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Judiciales

Violencia de género: Golpeó y amenazó de muerte a su ex pareja

Además hirió al hermano de la víctima con un destornillador. El sujeto quedó detenido.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress)

La fiscal jefa Graciela Echegaray junto a la adjunta Analía Cofré solicitaron la prisión preventiva por tres meses de un sujeto al que le imputaron el delito de “desobediencia a una orden judicial, amenazas agravadas y lesiones graves, todo en concurso real y en el marco de violencia de género” (Art. 45, 55, 239, 89 y 92 en función del 80 inc. 1 y 11, 149 bis 1er párrafo 2do supuesto).

Según la acusación fiscal el hecho ocurrió el pasado domingo a las 23.00, cuando la víctima recibió una llamada telefónica del padre de la hija menor de edad que tiene en común, diciéndole que fuera a buscar a la nena. La mujer se negó ya que tiene una medida cautelar vigente y el hombre fue hasta el hogar. Ante esa situación el hermano de la señora salió, debido al temor que la mujer siente por las actitudes violentas que tiene el imputado”, comenzó Echegaray.

“Fue así que comenzó a agredirlo físicamente, mientras la mujer se acercó al vehículo para intentar sacar a su hija de allí, y el imputado tomó un destornillador del auto y comenzó a gritar ‘te voy a matar…», dirigiéndose a la chica”.

“Frente a esto se interpuso su hermano, por lo que el victimario se fue contra éste y le provocó una herida punzante en el hombro derecho y en la región umbilical, lesiones calificadas como “graves”. Luego el imputado agarró a la niña y se subió al vehículo, dándose a la fuga hasta que lograron detenerlo los vecinos, y fue aprehendido por personal de la Comisaria 21°”, describió la Fiscalía.

“De esta manera, el sujeto desobedeció la orden de prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia N° 16 en fecha 21 de mayo de este año, respecto de la señora, su domicilio y a 200 metros de donde la misma se encuentre y de la cual se encontraba debidamente notificado”, concluyó.

Como sustento probatorio la Fiscalía presentó para esta instancia, el acta de la denuncia realizada tanto por la señora como por su hermano, entrevistas concretadas con los familiares de las víctimas. Así mismo, el certificado médico donde constan las heridas tras la intervención quirúrgica, el expediente del Juzgado De Familia N° 16, donde obra la prohibición de acercamiento y la debida notificación al ahora imputado. Como también el acta de procedimiento de la Comisaría 21 y el acta del Gabinete de Criminalística, quienes intervinieron en el lugar del hecho, como el acta del rastrillaje concretado.

El defensor público penal Oscar Mutchinick dijo que “sin perjuicio de no oponerse al hecho, la calificación jurídica y el sustento probatorio de la Fiscalía, mi asistido declarará, pero no responderá preguntas”.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del sujeto ya que entre otras cuestiones consideró que “falta prueba por producir. No hemos podido entrevistar por el estado emocional en el que se encuentran, ni a quien se encuentra internado ni a la señora. Por esto el imputado podría influir para que se comporten de manera reticente si se encontrara en libertad”.

“Pero además, y este hecho lo prueba, la prohibición de acercamiento no fue suficiente para poner freno y menos para abortar el riesgo de que la víctima y su grupo familiar pueda prestar declaración en estado de tranquilidad”, expresó la fiscal jefe.

Por su parte, la defensa se opuso a la medida y propuso otras alternativas como presentaciones diarias ante la Fiscalía o Comisaría.

De todas maneras, el juez de Garantías interviniente Gustavo Quelín resolvió que el hombre sea puesto en prisión preventiva y sea imputado tal como lo hizo la Fiscalía.

Judiciales

Seguirá preso hasta julio: La jueza extendió la detención del acusado por el choque múltiple en Allen

El Ministerio Público Fiscal argumentó que Araneda contaba con solvencia económica y antecedentes penales al momento del hecho. La defensa propuso medidas alternativas, pero la magistrada no hizo lugar al planteo.

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La jueza de Garantías interviniente en el caso del siniestro vial ocurrido el 21 de noviembre en el kilómetro 1204 de la Ruta Nacional N° 22, en Allen, resolvió prorrogar la prisión preventiva de Axel Adrián Araneda hasta el 21 de julio de 2026.

La medida fue solicitada por la Fiscalía, que fundamentó su pedido en la persistencia del peligro procesal de fuga. En ese sentido, la representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el imputado cuenta con antecedentes penales, lo que impediría que una eventual condena fuera de ejecución condicional. Además, destacó que al momento del hecho Axel Adrián Araneda se movilizaba en una camioneta Amarok automática, transportaba un millón de pesos y llevaba consigo varios teléfonos celulares marca iPhone, elementos que, a criterio de la fiscalía, dan cuenta de su solvencia económica y de las posibilidades concretas de sustraerse al accionar de la Justicia.

La Fiscalía también indicó que se encuentran pendientes de realización diversas pericias, entre ellas la histopatológica, la reconstrucción virtual a cargo del Ministerio Público de Río Negro y la apertura de los teléfonos celulares por parte de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel).

En cuanto al resultado del análisis de alcohol en sangre, la representante fiscal aclaró que el estudio arrojó 0,94 gramos por litro, circunstancia que no permite acreditar ese agravante en particular. No obstante, precisó que se mantienen los vinculados a la cantidad de víctimas fatales y al exceso de velocidad.

La querella adhirió al pedido. La defensa particular del imputado propuso medidas alternativas, como presentaciones periódicas en comisaría, la prohibición de salida de la provincia y del país, o la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico.

La jueza no hizo lugar a esa propuesta y dispuso que la prisión preventiva se extienda por cuatro meses más.

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Judiciales

Un perro mordió a una mujer y su dueña será sancionada

La Justicia constató que el animal ya había protagonizado otros episodios similares con al menos dos personas más.

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Una mujer sufrió una mordedura en una pierna cuando se dirigía a su lugar de trabajo y pasaba cerca de un comercio. Según relató, un perro de tamaño mediano y de color blanco se abalanzó sobre ella y le provocó la lesión. Indicó, además, que no se trató de un hecho aislado, ya que el mismo animal había atacado con anterioridad a un familiar.

Tras el episodio, la persona recibió atención en el Hospital de Guardia Mitre. En el expediente se incorporó un certificado médico que acreditó la asistencia y la lesión constatada por el personal de salud.

La mujer se dirigió al Juzgado de Paz de Guardia Mitre y realizó la denuncia. Se constató el domicilio de la responsable del perro y que el animal ya había protagonizado otros episodios similares con al menos dos personas más.

A partir de estos elementos, el juez de Paz consideró que existían pruebas suficientes para imputar a la persona señalada como responsable del cuidado del animal. En consecuencia, dispuso su notificación para que ejerciera su derecho a presentar descargo dentro de los plazos establecidos por la Ley Contravencional Nº 5592. Sin embargo, una vez vencido el plazo, la imputada no presentó ninguna manifestación en su defensa.

El caso se analizó en el contexto del artículo 43 de la Ley Contravencional Nº 5592, que establece que resulta punible la persona dueña o encargada de la custodia de animales que ocasionan daños a la integridad física de terceros cuando no adopta las medidas de precaución necesarias para evitar esos perjuicios. La norma también contempla la posibilidad de que la infracción se configure por conducta culposa.

Asimismo, la resolución incluyó referencias a normativa local. La ordenanza Nº 014/2021 sanciona la tenencia irresponsable de animales sueltos, entre ellos los perros. Por su parte, la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 43, establece que el municipio regula el control y la tenencia responsable de animales por parte de sus propietarios.

En función de ello, la resolución dispuso la aplicación de la sanción prevista en el artículo 23, inciso a), de la Ley Contravencional Nº 5592. Esa norma contempla la amonestación como una de las penas posibles. El artículo 24 define esta sanción como una exhortación dirigida a evitar futuras infracciones y a señalar la gravedad de la conducta, así como sus efectos sobre la convivencia social.

El magistrado sancionó a la persona imputada con una amonestación por infracción al artículo 43 de la Ley 5592, sobre la base de los elementos incorporados en el expediente y del encuadre legal correspondiente.

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Deportes

Grave denuncia en club: Separaron a un entrenador acusado de abuso y estafa

La institución separó al acusado y expuso una estafa que alcanzaría los 160 millones de pesos.

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Un grave caso sacude al ámbito del fútbol infantil en Neuquén, donde un entrenador y abogado de 28 años fue denunciado por presunto abuso y una millonaria estafa que afectaría a familias vinculadas a un club barrial.

La presidenta del Club Unión Vecinal, Fabiana Cárdenas, confirmó en diálogo con el programa SuperDeportivo (de lunes a viernes de 12 a 14 horas por La Super FM 96.3) que la institución tomó conocimiento de los hechos y actuó de manera inmediata. «Tomamos conocimiento de los presuntos hechos e inmediatamente lo separamos del cargo», explicó.

Según relató a La Super, al comunicarle la decisión, el acusado reaccionó con enojo y, tras su salida, también se desvinculó todo el cuerpo técnico de la categoría 2010, incluido un familiar directo.

Además de las denuncias por presunto abuso, desde el club señalaron que el hombre habría cometido estafas por cifras millonarias. «Estafó a varias personas dentro del club, padres de los chicos, incluso a mi hijo», indicó Cárdenas, quien detalló que solo en su caso el perjuicio rondaría los 79 millones de pesos, mientras que el total alcanzaría unos 160 millones.

El caso genera especial preocupación por la posible existencia de víctimas menores de edad. «Hay chicos en el medio, eso es lo más grave», remarcaron desde la institución, que se definía como un espacio de contención familiar. «Queremos la verdad de todo porque hay chicos en el medio», sostuvo la dirigente, remarcando la gravedad del caso más allá de lo económico.

En las últimas horas, se confirmó que se realizó la formulación de cargos, mientras avanza la investigación judicial.

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