Judiciales
Caso Solano: Rechazaron recurso presentado por defensa de los policías condenados
Se agotaron los plazos de prisión preventiva y actualmente se encuentran en libertad. El fallo aún no está firme.
El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal que habían planteado los abogados defensores de los siete efectivos policiales condenados a prisión perpetua por el homicidio del joven salteño Daniel Solano. Las defensas pretendían por esa vía llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para una eventual modificación favorable a los imputados.
Este rechazo del máximo tribunal de la provincia no implica, sin embargo, la firmeza del fallo condenatorio que dictó la Cámara Criminal Segunda de Roca el 1 de agosto de 2018. Ello se debe a que las defensas tienen ahora, como última instancia recursiva, la posibilidad de plantear un recurso de queja directamente ante la Corte.
El STJ rechazó los recursos por dos razones centrales. En primer lugar, porque los escritos no cumplían con los requisitos formales que exige la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema, que es la norma que regula detalladamente cómo debe presentarse un recurso extraordinario para ser aceptado por aquel tribunal. Y en segundo lugar, porque los recursos no reflejaban argumentos superadores de los ya planteados por la defensa en instancias anteriores, por lo cual “no resultan idóneos para habilitar la instancia excepcional pretendida”.
Los defensores reprochaban que en diciembre pasado el STJ rechazó sus recursos de casación sin haber admitido ninguno de los agravios (las críticas) que planteaban contra la sentencia de la Cámara de Roca.
Ante ese cuestionamiento, los jueces del Superior Tribunal reseñaron que al resolver el recurso de casación “se cumplió con la revisión integral de la sentencia condenatoria, tal como impone la normativa constitucional y convencional vigente, y se contestaron de manera razonada y suficiente todos los agravios traídos a la consideración de este Tribunal”.
También advirtieron los jueces que en este recurso extraordinario los defensores “insisten en planteos que ya fueron respondidos, relativos a la constitución e intervención en juicio de la parte querellante, a la valoración probatoria, a la calificación legal y a la razonabilidad y constitucionalidad de la pena de prisión perpetua”. Según el fallo del STJ, todas esas son temáticas de la justicia provincial y no pueden ser revisadas por la Corte Suprema salvo que se demuestre una excepción: que se trate de “un caso de arbitrariedad o absurdo” de la sentencia, condición “que no se advierte ni demuestra en este caso”, precisó el STJ.
El caso
Los imputados Sandro Berthe, Pablo Bender y Juan Barrera están condenados como coautores de los delitos de “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad, en concurso real con vejaciones”; los imputados Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello están condenados por “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y el imputado Héctor Martínez está condenado por “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembro de una fuerza de seguridad”. Para todos la condena fue de prisión e inhabilitación perpetuas.
Los siete hombres agotaron los plazos máximos legales de prisión preventiva durante la tramitación del proceso. La condena en su contra no está firme y por eso se encuentran actualmente en libertad, condicionada por varias reglas de conducta, prohibición de salir del país y por una caución real.
La desaparición y muerte de Daniel Solano ocurrió en Choele Choel la madrugada del 5 de noviembre de 2011, luego de un episodio de violencia policial del que fue víctima en la vereda de un local bailable de esa ciudad.
Judiciales
Logró una contención emocional en terapia y el Poder Judicial le permitió borrar el apellido de su agresor
La mujer comprendió que el apellido de su agresor era una carga insoportable para su propia vida y para el futuro de sus hijos.
Durante décadas, una mujer en Río Negro guardó un secreto. A los 10 años, su propio padre abusó de ella, situación que se repitió tiempo después. El dolor y la vergüenza sellaron sus labios frente a su madre, su esposo e incluso ante sus propios hijos.
En el año 2025, la angustia cruzó el límite de lo tolerable y ella buscó refugio en la terapia psicológica. Frente a la profesional las palabras finalmente salieron a la luz. En ese espacio de sanación, la mujer comprendió que el apellido de su agresor era una carga insoportable para su propia vida y para el futuro de sus hijos.
El fuero de familia de Roca dictó una sentencia que permite a la mujer eliminar el apellido de su progenitor biológico de la partida de nacimiento. La Jueza destacó la importancia del derecho a la identidad y el carácter del nombre como atributo esencial de la personalidad.
Señala que la normativa actual admite una interpretación más flexible que la antigua idea de inmutabilidad del nombre.
La sentencia considera acreditado que la mujer sufrió situaciones graves en el vínculo paterno-filial, incompatibles con el rol de cuidado que se espera de un progenitor. El informe psicológico resultó determinante para evaluar el daño persistente que le genera el uso del apellido. Así, la jueza concluye que obligarla a conservarlo afecta su identidad, su salud y su bienestar.
En función de ello, entiende que existen «justos motivos» para autorizar el cambio, ya que el apellido no cumple su función identificatoria y, por el contrario, produce sufrimiento. También resalta que la decisión no perjudica a terceros ni altera el vínculo jurídico con el padre.
La sentencia hace lugar a la demanda y ordena rectificar la partida de nacimiento, eliminando el apellido paterno e inscribiendo únicamente el materno. Aclara que los efectos se limitan al nombre, sin modificar los derechos y deberes derivados de la filiación. Además, indica que cualquier cambio en el apellido de los hijos deberá tramitarse en un proceso separado.
Judiciales
Cayó por una frenada brusca y el chofer la dejó en la sala de emergencias: Condenaron a KoKo
El hecho ocurrió entre Cervantes y Mainqué, en la Ruta Nacional N° 22. La víctima, una docente, reclamó en la Justicia y el fallo fue favorable.
Una docente subió a un colectivo en Cervantes para ir a su trabajo en Mainqué. Pagó el boleto y caminó por el pasillo en busca de un asiento. A unos cien metros de iniciado el viaje por la Ruta Nacional N° 22, el chofer frenó de golpe. Ese movimiento brusco provocó que la mujer cayera de espaldas contra el suelo del ómnibus.
Inmediatamente, los pasajeros la ayudaron a ponerse de pie. El viaje continuó hasta que el conductor la dejó frente a la sala de primeros auxilios de Mainqué. Más tarde, los médicos confirmaron que la mujer sufrió una fractura de peroné que le dejó secuelas.
La mujer inició una demanda por daños y perjuicios contra la empresa de transporte. El fuero civil de Roca le dio la razón a la pasajera y condenó a KoKo al pago de una indemnización. La mujer reclamó distintos rubros: daño físico, gastos, daño psicológico y daño moral.
La empresa reconoció el hecho, pero negó responsabilidad. Expuso que la caída se produjo por culpa de la pasajera, quien no se habría sujetado correctamente. En la misma línea, la aseguradora aceptó la cobertura dentro de los límites de la póliza, aunque también rechazó los daños reclamados.
La sentencia centró el conflicto en determinar si existió un incumplimiento del deber de seguridad propio del contrato de transporte. Señaló que se trata de una responsabilidad objetiva, en la cual la pasajera debe probar el hecho y el daño, mientras que la empresa solo puede eximirse si demuestra una causa ajena.
Tras valorar la prueba, en especial los testimonios y la pericia accidentológica, concluyó que la caída se vinculó con una maniobra brusca del chofer. Esto configuró un incumplimiento de la obligación de seguridad. También descartó la culpa de la víctima.
En cuanto a los daños, la sentencia reconoció la existencia de lesiones físicas con una incapacidad parcial permanente. Además, admitió los gastos médicos reclamados y rechazó el daño psicológico al no verificarse secuelas de ese tipo.
Respecto del daño extrapatrimonial, la jueza consideró acreditadas las molestias, las limitaciones y las alteraciones en la vida diaria de la mujer durante su recuperación, así como el impacto emocional derivado del accidente.
Finalmente, la magistrada hizo lugar a la demanda y condenó en forma concurrente a la empresa de transporte y a la aseguradora.
Judiciales
No paga la cuota alimentaria: Le prohíben salir del país, manejar y revisarán sus billeteras virtuales
La medida es hasta que el hombre cancele una deuda alimentaria que llega a los 7 millones de pesos.
Un hombre no podrá salir del país ni conducir hasta que cancele la deuda alimentaria que mantiene con sus hijos y que supera los $7.000.000. Una Unidad Procesal de Familia de Bariloche dispuso la prohibición de egreso del territorio nacional y la retención de la licencia de conducir como parte de una batería de medidas orientadas al cumplimiento de las responsabilidades parentales que mantiene el progenitor.
La decisión no se agotó en esas medidas: el fallo avanzó sobre un terreno cada vez más utilizado para administrar dinero y puso bajo la lupa las billeteras virtuales. La Unidad Procesal ordenó oficios a plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X para identificar cuentas y saldos del demandado y detectar fondos embargables.
En la misma resolución, la jueza interviniente advirtió a la empleadora del hombre por el incumplimiento de los requerimientos de información en el expediente. También ordenó comunicar la restricción a los organismos de frontera para impedir cualquier salida del país y bloqueó el uso y la renovación del registro de conducir.
La sentencia monitoria se dictó sobre una deuda que se acumuló con el paso del tiempo sin que el hombre cumpliera con los pagos. La ejecución avanzó para hacer efectivo ese crédito, en un contexto donde la mujer sostuvo la necesidad de medidas que produzcan resultados concretos.
El expediente también expuso dificultades en la aplicación de otras medidas. La empleadora del hombre no respondió a los oficios judiciales que debían informar sobre retenciones salariales ni sobre la existencia de otros embargos. Esa falta de datos impidió conocer con precisión qué descuentos se aplicaban y bajo qué condiciones.
Frente a esa situación, la Unidad Procesal reiteró el requerimiento, fijó un plazo de cinco días para que la empresa respondiera y estableció una multa diaria en caso de incumplimiento. La decisión apuntó a obtener información clave para sostener la ejecución.
La resolución también incluyó un pedido de informes al Registro Público de Juicios Universales para determinar si el hombre tiene o ha tenido participación en procesos sucesorios. En caso de detectarse esa situación, la jueza interviniente podrá avanzar sobre los derechos hereditarios que le correspondieran como parte de la ejecución.
Todas estas medidas se inscribieron dentro de las atribuciones que tienen juezas y jueces de familia para intervenir en ejecuciones de alimentos. Se trata de herramientas orientadas a sostener el proceso y generar condiciones que permitan que las decisiones judiciales se cumplan.
