresos. El bono de $30.000 otorgado y avalado por otro sindicato es una ofensa, no alcanza para nada».
«Hoy todos los empleados públicos que tienen que pagar un alquiler no llegan ni siquiera a mitad de mes. El recorte salarial en la Administración Pública es dramático. Si no existe una respuesta a este pedido concreto, en el inicio del próximo año habrá un aumento de la conflictividad», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En una nota dirigida al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y a la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero, el sindicato exigió:
- Salarios dignos que, de acuerdo con el art. 14 bis de la Constitución Nacional, aseguren como mínimo alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión;
- Aumentos salariales por encima de la inflación;
- Apertura de todos los convenios colectivos de trabajo sectoriales, especialmente los más postergados, como el del Personal Civil y Docente Civil de las FF.AA.-Seguridad-IOSFA,Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP) y Profesionales de la Salud Dto. 1133/09;
- Asegurar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público – pases a planta permanente;
- Cese del ajuste; los despidos y reincorporación inmediata de todos/as los/as trabajadores despedidos/as a partir del 10 de diciembre de 2023
Hasta el momento, la pérdida del poder adquisitivo en la Administración Pública Nacional (Convenio Colectivo de Trabajo 214/06) superó el 40% en el 2024.
Cabe recordar que la Junta Interna de ATE en el INDEC, utilizando los datos recabados por el organismo, determinó que el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) debería ser de $1.547.169.
Gremios
ATE inicia semana de acampes: Cortarán calles frente a Rentas
Se trata de más de 4500 agentes que cumplen funciones en diversos Ministerios con contratos de locación y horas cátedra, entre otras relaciones irregulares.
Este lunes (22/12), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) iniciará acampes en los principales edificios públicos provinciales en Roca, Bariloche y Viedma. «Es en rechazo al congelamiento salarial y en demanda de la renovación de los contratos que vencen el 31 de diciembre», informaron.
Desde el sindicato demandan a la provincia una compensación salarial y en este sentido, anunciaron que darán continuidad a las protestas durante las Fiestas si no existe respuesta al pedido de reapertura paritaria. En Roca, el acampe comenzará a las 6 de la mañana del lunes frente al edificio de la Agencia de Recaudación Tributaria, en 9 de Julio y España. Asimismo, realizarán protestas también en Viedma y Bariloche.
«La política de aumento 0 del Ejecutivo Provincial golpea no sólo al bolsillo de los estatales sino también a toda la comunidad, ya que esa decisión comienza a impactar en el desfinanciamiento del sistema público de salud y educación y en todos los organismos del Estado», dijo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE.
«Los voceros del Ejecutivo mienten cuando dicen que los salarios superaron a la inflación. Se creen su propia fantasía: los servicios básicos, alquileres y combustibles superaron ampliamente la evolución de los salarios», agregó.
Si bien uno de los pedidos fue saldado por el Gobierno -el pago íntegro del aguinaldo antes del 24 de diciembre-, Aguiar insistió con que «el congelamiento salarial de los dos últimos meses empujó a miles de trabajadores bajo la línea de pobreza, que alcanza en la provincia al 56% de los ciudadanos -más que el promedio del país- y con esta decisión se incrementará drásticamente».
«Además demandamos la regularización de los trabajadores con contratos, un personal discriminado sin estabilidad laboral que tiene el derecho a estar en las mismas condiciones que el resto del personal con igual tarea, como dicta la Constitución Nacional», dijo por su parte Leticia Lapalma, secretaria adjunta de ATE. Se trata de más de 4500 agentes que cumplen funciones en diversos Ministerios con contratos de locación y horas cátedra, entre otras relaciones irregulares.
