Judiciales
Se resolvieron casi 1700 conflictos laborales en el último año
Además, hubo más de 307 acuerdos en el marco de la Conciliación Laboral Obligatoria.
El gobierno provincial intervino en la resolución de 1.689 conflictos laborales en el último año. Además, hubo más de 307 acuerdos en el marco de la Conciliación Laboral Obligatoria. Los datos corresponden al periodo interanual entre junio de 2018 y el mismo mes de 2019.
Desde las 18 delegaciones zonales de la Secretaría de Estado de Trabajo se intercedió, analizó y procedió a la homologación de 1.689 acuerdos, un promedio de 140 mensuales.
Los procedimientos administrativos dieron lugar a consensos enmarcados en acuerdos individuales y colectivos, en el marco de las normativas laborales vigentes.
En el transcurso del año, la zona del Alto Valle fue la que encabezó este rubro, con un total de 689 homologaciones. Asimismo, es la zona que más delegaciones concentra, con un total de seis, dando respuesta a la mayor demanda a su densidad poblacional y diversidad de actividad laboral.
En segundo lugar, se ubicó la Zona Andina y Región Sur, donde se homologaron 394 acuerdos laborales, seguido por la Zona Atlántica con 381. Por último, en el Valle Medio se procedió a la homologación de 225 acuerdos.
El Gobierno se mantiene presente en cada conflicto laboral, a partir de la convocatoria permanente al diálogo social tripartito, con el objetivo de lograr consensos y acercar acuerdos entre las partes.
Conciliación Laboral Obligatoria
Además, a seis meses de la puesta en funcionamiento del método de la conciliación laboral prejudicial obligatoria, en la Cuarta Circunscripción se registraron 629 expedientes iniciados en el ámbito de la Secretaría de Estado de Trabajo y 166 expedientes en los Centros Judiciales de Mediación (CEJUME) del Poder Judicial.
En total, hubo 307 acuerdos: 271 en las tres delegaciones de la Secretaría de Estado de Trabajo y 36 en el CEJUME de Cipolletti y en la delegación de Cinco Saltos.
La instancia de la conciliación puede realizarse, indistintamente, ante la cartera laboral o en las Oficinas de Conciliación que el Poder Judicial ofrece en Cipolletti y Cinco Saltos, y que dependen de los CEJUME. Luego, los jueces laborales revisan esos acuerdos y, en la medida que se cumplan las garantías de los procesos, homologan con alcance de sentencia.
En el ámbito de Trabajo se iniciaron 629 expedientes, con 569 audiencias y 271 acuerdos, con el siguiente detalle: en la delegación de Cipolletti se registraron 326 expedientes con 111 acuerdos, en la delegación de Cinco Saltos 163 expedientes con 41 acuerdos y en la delegación de Catriel 140 expedientes con 119 acuerdos.
Judiciales
Caso Ripari: Condenan a una mujer a 4 años y 6 meses por encubrimiento agravado
La mujer admitió haber recibido dos motos y ocultado carne robada del hecho que terminó con la muerte del hombre de 77 años.
Ayer (20/11), la mujer imputada por haber adquirido o recibido dos motocicletas -sabiendo que tenían un origen ilícito y con fines de lucro- en el marco del homicidio en ocasión de robo de Oscar Ripari, reconoció haber cometido el delito y fue condenada a la pena única de 4 años y 6 meses de prisión.
«El Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de primera reincidencia, las accesorias legales, el pago de las costas y renunció a los plazos procesales», explicó el fiscal que intervino en la audiencia, detallando los alcances del acuerdo alcanzado.
La condena recae sobre los delitos de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, previstos en los artículos 277° inc. 1° c) e inc. 3° b), 55 y 45 del Código Penal. La fiscalía sostuvo que la mujer no solo recibió las motos involucradas en el crimen, sino que también ocultó la carne sustraída de la carnicería de Ripari. «Recibió y ocultó cosas que sabía eran provenientes de un delito, con un claro fin de lucro, tanto para su comercialización como para su consumo personal», indicó.
Para esta instancia de acuerdo abreviado pleno, la Fiscalía presentó un amplio cuerpo probatorio: intervenciones del personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.), análisis de teléfonos secuestrados, trabajo del Cuerpo de Investigación Judicial y registros de cámaras del 911.
El juez interviniente homologó el acuerdo y confirmó que la mujer de 36 años comenzará a cumplir su condena por los hechos y la calificación legal reconocidos.
Con esta sentencia, el expediente por el homicidio de Oscar Ripari queda cerrado, tras haber sido condenados todos los imputados: tanto los responsables del homicidio en ocasión de robo, como quienes participaron del encubrimiento agravado.
Judiciales
Caso Dobra: Modifican las cautelares y ordenan tobillera y prohibiciones de contacto a uno de los imputados
El acusado continuará con tobillera electrónica y libertad dentro del ejido urbano, además de prohibiciones estrictas hacia víctimas y testigos.
El juez revisor del Foro de Jueces de General Roca hizo lugar al planteo del defensor particular de uno de los imputados en una causa por encubrimiento y ordenó la modificación de las medidas cautelares que pesaban sobre el hombre, de apellido Méndez. El pedido se basó en la escala penal prevista para el delito que se le atribuye.
Tras la resolución del magistrado revisor, se llevó a cabo una nueva audiencia ante el juez de Garantías, quien definió que el imputado deberá utilizar tobillera electrónica hasta mayo de 2026. La medida incluye libertad ambulatoria, pero únicamente dentro del ejido urbano de la ciudad de Roca, debido al riesgo procesal de entorpecimiento que evaluó el tribunal.
Además, el juez estableció una prohibición estricta de acercamiento, hostigamiento, amedrentamiento y cualquier tipo de contacto con las víctimas y los testigos, con un límite de 200 metros. También se dispuso la prohibición de salida del país.
La resolución contó con la conformidad de la Fiscalía y de la querella, y no recibió objeciones por parte de la defensa particular.
El juez advirtió que cualquier incumplimiento de las medidas habilitará la solicitud de prisión preventiva por desobediencia.
Judiciales
La abuela deberá pagar una parte de la cuota alimentaria por el aporte insuficiente del padre
La Justicia dispuso una cuota equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles: dos a cargo del padre y uno a cargo de la abuela paterna.
El padre se fue a otra provincia, dejó de aportar, casi no llama y, cuando lo hace, es para explicar que no tiene trabajo formal. Mientras tanto, su hija creció bajo el cuidado exclusivo de la madre, sin colaboración económica del progenitor y con apoyo limitado de la abuela materna.
Frente a esta situación, la madre acudió al fuero de Familia de Bariloche para pedir una actualización de la cuota alimentaria y solicitó también que se incorporara al proceso a los abuelos paternos. El planteo se apoyó en el artículo 668 del Código Civil y Comercial, que permite extender la obligación a los ascendientes cuando el padre o madre obligado no cumple o no puede hacerlo.
El padre se presentó en una audiencia y ofreció pagar $100.000 mensuales. Dijo que trabajaba en la construcción, sin relación de dependencia, y que sus ingresos eran variables. Informó que vivía con sus padres en la ciudad de Federal, Entre Ríos. La propuesta fue rechazada, pero aceptada de manera provisoria mientras avanzaba el proceso.
Más adelante se presentó la abuela paterna. Alegó que no tenía relación con su nieta, que su hijo no vivía con ella de forma permanente y que su situación económica era frágil. Explicó que percibía una jubilación mínima y que había estado acompañando el tratamiento médico de su esposo, quien falleció durante la tramitación de la causa.
Los informes reunidos durante la etapa probatoria confirmaron que la adolescente vive con su madre, asiste a una escuela privada con beca parcial, está afiliada a una obra social y no recibe asistencia regular del padre. El informe socioambiental describió una relación esporádica, casi nula, entre el padre y su hija, y registró ingresos informales del progenitor. Los testigos señalaron que la madre sostiene sola la crianza y que el padre se desvinculó tanto afectiva como económicamente.
Con estos elementos, la jueza dio por acreditada la dificultad del progenitor para cubrir en forma completa la obligación alimentaria y resolvió fijar un esquema mixto. Dispuso una cuota equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles: dos a cargo del padre y uno a cargo de la abuela paterna.
La sentencia citó normativa nacional y convencional sobre la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. También destacó el valor económico del trabajo de cuidado y sostuvo que, pese a la situación de vulnerabilidad que puede atravesar una persona mayor, en este caso las más afectadas por la falta de recursos eran las adolescentes.
La magistrada estableció que la cuota asignada a la abuela cesará cuando el padre pueda asumir la obligación alimentaria en su totalidad. Recordó además que las cuotas alimentarias no son definitivas y pueden revisarse si cambian las circunstancias.
