Judiciales
El hombre que atacó a su ex pareja con una tijera seguirá detenido hasta que se conozca la pena de su condena
Prorrogaron la prisión preventiva hasta el 30 de octubre. Podría pasar de 3 a 10 años de prisión.
Tras una audiencia realizada el viernes (30/08) por la tarde en Roca, la jueza de Garantías María Gadano ordenó prorrogar hasta el 30 de octubre la prisión preventiva que pesa sobre Jorge Alberto Quiroz, quien el pasado 23 de agosto fue declarado, por un Tribunal Colegiado, autor penalmente responsable del delito de “lesiones graves doblemente agravadas, por ser pareja de la víctima y por haber sido cometidas en un marco de violencia de género”.
La próxima instancia del proceso es la audiencia de cesura, cuya fecha aún no ha sido definida, en la que se discutirá el monto de la pena que deberá cumplir el imputado. La escala penal aplicable será de 3 a 10 años de prisión.
En la audiencia del viernes pasado tanto la Fiscal Jefe Graciela Echegaray como el abogado querellante Marcelo Herzriken Velasco solicitaron la extensión de la prisión preventiva que pesa sobre el imputado, la cual está vigente desde la formulación de cargos realizada en enero pasado. En tanto que el defensor particular Carlos Vila solicitó la libertad y, eventualmente, el reemplazo de la detención por una medida menos gravosa como el depósito de una fianza (sugirió una suma de hasta 100.000 pesos) o la libertad controlada con dispositivos electrónicos.
Para los acusadores, con el veredicto de culpabilidad dictado días atrás se potenció el peligro de fuga. “El grado de culpabilidad a partir del veredicto ha aumentado y se incrementa el peligro de fuga porque las condiciones del imputado así lo permiten”, señaló la fiscalía en alusión a las posibilidades económicas concretas del hombre.
El querellante agregó las facilidades que estima podría tener en función de “sólidas vinculaciones” familiares con una fuerza de seguridad. Sostuvo, además, que si el imputado queda en libertad, la víctima podría ver condicionada su declaración en la futura audiencia de cesura.
Ambos acusadores señalaron también que solicitarán penas de prisión efectiva en el inminente juicio de cesura, descartando las chances de la pena mínima legal de 3 años de ejecución condicional.
Al momento de resolver la jueza coincidió con los acusadores en cuanto al “peligro de fuga”, en función del mayor grado de culpabilidad que supone el reciente veredicto condenatorio.
Explicó que, según el Código Procesal Penal, corresponde en este caso evaluar el riesgo de fuga según el “arraigo” del imputado, “determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo”, como lo define la ley, y por “las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto” que éste pueda presentar.
Tras esa precisión señaló que las partes no le brindaron precisión alguna sobre el arraigo del imputado, imposibilitando así cualquier posibilidad concreta de dictar, por ejemplo, una prisión preventiva domiciliaria u otra medida cautelar que sustituya la detención.
Por último, sopesó la “gravedad” del delito cometido y dio razón a la fiscalía en cuanto a la posibilidad económica de fuga, valorando tanto los ingresos declarados por la familia del acusado como la elevada oferta de fianza realizada en la audiencia.
Judiciales
Subieron los divorcios en Río Negro: Durante 2025 se registraron 1.277 trámites
No obstante, 2023 sigue siendo el año con la cifra más alta de la última década: se dictaron 1529 sentencias de disolución del vínculo matrimonial.
Durante 2025, los Juzgados y Unidades Procesales de Familia de Río Negro registraron 1.277 trámites de divorcio. El dato surge del relevamiento anual del fuero y ubica a ese tipo de proceso entre los más frecuentes dentro de la conflictividad familiar.
En todo 2024 se iniciaron 1.240 expedientes por disolución del vínculo matrimonial. Un año antes, en 2023, se dictaron 1.529 sentencias de divorcio, la cifra más alta en al menos una década. En 2022 se habían contabilizado 1.204 y en 2021, un total de 1.333. En 2020, el Poder Judicial resolvió 910 divorcios. Entre 2016 y 2019 las cifras se mantuvieron relativamente estables: 1.400 en 2016, 1.395 en 2017, 1.426 en 2018 y 1.386 en 2019. En 2015 se registraron 903 y en 2014, un total de 1.078.
La disolución del vínculo matrimonial tramita en 16 organismos judiciales distribuidos en todo el territorio provincial. En Viedma y Roca funcionan varias unidades procesales. También se reciben causas en San Antonio Oeste, Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti.
El divorcio se produce cuando una o ambas personas que integran el matrimonio solicitan judicialmente la disolución del vínculo. A partir de allí, si existen cuestiones pendientes, como cuidado personal, alimentos o distribución de bienes, esas cuestiones continúan su trámite por las vías que correspondan.
El año pasado algunos divorcios se resolvieron en menos de una semana, ya que no había hijos ni bienes en común. Hoy el trámite no exige dar motivos del pedido del cese del vínculo, basta con la voluntad de alguno de los integrantes de la pareja.
Respecto a la resolución de los conflictos, en 2025 se dictaron 11.150 sentencias de finalización en toda la provincia, cifra que incluye fallos definitivos, interlocutorios, monitorios y homologaciones. Además, la magistratura llevó adelante un total de 5.975 audiencias, entre las cuales destacaron las preliminares y las instancias de escucha a niños, niñas y adolescentes. La gestión se apoyó en la labor de las Oficinas de Tramitación Integral de Familia, modelo que permite reducir la carga administrativa sobre los jueces y juezas para concentrar la tarea en las resoluciones jurisdiccionales.
La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
Judiciales
La Justicia ordenó avanzar con el traslado del chimpancé Toti a un centro especializado en Inglaterra
Los informes concluyen que el animal está en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, con riesgos controlables y bajo supervisión especializada.
El fuero de Familia de Roca dispuso que el chimpancé Toti sea trasladado al centro especializado Monkey World Ape Rescue Centre, en Inglaterra, al considerar que se encuentran dadas las condiciones sanitarias y técnicas para concretar el proceso.
La decisión se enmarca en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en la causa impulsada por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA). El fallo original, que ordenó el traslado, fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Durante más de un año, equipos técnicos de la Fundación Franz Weber y del Instituto Jane Goodall Argentina llevaron adelante la evaluación y preparación de Toti. Los informes concluyen que el animal está en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, con riesgos controlables y bajo supervisión especializada.
El destino elegido, Monkey World, fue considerado el más adecuado por su experiencia en rehabilitación de chimpancés provenientes de cautiverio y por ofrecer condiciones que permiten la socialización con otros individuos de su especie, un aspecto clave para su bienestar.
La resolución también establece que la Fundación Franz Weber y el Instituto Jane Goodall Argentina continuarán a cargo de la planificación técnica, sanitaria y logística del traslado, asumiendo los costos del proceso. En tanto, la Fundación Bubalco deberá colaborar con las tareas preparatorias y facilitar la documentación necesaria.
El fallo destacó que, si bien el traslado implica riesgos, estos resultan mitigables y deben ponderarse frente a la posibilidad de garantizar a Toti una mejora sustancial y duradera en sus condiciones de vida.
Con esta decisión, se abre una nueva etapa orientada a concretar el traslado, que incluirá la continuidad del entrenamiento del animal, controles veterinarios, gestiones administrativas y coordinación internacional.
Judiciales
Escándalo por la «falsa médica» en Roca: La Fiscalía pide mantener la tobillera y la inhibición de bienes
La mujer está acusada de usurpación de títulos, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública en clínicas privadas y el Hospital.
La investigación por el ejercicio ilegal de la medicina en General Roca sumó nuevos y preocupantes capítulos durante la audiencia realizada esta mañana (20/04). El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente que se mantengan las medidas cautelares vigentes contra la mujer denunciada por las autoridades del Ministerio de Salud provincial.
Según la Fiscalía, la gravedad del caso trasciende la faz administrativa: familiares de personas que habrían sido atendidas por la imputada han comenzado a presentar denuncias particulares por mala praxis, lo que abre una nueva y compleja línea de investigación.
La representante fiscal fue contundente al describir el accionar de la mujer «habría trabajado los últimos 6 años cometiendo delitos de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos, falsificación y uso de documento público falso, además de defraudación agravada contra la administración pública». El engaño no se limitó a un solo lugar, sino que se extendió por tres instituciones diferentes: una clínica privada donde permaneció 6 años, otra por algunos meses y el Hospital Francisco López Lima de General Roca, donde prestó servicios durante 2 años.
Ante este panorama, la Fiscalía sostiene que es imperativo mantener la custodia de la documentación y asegurar que la acusada no interfiera con el proceso.
Por este motivo, se pidió que continúen vigentes por el plazo de seis meses la colocación de la tobillera de control satelital, la prohibición de salida del país y la obligación de mantener su domicilio actual.
Asimismo, sigue firme la inhibición general de bienes, afectando tanto sus inmuebles como su vehículo particular.
El juez de Revisión dará a cnocer su resolución mañana (21/04) a las 9 de la mañana en la sala de audiencias de los Tribunales roquenses.
