En la madrugada de este martes (03/02), un vuelo sanitario partió desde el aeropuerto Arturo Illia de General Roca en el marco de un operativo especial de salud coordinado a nivel provincial. La aeronave Jet Sanitario LV-CTX aterrizó cerca de las 6.30 y, minutos después, emprendió viaje con un paciente que debía ser derivado a un centro de mayor complejidad.

El traslado fue organizado por el Hospital Francisco López Lima de Roca, que estuvo a cargo de la logística sanitaria y la coordinación con los equipos médicos intervinientes, garantizando las condiciones necesarias para que el procedimiento se realizara de manera segura y sin demoras.

En este caso, Salud Pública de Río Negro coordinó la derivación urgente de un niño de 3 años oriundo de Maquinchao, en la Línea Sur rionegrina, quien padece leucemia. Debido a la complejidad de su cuadro, el pequeño fue aceptado para su atención en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, centro pediátrico de referencia a nivel nacional.

El operativo se desarrolló bajo estrictos protocolos sanitarios, asegurando la continuidad de la atención médica durante todo el traslado. Desde el sistema de salud destacaron la importancia de los vuelos sanitarios como herramienta clave para dar respuesta rápida en situaciones críticas, especialmente en una provincia con grandes distancias.

La articulación entre el hospital local, Salud Pública y la infraestructura aeroportuaria de Roca resultó fundamental para concretar la derivación en tiempo y forma, permitiendo que el niño pueda iniciar un tratamiento integral en Buenos Aires.

Por primera vez en un hospital público de la provincia, el equipo de Cirugía del Hospital Francisco López Lima en General Roca, llevó operación con una técnica neuroquirúrgica innovadora para el tratamiento del traumatismo encéfalo craneano grave con edema cerebral.

El doctor Leandro Ariel Vallejos Insegna, neurocirujano de Adultos y Pediátrico, llevó adelante el procedimiento que se viene desarrollando desde hace aproximadamente 10 años en Asia, principalmente en India y Nepal, impulsado por el neurocirujano indio Lype Cherian, pionero en esta técnica aplicada al trauma craneal severo.

Su implementación aún es limitada a nivel mundial, ya que representa un cambio conceptual respecto a la cirugía convencional que se realiza habitualmente en estos casos.

A diferencia de la técnica tradicional, que consiste en realizar una Craniectomía descompresiva para «dar espacio» al cerebro inflamado, este procedimiento llamado cisternostomía, se basa en la apertura microquirúrgica de las cisternas basales (espacios que contienen líquido cefalorraquídeo en la base del cráneo) y la colocación de un catéter que permite el drenaje de sangre y líquido, interrumpiendo el ciclo de inflamación cerebral. Esto favorece una recuperación más rápida y fisiológica en comparación con la cirugía convencional, que no actúa directamente sobre el mecanismo inflamatorio.

La técnica requiere entrenamiento específico en cirugía de base de cráneo, experiencia en microcirugía y profundo conocimiento anatómico, además de la capacidad de aplicarse en un contexto de extrema urgencia, ya que los traumatismos graves de cráneo son cirugías que se realizan de emergencia y en cualquier horario. Asimismo, demanda mayor tiempo quirúrgico que el abordaje convencional.

Vallejos realizó un entrenamiento en un hospital de la India, donde adquirió destrezas avanzadas en base de cráneo y microcirugía que le permiten implementar este tipo de procedimientos. En esos centros se maneja un volumen de pacientes considerablemente superior al de nuestro país, lo que ha favorecido el desarrollo y perfeccionamiento de la técnica.

La intervención fue realizada de urgencia durante la madrugada a un paciente que sufrió un traumatismo grave de cráneo como consecuencia de un accidente sin casco, una situación lamentablemente frecuente y que continúa siendo causa de alta morbimortalidad.

En este sentido, el doctor, también destacó el acompañamiento del equipo de quirófano, cuyo profesionalismo fue clave para poder llevar adelante esta cirugía de alta complejidad en un contexto de emergencia. Participaron Ayelen Schoeters, anestesista, Monica Olate y Nora Vallejos, instrumentadoras, y Luis Garcia enfemero.

Este hecho abre una nueva puerta en el abordaje del trauma craneal grave en la región, permitiendo ofrecer alternativas terapéuticas más avanzadas y alineadas con tendencias internacionales en neurocirugía.

Finalmente, el profesional remarcó la importancia de la prevención: «El uso del casco es fundamental. Muchos de estos casos podrían evitarse. La prevención salva vidas y evita que las familias tengan que atravesar situaciones irreversibles», indicó.

En el marco del juicio por la muerte de Valentín Mercado Toledo, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional para el anestesiólogo Mauricio Atencio Krausse, ya declarado responsable penal por el delito de homicidio culposo. Además, requirieron la inhabilitación especial para ejercer la medicina por el plazo de 10 años y el pago de las costas del proceso.

Por su parte, la defensa particular pidió que se aplique el mínimo de la pena prevista para su asistido y que la inhabilitación sea acotada específicamente al ejercicio de la medicina pediátrica. El juez anunció que la resolución se conocerá el próximo martes 10 de febrero a las 12:30.

Luego de la declaración de cuatro testigos citados por la fiscalía y la querella, y ocho propuestos por la defensa, las partes realizaron sus alegatos en relación al pedido de pena.

El representante del Ministerio Público Fiscal señaló que «este evento ha sido traumático para la familia por donde se lo mire», y recordó los testimonios brindados durante el debate. En ese sentido, mencionó las declaraciones de la madre del niño, de su «abuela de corazón», quien relató los minutos previos a la intervención quirúrgica, y de la maestra del jardín de Valentín, que describió el impacto que tuvo el hecho en la comunidad educativa, la intervención de la ETAP y las consecuencias laborales posteriores al hecho traumático.

Asimismo, el fiscal sostuvo que no puede considerarse como atenuante la situación personal del imputado. Indicó que los testigos de la defensa explicaron que el anestesiólogo vive solo y que está a cargo de sus hijos únicamente cuando le corresponde, y remarcó que la desvinculación laboral del sanatorio respondió a una cuestión «meramente empresarial», que no puede vincularse a este proceso. En relación al estado de salud del imputado, afirmó que la enfermedad que padece se encuentra controlada y que, por lo tanto, no puede ser invocada como atenuante de la pena.

Al fundamentar los agravantes, la Fiscalía mencionó la edad de la víctima, que tenía apenas cuatro años, y la magnitud de la pérdida para su familia, su entorno y las personas que se vinculaban con él. También señaló la conducta desplegada por el profesional durante la intervención, al considerar que no fue la adecuada. Según se expuso en el juicio, el imputado no habría prestado la debida atención al monitor que controlaba al paciente, ni al estado del niño, lo que le habría permitido advertir a tiempo lo que estaba sucediendo. En ese contexto, se indicó que utilizó su teléfono celular, permaneció sentado y se retiró a buscar un cargador sin dejar a nadie a cargo.

El fiscal agregó que, una vez producida la situación, se sumó como agravante la falta de una respuesta inmediata para revertir lo ocurrido, lo que evidenció -según sus palabras- el grado de impericia del imputado. Detalló que fue necesaria la intervención de tres anestesiólogos más y de una cirujana pediátrica para cambiar el tubo y restablecer tardíamente los signos vitales del niño, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

En sus alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal también destacó el impacto del hecho en los lazos afectivos de la víctima, tanto sanguíneos como no sanguíneos, y sostuvo que las consecuencias se extendieron al ámbito social de General Roca. Como único atenuante, mencionó el comportamiento del imputado durante el proceso judicial y la ausencia de antecedentes penales.

«Por todo lo anterior y teniendo presente el límite establecido para este juicio, solicitamos la pena máxima de tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación especial máxima para ejercer la medicina durante 10 años, más las costas del proceso», concluyó el fiscal.

La querella adhirió en un todo al pedido de la Fiscalía. En tanto, la defensa particular sostuvo que su asistido «no fue indiferente a lo sucedido» y que su enfermedad se agravó durante el desarrollo del proceso. Señaló que su estado de ánimo, su salud y su vida cotidiana se vieron afectados, y remarcó su empatía y calidad humana.

Sobre el final de la audiencia, el imputado hizo uso de la palabra y, posteriormente, el juez dio por concluido el debate, informando que dará a conocer su resolución el martes próximo (10/02) a las 12.30 horas.