Judiciales
A un mes de salir de la cárcel, habría abusado de su esposa dentro del Penal
El hecho ocurrió el pasado 18 de agosto en el marco de una visita íntima.
La fiscal titular de delitos contra la integridad sexual, Belén Calarco, y la adjunta Ana Hernando, formularon cargos a un hombre que se encuentra detenido en el Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de Roca por el delito de “amenazas calificadas por el uso de arma en concurso real con abuso sexual con acceso carnal” por un hecho que sucedió dentro de la cárcel.
Según la acusación fiscal «el 18 de agosto pasado, a las 13.30 aproximadamente, en el Penal N° 2, el imputado, quien se encuentra allí detenido, estaba junto a su esposa compartiendo la visita íntima. En ese momento se generó una discusión y el hombre habría sacado un cuchillo tipo Tramontina, agarró del cuello a la mujer y la amenazó de muerte. Seguidamente abusó de ella sexualmente».
Entre el sustento probatorio mencionado por las representantes del Ministerio Público Fiscal se encuentra la denuncia penal de la víctima, el informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) respecto de la evaluación de riesgo de violencia de género, las copias del registro de visitas y parte de novedades de la guardia del Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de la fecha mencionada.
«El señor obtendría su libertad la semana que viene, el 25 de septiembre, por ello sostenemos la necesidad de solicitar como medida cautelar la prisión preventiva por tres meses atento a que existe sustento material, es decir que el hecho ocurrió, además la prueba es suficiente y para ello tenemos presente el relato realizado por la víctima como el análisis que hizo la OFAVI del mismo», explicó Calarco.
«En caso de que recupere su libertad estaría presente el peligro procesal de entorpecimiento de la investigación, ya que el delito que se le imputa es grave, con una pena que en principio no sería condicional, sino que tiene un mínimo de 8 años y un máximo de 20 de prisión. Además el imputado cuenta con antecedentes penales. El hecho se llevó a cabo dentro de un establecimiento de ejecución penal, hizo caso omiso a las reglas, y esto no lo intimidó, además todo ocurrió en una visita íntima, sin testigos, y se habría concretado con un arma blanda, intimidando y logrando someter sexualmente a la víctima», detalló la fiscal.
Cabe mencionar que la víctima el pasado 12 de septiembre realizó una denuncia de Ley N° 3040 en la ciudad de Cipolletti donde ella reside, «ya que se siente muy atemorizada respecto de la posibilidad de que el hombre recupere la libertad», dijo Calarco.
La defensora penal pública Mariana Serra asistió al imputado e insistió en que la prisión preventiva debe ser la última ratio, por ello ofreció que el hombre constituya domicilio en la casa de un conocido, y que se le imponga, como fue mencionado por la fiscal, la medida cautelar subsidiaria de prohibición de acercamiento y de todo acto de hostigamiento hacia la mujer y todo su grupo familiar por el período que dure la etapa de investigación, fijado en 3 meses.
Finalmente, la jueza de garantías Margarita Carrasco entendió que luego de que el hombre agote su condena por robo la próxima semana, fije domicilio, y se presente semanalmente en la Oficina Judicial de esta ciudad para mantenerse a derecho.
Judiciales
Vivió 10 años bajo la humedad en las 500 Viviendas: Ordenan a las vecinas de arriba a realizar las reparaciones urgentes
Se estableció que el origen del problema se encuentra en el caño maestro del edificio. Por su antigüedad, el hierro galvanizado presenta oxidación y roturas.
Una mujer vive en su departamento de planta baja del barrio 500 Viviendas de Roca desde hace años. Sin embargo, su hogar dejó de ser un refugio y se transformó en una fuente de angustia constante. Durante una década, realizó arreglos por su cuenta en techos y paredes a raíz de filtraciones de agua provenientes de los pisos superiores.
El agua atraviesa la estructura de manera pareja y constante. Ante esta situación, la mujer recurrió al Poder Judicial mediante una acción de daño temido, ya que el riesgo resulta real y urgente: el techo puede desplomarse y las paredes pueden electrificarse.
El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda y ordenó a las propietarias de los pisos superiores reparar el caño maestro y eliminar las filtraciones. La sentencia establece que, si las obras no se ejecutan, la mujer podrá realizarlas por su cuenta, con cargo a las vecinas del nivel superior.
Un informe técnico advirtió la existencia de riesgos graves. El agua puede tomar contacto con cables o cajas eléctricas, lo que provoca electrificación de las paredes y descargas peligrosas. Además, la humedad favorece el crecimiento de moho, que causa enfermedades respiratorias.
Se estableció que el origen del problema se encuentra en el caño maestro del edificio. Por su antigüedad, el hierro galvanizado presenta oxidación y roturas.
La jueza consideró que el caso reúne todos los requisitos de una acción preventiva. La normativa autoriza a los jueces a adoptar medidas inmediatas cuando existe un riesgo grave e inminente para las personas o los bienes.
El Tribunal entendió que los propietarios de las unidades funcionales están alcanzados por el deber de prevención de daños, dado que son cotitulares de las partes comunes del edificio. Por ese motivo, deben permitir el ingreso a sus viviendas para llevar adelante las reparaciones necesarias.
En cuanto al consorcio, aunque no fue demandado de manera directa, la jueza resolvió que debía colaborar mediante la entrega de los planos del edificio, en función de las amplias facultades judiciales propias de las acciones preventivas. En consecuencia, rechazó de forma parcial la excepción de falta de legitimación planteada.
El fallo ordena al consorcio entregar los planos del edificio para asegurar la correcta ejecución de las obras. A su vez, la vecina afectada debe permitir el acceso a su vivienda con el fin de facilitar las tareas de reparación.
Judiciales
Confirman sentencia contra administradora de plan de ahorro por no dar información clara y precisa
El consumidor reclamó tras recibir una cuota 84 con un valor elevado y sin explicación.
Un fallo de segunda instancia confirmó una sentencia que había condenado, de manera solidaria, a una administradora de planes de ahorro y a una terminal automotriz, por incumplimientos al deber de información hacia un consumidor de Viedma.
El caso se originó a partir del reclamo de un hombre que había suscripto un plan de ahorro a 7 años y que, al llegar a la cuota final número 84, recibió un monto considerablemente más alto de lo esperado, sin una explicación clara ni detallada sobre su conformación.
En primera instancia, el juez tuvo por acreditado que existía un saldo deudor, pero consideró que la administradora no logró explicar de manera razonada cómo se había arribado a ese monto. En el análisis también se tuvo en cuenta la aplicación de una medida cautelar dictada en el marco de un amparo colectivo, que luego fue revocada, sin que ello fuera debidamente informado al consumidor.
El Juzgado entendió que la empresa incumplió el deber de información, al no brindar precisiones sobre la composición del valor móvil, los rubros incluidos en los cupones de pago ni el impacto de la medida cautelar en la cuota final. Esa conducta fue considerada un incumplimiento relevante dentro de una relación de consumo, por lo que se ordenó el pago de una indemnización por daño moral y la aplicación de un daño punitivo.
Al analizar el recurso, la Cámara confirmó el fallo y sostuvo que no resultaba suficiente consignar el valor móvil en los cupones, sino que era exigible una conducta activa y transparente por parte de la administradora, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial.
Judiciales
Responsabilizan a la dueña de un perro por un ataque en la vía pública: La víctima sufrió lesiones estéticas permanente
Las marcas quedaron visibles y a eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada.
Una mujer sufrió lesiones de consideración y secuelas estéticas permanentes tras el ataque de un perro en plena vía pública. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando caminaba hacia su trabajo y, al pasar frente a una vivienda, el animal se lanzó sobre ella sin advertencia previa. La mordió reiteradamente en un brazo y recién se separó tras varios intentos. El episodio ocurrió en Bariloche y un fallo civil condenó a la dueña del can a pagar una suma millonaria.
El ataque no fue un hecho menor ni aislado en sus consecuencias. La mujer recibió atención médica de urgencia y continuó con tratamientos posteriores por las lesiones provocadas por la mordedura. Las marcas quedaron visibles y permanentes. A eso se sumó el impacto emocional propio de una agresión inesperada en un espacio que, por definición, debería ser seguro: la vereda de una calle residencial.
Durante el juicio, el juez civil interviniente dio por acreditado que el ataque ocurrió sin provocación alguna por parte de la víctima y que el perro se encontraba bajo la guarda de su propietaria. Para reconstruir lo sucedido, el magistrado valoró actas policiales, registros de sanidad animal, documentación médica, fotografías y testimonios producidos en el expediente. Ese conjunto probatorio permitió descartar cualquier versión alternativa de los hechos.
El fallo se apoyó en un principio jurídico central: los daños causados por animales se rigen por el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el Código Civil y Comercial. Bajo este sistema, no resulta necesario demostrar negligencia, descuido o intención. El dueño responde por el solo hecho de tener al animal bajo su control. La ley solo admite la eximición de responsabilidad si se prueba culpa de la víctima, intervención de un tercero ajeno o un hecho imprevisible e inevitable. Ninguna de esas circunstancias fue acreditada en el caso.
La sentencia fijó una suma superior a los 6 millones y medio de pesos. El monto reconoció, en primer lugar, el daño estético derivado de la cicatriz que dejó la mordedura, considerada una alteración permanente de la apariencia física. El juez entendió que esa secuela debía ser reparada de manera autónoma, aun cuando no afectara de forma directa la capacidad laboral de la mujer.
También se reconoció el daño moral. El fallo destacó el carácter traumático del ataque, el miedo experimentado, la alteración de la tranquilidad personal y las limitaciones que el hecho impuso en la vida cotidiana de la víctima. La agresión, ocurrida de manera súbita y violenta, fue considerada suficiente para justificar una reparación económica relevante por la afectación espiritual sufrida. Además, se admitieron gastos médicos posteriores al episodio, vinculados a curaciones, medicamentos y atenciones necesarias como consecuencia directa del ataque.
El tribunal rechazó, en cambio, el reclamo por daño psicológico permanente. Un informe pericial concluyó que la mujer no presenta una patología psíquica ni una incapacidad duradera, sino reacciones esperables frente a un evento violento. Si bien se reconoció la existencia de angustia y conductas de evitación, estas no alcanzaron el umbral de una afección psicológica indemnizable como incapacidad. La sentencia no está firme porque puede ser apelada.
