Judiciales
A un mes de salir de la cárcel, habría abusado de su esposa dentro del Penal
El hecho ocurrió el pasado 18 de agosto en el marco de una visita íntima.
La fiscal titular de delitos contra la integridad sexual, Belén Calarco, y la adjunta Ana Hernando, formularon cargos a un hombre que se encuentra detenido en el Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de Roca por el delito de “amenazas calificadas por el uso de arma en concurso real con abuso sexual con acceso carnal” por un hecho que sucedió dentro de la cárcel.
Según la acusación fiscal «el 18 de agosto pasado, a las 13.30 aproximadamente, en el Penal N° 2, el imputado, quien se encuentra allí detenido, estaba junto a su esposa compartiendo la visita íntima. En ese momento se generó una discusión y el hombre habría sacado un cuchillo tipo Tramontina, agarró del cuello a la mujer y la amenazó de muerte. Seguidamente abusó de ella sexualmente».
Entre el sustento probatorio mencionado por las representantes del Ministerio Público Fiscal se encuentra la denuncia penal de la víctima, el informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) respecto de la evaluación de riesgo de violencia de género, las copias del registro de visitas y parte de novedades de la guardia del Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de la fecha mencionada.
«El señor obtendría su libertad la semana que viene, el 25 de septiembre, por ello sostenemos la necesidad de solicitar como medida cautelar la prisión preventiva por tres meses atento a que existe sustento material, es decir que el hecho ocurrió, además la prueba es suficiente y para ello tenemos presente el relato realizado por la víctima como el análisis que hizo la OFAVI del mismo», explicó Calarco.
«En caso de que recupere su libertad estaría presente el peligro procesal de entorpecimiento de la investigación, ya que el delito que se le imputa es grave, con una pena que en principio no sería condicional, sino que tiene un mínimo de 8 años y un máximo de 20 de prisión. Además el imputado cuenta con antecedentes penales. El hecho se llevó a cabo dentro de un establecimiento de ejecución penal, hizo caso omiso a las reglas, y esto no lo intimidó, además todo ocurrió en una visita íntima, sin testigos, y se habría concretado con un arma blanda, intimidando y logrando someter sexualmente a la víctima», detalló la fiscal.
Cabe mencionar que la víctima el pasado 12 de septiembre realizó una denuncia de Ley N° 3040 en la ciudad de Cipolletti donde ella reside, «ya que se siente muy atemorizada respecto de la posibilidad de que el hombre recupere la libertad», dijo Calarco.
La defensora penal pública Mariana Serra asistió al imputado e insistió en que la prisión preventiva debe ser la última ratio, por ello ofreció que el hombre constituya domicilio en la casa de un conocido, y que se le imponga, como fue mencionado por la fiscal, la medida cautelar subsidiaria de prohibición de acercamiento y de todo acto de hostigamiento hacia la mujer y todo su grupo familiar por el período que dure la etapa de investigación, fijado en 3 meses.
Finalmente, la jueza de garantías Margarita Carrasco entendió que luego de que el hombre agote su condena por robo la próxima semana, fije domicilio, y se presente semanalmente en la Oficina Judicial de esta ciudad para mantenerse a derecho.
Judiciales
Enfrentan penas de prisión efectiva por un intento de robo en una vivienda
La banda utilizó una camioneta robada y con patente adulterada.
El Ministerio Público Fiscal pidió que los tres hombres ya declarados responsables penales como autores de tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años, cumplan penas que van de los 5 años y medio hasta los 7 años de prisión efectiva.
El hecho que resultó probado fue el ocurrido en octubre de 2024 en General Roca, cuando forzaron el portón de ingreso de una vivienda y no lograron apoderarse de ningún elemento debido a la intervención de personal policial.
Los tres imputados llegan a esta etapa del juicio de cesura cumpliendo prisión preventiva en el marco de este y otro legajo que investiga una presunta asociación ilícita.
Concretamente, en la audiencia de hoy (11/05), la Fiscalía mencionó como prueba que los tres cuentan con antecedentes penales computables por delitos cometidos contra la propiedad y que continúan siendo investigados por hechos similares.
Es así que para uno de ellos solicitó la pena de 5 años y 6 meses de prisión, para otro la misma cantidad de tiempo y que se le revoque la condicionalidad de otra condena, y para el último, una pena unificada de 9 años comprensiva de la que le corresponde en este legajo fiscal, que es de 7 años.
«Los hombres concretaron este hecho haciendo una vigilancia previa de la casa de la víctima y de su familia, es decir haber premeditado su accionar, además utilizaron una camioneta sustraída en Neuquén y que le adulteraron su chapa patente», detalló la fiscal.
Luego, dos de los imputados, asistidos por sus defensores particulares hicieron uso de la palabra, y tras esto, los tres abogados solicitaron la misma pena, es decir, dos años y seis meses.
El Tribunal Colegiado interviniente dará a conocer su sentencia el próximo lunes 18 de mayo a las 12.00.
Judiciales
Autorizan a una mujer a donar un riñón a su amigo, que lleva 12 años en diálisis y espera un trasplante
La ley exige autorización judicial cuando el donante no tiene vínculo familiar ni convivencial con el receptor.
Se conocieron hace más de 10 años y forjaron una profunda amistad. Se acompañaron en momentos de crisis y construyeron un vínculo con rasgos de familiaridad que se sostuvo en el tiempo. Él ya convivía con un diagnóstico que con los años derivó en una insuficiencia renal terminal y en una vida atada a la diálisis. Su estado es grave y desde hace tiempo espera un donante. En ese contexto, ella tomó una decisión fuerte: ofrecerle uno de sus riñones.
Pero su voluntad no es suficiente: los estudios debían confirmar compatibilidad, los equipos médicos debían validar la intervención y, además, la ley imponía un límite: sin vínculo familiar, el trasplante requería autorización judicial. Con todos los informes a favor, el caso llegó al fuero de Familia de Bariloche. La jueza analizó las pericias médicas, psicológicas y sociales, evaluó el vínculo entre ambos y autorizó la donación.
El planteo se presentó como una medida autosatisfactiva, una vía excepcional que permite obtener una respuesta urgente cuando no hay otra alternativa eficaz. El objetivo fue concreto: remover el obstáculo legal que impide, en principio, la donación entre personas sin parentesco. La ley de trasplantes limita estos casos a vínculos familiares o convivenciales, con la intención de evitar cualquier forma de comercialización de órganos. Fuera de ese esquema, la intervención judicial resulta indispensable.
En ese marco, también intervinieron organismos especializados. El INCUCAI señaló que los trasplantes con donante vivo sin vínculo familiar solo pueden realizarse de manera excepcional y con autorización judicial, y remarcó la necesidad de garantizar la voluntariedad, el carácter altruista y la gratuidad de la donación. En la misma línea, CUCAI Río Negro avaló esos criterios y destacó que el procedimiento debe cumplir con todos los requisitos médicos y legales vigentes.
Para resolver, la Unidad Procesal de Familia reunió una batería de pruebas. Los estudios médicos confirmaron que existía compatibilidad y que el trasplante representaba la mejor alternativa terapéutica. También se determinó que el receptor no presentaba contraindicaciones para atravesar la intervención.
Las evaluaciones psicológicas indicaron que ambos comprenden el alcance del procedimiento, sus riesgos y sus implicancias. En el caso de la donante, se destacó la capacidad de decidir con autonomía, con un nivel de madurez adecuado y sin interferencias externas. Los informes descartaron la presencia de presiones o condicionamientos que pudieran afectar su voluntad.
Las pericias sociales reforzaron ese cuadro. Describieron una relación previa, estable y verificable, con cercanía y participación compartida en distintos momentos de sus vidas. También señalaron la inexistencia de intereses económicos o beneficios indirectos, un punto central en este tipo de procesos.
Durante la audiencia, la mujer ratificó su decisión y explicó sus motivos. Expuso que su única intención era mejorar la calidad de vida de su amigo. La jueza dejó constancia de que podía revocar su consentimiento en cualquier momento antes de la cirugía, sin consecuencias.
Con ese conjunto de elementos, la magistrada concluyó que se trataba de un caso excepcional en el que correspondía apartarse de la restricción legal. La autorización habilita la donación, aunque el procedimiento queda sujeto al cumplimiento de todos los requisitos médicos, controles y condiciones establecidos por la normativa vigente.
Judiciales
El Ministerio de Salud pidió que el anestesiólogo condenado no vuelva a trabajar en hospitales públicos de la provincia
La medida se conoció tras las protestas de familiares de Valentín y el apartamiento de Atencio Krause dispuesto por la dirección del nosocomio roquense.
El Ministerio de Salud de Río Negro solicitó formalmente a la Asociación Rionegrina de Anestesia, Analgesia y Reanimación que se abstenga de asignar al médico Mauricio Javier Atencio Krause para prestar servicios en hospitales públicos de la provincia.
La decisión se conoció este viernes (08/05) y se da luego de la fuerte repercusión social generada por la presencia del anestesiólogo en el Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde había retomado guardias pese a haber sido condenado en primera instancia por la muerte de Valentín, ocurrida en julio de 2024.
Desde la cartera sanitaria explicaron que la medida busca «resguardar el adecuado funcionamiento institucional» de los hospitales públicos y preservar un ámbito de «tranquilidad, confianza y contención» tanto para pacientes como para trabajadores del sistema de salud.
El pedido se fundamenta en el impacto público y social que provocó el caso. Según se indicó oficialmente, la eventual presencia de Atencio Krause en efectores públicos podría afectar el normal desarrollo de las actividades asistenciales y generar malestar tanto en la comunidad como en el personal sanitario.
No obstante, el Ministerio aclaró que la resolución «no implica un pronunciamiento sobre la capacidad técnico-profesional» del anestesiólogo ni sobre sus responsabilidades penales o civiles, cuestiones que continúan bajo análisis de la Justicia.
La polémica se intensificó en las últimas horas luego de que familiares y vecinos realizaran un escrache frente al Hospital López Lima al conocerse que el profesional había retomado funciones en quirófano. Además, la directora del nosocomio, Susana Marezi, confirmó públicamente que ordenó apartarlo del establecimiento por una cuestión «estrictamente ética».
Atencio Krause fue condenado por homicidio culposo e inhabilitado para ejercer la medicina por 7 años y 6 meses. Sin embargo, como la sentencia aún no está firme y continúa en instancia de revisión judicial, legalmente no tenía impedimentos para continuar trabajando.
