Gremios
Por primera vez, los médicos residentes cobrarán aguinaldo
Lo acordó el ministro Zgaib con ATE.
Tras reunirse con el ministro de Salud, Fabián Zgaib, en la delegación de gobierno en General Roca, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) consiguió un logro histórico para los trabajadores de la salud: por primera vez los médicos residentes en la provincia tendrán acceso al Salario Anual Complementario (SAC), una antigua demanda del sindicato que finalmente será saldada.
Hasta ahora, el régimen contractual de este sector no les permitía cobrar aguinaldo ni aumentos a pesar del enorme trabajo que llevan adelante. Los médicos residentes son personal matriculado que realizan residencia de alguna especialidad con una carga horaria de 44 horas semanales y 12 guardias al mes. Este sector suma más de 200 profesionales en la provincia, la mayoría de los cuales cumplen funciones en Bariloche, Cipolletti, General Roca y Viedma, donde los trabajadores han llevado adelante una importante lucha contra la precarización.
“El sector de los residentes es un sector muy importante dentro de la salud pública, porque sumada a su etapa de formación prestan una atención muy importante a los pacientes que acuden a diario a los hospitales y centros de salud”, señaló Egar Actis, secretario general de ATE seccional Bariloche y médico en el hospital de esta ciudad.
“Todos los gobiernos han intentado instalar que esta primera etapa es de beca y se les niega derechos. Sin embargo, son plenos trabajadores porque esa es la tarea que cumplen en paralelo a su formación y debieran tener garantizados todos los derechos desde que inician hasta la etapa final de su formación: licencias, jubilaciones, aguinaldo, obra social, antigüedad y tranquilidad laboral a futuro. Lograr en esta reunión que se les reconozca el aguinaldo es un paso muy importante, si bien planteamos avanzar en la conquista de más derechos y en esa pelea tenemos que estar todos”, concluyó el dirigente.
Es así que el ministro Zgaib aseguró que se encuentra en trámite el expediente respectivo para garantizar este derecho a todos los trabajadores bajo esta condición.
Asimismo, las partes ratificaron las gestiones en Buenos Aires ante la máxima autoridad de la ANSES, Emilio Basavilbaso, para lograr la jubilación anticipada reclamada por el sindicato para todos los trabajadores de la Salud.
El gremio elaboró el proyecto de decreto que permitirá que aquellos trabajadores hospitalarios que realicen tareas insalubres puedan alcanzar su beneficio previsional con 30 años de aportes y 52 años en el caso de las mujeres, mientras que para los hombres se necesitarán 55 años de edad. En el momento que la nueva normativa comience a aplicarse, el Estado provincial deberá aumentar un 2% los aportes patronales y se estima que en la actualidad el 40% de la masa total de trabajadores hospitalarios estaría en condiciones de retirarse bajo el nuevo régimen.
También en la reunión se abordaron otros temas centrales como la seguridad en los hospitales, poniendo el acento en aquellos nosocomios de menor nivel y complejidad. Sin embargo, el aindicato reclamó seguridad para todos los trabajadores que se desempeñan en la totalidad de los centros de salud de la provincia.
Finalmente, entre otros puntos, se planteó la falta de personal en los hospitales y la necesidad de un aumento salarial para todos los trabajadores.
Gremios
ATE declara alerta máxima en Trabajo para enfrentar inminentes despidos y desguace de la cartera
“Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente y no descarta realizar medidas de acción directa en la Secretaría de Trabajo ante la nueva amenaza de despidos y desguace de la cartera impulsada a partir de la reforma laboral.
«Hemos definido el estado de alerta máxima en la sede nacional de Trabajo, pero también en todas las agencias territoriales. Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente apuntó que «el Gobierno intenta avanzar con una nueva estructura en la Secretaría y, a través de ella, profundizar el achique y desguace del Estado Nacional».
«Está siendo amenazada la estructura federal del Ministerio, las áreas de control y fiscalización, además del programa ‘Volver al Trabajo’, que alcanza a casi un millón de personas, finaliza el próximo 30 de abril y no sería renovado», detalló Aguiar.
«Vamos a resistir con todas nuestras fuerzas la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo se convierta solo en una estructura que garantice los intereses de las grandes corporaciones empresarias. Seguiremos defendiendo a la cartera laboral como la única posibilidad de impedir que, después de la reforma, arrasen con los derechos de los trabajadores del Sector Público y de todas las ramas de la actividad privada», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Desde el sindicato señalaron que la sanción de la reforma laboral ubica en una situación sumamente crítica el rol y funciones históricas de la cartera, en un contexto de desguace y destrucción del Estado que el gobierno nacional enarbola como bandera de gestión desde su asunción en diciembre de 2023.
Gremios
Inicio del ciclo lectivo con conflicto: El Gobierno informó de 53% de presentismo y UnTER un 90% de acatamiento
Este martes continúan las medidas de fuerza del gremio docente rionegrino.
Con cifras contrapuestas y tensión sindical, comenzó el ciclo lectivo 2026 en Río Negro. El Gobierno provincial aseguró que el 53% del personal docente se presentó a trabajar, lo que permitió el funcionamiento de 696 establecimientos educativos y la asistencia de más de 131.000 estudiantes.
En contraste, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) sostuvo que el acatamiento al paro fue del 90% y que la medida tuvo alto impacto en toda la provincia, en el marco de la jornada nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
El conflicto se originó tras el rechazo gremial a la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo en paritarias. Desde el sindicato señalaron que la oferta no contempla la pérdida del poder adquisitivo, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de una política salarial responsable.
Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos destacaron que más de 1.000 instituciones estaban en condiciones de iniciar las clases y remarcaron que «el compromiso oficial fue garantizar el inicio en tiempo y forma, con dispositivos preparados para aquellos edificios donde aún se desarrollan obras o trabajos de mantenimiento»
Ademá, se puso en marcha el servicio de transporte escolar destinado a unos 14.000 estudiantes y el de comedor que inició con la modalidad de refrigerio para, a partir del miércoles (04/03), completar con el resto de sus variantes.
«Frente a una medida sindical irresponsable, Río Negro mantiene firme su decisión de priorizar la calidad educativa de cada estudiante de nuestra provincia», indicaron desde el Gobierno.
En este escenario, el ciclo lectivo comenzó formalmente, pero con un conflicto que continúa abierto y que podría derivar en nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.
Gremios
ATE intimó al Gobierno para que pague el presentismo y convoque a paritarias, y se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno por el no pago del premio estímulo a la asistencia (presentismo) en algunos organismos y áreas estatales, y por la no convocatoria a paritaria en lo que va del 2026. Ante esta situación, el sindicato se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos. El ítem de estímulo por asistencia tiene carácter alimentario. Si no se abona, estarán incurriendo en una falta grave», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a la mesa de negociación salarial, la cual se encuentra en un cuarto intermedio desde diciembre de 2025, el dirigente apuntó que «a esto hay que sumar la decisión del Gobierno de no convocar a paritarias y congelar los salarios durante los dos primeros meses del año. Existe mala fe en las negociaciones y esto acelera la conflictividad».
«Exigimos el inmediato pago del presentismo y la convocatoria a las paritarias. Hemos decidido declararnos en estado de alerta, asamblea permanente y movilización. Además, hemos convocado a nuestro Secretariado Nacional para el día 11 a los efectos de analizar el escenario general y resolver un plan de acción, pero también definir qué medida concreta llevar adelante contra esta decisión de no pagar el presentismo», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Según las estimaciones del sindicato, el no pago del presentismo significa un recorte del 10% en los salarios de los estatales, los cuales ya vienen de una pérdida del 45,3% durante la gestión de Javier Milei.
En su denuncia, el sindicato informó que mediante el Decreto N° 36/2026 se homologó el acuerdo celebrado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional del 26 de diciembre pasado, el cual prevé, entre otras cuestiones, la prórroga del presentismo, ítem que ha sido sistemáticamente renovado desde el acuerdo celebrado el 29 de septiembre de 2020, homologado por el Decreto N° 837/20.
ATE además señala «que la presunta falta de pago del presentismo y la falta de actualización salarial de los meses de enero y febrero de 2026 constituye una práctica desleal y un acto de mala fe negocial que deja en evidencia la política de miseria y empobrecimiento en contra de los empleados y empleadas públicas de la Administración Pública Nacional».
