Judiciales
Fiscalía solicita que Reggioni sea declarado culpable
El martes se conocerá el veredicto que tiene como principal acusado al ex intendente de Fernández Oro.
El fiscal Guillermo Merlo y la adjuna de Fiscalía Vanina Bravo consideraron que se había probado durante el debate que, a través de un conjunto de documentos, el ex jefe comunal de Fernández Oro, Juan Reggioni, y otros tres imputados intentaron apropiarse de un terreno en un loteo social. Las defensas abogaron por la absolución de los cuatro imputados.
A la hora de valorar las evidencias recabadas, Merlo recordó que las pruebas podrían se categorizadas de tres maneras: en testimonios, en documentos públicos y en confesionales.
Respecto de la primeras, destacó el testimonio de la víctima en estos actuados y del inquilino de la vivienda ubicada en el lugar. Al respecto señaló que la víctima se encontraba en una doble situación de vulnerabilidad en principio por tratarse de una mujer en situación económica muy precaria y con hijos a su cargo y en segundo lugar puesto a que sufre afecciones en su salud. Este último punto fue confirmado por la psicóloga forense del Poder Judicial.
Tiempo después de resultar adjudicada, una mujer -que se encuentra acusada- se contactó con ella para que le ceda el terreno del cual resultaba adjudicataria, en un loteo de tipo social que tiene como para garantizar el acceso a la tierra para personas de escasos recursos. Por una disposición municipal el terreno no podía ser vendido hasta tres años después de ser escritura, por lo que la víctima -quien aseguró que no podía pagar el terreno y que no conocía las restricciones para la venta- extendió un poder especial en favor de la mujer.
Posteriormente, ese poder especial fue sustituido, quedando como apoderado de la mujer el hijo del ex intendente. Este último, escrituró el terreno suscribiendo la escritura junto a su padre, quien actuaba como representante del Municipio de Fernández Oro. En el lugar se construyó una vivienda que tiempo después fue alquilada por la esposa del ex jefe comunal.
Cabe señalar que la víctima en ningún momento tomó conocimiento que el terreno había sido escriturado a su nombre, ni que se había construido una vivienda y mucho menos recibió el pago de los mencionados alquileres, pese a que en términos legales el terreno sería suyo.
Todo lo anterior fue explicado por la denunciante, el inquilino de la vivienda y por el actual intendente de Fernández Oro y el asesor legal del Municipio.
Más allá de los testimonios, tanto las escrituras de los poderes especiales, la sustitución del mismo, los contratos de alquiler y los recibos de pago,fueron incorporados como documentales.
Un audio de una grabación de una conversación entre el inquilino y el ex intendente de Fernández Oro, funcionó -según la Fiscalía- como prueba confesional. Durante la charla, el ex intendente habría confesado que había adquirido el terreno por $60 mil y que pensaba escriturarlo en favor del su hijo para posteriormente registrarlo como bien de familia. Además, menciona distintos pormenores del convenio de renta de la vivienda.
“Hemos probado todos los extremos de la acusación y es por eso que solicito que los acusados sean declarados culpables”, sostuvo Merlo.
En base a todo lo anterior, los fiscales solicitaron que los imputados sean declarados culpables del delito de negociación incompatible con la función pública. En el caso del ex intendente en carácter de autor, mientras que para su hijo, su esposa y la restante imputada, en grado de partíce necesarios. Respecto de la pareja del intendente, también se solicitó la declaración de culpabilidad por el delito de estelionato.
Las defensas solicitaron la absolución
Tal como lo hubieran anticipado en sus alegatos de apertura, los defensores solicitaron la absolución de los imputados.
Pablo Barrionuevo, abogado defensor de la primera mujer en comprar el terreno consideró que su cliente debía se declarada no culpable por hallarse prescripta la acción penal en su contra. Además argumentó que quedó probado que su cliente no tuvo la intención de cometer el delito que se le imputa por lo que su conducta resultaría atípica. El defensor particular, Antonio Barrera Nicholson consideró que los hechos llevados a juicio no encendran en figura penal y que no se habían probado los extremos de la acusación e insistió en que la causa tuvo un armado político.
La defensora pública, Silvana Ayenao, por su parte, asistente técnica del hijo del ex jefe comunal sostuvo que el hombre desconocía las prohibiciones para la adquisición del lote y que fue “utilizado” para realizar esta maniobra. Además agregó que ningún testigo lo sitió teniendo participación activa en la maniobra, puesto que no fue quien contactó a la víctima para adquirir el terreno, ni tampoco suscribió ni pactó un contrato de alquiler por la propiedad ubicada en el terreno en cuestión. En consecuencia solicitó que sea declarado no culpable.
El juez de Juicio, Álvaro Meynet, quien integra el Tribunal unipersonal que interviene en el caso, adelantó que su veredicto se conocerá el próximo martes (17/09) al mediodía en la sede judicial de España y Urquiza.
Judiciales
La Justicia autorizó a una niña a viajar al exterior con su padre ante el silencio de la madre
Podrá acompañar a su papá a conferencias internacionales tras una decisión judicial en Roca
Ante el silencio sostenido de la madre, el fuero de Familia de General Roca autorizó a una niña a viajar al exterior junto a su padre, quien participa de conferencias motivacionales en distintos países. La decisión judicial priorizó el interés superior de la menor y su derecho a compartir tiempo con quien ejerce efectivamente su cuidado.
Según se desprende del expediente, tras la separación de la pareja la niña quedó bajo el cuidado exclusivo del padre, quien se ocupa de su sostén económico, afectivo y cotidiano. En tanto, la madre formó una nueva pareja y, desde entonces, no volvió a vincularse con su hija, ni solicitó un régimen de comunicación.
El hombre desarrolla actividades laborales vinculadas al coaching empresarial y liderazgo, que implican presentaciones en distintas ciudades del mundo. En los próximos meses, tiene previstas conferencias en Chile, Estados Unidos y México, y manifestó su intención de que la niña lo acompañe durante los períodos en los que no asiste a la escuela. Cuando no puede viajar, la menor queda al cuidado de su abuela paterna.
Ante la falta de contacto con la madre y la necesidad de contar con la autorización correspondiente, el padre recurrió al Poder Judicial. Si bien la mujer fue debidamente notificada, no respondió al requerimiento, actitud que el tribunal consideró relevante al momento de resolver.
En ese sentido, la jueza sostuvo que el silencio de la madre «constituye presunción de verdad y evidencia un total desinterés». Además, se tuvo en cuenta el dictamen favorable de la Defensora de Menores, quien valoró tanto la falta de oposición materna como la voluntad expresa de la niña, que manifestó su deseo de acompañar a su papá en los viajes.
En la sentencia, el Tribunal fundamentó su decisión en el interés superior de la niña, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley N° 26.061, la Ley Provincial N° 4109 y el Código Civil y Comercial de la Nación, que regula el consentimiento parental para salidas al exterior.
Finalmente, la jueza resolvió hacer lugar al pedido y autorizó los viajes, al considerar que «la petición resulta claramente beneficiosa, ya que le permitirá disfrutar de experiencias en el exterior junto a su padre», fortaleciendo el vínculo familiar y garantizando su bienestar integral.
Judiciales
Ordenan al abuelo paterno pagar una cuota alimentaria tras 16 años de cuidado casi exclusivo de la mamá
La cuota fue fijada en el 20% de los haberes jubilatorios del abuelo paterno.
Durante más de 16 años una mujer se hizo cargo en forma exclusiva de la crianza, el cuidado cotidiano y el sostenimiento económico de su hijo, sin acompañamiento efectivo por parte del progenitor. Esa situación fue central en una sentencia que fijó una cuota alimentaria a cargo del abuelo paterno, ante el incumplimiento reiterado del padre del ahora adolescente.
En el expediente se acreditó que el joven quedó al cuidado de su madre desde que tenía poco más de un año de vida. A lo largo de ese extenso período, el vínculo con el progenitor fue esporádico y los aportes económicos resultaron inexistentes o insuficientes, lo que obligó a la mujer a recurrir en reiteradas oportunidades al Poder Judicial para garantizar el sustento de su hijo.
El fallo remarcó que el progenitor no cumplió con las cuotas alimentarias fijadas en causas anteriores ni con los alimentos provisorios establecidos en este proceso, pese a haber asumido compromisos de pago en audiencia judicial. Incluso, al momento de dictarse la sentencia, no se registraban movimientos en la cuenta judicial abierta para el depósito de los alimentos.
Frente a ese incumplimiento persistente, el juzgado analizó el reclamo dirigido al abuelo paterno, quien había sido demandado en forma conjunta. Al resolver, la jueza sostuvo que «los primeros obligados son los progenitores, pero frente a su incumplimiento por imposibilidad o dificultad, o bien ante la demostración de la insuficiencia de la cuota percibida, se acude a los ascendientes», con fundamento en el principio de solidaridad familiar y en el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
La sentencia puso especial énfasis en la situación de la madre, quien afrontó sola la crianza durante más de una década y media, incluso atravesando condiciones de vulnerabilidad personal y económica. En ese sentido, se señaló que «recae toda la carga emocional, psicológica y económica en los sobreesfuerzos de la madre», y que esa realidad no podía ser desatendida al momento de resolver el caso.
Durante el proceso intervino la Defensoría de Menores e Incapaces, que dictaminó sobre la necesidad de garantizar el derecho alimentario del adolescente. Si bien propuso que la obligación recayera en primer término sobre el progenitor, el Tribunal valoró que «no se ha acreditado cumplimiento alguno de la prestación alimentaria», lo que tornó procedente habilitar la obligación subsidiaria del abuelo paterno.
Con base en la prueba producida, el fallo fijó una cuota alimentaria a cargo del abuelo paterno equivalente al 20 % de sus haberes jubilatorios, con retención directa del beneficio previsional. La jueza aclaró que la obligación «se dicta en carácter subsidiario del progenitor», y que se mantendrá vigente mientras el principal obligado continúe incumpliendo con su deber alimentario.
Además, se ordenó practicar la liquidación de los alimentos adeudados desde la instancia de mediación previa, se dejaron sin efecto los alimentos provisorios y se recordó que la madre podrá continuar las acciones judiciales necesarias para reclamar al progenitor las sumas impagas.
Judiciales
Investigan una posible situación de trata que involucra a una joven tucumana en el Alto Valle
El caso fue evaluado mediante una entrevista de despeje y derivado a la Justicia Federal.
Un llamado a la línea nacional 145 permitió alertar a la sede fiscal de General Roca sobre una posible situación de trata de personas en el Alto Valle, que involucraría a una joven oriunda de la provincia de Tucumán. A partir de esta comunicación, se activaron de manera inmediata los protocolos previstos para la evaluación e intervención en este tipo de casos.
Desde el Programa de Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata se llevó adelante una entrevista de despeje, una metodología específica destinada a detectar indicadores vinculados a situaciones de trata y explotación de personas. El resultado de esta intervención fue informado y remitido a la Unidad Fiscal Federal interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.
En el procedimiento también participó la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, con asiento en General Roca, en el marco del trabajo articulado entre los distintos organismos que intervienen ante este tipo de situaciones complejas.
Desde el Gobierno de Río Negro recordaron que la línea 145 es un canal gratuito, confidencial y de alcance nacional, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y permite recibir información, brindar orientación y canalizar denuncias vinculadas a delitos de trata y explotación de personas.
Ante cualquier duda o sospecha, las autoridades reiteraron la importancia de utilizar esta línea, considerada una herramienta clave para la detección temprana, la protección de derechos y la intervención oportuna del Estado.
