Judiciales
Su auto quedó atrapado en un litigio entre dos empresas y ambas deberán indemnizarlo
El inconveniente fue entre una concesionaria de Cipolletti y la empresa fabricante. El sujeto ganó el juicio.
Un hombre del Valle Medio compró un auto 0 Km pero tuvo que luchar durante casi tres años para acceder a la documentación legal del vehículo, debido a un litigio que mantenían la concesionaria de Cipolletti que le vendió el coche y la empresa fabricante. En ese lapso, se vio obligado a circular con la documentación precaria que le habían entregado y el auto terminó secuestrado en un control municipal de tránsito en Bahía Blanca. Ahora, por un fallo del Juzgado Civil N° 31 de Choele Choel -confirmado por la Cámara Civil de Apelaciones de Roca-, las dos empresas deberán indemnizarlo con 137.000 pesos, más intereses, por el “daño material” y el “daño moral” que sufrió por “la privación de uso” del automóvil.
La historia se remonta a abril de 2007, cuando H.G. compró en la concesionaria Jauregui Automotores S.A. un Citroën Xsara Picasso. Lo pagó completo y lo retiró el mismo día, pero sin la documentación necesaria para la inscripción en el Registro de la Propiedad Automotor ni otros certificados oficiales. Los papeles, según surge del expediente, habían sido retenidos por la proveedora Peugeot Citroën Argentina S.A., que reclamaba a la concesionaria cipoleña el pago de varias operaciones pendientes. En abril de 2008, por una urgencia familiar, el hombre debió viajar a Bahía Blanca y fue allí donde el auto quedó secuestrado por falta de documentación.
Recién en diciembre de 2009 el afectado pudo hacerse de los papeles, después de numerosas cartas documento a ambas empresas y reclamos ante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor y la Dirección de Comercio e Industria de la Provincia, más la demanda civil en el Juzgado de Choele Choel y hasta una denuncia penal contra el dueño de la concesionaria por el delito de defraudación, que finalizó en 2015 con una condena. Mientras tanto, el juicio de Peugeot Citroën Argentina S.A. contra su agencia oficial en Cipolletti avanzaba en un juzgado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En primera instancia, la jueza Civil de Choele Choel condenó a las dos empresas en forma solidaria por los daños y perjuicios sufridos por el hombre, aplicando esencialmente el régimen legal de Defensa del Consumidor. Sin embargo Peugeot Citroën Argentina S.A. apeló la sentencia para cuestionar la indemnización de 37.094 pesos más intereses por “daño material” y de 100.000 pesos más intereses por “daño moral”.
“Toda mi familia se vio privada de la posibilidad de gozar libremente no sólo del nuevo rodado adquirido y pagado, sino también de nuestro vehículo que entregamos en parte de pago”, reclamó el cliente en su demanda.
En la apelación, la empresa le respondió que los gastos reclamados debían “ser compensados” con todo lo que el hombre supuestamente ahorró al no tener que afrontar “los gastos ordinarios del vehículo, tales como combustible, estacionamiento y otras erogaciones que hubiera acarreado su tenencia”.
Esa respuesta fue duramente cuestionada en el fallo de la Cámara: “La absurdidad del planteo es inédita y alarmante (…). Es casi como sostener que no cabría la indemnización por la muerte de un hijo, porque el ilícito les permitió a los padres ahorrar los gastos de crianza y educación a partir de su muerte. Sin hesitación, un dislate”.
La Cámara rechazó la apelación de la automotriz y tuvo por acreditados los daños reclamados por el hombre, especialmente el daño moral por “los padecimientos sufridos, que provocaron una clara lesión a la esfera espiritual (desasosiego, preocupación, incomodidades y angustia) a consecuencia del incumplimiento contractual”. Recalcó el fallo que la valoración y consideración de la prueba debe inclinarse hacia “la parte débil de la contratación” que litiga contra “una de principales fabricantes y comercializadoras de automotores”, lo que amerita la “protección específica” de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240.
Judiciales
No siempre tiene prioridad quien circula por la derecha: Condenan a conductor que no respetó la señal de Pare
Un juez hizo lugar parcialmente a una demanda por daños y perjuicios presentada por una conductora que fue embestida en una intersección, pese a haber ingresado con prioridad de paso.
Un fallo del fuero civil de Bariloche resolvió que la prioridad de paso cede cuando existe una señal clara que la contradice. Con ese criterio, un juez hizo lugar parcialmente a una demanda por daños y perjuicios presentada por una conductora que fue embestida en una intersección, pese a haber ingresado con prioridad de paso. La colisión ocurrió en una esquina señalizada con un cartel de Pare que el otro conductor no respetó.
El incidente ocurrió cuando un automóvil que circulaba por la calle Villegas, en sentido norte-sur, fue impactado en su lateral derecho por otro vehículo que se desplazaba por Tiscornia en sentido oeste-este. En dicha esquina existe señalización vial que impone la detención total para quienes transitan por Tiscornia.
La presencia del cartel fue confirmada por la Oficina de Tránsito de la Municipalidad y por una testigo que se encontraba justo detrás del vehículo embestido. La prueba pericial también coincidió en la mecánica del hecho, al ubicar el daño en la parte media del lateral derecho del rodado.
El juez interviniente aplicó el artículo 41 de la Ley Nacional de Tránsito, que establece que la prioridad de paso corresponde a quien circula por la derecha, salvo que una señal indique lo contrario. En este caso, la existencia del cartel de Pare desplazaba la regla general. El fallo recordó que dicha señal no permite interpretaciones: impone la detención absoluta del vehículo y no una simple reducción de velocidad.
A la conducta del conductor que no respetó la señal se sumó la falta de prueba sobre la existencia de algún factor externo o culpa de la víctima que pudiera haber interrumpido el nexo causal. En consecuencia, la sentencia lo declaró responsable como guardián del vehículo, y también incluyó en la condena a la titular registral por la responsabilidad concurrente prevista en el artículo 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación.
El fallo incluyó los daños materiales comprobados y la privación de uso del vehículo. Se rechazaron los rubros por desvalorización, daño psicológico y daño moral por ausencia de pruebas suficientes. La aseguradora fue alcanzada por la condena conforme a los límites previstos en la póliza y dentro del marco legal aplicable.
Judiciales
Un juez rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley de reiterancia: Un detenido por lesiones seguirá con prisión preventiva
El hecho ocurrió cuando una vecina denunció ruidos molestos y el acusado agredió a efectivos policiales.
Un hombre de General Godoy que ya tenía una formulación de cargos firme y ahora fue imputado permanecerá en prisión preventiva durante dos meses. El caso toma relevancia porque se enmarcó en la Ley de Reiterancia y el juez debió resolver un planteo de inconstitucionalidad de la flamante ley.
En efecto, el hombre recibió una nueva formulación de cargos, en este caso por atentado y resistencia a la autoridad, evasión y lesiones agravadas contra un miembro de la fuerza de seguridad.
De esta manera, la Fiscalía planteó la prisión preventiva en el marco de la Ley de Reiterancia. La defensa pública, por su parte, consideró que la norma vulnera el principio de inocencia. Argumentó que la legislación se basa en la sospecha de que el imputado cometerá nuevos delitos.
El juez consideró que el planteo de inconstitucionalidad formulado por la defensa pública no estuvo acompañado por antecedentes claros ni concretos.
Al rechazar este planteo, el juez Pierroni explicó que en principio la reiterancia no equivale a castigar por delitos futuros, sino que evita un riesgo procesal concreto. Agregó que la prisión preventiva no anticipa una pena, sino que asegura el desarrollo del proceso.
El juez remarcó que la declaración de inconstitucionalidad representa un acto de máxima gravedad en el sistema judicial. Solo debe recurrirse a ella conforme a la doctrina del Superior Tribunal de Justicia y de la Corte Suprema, cuando no exista posibilidad de una solución adecuada.
La ley rionegrina considera que la acumulación de procesos penales, incluso sin condenas previas, puede indicar una mayor probabilidad de que el imputado evada la justicia o interfiera en el proceso.
El juez afirmó que en este caso existen datos objetivos que evidencian un patrón de conducta en el comportamiento del imputado. «Esa es la base de demostración directa de un riesgo concreto, real y actual, por parte de la Fiscalía, en el sentido de influir sobre los testigos para que se comporten de manera desleal o reticente al momento de declarar en juicio», indicó.
El hecho ocurrió cuando una vecina denunció ruidos molestos. La policía llegó al lugar y según la acusación fiscal se produjo una agresión contra los efectivos. Otras personas rodearon el móvil, lanzaron objetos y atacaron a los policías. Minutos después acudió un refuerzo de la Comisaría N° 35 de Huergo.
Judiciales
Quisieron robar un auto a la madrugada y terminaron detenidos
La dueña escuchó ruidos extraños fuera de su domicilio y se comunicó con la Policía.
Este mediodía (30/06), el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un hombre y a una mujer por un intento de robo ocurrido ayer (29/06) a la madrugada en General Roca. Además solicitó la prohibición de acercamiento a dos domicilios y a dos personas.
Según la acusación fiscal, «alrededor de las 7 de la mañana del domingo, la pareja aprovechó que la víctima había dejado su auto en la vía pública, y actuando con un plan en común, habrían violentado el tambor de la cerradura de la puerta del conductor».
«Luego, se subieron al vehículo pero no terminaron de concretar su accionar ya que una de las damnificadas abrió la ventana de su casa que daba a la calle, verificó las cámaras de seguridad y dio aviso al personal policial», explicó la fiscal del caso.
Los dos sospechosos fueron reducidos por el personal de la Comisaría 3°, que tomó intervención en el hecho.
Forman parte del sustento probatorio de esta imputación el acta de procedimiento policial, la denuncia penal, las entrevistas, informes del Gabinete de Criminalística, el análisis de las cámaras de seguridad.
La Fiscalía solicitó además de la imputación, que ambos se abstengan de acercarse a las víctimas, como a dos domicilios.
Por su parte, el defensor público que asistió tanto a la mujer como al hombre no se opuso a la formulación de cargos como tampoco a la medida cautelar.
De esta manera, y tras escuchar a ambas personas imputadas, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por el delito de «tentativa de robo de vehículo dejado en la vía pública y amenazas», imputados por ser co-autores, y ordenó la prohibición de acercamiento.
