Judiciales
Fiscalía solicita que Reggioni sea declarado culpable
El martes se conocerá el veredicto que tiene como principal acusado al ex intendente de Fernández Oro.
El fiscal Guillermo Merlo y la adjuna de Fiscalía Vanina Bravo consideraron que se había probado durante el debate que, a través de un conjunto de documentos, el ex jefe comunal de Fernández Oro, Juan Reggioni, y otros tres imputados intentaron apropiarse de un terreno en un loteo social. Las defensas abogaron por la absolución de los cuatro imputados.
A la hora de valorar las evidencias recabadas, Merlo recordó que las pruebas podrían se categorizadas de tres maneras: en testimonios, en documentos públicos y en confesionales.
Respecto de la primeras, destacó el testimonio de la víctima en estos actuados y del inquilino de la vivienda ubicada en el lugar. Al respecto señaló que la víctima se encontraba en una doble situación de vulnerabilidad en principio por tratarse de una mujer en situación económica muy precaria y con hijos a su cargo y en segundo lugar puesto a que sufre afecciones en su salud. Este último punto fue confirmado por la psicóloga forense del Poder Judicial.
Tiempo después de resultar adjudicada, una mujer -que se encuentra acusada- se contactó con ella para que le ceda el terreno del cual resultaba adjudicataria, en un loteo de tipo social que tiene como para garantizar el acceso a la tierra para personas de escasos recursos. Por una disposición municipal el terreno no podía ser vendido hasta tres años después de ser escritura, por lo que la víctima -quien aseguró que no podía pagar el terreno y que no conocía las restricciones para la venta- extendió un poder especial en favor de la mujer.
Posteriormente, ese poder especial fue sustituido, quedando como apoderado de la mujer el hijo del ex intendente. Este último, escrituró el terreno suscribiendo la escritura junto a su padre, quien actuaba como representante del Municipio de Fernández Oro. En el lugar se construyó una vivienda que tiempo después fue alquilada por la esposa del ex jefe comunal.
Cabe señalar que la víctima en ningún momento tomó conocimiento que el terreno había sido escriturado a su nombre, ni que se había construido una vivienda y mucho menos recibió el pago de los mencionados alquileres, pese a que en términos legales el terreno sería suyo.
Todo lo anterior fue explicado por la denunciante, el inquilino de la vivienda y por el actual intendente de Fernández Oro y el asesor legal del Municipio.
Más allá de los testimonios, tanto las escrituras de los poderes especiales, la sustitución del mismo, los contratos de alquiler y los recibos de pago,fueron incorporados como documentales.
Un audio de una grabación de una conversación entre el inquilino y el ex intendente de Fernández Oro, funcionó -según la Fiscalía- como prueba confesional. Durante la charla, el ex intendente habría confesado que había adquirido el terreno por $60 mil y que pensaba escriturarlo en favor del su hijo para posteriormente registrarlo como bien de familia. Además, menciona distintos pormenores del convenio de renta de la vivienda.
“Hemos probado todos los extremos de la acusación y es por eso que solicito que los acusados sean declarados culpables”, sostuvo Merlo.
En base a todo lo anterior, los fiscales solicitaron que los imputados sean declarados culpables del delito de negociación incompatible con la función pública. En el caso del ex intendente en carácter de autor, mientras que para su hijo, su esposa y la restante imputada, en grado de partíce necesarios. Respecto de la pareja del intendente, también se solicitó la declaración de culpabilidad por el delito de estelionato.
Las defensas solicitaron la absolución
Tal como lo hubieran anticipado en sus alegatos de apertura, los defensores solicitaron la absolución de los imputados.
Pablo Barrionuevo, abogado defensor de la primera mujer en comprar el terreno consideró que su cliente debía se declarada no culpable por hallarse prescripta la acción penal en su contra. Además argumentó que quedó probado que su cliente no tuvo la intención de cometer el delito que se le imputa por lo que su conducta resultaría atípica. El defensor particular, Antonio Barrera Nicholson consideró que los hechos llevados a juicio no encendran en figura penal y que no se habían probado los extremos de la acusación e insistió en que la causa tuvo un armado político.
La defensora pública, Silvana Ayenao, por su parte, asistente técnica del hijo del ex jefe comunal sostuvo que el hombre desconocía las prohibiciones para la adquisición del lote y que fue “utilizado” para realizar esta maniobra. Además agregó que ningún testigo lo sitió teniendo participación activa en la maniobra, puesto que no fue quien contactó a la víctima para adquirir el terreno, ni tampoco suscribió ni pactó un contrato de alquiler por la propiedad ubicada en el terreno en cuestión. En consecuencia solicitó que sea declarado no culpable.
El juez de Juicio, Álvaro Meynet, quien integra el Tribunal unipersonal que interviene en el caso, adelantó que su veredicto se conocerá el próximo martes (17/09) al mediodía en la sede judicial de España y Urquiza.
Judiciales
Acuerdo pleno por el homicidio de Riquelme: Uno de los imputados reconoció ser el autor del crimen
Las partes presentaron un procedimiento abreviado con aval de la familia. Se acordó una pena de 11 años y 6 meses para el autor del disparo y 3 años en suspenso para el encubridor. El Tribunal dará su resolución este martes.
Hoy (01/12) la Fiscalía, la querella y la defensa penal pública de los dos imputados por el homicidio de Juan Ramón Riquelme presentaron ante el Tribunal un acuerdo de procedimiento abreviado pleno, acompañado por el aval de la familia de la víctima.
En la audiencia, uno de los hombres reconoció haber sido el autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, sumado a portación ilegal de arma de fuego de uso civil y encubrimiento agravado por adquirir elementos provenientes de un delito con ánimo de lucro, todo ello en concurso real.
El segundo imputado admitió su participación como autor del delito de encubrimiento agravado, cometido para evadir la investigación de la autoridad.
Las penas acordadas
Para el autor del disparo, las partes solicitaron una pena de 11 años y 6 meses de prisión, más la inhabilitación para portar armas durante el doble del tiempo de la condena.
Para el encubridor, se acordó una pena de 3 años de ejecución condicional, con diversas reglas de conducta: fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la autoridad y prohibición de acercamiento a la familia de la víctima.
En la audiencia, se enumeró la abultada evidencia recolectada, como informe de autopsia de la víctima, las actas de la intervención policial, los allanamientos solicitados por fiscalía, el resultado de las requisas, los informes del Gabinete de Criminalística, los informes del Cuerpo de Investigación Judicial de General Roca, entrevistas varias, informe de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), intervención de la OiTEL.
Con el acuerdo formalizado y con la renuncia de todas las partes a los plazos procesales, el Tribunal informó que dará a conocer su resolución este martes (02/12) a las 10 de la mañana.
Cómo fue el hecho
El homicidio ocurrió el 13 de julio, alrededor de las 16:40, en calle Cardenales al 1300, en General Roca. Según la investigación, uno de los imputados llegó al lugar portando ilegalmente un arma de fuego, con la intención de matar a Riquelme, quien estaba en la vereda de su casa. El agresor apuntó directamente al cuerpo y gatilló al menos tres veces, provocándole la muerte en el lugar.
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Solicitaron 3 años de prisión en suspenso para el policía responsable de vejaciones en la causa Solano II
Además, la Fiscalía solicitó 6 años de inhabilitación para ejercer funciones policiales y reglas de conducta obligatorias. La sentencia se conocerá el 9 de diciembre.
Esta mañana (01/12), durante la audiencia de cesura, las partes expusieron sus pedidos de pena para el único funcionario policial declarado penalmente responsable del delito de vejaciones en el legajo conocido como Solano II. En este sentido, la Fiscalía solicitó una pena de 3 años de prisión en suspenso, junto con una inhabilitación especial de 6 años para vestir uniforme, portar el arma reglamentaria y realizar tareas de seguridad.
Tras confirmarse que el imputado no posee antecedentes penales computables, el Ministerio Público Fiscal inició sus alegatos repasando los testimonios que describieron la forma en que Daniel Solano fue retirado del local bailable. «Repetidas veces escuchamos decir: ‘Me dio bronca cómo lo empujaban, tanta alevosía no hacía falta’», señaló la fiscal jefe al referirse al accionar policial.
La Fiscalía destacó como agravante que el imputado no actuó solo, sino junto a otros compañeros, lo que -según indicaron- generó mayor indefensión para la víctima y un grado de peligrosidad innecesario. «Fue una actuación desmedida, innecesaria y a la vista de todos», remarcaron.
Asimismo, el Ministerio Público Fiscal agregó que la maniobra violenta afectó la vida ajena y los derechos humanos de Solano. Si bien aclararon que la audiencia se circunscribe al hecho específico por el que el policía fue declarado responsable, enfatizaron que la gravedad de esa intervención fue el punto de origen de lo que luego ocurrió con Daniel Solano.
Otro de los aspectos mencionados como agravante fueron las condiciones personales del imputado: tenía 29 años al momento del hecho, era funcionario policial y conocía el marco legal que regulaba su actuación. A esto sumaron que ningún testigo declaró que Solano hubiera actuado con violencia o resistencia, lo que descarta cualquier riesgo hacia los agentes.
«La manera en que lo sacaron fue excesiva y grave. Afectó tanto a la víctima como a la función pública y al poder delegado por el Estado en el imputado», concluyó la Fscalía.
Cabe recordar que en octubre pasado el Tribunal de Juicio absolvió al policía de la acusación de ser partícipe de homicidio, y declaró no culpables a otros dos agentes imputados por encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.
En esta audiencia, la Fiscalía -con adhesión de la querella- solicitó que se imponga una pena de 3 años de prisión en suspenso, junto con una inhabilitación especial de 6 años para vestir uniforme, portar el arma reglamentaria y realizar tareas de seguridad.
También pidieron que, durante 3 años, se impongan reglas de conducta: fijar domicilio, someterse al control del IAPL, y realizar una capacitación en Derechos Humanos, enfocada en la dignidad humana y el uso legítimo de la fuerza policial.
Por su parte, la defensa particular requirió que se aplique el mínimo de la pena prevista.
La sentencia será dada a conocer el martes 9 de diciembre a las 9 de la mañana, a través de la plataforma Zoom.
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Juicio por la muerte de Valentín Mercado: Fuertes acusaciones contra el anestesista
Los fiscales aseguraron que Mauricio Atencio Krausse se distrajo, salió de la sala y no monitoreó al paciente. El defensor negó negligencia y atribuyó el episodio a un coágulo. La sentencia se leerá el 3 de diciembre.
Luego de escuchar a 14 testigos durante tres días de debate, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron que el juez unipersonal declare penalmente responsable al anestesiólogo Mauricio Atencio Krausse, imputado por el delito de homicidio culposo por la muerte de Valentín Mercado Toledo. En contrapartida, la defensa requirió el sobreseimiento. La sentencia se conocerá el 3 de diciembre a las 12:30.
El fiscal del caso sostuvo que «hemos acreditado la teoría del caso planteada: demostramos que el hecho ocurrió cuando el niño ingresó vivo a la sala de cirugía y jamás volvió a estar consciente, producto de la impericia y negligencia del profesional imputado«.
A lo largo del debate quedó acreditado que la operación no era de alta complejidad, ,tal como explicaron tanto el cirujano como la médica de terapia intensiva pediátrica. Además, la familia había firmado un contrato con Atencio Krausse, en el que éste garantizaba su presencia durante todo el procedimiento.
El Ministerio Público señaló que fue el anestesiólogo quien autorizó el inicio del acto quirúrgico, tras realizar los chequeos correspondientes. Los testigos coincidieron en que la máquina de monitoreo funcionaba correctamente y que continuó en uso incluso después de la cirugía. También afirmaron que nadie obstruyó el equipo y que su control estaba exclusivamente a cargo del médico imputado.
Según la fiscalía, Atencio Krausse no sólo debía vigilar el monitor, sino también observar al paciente. Sin embargo, testigos indicaron que salió dos veces de la sala -para hablar por teléfono y para buscar un cargador- y que en otros momentos se lo vio mirando su celular durante la intervención.
La situación se agravó cuando las instrumentadoras advirtieron signos de cianosis. Ante ello, Atencio Krausse convocó a colegas anestesistas, quienes constataron que el niño estaba en paro. Se aplicaron maniobras de reanimación y adrenalina, lo que logró reactivar su sistema cardiovascular. Luego se descubrió que un coágulo obstruía la punta del tubo traqueal, el cual fue reemplazado.
La fiscalía subrayó que el monitor se había desconectado hacia el final de la cirugía y que fue un enfermero quien lo reconectó, momento en que comenzó a mostrar los valores reales del niño. «Fue un error humano, no de la máquina», remarcaron.
Respecto del daño causado, el fiscal afirmó que el niño sufrió un daño intenso e irreversible desde el inicio del paro. También destacó lo expuesto por la psicóloga de OFAVI: la familia padeció una «estafa emocional», ya que no se les brindó información clara durante los días posteriores.
La querella sostuvo que la muerte fue «el resultado directo de una conducta negligente” y que el imputado “incumplió estándares básicos de su especialidad, omitiendo controles indispensables en un contexto donde la vida de Valentín dependía de él».
Por su parte, la defensa argumentó que no hubo desatención por parte de Atencio Krausse y que la hipoxia se produjo por la obstrucción abrupta del tubo traqueal, desligando responsabilidad del anestesista respecto de la taquicardia generada por la adrenalina.
El Tribunal Unipersonal dará a conocer la sentencia el miércoles 3 de diciembre a las 12.30.
