Judiciales
Violencia de género: Golpeó y amenazó de muerte a su ex pareja
Además hirió al hermano de la víctima con un destornillador. El sujeto quedó detenido.
La fiscal jefa Graciela Echegaray junto a la adjunta Analía Cofré solicitaron la prisión preventiva por tres meses de un sujeto al que le imputaron el delito de “desobediencia a una orden judicial, amenazas agravadas y lesiones graves, todo en concurso real y en el marco de violencia de género” (Art. 45, 55, 239, 89 y 92 en función del 80 inc. 1 y 11, 149 bis 1er párrafo 2do supuesto).
Según la acusación fiscal el hecho ocurrió el pasado domingo a las 23.00, cuando la víctima recibió una llamada telefónica del padre de la hija menor de edad que tiene en común, diciéndole que fuera a buscar a la nena. La mujer se negó ya que tiene una medida cautelar vigente y el hombre fue hasta el hogar. Ante esa situación el hermano de la señora salió, debido al temor que la mujer siente por las actitudes violentas que tiene el imputado”, comenzó Echegaray.
“Fue así que comenzó a agredirlo físicamente, mientras la mujer se acercó al vehículo para intentar sacar a su hija de allí, y el imputado tomó un destornillador del auto y comenzó a gritar ‘te voy a matar…», dirigiéndose a la chica”.
“Frente a esto se interpuso su hermano, por lo que el victimario se fue contra éste y le provocó una herida punzante en el hombro derecho y en la región umbilical, lesiones calificadas como “graves”. Luego el imputado agarró a la niña y se subió al vehículo, dándose a la fuga hasta que lograron detenerlo los vecinos, y fue aprehendido por personal de la Comisaria 21°”, describió la Fiscalía.
“De esta manera, el sujeto desobedeció la orden de prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia N° 16 en fecha 21 de mayo de este año, respecto de la señora, su domicilio y a 200 metros de donde la misma se encuentre y de la cual se encontraba debidamente notificado”, concluyó.
Como sustento probatorio la Fiscalía presentó para esta instancia, el acta de la denuncia realizada tanto por la señora como por su hermano, entrevistas concretadas con los familiares de las víctimas. Así mismo, el certificado médico donde constan las heridas tras la intervención quirúrgica, el expediente del Juzgado De Familia N° 16, donde obra la prohibición de acercamiento y la debida notificación al ahora imputado. Como también el acta de procedimiento de la Comisaría 21 y el acta del Gabinete de Criminalística, quienes intervinieron en el lugar del hecho, como el acta del rastrillaje concretado.
El defensor público penal Oscar Mutchinick dijo que “sin perjuicio de no oponerse al hecho, la calificación jurídica y el sustento probatorio de la Fiscalía, mi asistido declarará, pero no responderá preguntas”.
La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del sujeto ya que entre otras cuestiones consideró que “falta prueba por producir. No hemos podido entrevistar por el estado emocional en el que se encuentran, ni a quien se encuentra internado ni a la señora. Por esto el imputado podría influir para que se comporten de manera reticente si se encontrara en libertad”.
“Pero además, y este hecho lo prueba, la prohibición de acercamiento no fue suficiente para poner freno y menos para abortar el riesgo de que la víctima y su grupo familiar pueda prestar declaración en estado de tranquilidad”, expresó la fiscal jefe.
Por su parte, la defensa se opuso a la medida y propuso otras alternativas como presentaciones diarias ante la Fiscalía o Comisaría.
De todas maneras, el juez de Garantías interviniente Gustavo Quelín resolvió que el hombre sea puesto en prisión preventiva y sea imputado tal como lo hizo la Fiscalía.
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La ruta de sociedades, cuentas y comercios detrás de una cuota alimentaria
La jueza analizó informes tributarios, habilitaciones comerciales, sociedades, movimientos bancarios y testimonios para determinar la capacidad económica del demandado.
El expediente no ofrecía una cifra única ni una respuesta directa. Para conocer la capacidad económica de un progenitor, la jueza debió seguir un recorrido compuesto por registros tributarios, habilitaciones comerciales, sociedades, movimientos bancarios, certificaciones contables y testimonios.
La causa tramitó ante la Unidad Procesal de Familia N.º 11 de Cipolletti. La progenitora inició la acción en representación de sus dos hijos y sostuvo que el otro progenitor desarrollaba distintas actividades comerciales y empresariales. También afirmó que ella asumía el cuidado cotidiano de los niños.
El padre rechazó el alcance del reclamo. Explicó que sus ingresos no eran fijos, presentó una certificación contable y acompañó documentación bancaria. Además, sostuvo que realizaba aportes mensuales y entregas de alimentos, ropa y útiles escolares.
La discusión quedó centrada en una pregunta: cuál era su capacidad económica real.
El primer tramo de la respuesta apareció en los informes tributarios. La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro informó que el progenitor figuraba inscripto en actividades vinculadas con servicios gastronómicos, asesoramiento y gestión empresarial. También registró vehículos a su nombre.
Luego llegaron los datos de la Municipalidad de Cipolletti. Los registros indicaron la existencia de una habilitación comercial vigente para un establecimiento gastronómico y señalaron su participación como socio gerente en una sociedad. Otro informe municipal dio cuenta de antecedentes vinculados con inmuebles y permisos comerciales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero sumó más piezas. Según la sentencia, el progenitor aparecía registrado como socio, gerente o administrador en distintas firmas. A esa información se agregó un contrato de franquicia para la explotación de un local comercial. La documentación acreditó vínculos con sociedades, comercios y emprendimientos. Sin embargo, el expediente no permitió determinar con exactitud cuánto dinero generaban esas actividades ni qué parte correspondía al progenitor.
La jueza también examinó una certificación contable que él mismo presentó. Ese documento informó un promedio de ingresos durante un período determinado y consignó una relación laboral con una de las empresas. El fallo aclaró que esos datos no reflejaban necesariamente la totalidad de los recursos, ya que existían otras participaciones comerciales acreditadas en la causa.
El informe bancario añadió otro elemento. La cuenta registró variaciones importantes entre ingresos, egresos y saldos durante varios meses. La sentencia tomó esos movimientos como parte del análisis patrimonial, aunque no los consideró suficientes para establecer por sí solos una cifra definitiva.
Las declaraciones testimoniales completaron el cuadro. Varias personas hablaron sobre locales gastronómicos, viajes al exterior, vehículos y nivel de vida. Otro testimonio mencionó la relación del progenitor con una empresa que ocupaba un inmueble comercial.
Aun con ese conjunto de pruebas, la jueza señaló que faltó documentación contable específica. También sostuvo que el progenitor estaba en mejores condiciones de presentar información precisa sobre sus ingresos, su patrimonio y las ganancias de las sociedades.
El fallo aplicó el criterio de las cargas probatorias dinámicas. Según la resolución, ese principio impone el deber de aportar la prueba a quien cuenta con mejores posibilidades técnicas o materiales para hacerlo.
La jueza fijó una cuota alimentaria equivalente a ocho salarios mínimos, vitales y móviles. También ordenó que se practique una liquidación por los períodos anteriores, con deducción de los pagos ya realizados.
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Prisión preventiva para tres neuquinos acusados de un violento robo en Roca
El hecho ocurrió el viernes pasado cuando la víctima fue engañada con una supuesta compra de un teléfono celular.
Tres hombres oriundos de Neuquén continuarán detenidos por el plazo de un mes, luego de que la Justicia les formulara cargos por un violento robo ocurrido el viernes pasado (31/07) en General Roca, cuando simularon la compra de un teléfono celular para asaltar al vendedor.
Según la acusación de los fiscales Julieta Villa y Facundo Polantinos, cerca de las 21.20 horas los imputados llegaron al local comercial de la víctima con la intención aparente de comprar un celular. Tras convencer al joven de subir a la camioneta en la que se movilizaban para concretar la operación, uno de los ocupantes amartilló un arma de fuego y le exigió la clave del teléfono.
La Fiscalía sostuvo que los acusados golpearon a la víctima y le ordenaron que no los mirara mientras recorrían distintas calles de la ciudad. Finalmente, lo hicieron descender del vehículo y escaparon llevándose el celular.
Los tres hombres fueron imputados por el delito de robo calificado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego. Además, se dispuso el inicio de la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.
Entre las pruebas presentadas se encuentran el acta del procedimiento policial, la denuncia radicada en el Destacamento N° 178, entrevistas realizadas por personal de la Comisaría 3ª, el análisis de las cámaras de seguridad efectuado por la Brigada de Investigaciones y un informe del Gabinete Técnico Criminológico de General Roca, que determinó que el arma secuestrada estaba en condiciones de disparar y fue clasificada como arma de guerra.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva al considerar que existían riesgos de entorpecimiento de la investigación y de fuga. Si bien el defensor público Gustavo Viecens se opuso al planteo y los imputados prestaron declaración, el juez de Garantías Gustavo Quelín resolvió que permanezcan detenidos durante un mes mientras continúa la investigación.
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El STJ confirmó un amparo y ordenó agilizar la entrega de una silla de ruedas y pañales para un niño con discapacidad
La obra social argumentó que los trámites administrativos seguían su curso, pero el STJ entendió que ello no justificaba las demoras.
Un niño con discapacidad necesitaba una silla de ruedas especial. La obra social nunca negó la cobertura, pero ante los reclamos sostenía que el trámite seguía su curso. Algo similar ocurría con los pañales: la familia reclamaba que no respondían a las indicaciones médicas ni a las necesidades concretas del menor.
Frente a esa situación, la madre promovió una acción de amparo. Un juzgado hizo lugar parcialmente al planteo y ordenó a la obra social estatal entregar la silla de ruedas y los pañales con las características y el talle prescriptos por los profesionales tratantes. La Fiscalía de Estado apeló esa decisión en representación de la obra social, pero el Superior Tribunal de Justicia confirmó el fallo.
En la apelación, la provincia sostuvo que nunca había negado las prestaciones. Explicó que la discusión estaba vinculada con «los plazos propios del régimen de contrataciones públicas y los requerimientos de auditoría médica», y no con un rechazo de la cobertura. También señaló que la silla de ruedas se encontraba en trámite y que las prestaciones habían sido autorizadas.
El Superior Tribunal entendió que esos argumentos no alcanzaban para modificar la sentencia. Señaló que la obra social puso el acento en los procedimientos administrativos, pero no logró rebatir los fundamentos centrales del fallo de primera instancia.
En relación con los pañales, el STJ advirtió que el informe presentado por la auditoría médica describía las características generales del producto que entregaba la obra social, pero no analizaba la situación específica del niño. Además, observó que la propia auditoría reconocía que el cambio de talle todavía estaba pendiente.
La sentencia también valoró que la madre había informado una mejoría en el cuadro de dermatitis de su hijo luego del cambio de marca y remarcó que esa circunstancia «no fue rebatida con un examen médico propio y específico de la demandada». En ese contexto, concluyó que una evaluación técnica general no era suficiente para desplazar las necesidades concretas acreditadas en el expediente.
El STJ descartó que la sentencia implicara una intromisión en el funcionamiento de la obra social. Explicó que la exhortación para que la obra social actúe «en forma diligente, rápida y oportuna» no modifica el régimen de contrataciones ni los procedimientos de auditoría interna, sino que «se limita a instar una mayor diligencia administrativa, sin imponer modalidad, plazo ni procedimiento específico». Esa medida, concluyó, no representa una extralimitación de las competencias judiciales.
La sentencia recordó que los niños y las personas con discapacidad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y que el Estado debe brindarles una protección reforzada. En ese sentido, afirmó que las políticas públicas deben garantizar «el nivel de vida más alto posible», especialmente en materia de salud, rehabilitación e integración social.
