La intendenta María Emilia Soria participó como panelista de la Conferencia Internacional de las Cooperativas en la Sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, invitada por las Cooperativas de las Américas, en el marco del año internacional de las Cooperativas, declarado por Naciones Unidas.

En el evento, donde se expusieron diferentes experiencias, aprendizajes y desafíos del cooperativismo a nivel nacional e internacional, participaron importantes referentes del cooperativismo compartiendo su visión sobre los desafíos y oportunidades del modelo asociativos.

En representación de la Red de Municipios Cooperativos de Cooperar -de la cual General Roca forma parte-, Soria intervino como oradora en el Panel Cooperativas e iniciativas de articulación productiva territorial para el desarrollo de bienes y servicios de inclusión e interés colectivo, donde también participaron Marco Dini, oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de CEPAL; y Tiago Luiz Schmidt, presidente de Sicredi Pioneira, de Brasil.

En este marco, la intendenta roquense presentó diversas experiencias cooperativistas que se desarrollan en la ciudad, focalizando sobre los casos de La Primera Cooperativa Frutícola; la Cooperativa de Transporte 1° de Septiembre; la Cooperativa Le Jardinere de Productos Agroecológicos; y la Cooperativa de Recicladores General Roca.

El evento fue inaugurado por José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario Ejecutivo de la CEPAL; Nicolás Grau Veloso, ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile; y Jose Alves de Souza, presidente de Cooperativas de las Américas.

La invitación -que cubrió la totalidad de los gastos-, fue realizada por Cooperativas de las Américas (PCAF), Oficina Regional de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para el continente americano. Su objetivo principal es promover el modelo cooperativo en las Américas, apoyando a las cooperativas en la difusión y defensa de la identidad cooperativa, la promoción de negocios y el desarrollo de recursos humanos.

El ex intendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni, fue hallado responsable del delito de administración fraudulenta y uso de documento ideológicamente falso. El tribunal tuvo por acreditado que utilizó una declaración jurada adulterada para destrabar el último desembolso de un plan nacional de viviendas.

El proyecto solo alcanzó a construir 6 de las 12 unidades previstas. El resto de las personas imputadas -tres presidentes de cooperativas y una intermediaria- fueron absueltas. La absolución se fundamentó en la falta de pruebas, en decisiones del Ministerio Público Fiscal o en violaciones al principio de congruencia.

Ayer (12/05) se conoció el veredicto en la causa vinculada al plan de viviendas ACU994, implementado en Fernández Oro entre 2014 y 2015. El tribunal analizó si existió una maniobra para obtener fondos nacionales sin que se cumplieran las condiciones establecidas en el convenio firmado entre el municipio y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.

El acuerdo preveía construir 12 viviendas en 6 meses, con fondos que serían liberados en cuatro etapas contra certificaciones de obra. Reggioni gestionó tres de los cuatro desembolsos, es decir, el 75% del financiamiento total. En su declaración jurada, afirmó haber ejecutado ese 75%, lo que equivaldría a haber construido 9 viviendas. Sin embargo, durante el juicio se acreditó que solo se construyeron 6 viviendas, sumando tanto las completadas como las parcialmente ejecutadas. Esto representa apenas el 50% del total comprometido.

A pesar de ello, se presentó una rendición de cuentas que informaba un avance físico del 75%, lo que permitió que Nación aprobara el cuarto y último desembolso. Para ello, se utilizó una declaración jurada suscripta en agosto de 2015 que no contaba con la firma del maestro mayor de obras que había intervenido en las certificaciones anteriores. Esa omisión, unida al porcentaje irreal de avance informado, constituyó el núcleo de la maniobra observada por el tribunal, según la prueba presentada en el juicio.

Este fue el único punto que justificó la declaración de culpabilidad: se descartó que Reggioni hubiera falsificado documentos materiales o que se hubiera apropiado del dinero en beneficio propio. La resolución judicial lo encontró responsable del delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública y del uso de documento ideológicamente falso. Determinó que violó los deberes emergentes del convenio, al permitir que se presentara una certificación que no reflejaba el estado real de las obras.

En cuanto al resto de las personas imputadas, el tribunal dictó la absolución de todos ellos.

Fabio Huenchunao, presidente de una de las cooperativas, fue absuelto a pedido del fiscal jefe, quien consideró que había actuado como un instrumento de Reggioni sin conocimiento suficiente ni capacidad real de decisión. Los jueces y la jueza que intervinieron señalaron que, al haberse retirado la acusación en su contra, no existía jurisdicción para emitir una sentencia condenatoria.

A partir de ese criterio, también fueron absueltos Diego Quintero y Luis Méndez, presidentes de otras dos cooperativas. Se indicó que las pruebas no evidenciaban diferencias sustanciales en sus conductas respecto a Huenchunao, y que no se había probado una responsabilidad penal concreta. Además, el tribunal consideró arbitrario mantener la acusación contra ellos sin argumentación suficiente.

Por su parte, Carina Marín, quien operó como nexo informal entre el municipio y las cooperativas, también fue absuelta. El veredicto consideró que la acusación fue modificada sustancialmente al final del juicio, sin respetar el principio de congruencia procesal ni permitirle ejercer una defensa efectiva. Se señaló que no existió evidencia concreta que respaldara ni la acusación inicial ni la reformulación posterior.

La resolución descartó que Reggioni se hubiera apropiado del dinero para fines personales y también desestimó que el perjuicio económico derivado del cuarto desembolso pudiera atribuírsele, ya que su ejecución correspondía a la gestión municipal siguiente. En ese sentido, el veredicto advirtió que el cuarto desembolso se concretó en marzo de 2016, ya fuera del mandato de Reggioni, y que su trazabilidad fue dificultada por la mezcla de fondos con otros planes nacionales, como “Techo Digno”. También se consignó que la investigación no siguió la ruta del dinero.

Ante esta situación, se remarcó que la falta de documentación, el desorden administrativo y las inconsistencias en los archivos del municipio deberán ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal.

La causa continuará en una segunda etapa, según lo prevé el Código Procesal Penal rionegrino, enfocada exclusivamente en la aplicación de la pena respecto del ex intendente Reggioni.

A raíz de los hechos de corrupción conocidos en distintas delegaciones de PAMI, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) protestará en todas las oficinas del país y exige una audiencia inmediata con las autoridades del organismo para que den explicaciones ante los trabajadores.

«La obra social que fue modelo para toda Latinoamérica se llenó de corruptos. La están destruyendo y hoy corre riesgo de desaparecer. Se están robando la plata de los jubilados. A pesar de que el instituto tiene recaudaciones mensuales multimillonarias, hoy ya casi no brinda ninguna prestación», denunció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

El sindicato exige una inmediata audiencia con las autoridades del organismo que dirige Esteban Leguizamo a los efectos de que se brinden explicaciones sobre las denuncias públicas y judiciales por sobreprecios, cobro indebido a los afiliados, el desvío de fondos a las cajas de La Libertad Avanza y de dirigentes partidarios, entre otras graves irregularidades certificadas por el sindicato.

En este sentido, Aguiar, quien es trabajador de PAMI, agregó que «mientras existen sobreprecios, licitaciones sospechosas y sobornos, a millones de jubilados se les niegan los servicios y los trabajadores no tienen paritarias».

El miércoles (14/05) a partir de las 10 habrá un cese de tareas en todas las delegaciones del organismo y se realizarán asambleas y radios abiertas. ATE también exige que se convoque de manera urgente a las paritarias ante la situación de los trabajadores cuyos salarios se encuentran congelados hace más de 7 meses.

«Esta medida tiene que ser la primera de muchas. Debemos llevar adelante un plan de lucha que tenga como principal objetivo la defensa incondicional de la obra social. Los jubilados tienen derecho de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud luego de haber aportado durante toda su vida. El PAMI tiene que ser normalizado, debe cesar la corrupción y tiene que dejar de ser utilizado como una caja negra para la política», concluyó el dirigente estatal.

PAMI es la obra social más grande de América Latina con más de 5 millones de afiliados y cuenta con el tercer presupuesto más grande de todo el país, por detrás de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.