Judiciales
Violencia de género: Golpeó y amenazó de muerte a su ex pareja
Además hirió al hermano de la víctima con un destornillador. El sujeto quedó detenido.

La fiscal jefa Graciela Echegaray junto a la adjunta Analía Cofré solicitaron la prisión preventiva por tres meses de un sujeto al que le imputaron el delito de “desobediencia a una orden judicial, amenazas agravadas y lesiones graves, todo en concurso real y en el marco de violencia de género” (Art. 45, 55, 239, 89 y 92 en función del 80 inc. 1 y 11, 149 bis 1er párrafo 2do supuesto).
Según la acusación fiscal el hecho ocurrió el pasado domingo a las 23.00, cuando la víctima recibió una llamada telefónica del padre de la hija menor de edad que tiene en común, diciéndole que fuera a buscar a la nena. La mujer se negó ya que tiene una medida cautelar vigente y el hombre fue hasta el hogar. Ante esa situación el hermano de la señora salió, debido al temor que la mujer siente por las actitudes violentas que tiene el imputado”, comenzó Echegaray.
“Fue así que comenzó a agredirlo físicamente, mientras la mujer se acercó al vehículo para intentar sacar a su hija de allí, y el imputado tomó un destornillador del auto y comenzó a gritar ‘te voy a matar…», dirigiéndose a la chica”.
“Frente a esto se interpuso su hermano, por lo que el victimario se fue contra éste y le provocó una herida punzante en el hombro derecho y en la región umbilical, lesiones calificadas como “graves”. Luego el imputado agarró a la niña y se subió al vehículo, dándose a la fuga hasta que lograron detenerlo los vecinos, y fue aprehendido por personal de la Comisaria 21°”, describió la Fiscalía.
“De esta manera, el sujeto desobedeció la orden de prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia N° 16 en fecha 21 de mayo de este año, respecto de la señora, su domicilio y a 200 metros de donde la misma se encuentre y de la cual se encontraba debidamente notificado”, concluyó.
Como sustento probatorio la Fiscalía presentó para esta instancia, el acta de la denuncia realizada tanto por la señora como por su hermano, entrevistas concretadas con los familiares de las víctimas. Así mismo, el certificado médico donde constan las heridas tras la intervención quirúrgica, el expediente del Juzgado De Familia N° 16, donde obra la prohibición de acercamiento y la debida notificación al ahora imputado. Como también el acta de procedimiento de la Comisaría 21 y el acta del Gabinete de Criminalística, quienes intervinieron en el lugar del hecho, como el acta del rastrillaje concretado.
El defensor público penal Oscar Mutchinick dijo que “sin perjuicio de no oponerse al hecho, la calificación jurídica y el sustento probatorio de la Fiscalía, mi asistido declarará, pero no responderá preguntas”.
La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del sujeto ya que entre otras cuestiones consideró que “falta prueba por producir. No hemos podido entrevistar por el estado emocional en el que se encuentran, ni a quien se encuentra internado ni a la señora. Por esto el imputado podría influir para que se comporten de manera reticente si se encontrara en libertad”.
“Pero además, y este hecho lo prueba, la prohibición de acercamiento no fue suficiente para poner freno y menos para abortar el riesgo de que la víctima y su grupo familiar pueda prestar declaración en estado de tranquilidad”, expresó la fiscal jefe.
Por su parte, la defensa se opuso a la medida y propuso otras alternativas como presentaciones diarias ante la Fiscalía o Comisaría.
De todas maneras, el juez de Garantías interviniente Gustavo Quelín resolvió que el hombre sea puesto en prisión preventiva y sea imputado tal como lo hizo la Fiscalía.
Judiciales
La Justicia ordenó avanzar con el traslado del chimpancé Toti a un centro especializado en Inglaterra
Los informes concluyen que el animal está en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, con riesgos controlables y bajo supervisión especializada.

El fuero de Familia de Roca dispuso que el chimpancé Toti sea trasladado al centro especializado Monkey World Ape Rescue Centre, en Inglaterra, al considerar que se encuentran dadas las condiciones sanitarias y técnicas para concretar el proceso.
La decisión se enmarca en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en la causa impulsada por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA). El fallo original, que ordenó el traslado, fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Durante más de un año, equipos técnicos de la Fundación Franz Weber y del Instituto Jane Goodall Argentina llevaron adelante la evaluación y preparación de Toti. Los informes concluyen que el animal está en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, con riesgos controlables y bajo supervisión especializada.
El destino elegido, Monkey World, fue considerado el más adecuado por su experiencia en rehabilitación de chimpancés provenientes de cautiverio y por ofrecer condiciones que permiten la socialización con otros individuos de su especie, un aspecto clave para su bienestar.
La resolución también establece que la Fundación Franz Weber y el Instituto Jane Goodall Argentina continuarán a cargo de la planificación técnica, sanitaria y logística del traslado, asumiendo los costos del proceso. En tanto, la Fundación Bubalco deberá colaborar con las tareas preparatorias y facilitar la documentación necesaria.
El fallo destacó que, si bien el traslado implica riesgos, estos resultan mitigables y deben ponderarse frente a la posibilidad de garantizar a Toti una mejora sustancial y duradera en sus condiciones de vida.
Con esta decisión, se abre una nueva etapa orientada a concretar el traslado, que incluirá la continuidad del entrenamiento del animal, controles veterinarios, gestiones administrativas y coordinación internacional.
Judiciales
Escándalo por la «falsa médica» en Roca: La Fiscalía pide mantener la tobillera y la inhibición de bienes
La mujer está acusada de usurpación de títulos, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública en clínicas privadas y el Hospital.

La investigación por el ejercicio ilegal de la medicina en General Roca sumó nuevos y preocupantes capítulos durante la audiencia realizada esta mañana (20/04). El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente que se mantengan las medidas cautelares vigentes contra la mujer denunciada por las autoridades del Ministerio de Salud provincial.
Según la Fiscalía, la gravedad del caso trasciende la faz administrativa: familiares de personas que habrían sido atendidas por la imputada han comenzado a presentar denuncias particulares por mala praxis, lo que abre una nueva y compleja línea de investigación.
La representante fiscal fue contundente al describir el accionar de la mujer «habría trabajado los últimos 6 años cometiendo delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación y uso de documento público falso, además de defraudación agravada contra la administración pública». El engaño no se limitó a un solo lugar, sino que se extendió por tres instituciones diferentes: una clínica privada donde permaneció 6 años, otra por algunos meses y el Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde prestó servicios durante 2 años.
Ante este panorama, la Fiscalía sostiene que es imperativo mantener la custodia de la documentación y asegurar que la acusada no interfiera con el proceso.
Por este motivo, se pidió que continúen vigentes por el plazo de seis meses la colocación de la tobillera de control satelital, la prohibición de salida del país y la obligación de mantener su domicilio actual.
Asimismo, sigue firme la inhibición general de bienes, afectando tanto sus inmuebles como su vehículo particular.
El juez de Revisión dará a cnocer su resolución mañana (21/04) a las 9 de la mañana en la sala de audiencias de los Tribunales roquenses.
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Caso Valentín Mercado: Piden confirmar la condena contra el anestesiólogo por el daño cerebral irreversible
Tras la apelación de la defensa del profesional condenado por homicidio culposo, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Impugnación que ratifique la sentencia en todos sus términos.

La causa por la muerte del niño Valentín Mercado Toledo sumó una instancia clave en el Tribunal de Impugnación de Río Negro. Tras el recurso presentado por la defensa del anestesiólogo condenado por homicidio culposo, la Fiscalía y la querella solicitaron formalmente que se confirme la sentencia original, rechazando cualquier reducción de la pena o limitación de la inhabilitación profesional.
El eje del conflicto radica en el planteo del profesional, quien busca que su inhabilitación para ejercer se circunscriba únicamente al ámbito pediátrico. Ante esto, el fiscal del caso fue tajante al señalar que la desatención durante la cirugía fue la causa directa del desenlace fatal. «Lo sucedido fue que la desatención por parte del imputado impidió advertir el súbito taponamiento, lo que derivó en un paro cardíaco», explicó. Según el Ministerio Público, el médico no cumplió con el consentimiento informado en el que asumía la responsabilidad de velar por el paciente durante toda la intervención.
La reconstrucción de los hechos indica que existieron cuatro minutos iniciales y determinantes en los que el anestesiólogo no actuó conforme a su rol. Si bien luego se logró estabilizar al niño con adrenalina y un cambio de tubo traqueal, la demora fue tan extensa que el daño cerebral resultó irreversible.
La querella acompañó estos argumentos, dejando la decisión final en manos del Tribunal, que ya pasó a deliberar.








