Río Negro
Río Negro tendrá su tarjeta de compras provincial
Conocé todos los detalles de esta nueva iniciativa que fue aprobada esta mañana en la Legislatura.
La Legislatura de Río Negro sancionó hoy (1/11) la autorización para que el Poder Ejecutivo cree la sociedad anónima unipersonal “Río Negro Compras” para que administre una tarjeta de compra y/o crédito para los empleados de la administración pública provincial.
Estará destinada también a los empleados de los entes autárquicos, de los municipios que se adhieran, y a los trabajadores pasivos provinciales y beneficiarios de planes sociales otorgados por la provincia. Esta creación, que fue aprobada por la mayoría del recinto legislativo, se enmarca en la ley General de Sociedades (19550), y la provincia tendrá el 100 por ciento del capital social.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y estará a cargo de todas las acciones que requieran la creación de “Río Negro Compras”.
El legislador Alfredo Martín (JSRN) expresó que para poner en marcha esta tarjeta se requerirá de una pequeña estructura administrativa y licitar un sistema informático que ya esté probado. Afirmó que se pretende que esta iniciativa sume al desarrollo social y económico local y se convierta en una herramienta facilitadora de servicios.
Manifestó que “es una manera de facilitar al Estado provincial herramientas hábiles que le permitan participar en el mercado de tarjetas de compras y/o créditos mediante un sistema propio, como manera de garantizar a los empleados el acceso al crédito en condiciones que puedan romper con el sistema de créditos de financieras de cualquier tipo, que cobran una tasa muy superior a las del mercado y que son imposibles de soportar”. En este sentido, señaló que existen en la provincia trabajadores con sus “salarios tomados”, que deben tomar préstamos para sobrevivir.
El legislador manifestó que para que no queden dudas sobre cómo va a funcionar, en su artículo sexto la norma agrega que, en forma semestral, la Sindicatura de Río Negro Compras S.A. elevará un informe al Ministerio de Economía y a la Legislatura sobre la gestión de la empresa y los resultados obtenidos.
El bloque del Frente para la Victoria, Fuerza Nacional y Popular y CFK Argentina, votaron en contra del proyecto porque coincidieron en que la iniciativa carece de especificaciones técnicas, como estatuto, plan de negocios, y porque no se dio tiempo al debate y consulta a los diferentes sectores involucrados, como sindicatos o comerciantes.
En este sentido, el legislador Mario Sabatella (FNyP) afirmó que “quizás el objetivo es noble, pero se hizo a las apuradas”. Asimismo, señaló que la ley “tiene lagunas, vacíos, y se deja todo librado a su reglamentación”.
Raúl Martínez (FPV) afirmó que esta S.A. “está condenada al fracaso porque viene a cumplir el mismo rol que tienen las mutuales y los sindicatos”.
Alejandro Ramos Mejía (FPV) afirmó que la mejor manera de ayudar a los trabajadores es a través de sus haberes “y no con una tarjeta más, con más deuda, más intereses, más costo financiero”.
Ricardo Arroyo (CFK Argentina) consideró que esta tarjeta “crea una ilusión” y en vez de considerar a los individuos como “sujetos de derechos” los considera “objetos de asistencia”.
Por su parte, el legislador Alejandro Marinao (FPV) señaló que la solución es ponerle un tope a los códigos de descuentos y que si hay financieras que están haciendo usura, hay que sacarles ese permiso.
En sentido contrario, el legislador Jorge Ocampos (CC-ARI-Cambiemos) adelantó su acompañamiento al proyecto “porque entendemos que no va a tener un fin diferente al que anuncian, es decir, que va a ser una tarjeta que va a manejar el Estado provincial con la transparencia que requiere la estructura de la provincia.”
De la misma forma, la legisladora Soraya Yauhar (UCR) avaló la medida “porque genera un apoyo al trabajador, al que menos tiene, que con este sistema podrá acceder al financiamiento” y se manifestó en contra de la mirada crítica de un sector de la Legislatura que quiere llevar todo a un debate de poca calidad técnica.
El presidente de la bancada oficialista, Alejandro Palmieri, afirmó que hoy se está creando una herramienta simple que es un beneficio más que el Estado le está dando a sus empleados. Consideró que no es negativo competir con las mutuales por un beneficio más para los empleados y que la tarjeta no es obligatoria.
Manifestó además que es incoherente que “los legisladores que son estatistas por naturaleza y que critican al neoliberalismo, hoy estén en contra de que el Estado intervenga para darle una alternativa favorable a los trabajadores”.
Judiciales
Prestó servicios para la Liga Deportiva Confluencia y tuvo que reclamar judicialmente para cobrar sus honorarios
Según indicó en su presentación judicial, la Liga no cumplía en tiempo y forma, y ella debía insistir cada mes para cobrar.
Una profesional del derecho prestó servicios como presidenta del Tribunal de Disciplina de la Liga Deportiva Confluencia entre junio de 2024 y mayo de 2025. A lo largo de ese período, envió facturas mensuales a través de mensajes a la secretaria de la entidad, quien las recibía y tramitaba su pago. Según indicó en su presentación judicial, la Liga no cumplía en tiempo y forma, y ella debía insistir cada mes para cobrar.
En abril de 2025, luego de encontrar a una persona que podía asumir sus funciones, emitió la factura correspondiente al último mes de trabajo. En esa ocasión, la Liga no respondió al envío de la documentación ni concretó el pago. La profesional afirmó que envió la factura al presidente y a la secretaria, que volvió a contactarse en varias oportunidades durante mayo y que, tras no obtener ninguna respuesta concreta, decidió renunciar.
El 21 de mayo presentó una carta de renuncia. También señaló que mantuvo un intercambio de mensajes de voz con el presidente de la entidad y que, pese a haberse notificado, la Liga no asistió a la instancia de mediación. En esa etapa, la secretaria pidió datos bancarios para transferir el pago, pero no se realizó ninguna operación. Por ese motivo, decidió iniciar un reclamo judicial por los servicios no abonados. Lo hizo ante el juzgado de Paz de Cipolletti a través del proceso de menor cuantía.
La audiencia prevista por el Código Procesal se realizó el 3 de noviembre. Solo asistió la profesional que presentó la demanda. La Liga no contestó la demanda ni se presentó en el expediente, por lo que el juzgado aplicó lo establecido en el artículo 700, que permite avanzar con el proceso y tener por reconocidos los hechos lícitos alegados por la parte actora.
El fallo consideró que la relación entre las partes se encuadró en una locación de servicios profesionales. Señaló que, si bien no existió un contrato escrito, la prestación se concretó de forma continua y bajo la modalidad descripta en la causa. Según el análisis del expediente, la profesional fijó el precio de su trabajo, emitió la factura el 30 de abril de 2025 y envió sus datos bancarios para que se realizara la transferencia.
El juzgado valoró que la factura no fue observada ni cuestionada dentro del plazo legal. En ese sentido, citó el artículo 1145 del Código Civil y Comercial, que presume su aceptación cuando no existen objeciones en los diez días posteriores a la recepción.
La jueza de Paz de Cipolletti admitió el rubro correspondiente al daño emergente, que incluyó el capital de la factura más los intereses por mora desde el 10 de mayo de 2025 hasta la fecha de la resolución. Rechazó, en cambio, los intereses punitorios por falta de acuerdo entre las partes y no admitió el reintegro de gastos de mediación debido a que no se acreditaron.
El fallo dispuso que el monto reconocido deberá ser abonado mediante depósito judicial y estableció que, en caso de persistir el incumplimiento, se deberán calcular intereses conforme a la doctrina legal obligatoria del Superior Tribunal de Justicia.
Río Negro
Río Negro avanza en una Red Federal para controlar a deudores alimentarios
Referentes del Registro Civil participaron en Buenos Aires del primer encuentro que busca articular acciones entre las provincias para mejorar la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Representantes del Registro Civil de Río Negro participaron en Buenos Aires del Primer Encuentro Federal de Cooperación Interjurisdiccional, una instancia que busca impulsar la creación de una Red Federal de Registros de Deudores Alimentarios Morosos. La iniciativa, que ya cuenta con la adhesión de 16 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, apunta a mejorar la respuesta estatal frente al incumplimiento del deber alimentario.
El nuevo espacio estará conformado por autoridades y equipos técnicos de las jurisdicciones participantes, con el objetivo de establecer una coordinación permanente entre los registros provinciales. La intención es ordenar la información existente, compartir experiencias y avanzar en la adopción de criterios técnicos comunes que permitan una aplicación más eficaz de las medidas vigentes.
La articulación federal también prevé el desarrollo de herramientas que fortalezcan el sistema de protección alimentaria, garantizando que se cumplan los derechos de niñas, niños y adolescentes afectados por deudas alimentarias.
Desde el Gobierno rionegrino destacaron que la provincia asumirá un rol activo en la Red, trabajando para la sostenibilidad del sistema y para agilizar los mecanismos de control y sanción frente a situaciones de incumplimiento.
Río Negro
Weretilneck anunció que el aumento del Impuesto Automotor e Inmobiliario será menor a la inflación
El Gobierno provincial fijó un tope del 25% para los tributos 2026 y mantendrá beneficios a contribuyentes cumplidores y sectores productivos.
El proyecto de Ley Impositiva 2026 enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura incorpora una actualización de los impuestos Automotor e Inmobiliario que se ubicará 6% por debajo de la inflación. «Es señal del compromiso provincial con las familias, empresas, comercios, productores y pymes rionegrinas, en un contexto de aumentos generalizados», indicó el mandatario.
En este sentido, tanto en Automotor como en Inmobiliario se aplica un tope máximo de aumento del 25% respecto del tributo anual determinado para 2025, lo que representa una actualización menor a la inflación anual.
El esquema mantiene los incentivos al cumplimiento tributario: quienes opten por el Pago Anual tendrán un 20% de descuento para quienes no posean deuda al 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Patagonia.
Mientras que quienes abonen mensualmente accederán a un 5% de bonificación por buen cumplimiento. A su vez, quienes elijan adherir al débito automático en cuenta bancaria, accederán a un 10% adicional de descuento de bonificación, reduciendo de manera significativa el monto final del tributo.
El proyecto también sostiene los beneficios para la actividad económica. Continúa la exención en Ingresos Brutos y Sellos para la compra y el patentamiento de vehículos destinados al trabajo y la producción, como camiones, acoplados, camionetas, taxis o unidades para alquiler, con el objetivo de acompañar la inversión y la renovación de flotas en toda la provincia.
Asimismo, se garantiza la continuidad de las exenciones en Automotor e Inmobiliario para jubilados y familias que conviven con una discapacidad, manteniendo un criterio de protección y acompañamiento a los sectores más sensibles.
