Río Negro
En 10 días estará listo el nuevo transformador que ampliará la capacidad eléctrica en Roca
El transformador de potencia de 60 MVA está en el tramo final de construcción. Llegará a la Provincia antes de fin de mes.
La solución para el abastecimiento eléctrico de Roca y Cervantes está próxima a concretarse. La empresa que construye el transformador de potencia de 60 MVA que compró la Provincia adelantó que el artefacto entrará en la fase de ensayos, previo a su envío a la región.
El artefacto se instalará en la Estación Transformadora General Roca y servirá para aumentar en un 50% la capacidad de transformación de la planta eléctrica, llevando su disponibilidad de potencia de los actuales 60 a 90 MVA. Es construido en Córdoba por la empresa Tubos Trans Electric SA y demandó una inversión superior al millón de dólares.
La adquisición del transformador, que por sus dimensiones será el primero en su tipo en Río Negro, es una de las medidas dispuestas por el Estado Provincial para mejorar las condiciones y ampliar la capacidad del sistema eléctrico del Alto Valle.
Se trata de una inversión realizada por el gobierno de Río Negro licitada por la transportista estatal Transcomahue, desde donde también se encargarán de la puesta en servicio del aparato.
El transformador reemplazará uno de los actuales, construido hace 23 años por la misma compañía cordobesa que fue adjudicada en esta licitación, y que funciona sin inconvenientes desde su instalación.
Desde la compañía informaron a la Provincia que la semana que viene se realizarán los ensayos finales para ajustar algunos aspectos técnicos antes del despacho del transformador hacia Río Negro.
El arribo del transformador durante el transcurso del mes permite cumplir con el objetivo del Gobierno Provincial de poner en servicio el artefacto antes del inicio de la próxima temporada estival, y así evitar los inconvenientes producidos por el aumento de la demanda como consecuencia de la actividad frutícola y las altas temperaturas.
Otras inversiones para ampliar la capacidad de la ET Roca
En paralelo, la Provincia efectuó una serie de obras que complementan la adquisición del transformador para mejorar el servicio en General Roca y Cervantes.
A comienzos de este año el gobernador Alberto Weretilneck inauguró una de las inversiones más grandes del Estado Provincial ha hecho en esta Estación Transformadora, desde la transferencia a Río Negro de las instalaciones. Se trata del nuevo centro de distribución en 13,2 kV, que insumió un desembolso superior a los $30.000.000 y ya se encuentra operativo.
Además, a través de Transcomahue se invirtieron 500.000 dólares en la reconversión del puesto de maniobras Termoroca, ubicado junto a la central térmica Roca, que funciona en las afueras de la localidad. Ello permitirá que el espacio funcione como una Estación Transformadora, con un transformador de potencia de 15 MVA. , para alimentar desde la barda norte los requerimientos industriales y parte de la demanda de la ciudad.
Finalmente, la Estación Transformadora General Roca se verá beneficiada por una inversión de $8.000.000 en el sistema de comunicaciones que se está ejecutando con un tendido de fibra óptica que irá desde Cipolletti hasta General Roca, pasando por la nueva planta eléctrica de Allen.
Se trata de un cableado de fibra óptica de 27 kms que, según explicaron desde la transportista, es fundamental para el funcionamiento de las protecciones de última generación instaladas en las líneas de transporte, que deben tener un vínculo firme y eficaz que permita su interacción, especialmente en casos de contingencias o reenganches automáticos de equipos de maniobra.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
