Política
Aprobaron la Ley de Emergencia Alimentaria
Fue luego de una sesión breve que estuvo consensuada entre los bloques del oficialismo y la oposición y que se desarrolló en un clima de tranquilidad.
La Cámara de Diputados aprobó esta tarde (12/09) el proyecto consensuado sobre emergencia alimentaria impulsado por la mayoría de los bloques opositores, en una sesión que contó con la presencia del oficialismo, que aceptó tratar la iniciativa. Ahora será el Senado el que tenga que definir la otra media sanción para que el proyecto se convierta en Ley.
Hubo 222 votos afirmativos, ningún voto negativo y una abstención. La votación se llevó a cabo luego de un debate breve en el que hablaron los presidentes de los bloques y uno de los legisladores de cada espacio. La dinámica se acordó entre los diferentes sectores políticos.
Luego del pedido de Nicolás Del Caño (FIT) para tratar otros temas durante la sesión parlamentaria, Daniel Arroyo (Red por Argentina) afirmó que «estamos hablando de una ley que ayudar a ponerle un piso a la caída social, es evidente que hay un problema de hambre en Argentina, hay un problema de malnutrición». «Estamos ante una etapa difícil, nadie tiene que encender la mecha, nadie tiene que tirar la piedra», agregó.
Por su lado, Héctor «Toty» Flores (Cambiemos) afirmó que el oficialismo acompañará el proyecto, aunque afirmó no «coincidir con la magnitud de la situación que se está viviendo». «Es necesario acompañar a la gente que está sufriendo con la crisis cambiaria del año pasado y que se ha profundizado con la crisis post PASO», señaló.
A su vez, recordó que «pasaron varios gobierno desde la declaración de la Emergencia Social, 18 años en la Argentina, donde no se resolvió el problema de la pobreza estructural que este gobierno, con las obras que está haciendo, cloacas, asfalto, lo venía haciendo en los dos primeros años de gestión». «Hubo emergencia social cuando la economía no crecía y hubo emergencia social cuando crecía a tasas chinas y el precio de la soja era de 600 dólares», agregó.
Luego se manifestaron los diputados Juanjo Bahillo (PJ, Entre Ríos) y Carlos Castagneto (PJ bonaerense), Alejandro Ramos (Primero Argentina) y Cecilia Moreau (Frente Renovador), quién aseguró: «El modelo de concentración económica no fue una cadena de errores, sino un plan sistemático de aniquilamiento de las clases medias y más humildes y no alcanza con beneficencia».
También Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Victoria Donda (Somos), Del Caño. «No nos engañemos, lo que se va a pagar este año de intereses de la deuda equivale a 40 veces las políticas alimentarias en Argentina, hay algo que no cierra para las mayorías populares», afirmó el diputado del Frente de Izquierda.
Y agregó que «no es como dice el candidato del Frente de Todos (Alberto Fernández) que hay que evitar las calles, sino todo lo contrario, es el único medio para conquistar las demandas. Nos quieren engañar diciendo que ahora hay que quedarse tranquilos, que hay que aceptar la situación a la que nos ha llevado este Gobierno y sus cómplices». En el mismo sentido se manifestó Romina del Plá.
La iniciativa, que se consensuó en base a más de diez proyectos presentados por diferentes bloques, plantea la prórroga del decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y que se extienda hasta el 31 de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional e impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.
En la previa del debate parlamentario, la diputada Graciela Camaño recordó que el país viene con una economía deprimida en un contexto inflacionario que, luego de la fuerte devaluación post las PASO, provocó el ingreso a la pobreza y a la indigencia de muchos argentinos..
También la diputada nacional por Río Negor e intendenta electa de General Roca, María Emilia Soria, tuvo la palabra. «El hambre no puede esconderse en una planilla de Excel, por eso hoy estamos aprobando la Emergencia para empezar a devolverle a cada argentino lo que Macri le quitó», sostuvo.
Añadió finalmente que «el municipio de Roca haya sido uno de los primeros en el país en haber declarado la Emergencia Alimentaria, para hacerle frente a la pobreza y el hambre que generó el gobierno de Macri».
Gremios
El Frente de Sindicatos Unidos exige un salario mínimo vital y móvil de $3.000.352
Representa más de 8 veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) reafirmó hoy (15/07) que las y los trabajadores necesitaron en junio pasado un Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.000.352 para cubrir las 9 necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Representa más de 8 veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.
«Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, que impulsó una serie de políticas para licuar salarios y combatir a las organizaciones sindicales, los asalariados perdieron más de 67 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales. Esa pérdida se aceleró en los últimos siete meses y los salarios reales del sector público cayeron más de 6%, mientras que los sueldos del sector privado se deterioraron más de 5%», indicaron.
«Ese ataque a quienes producimos es parte de una política de destrucción de la industria nacional, concentración económica, desigualdad creciente y debilitamiento de la representación democrática. Ante esto, vamos a seguir luchando por el salario digno y los derechos laborales, sindicales y democráticos de las y los trabajadores argentinos, por el desarrollo y la soberanía nacional», agregaron desde el FreSU.
«Durante este gobierno, cada trabajador y trabajadora del sector privado perdió más de 2,5 millones de pesos, en tanto que cada empleado estatal perdió más de 14 millones de pesos. Se trata de una destrucción de salarios que obligó a las y los trabajadores a endeudarse para sostener la vida cotidiana y la deuda de las familias creció en 46 billones de pesos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. La morosidad se multiplicó por 4 sólo en el último año y el mercado de crédito a los hogares se saturó. Los hogares ya no pueden tomar más deuda», explicaron.
Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toman como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales que establecidas por ley: Alimentación adecuada ($640.428); vivienda digna ($596.339); educación ($268.502); vestimenta ($148.624); salud ($365.553); transporte, esparcimiento y vacaciones ($650.867); y previsión social ($330.039).
El FreSU está integrado por organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Molineros, Papeleros y Viales.
El 1° de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados que aprobó el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmaron que «reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».
Gremios
ATE demanda al Gobierno que dicte asueto administrativo a partir del mediodía del miércoles por el partido Argentina – Inglaterra
«Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió formalmente al Gobierno que dicte un asueto administrativo con cese de tareas para mañana miércoles (15/07) a partir de las 12 del mediodía que le permita a los trabajadores de toda la Administración Pública Nacional (Administración Central y Organismos Descentralizados), así como también en los distintos entes públicos, empresas y sociedades del Estado, presenciar el partido de la Selección Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial de Fútbol.
«El encuentro entre ambos equipos en un Mundial supera el marco estrictamente deportivo. Se trata de un encuentro de enorme trascendencia cultural e histórica para nuestro país y que moviliza el sentir nacional», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Demandamos que el Gobierno determine un cese de tareas a partir del mediodía para que los trabajadores puedan estar a la tarde junto a sus familias. Por supuesto que, como siempre ocurre en estos casos, nos encargaremos de garantizar el funcionamiento de los servicios básicos y guardias mínimas para la atención de cualquier urgencia que pudiera surgir», completó el dirigente estatal.
En la comunicación dirigida al presidente Javier Milei, el sindicato estatal detalla que «tal como sucede en las festividades de fin de año y feriados nacionales, se deberían mantener guardias mínimas en sectores críticos, de manera de cubrir urgencias y emergencias».
Además, argumenta que «entidades de diversos sectores e instituciones ya se encuentran adaptando sus jornadas para permitir el seguimiento de este hito social y el Estado Nacional debería actuar en consonancia con la importancia de la fecha».
Cabe destacar que otros gobiernos han adoptado medidas similares durante esta misma edición de la Copa del Mundo, como sucedió en Paraguay decretando feriado tras la victoria en 16° de final contra Alemania. En Argentina, la provincia de Jujuy dispuso asueto administrativo el día del partido contra Egipto por 8° de final, mientras que La Rioja y San Juan habilitaron permisos para que los trabajadores de la administración pública se retiraran antes de finalizar su jornada laboral, sin afectar la prestación de los servicios esenciales.
Agro
Río Negro busca habilitar la venta legal de carne de jabalí y guanaco
El proyecto será enviado a la Legislatura y permitirá comercializar carne de jabalí y guanaco bajo estrictos controles sanitarios y de trazabilidad. La iniciativa no modifica la normativa vigente sobre caza.
El Gobierno de Río Negro enviará a la Legislatura un proyecto para actualizar la Ley Provincial de Carnes, con el objetivo de incorporar nuevas alternativas de proteína animal al circuito formal de comercialización. La iniciativa permitirá que carnes provenientes de especies como el jabalí y el guanaco puedan venderse legalmente en carnicerías y establecimientos gastronómicos, bajo estrictos controles sanitarios y de trazabilidad.
La propuesta busca que un recurso que actualmente se destina principalmente a la caza deportiva o al consumo particular pueda ingresar al mercado formal luego de atravesar establecimientos habilitados, controles veterinarios y fiscalización bromatológica.
El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, explicó que «el objetivo es generar las condiciones para aprovechar de manera segura una proteína disponible, garantizando todas las condiciones sanitarias y un marco legal para su comercialización».
El proyecto también responde al crecimiento de la población de jabalí europeo en la provincia. Según indicó el Gobierno, la expansión de esta especie exótica invasora provoca daños sobre cultivos y ecosistemas, mientras que la caza deportiva ya no resulta suficiente para controlar su avance.
En ese sentido, la iniciativa propone complementar el manejo poblacional con el aprovechamiento responsable del recurso, permitiendo que los animales capturados puedan destinarse al consumo humano una vez cumplidos todos los protocolos sanitarios.
La reforma no modifica la legislación vigente sobre fauna ni las condiciones para la actividad cinegética. La caza continuará regulada mediante permisos específicos, mientras que la nueva normativa establecerá el marco para la faena, procesamiento y comercialización formal de estas carnes bajo la supervisión de la Provincia, los municipios y el SENASA.
