Judiciales
Dos meses de prisión preventiva para Báez
Así lo determinó el juez Camarda en la audiencia de formulación de cargos.
En la audiencia de formulación de cargos de este mediodía (10/10), el juez Maximiliano Camarda resolvió la prisión preventiva por dos meses para el presidente de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), Miguel Ángel Báez. Así lo había solicitado la Fiscalía a cargo de Teresa Giuffrida junto a la adjunta Natalia Pascual.
La fiscal había pedido la prisión preventiva de Báez basándose en que «existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa». En tanto la defensa del dirigente sindical, Ailén Roca, consideró que no está fundado el riesgo de fuga puesto que el dirigente siempre se puso a derecho de manera voluntaria.
No obstante, el juez Camarda ratificó el pedido de la Fiscalía y dictaminó dos meses de prisión preventiva para Báez.
Según la acusación fiscal, el hecho que se le imputa es el ocurrido el «7 de octubre pasado, cerca de las 9 de la mañana, cuando el hombre junto a un numeroso grupo de personas, aún no identificadas, ingresaron intempestiva y violentamente al edificio de la Municipalidad«.
«Para entrar lo hicieron rompiendo con sus pies los cristales inferiores de las hojas de la puerta principal de acceso al lugar, provocando aberturas y así accedieron al edificio. Una vez en el interior se abalanzaron sobre un empleado policial, lo insultaron y lo agredieron con golpes de puño, llevándolo hacia el sector de baños, donde el hoy imputado lo amenazó», explicaron las fiscales.
La Fiscalía describió que «minutos después, el mismo policía recibió un impacto con un elemento contundente que golpeó su cabeza del lado izquierdo y el hombro del mismo lado, provocándole lesiones que fueron calificadas como leves».
«A su vez, ya en el hall central del Municipio, el imputado junto con el resto de los manifestantes, comenzaron a arrojar sillas contra las columnas y paredes, y con palos y piedras habían provocaron daños en los boxes de atención al público, y en la oficina de Tránsito», mencionaron.
Las representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que «de esta manera, los nombrados turbaron la posesión del inmueble e impidieron el normal desarrollo de las actividades propias de quienes trabajan allí, además de haber agredido al personal policial que concurrió al lugar».
«Permanentemente el imputado incentivaba al grupo de personas a que llevaran a cabo las conductas descriptas en venganza a que el ejecutivo Municipal habría entregado terrenos de loteos sociales a militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y no a miembros de las Organizaciones ODEL y CTA”, dijo la Fiscalía.
La calificación legal provisoria por la que acusó la fiscalía fue la de daño agravado; amenazas; lesiones; atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas y poner manos en la autoridad; perturbación al ejercicio de las funciones públicas; instigación a cometer delitos; turbación a la posesión, todo en concurso real, y en calidad de autor.
El sustento probatorio con que cuenta la Fiscalía para realizar la imputación es la denuncia efectuada desde la Municipalidad, DVDs de las cámaras de seguridad del Municipio, se suman los dichos de los empleados policiales y el croquis aportado por la Comisaria Tercera. La fiscal Giuffrida describió que está además el informe del Gabinete de Criminalística, respecto de los daños ocasionados, el secuestro de un pedazo de madera de álamo, entre otras pruebas.
«Hay elementos de convicción suficiente para sostener la participación del hombre en los hechos. A lo que se agrega que según los delitos descritos la pena en expectativa sería efectiva», agregó Giuffrida.
«Además debemos mencionar los riesgos procesales. Por un lado, el peligro de fuga, basándonos en que cuando se lo va a notificar del inicio de la causa, se concurre al domicilio, el mismo que fijó hoy en esta audiencia, y no fue hallado. Se verifica en la constancia que figura en el legajo, que la mujer que atendió a personal policial en ese lugar dijo que el sujeto no vive más allí», dijo Giuffrida.
«Pesan además las amenazas proferidas al policía que resultó herido. Entonces, visto la violencia ejercida, las amenazas, las entrevistas que restan realizan, buscar a otros posibles testigos que podrían haber estado en el lugar, ya que esto ocurrió en horario de atención al público, es que esta fiscalía solicita esta medida cautelar para impedir que se entorpezca la investigación por el término de 2 meses», agregó.
En la audiencia se explicó además que «no es la única causa que tiene el señor, cuenta con otra similar y surge de sus antecedentes una suspensión de juicio a prueba del Juzgado Federal, en junio de 2018. Allí se detallan como condición para sostener la probation que no cometa nuevos delitos y además que no sean acciones destinadas contra bienes públicos. Por eso insistimos en que si ha hecho caso omiso a estas medidas, la preventiva no es arbitraria y es proporcional».
Tras escuchar las argumentaciones de la defensora particular, el juez interviniente Maximiliano Camarda además de tener por formulados los cargos tal como los esgrimió la Fiscalía, resolvió el plazo de la prisión preventiva en dos meses.
Judiciales
Se realizó el sorteo de jurados populares para los próximos dos años
En las circunscripción con cabecera en General Roca fueron seleccionados 500 mujeres y 500 varones.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
El procedimiento, conforme al Código Procesal Penal, fue supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y estuvo a cargo de Lotería de Río Negro. Participaron el vocal del STJ Sergio Ceci, el juez electoral Carlos Da Silva, la secretaria electoral Verónica Belloso, el director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Nicolás Farina, Virginia Sastre, del Tribunal de Impugnación y Nicolas Rochas del Ministerio Público. También asistieron la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, autoridades de Lotería y representantes del Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción, en nombre de todos los colegios de la provincia.
Se sortearon 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionaron 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones con cabecera en General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearon 500 mujeres y 500 varones en cada una.
Las personas seleccionadas recibirán información a través de las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción, donde se les indicarán los pasos a seguir y los canales de contacto disponibles.
Cada persona sorteada recibirá una comunicación oficial que incluirá una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para la respuesta. Esta podrá remitirse gratuitamente por Correo Argentino o completarse en forma digital a través del sitio web: jurados.jusrionegro.gov.ar.
Los datos recabados permitirán realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales que impidan integrar un tribunal popular. La información será tratada de manera confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.
Ningún funcionario o funcionaria judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible.
Desde la implementación del juicio por jurados en Río Negro, las personas seleccionadas por sorteo participan en los procesos penales más graves y públicos. El sistema establece que el jurado popular esté compuesto por doce miembros cuando el fiscal anticipa que solicitará una pena superior a doce años de prisión.
Para integrar un jurado popular en Río Negro es necesario ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Quedan excluidas las personas con condenas por delitos dolosos, así como quienes ejerzan profesiones jurídicas, funcionarias y funcionarios judiciales, auxiliares de justicia, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.
Judiciales
Múltiples estafas por viajes al exterior: La acusada deberá continuar cumpliendo medidas cautelares
Entre ellas se encuentran el bloqueo de cuentas y presentarse en Fiscalía periódicamente.
En pos de que cese el delito y el posible provecho de la maniobra, el Ministerio Público Fiscal insistió en que Yolanda Livera, la mujer propietaria de la agencia Lola Tour y que está siendo investigada por presunta estafa por venta de viajes al exterior continúe cumpliendo con las medidas cautelares.
Los tres abogados querellantes, representando a cuatro de los denunciantes, adhirieron íntegramente a los términos fiscales.
Por su parte, el defensor penal público solicitó que se deje sin efecto el bloqueo de cuentas, así la mujer «puede seguir cumpliendo con los compromisos asumidos antes de la fecha mencionada por la Fiscalía. De otra manera, podrían aparecer nuevas denuncias porque ella no podrá cumplir con los viajes ya vendidos. Esto es sin inaugurar nuevas ventas».
La parte acusadora se opuso a dicha propuesta y el fiscal explicó que «hemos unificado hasta ahora 21 legajos, con diferentes víctimas y diversas modalidades de estafa, hechos que habrían ocurrido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 17 de octubre de este año».
Durante la audiencia, Livera, asistida por su defensor, declaró sobre la medida cautelar de bloqueo y congelamiento de las cuentas y las consecuencias que ello podría tener sobre clientes que tienen viajes a futuro.
Finalmente, la jueza resolvió que la mujer siga realizando presentaciones en la Fiscalía interviniente, que el bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias, activos digitales, billeteras virtuales, opere hasta el 16 de febrero del año que viene.
En caso de que se verifique algún incumplimiento a las medidas, la Fiscalía podrá solicitar otra audiencia para pedir medidas mas gravosas y garantizar el adecuado avance de los legajos fiscales.
Judiciales
Homicidio de Marisa Coliman: Prisión perpetua para el autor
Nicolás Ezequiel Medina había sido declarado culpable por un jurado popular en septiembre pasado.
El autor del homicidio de Marisa Coliman, ocurrido en Luís Beltran, fue condenado ayer (29/10) a la pena de prisión perpetua. El juez de juicio Alejandro Pellizzon leyó la sentencia, que es derivada del veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular en septiembre pasado.
Nicolás Ezequiel Medina comenzará a cumplir la pena cuando la sentencia quede firme. Mientras tanto permanece en prisión preventiva por el riesgo procesal de fuga.
El hombre fue condenado como autor del delito de homicidio agravado por ensañamiento. Respecto ataque contra el hijo de Marisa también fue condenado por el delito lesiones leves.
En la audiencia de cesura, realizada la semana pasada, tanto la Fiscalía como la parte querellante solicitaron la pena de prisión perpetua. La defensa del imputado aceptó el requerimiento.
El homicidio con ensañamiento ocurrió el 25 de julio de 2023, entre las 2 y las 3 de la madrugada, en el lugar conocido como Conventillo de García, donde vivían la mujer y uno de sus hijos.
El atacante le dio dinero al hijo de la víctima para que fuera a comprar una cerveza. En ese lapso intentó la atacó de manera extrema, aprovechándose de su estado de indefensión. Cuando el hijo regresó, el hombre lo hirió con un arma blanca para intentar matarlo. No logrando su cometido, escapó del lugar.
Durante Juicio por Jurados se presentaron 23 testigos, junto con pruebas documentales, fotografías y cámaras de seguridad. Después de analizar la prueba presentada y deliberar, el jurado alcanzó un veredicto de culpabilidad.
