Río Negro
Crearon el programa para la construcción y mejora de la vivienda docente
Fue sancionado por la Legislatura.
La Legislatura rionegrina sancionó hoy (26/04) la creación del Programa Provincial de infraestructura para la Vivienda del Personal Docente Rionegrino, que tiene como fin garantizar el acceso de los trabajadores a una vivienda digna.
Esta ley crea a su vez el Consejo para la Vivienda Docente, que será el órgano que coordinará el diseño del Programa con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia.
Este órgano estará integrado por un representante del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, un representante del Ministerio de Economía, cuatro representantes por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro (UNTER), un representante del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro (IPPV), y un representante del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
La legisladora Roxana Fernández (JSRN) explicó que se trata de un tema sensible y que el sector docente tiene mucha historia de demanda en la Provincia. Señaló que es un trabajo “digno de reconocer” por la tarea conjunta que llevaron adelante Unter y Educación, que inclusive en mesa de paritarias fueron dando forma a este proyecto.
Explicó que este sindicato, a lo largo de sus más de 40 años de historia, fue adquiriendo tierras en la mayoría de las ciudades de la Provincia y que este es el antecedente fundamental para validar la propuesta.
Esta norma crea también el Fondo Específico de Infraestructura para la Vivienda del docente rionegrino, que se integrará por un contribución mensual de la Provincia equivalente al 0,5% de la masa salarial correspondiente a la totalidad de agentes dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, que se encuentran comprendidos en el Estatuto del Docente (Ley Nº391).
Fernández aclaró que ese porcentaje no será descontado del salario del trabajador, sino que corresponde al equivalente de ese valor, y que el Fondo tendrá una duración de 3 años.
Soraya Yahuar (UCR) expresó que “el tema de la vivienda no es sencillo de resolver” y que los instrumentos actuales no alcanzan para cubrir la demanda. En este sentido, consideró acertada la medida para crear viviendas y que sean los mismos docentes los que definan a los beneficiarios.
Raúl Martínez (FPV) adelantó el voto favorable del FPV porque “lejos estamos de oponernos a cualquier medida que vaya en beneficio de los trabajadores”, pero consideró que las instituciones no necesitan de ninguna herramienta particular para construir viviendas porque existe el Instituto Provincial de la Vivienda (IPPV).
Sostuvo además que los recursos que se le darán al Fondo son escasos y que, según sus cálculos, podrán construirse solamente alrededor de 100 viviendas en 3 años.
Facundo López (JSRN) afirmó que desde la oposición siempre se critica el instrumento y no el fondo de la cuestión. Destacó que “lo que estamos resolviendo es trabajo para la UOCRA y que los diferentes sectores de la población, en este caso la Unter, accedan a la vivienda”.
Energía
El Parlamento avaló además un proyecto de adhesión a la la ley nacional Nº 27.424 y sus modificatorias, que establece el “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública”.
Esta iniciativa, impulsada por los legisladores Soraya Yauhar (UCR), Leandro Tozzi (JSRN), Daniela Agostino, Jorge Ocampo (CC-ARI-Cambiemos) , María Inés Grandoso y Marcelo Mango (FPV) tiene como objetivos la eficiencia energética, la reducción de pérdidas en el sistema interconectado, la potencial reducción de costos para el sistema eléctrico, la protección ambiental y la protección de los derechos de los usuarios en cuanto a la equidad, no discriminación y libre acceso en los servicios e instalaciones de transporte y distribución de electricidad.
Tozzi explicó que la generación distribuida es la posibilidad que se les da a los usuarios de la red de distribución de energía eléctrica provincial de realizar una autogeneración de energía eléctrica para su consumo , a nivel domiciliario o parcelario, e inyectar los excedentes dentro de la red .
El legislador señaló que “la ventaja es que nos permite obviar todo el sistema de acumulación de energía, que tiene un alto costo económico y ambiental”, y que además contribuye a la sustentabilidad del sistema eléctrico, con la reducción del impacto ambiental en las grandes centrales generadoras.
Destacó que Río Negro fue pionera en este campo, cuando en 2017 el Ente Provincial Regulador de la Energía Eléctrica fijó, a través de una Resolución, el reglamento para la introducción de los excedentes en la red energía eléctrica.
Soraya Yahuar expresó la necesidad de producir un cambio cultural y señaló que “el primero que tiene que trabajar sobre la eficiencia energética es el Estado, con sus grandes edificios, los que a partir de ahora deberán contemplar en su construcción estos sistemas y diagnosticar la necesidad y posibilidad de ir implementando la autorregulación de energía”.
Agostino alentó a que la Provincia avance rápidamente con la reglamentación y, Grandoso, a que lo haga con políticas propias que promuevan que las asociaciones puedan instalar generadores comunitarios.
Judiciales
Más de 100 causas de Defensa del Consumidor ingresaron solo al fuero Civil en lo que va de 2025
Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos.
En los primeros 6 meses del año, los Juzgados y unidades jurisdiccionales Civiles tramitaron 108 causas por denuncias de Defensa del Consumidor. Este tipo de expedientes suele requerir la realización de audiencias orales, instancias de conciliación y, en muchos casos, la emisión de sentencias definitivas o la homologación de acuerdos alcanzados entre las partes. Es una de las vías de ingreso, aunque no la única, de temas de consumo.
El fuero civil provincial cuenta actualmente con 16 organismos distribuidos en 8 ciudades: Viedma, San Antonio Oeste, Roca, Villa Regina, Choele Choel, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti. Desde estos organismos se tramitan procesos que van desde reclamos de consumidores hasta sucesiones, daños y perjuicios, ejecuciones y amparos, entre otros.
Existen otros organismos que también reciben denuncias de las y los consumidores como por ejemplo los juzgados de Paz, algunas oficinas municipales y las áreas de Defensa del Consumidor del poder Ejecutivo.
En el Poder Judicial de Río Negro, durante el primer semestre de 2025, el fuero Civil recibió 3.056 causas nuevas. En ese mismo período, dictó 2.213 sentencias que pusieron fin a los procesos, lo que refleja un alto nivel de resolución de expedientes. Entre los tipos de procesos más frecuentes se destacan las sucesiones intestadas (953 casos, 30% del total), los reclamos por daños y perjuicios (395) y los procesos ejecutivos (379), además de las denuncias de Defensa del Consumidor.
La Ley 24.240 establece los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores en las relaciones de consumo. Una relación de consumo es un vínculo que se establece entre el proveedor de un bien o servicio y el consumidor o usuario del mismo. Incluye el antes, durante y después de la compra del producto o contratación del servicio.
Esta norma garantiza que las personas tengan derecho a recibir información cierta, clara y detallada sobre los productos o servicios, a ser tratadas de manera digna y equitativa, a obtener comprobantes de las operaciones y a contar con bienes y servicios que no representen riesgos para su salud o seguridad.
También regula aspectos clave como las garantías legales, los plazos de entrega, las condiciones de las compras por internet y la calidad en la prestación de servicios públicos esenciales.
La información estadística del fuero Civil forma parte de los informes semestrales realizados por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia. Las estadísticas permiten optimizar la toma de decisiones al apuntalar determinados fueros u organismos de acuerdo a la carga de trabajo.
Política
«Un país no se construye abandonando las universidades y la salud»
Weretilneck habló tras los nuevos vetos de Milei a las leyes aprobadas en el Congreso y aseguró que no hubo ningún llamado del presidente.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó con firmeza los vetos del presidente Javier Milei a leyes claves para el financiamiento de la educación, la salud pública y las provincias. Anticipó que en el Congreso se rechazarán estas decisiones. «Un país no se construye abandonando a las universidades, quitándole la salud a los niños y negándole a las provincias los recursos que les corresponden. Eso no es federalismo, es un castigo injusto», afirmó.
El mandatario provincial remarcó que los vetos dejaron sin efecto normas votadas por amplia mayoría en el Congreso: la ley de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). «Estamos hablando de derechos básicos: educación, salud y federalismo. No de privilegios», enfatizó.
En relación a los ATN, explicó que «son fondos que se descuentan de la coparticipación, es decir, de los impuestos que nos pertenecen a las provincias. No pedimos nada más que lo que corresponde: esos recursos son de los rionegrinos y deben volver en obras, en escuelas, en hospitales y en servicios para nuestra gente».
En diálogo con LU19, Weretilneck también advirtió que «no hubo ninguna convocatoria institucional a las provincias» por parte del Gobierno Nacional. «El diálogo que existió fue partidario, con gobernadores aliados a La Libertad Avanza. Exigimos un ámbito federal serio, con temario claro, donde estemos todas las provincias, no un encuentro político a puertas cerradas», sostuvo.
Finalmente, fue categórico. «Río Negro no se va a quedar en silencio frente a estas decisiones. Vamos a defender en el Congreso lo que corresponde a nuestra gente. Porque la defensa nace acá, en cada provincia, en cada universidad, en cada hospital que necesita recursos para seguir de pie», concluyó.
Judiciales
Estuvo varado más de 12 horas sin agua ni asistencia: Condenan a empresa de transporte por trato indigno
El colectivo se quedó sin combustible a pocos kilómetros de Chimpay.
Un hombre que viajaba desde Cipolletti hacia Sierra Grande quedó varado en la ruta, sin agua ni comunicación, cuando el colectivo de larga distancia en el que se trasladaba se detuvo por falta de combustible a pocos kilómetros de la localidad de Chimpay. Horas más tarde, al retomar el viaje en otra unidad, el colectivo no se detuvo en el parador correspondiente y, luego de una discusión con los choferes, la persona fue obligada a descender a la intemperie, sin su equipaje.
Tras varios intentos administrativos para obtener una compensación por parte de la empresa Autotransportes Andesmar S.A., y al no lograrlo, el cliente inició una demanda de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Sierra Grande.
En el fallo se explicó que el hombre abordó el colectivo interno 5295 a las 10 de la mañana, una hora después del horario estipulado. Hacia el mediodía, a unos 15 kilómetros de Chimpay, la unidad se detuvo por falta de combustible. Las personas pasajeras permanecieron en el lugar hasta que personal policial y de bomberos organizó traslados particulares hacia la terminal de esa localidad. Recién a las 22 horas llegó otra unidad para continuar el viaje.
Durante la madrugada siguiente, ya en las proximidades de Sierra Grande, el colectivo pasó de largo por el lugar donde la persona solía descender. Al pedir que se detuviera, el chofer la insultó y se negó a retroceder. Un segundo conductor, que no se encontraba de servicio, intervino en la discusión. Según el relato, descendió del vehículo con el torso descubierto y un cinturón en la mano, y obligó al pasajero a bajar, lejos de su destino y sin su valija.
Frente a esta situación, presentó reclamos ante Defensa del Consumidor de San Antonio Oeste y Sierra Grande. La empresa negó los hechos denunciados y ofreció una suma compensatoria que fue rechazada por el cliente. Luego, las partes intentaron una instancia de mediación, sin resultados.
En su análisis, la jueza de Paz sostuvo que existió una relación de consumo encuadrada en la Ley 24.240 y en el Código Civil y Comercial. Señaló que el proveedor debe garantizar información clara, trato digno y cumplimiento del servicio contratado. También indicó que, ante la existencia de dudas, corresponde interpretar el contrato de manera más favorable a la persona usuaria.
El fallo consideró acreditada la situación de vulnerabilidad de la parte actora y concluyó que el accionar de la empresa vulneró los derechos protegidos por la normativa vigente. Además del daño material, el juzgado identificó una afectación moral relacionada con la angustia, el maltrato sufrido y la pérdida del equipaje.
La sentencia también impuso un resarcimiento en concepto de daño punitivo, al considerar que la empresa ignoró los distintos reclamos administrativos y obligó a la persona afectada a acudir al Poder Judicial para resolver el conflicto.
Finalmente, la magistrada condenó a la empresa Andesmar a pagar, en concepto de daño directo, la suma de $1.400.000; en concepto de daño extrapatrimonial, $200.000; y en concepto de daño punitivo, $200.000, más intereses.
