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Judiciales

Río Negro presentó un amparo por una nueva falla que dejó sin servicio a Planicie Banderita

Esto motivó un alto nivel de turbiedad en el servicio de agua potable.

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El gobierno de Río Negro presentó un recurso de amparo ante una nueva falla que dejó fuera de servicio a la central hidroeléctrica Planicie Banderita. Esta situación pone en riesgo la prestación del servicio de agua potable y el sistema de riego en el Alto Valle.

El incidente (el cuarto en los últimos ocho años), se produjo el pasado 10 de septiembre y aún no se tienen certezas por parte del concesionario (ORAZUL) de cuándo volverá a ponerse en servicio.

“Esta situación genera graves consecuencias en el servicio de agua potable en varias localidades y afecta a cientos de familias, porque el servicio se interrumpe varias veces ante la disminución de la capacidad de potabilización”, explicó el gobernador Alberto Weretilneck.

Señaló además que esta situación “afecta seriamente y pone en peligro nuestra producción frutihortícola del Alto Valle, porque también se genera una merma del caudal para riego a niveles inferiores a los necesarios”.

“Realizamos esta acción preventiva en la Justicia ante la pasividad y la negativa de la Secretaría de Energía de la Nación a buscar un solución de fondo a esta problemática que lleva años, y que afecta seriamente a nuestras familias y nuestra producción”, sentenció Weretilneck.

La Provincia ha realizado importantes esfuerzos para racionalizar los usos del agua y, por lo tanto, reservar en los embalses todo el excedente estacional para garantizar un adecuado programa de erogaciones. Ante esta falla, se imposibilita sacar los volúmenes de agua del embalse.

Planteada esta situación, se está conduciendo el caudal necesario por el tramo de río Neuquén entre Portezuelo Grande y el compensador El Chañar provocando que el agua llegue con una turbiedad excesiva (diez veces mayor) dificultando los procesos de potabilización de agua para consumo humano.

Esto afecta el abastecimiento de Campo Grande, Cinco Saltos, Fernandez Oro, Allen y sectores de General Roca y Cipolletti, donde la prestadora Aguas Rionegrinas tiene serias dificultades para cumplir con su obligación, con costos adicionales por mayor consumo de energía, insumos químicos y obras de contingencia, llegando incluso a tener que suspender el proceso de potabilización dado la elevada turbiedad.

Además, esta situación en caso de prolongarse en el tiempo, pone en serio riesgo a la producción de todo el Alto Valle de la provincia, al disminuir en época de estiaje (diciembre y enero) el caudal del río Neuquén aguas arriba de Portezuelo Grande a valores inferiores a los requeridos para todos los usos y además de ello, a la negativa del Estado Nacional de sacar el agua embalsada en el complejo Cerros Colorados.

El titular del DPA, Fernando Curetti, explicó que se pidió “una profunda investigación para determinar si hubo o no negligencia del concesionario ante el evento de falla”.

También se exigió que se realicen de forma urgente las pruebas monitoreadas de las turbinas, para determinar su funcionamiento, para erogar de inmediato el caudal en cantidad y calidad necesaria para garantizar todos los usos en función a lo que requieran las jurisdicciones.

Del mismo modo, se solicitó que se prevean fondos para asumir los mayores costos de potabilización en las plantas que toman directamente desde el río Neuquén y las que toman del sistema de riego y se han visto afectadas por la turbiedad.

“Hacemos al Estado Nacional responsable civil y penalmente por los daños y consecuencias económicas, humanas y ambientales que se ocasionen a partir de este inconveniente”, explicó Curetti.

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Los gatos no lo dejaban dormir y ahuyentaron a sus inquilinos: Condenan a vecinos por los daños

Además del pago de una indemnización, la sentencia impone la obligación de prevenir y terminar toda fuente de molestias injustificadas.

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Un hombre buscaba tranquilidad en su casa de Ingeniero Huergo, pero las noches se volvieron un mal sueño. El silencio se rompía cada madrugada con golpes secos sobre las chapas. Varios gatos saltaban, peleaban y corrían sobre su techo.

Esta situación afectó su salud y también su bolsillo. Sus inquilinos no soportaron el ruido y abandonaron el departamento que él alquila. Un joven que estudiaba y trabajaba fue uno de los más afectados. Nunca lograba el descanso adecuado.

Así, el hombre bajó el precio del alquiler para que el lugar no quedara vacío. Mientras los desechos de los animales se acumulaban sobre su vivienda.

El Juzgado de Paz de Ingeniero Huergo hizo lugar a la demanda de menor cuantía iniciada por el dueño de la casa. La acción fue por los daños y perjuicios derivados de ruidos molestos e inmisiones producidas por animales.

Además del pago de una indemnización, la sentencia impone a los vecinos la obligación de prevenir y terminar toda fuente de molestias injustificadas.

El hombre sostuvo que desde 2023 sufre perturbaciones constantes por la presencia de gatos provenientes de la vivienda vecina. Indicó que los animales circulan por los techos, generan ruidos nocturnos, se pelean y dejan excrementos en su propiedad.

También señaló que existieron denuncias previas en el Juzgado de Faltas Municipal, con sanciones que no fueron cumplidas por los vecinos.

Las personas negaron los hechos. Declararon ejercer una tenencia responsable de sus animales. Dijeron que los gatos se encuentran castrados. En su defensa, señalaron que existe sobrepoblación de animales y que no puede atribuirse a ellos la conducta denunciada. Además, acusaron al hombre de hostigar a vecinos y de exagerar los perjuicios.

Durante el proceso se produjeron pruebas documentales y testimoniales. Un testigo que alquilaba al actor confirmó que los ruidos de los gatos eran diarios y nocturnos, y que le impedían descansar, lo que motivó su mudanza. El tribunal consideró relevante la ubicación de los inmuebles, que facilita el tránsito de animales entre ambos fondos.

El juez analizó el caso bajo el Código Civil y Comercial, que regula las inmisiones entre vecinos. Concluyó que las molestias superaron el umbral de tolerancia normal debido a su frecuencia, horario y duración. También valoró el incumplimiento previo de la normativa municipal y de decisiones del Juez de Faltas.

Se consideró acreditada la conducta ilegal por omisión; esto quiere decir que, ante las advertencias y los llamados de atención, los vecinos no actuaron y tomaron una actitud pasiva. Además, se dio por probado el daño moral sufrido por el propietario.

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Condenaron a un policía por dispararle a su ex pareja: Le hirió el pie con su arma reglamentaria

El juez subrayó que el disparo podría haber tenido consecuencias más graves si hubiera impactado en otra parte del cuerpo.

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Un empleado policial fue declarado penalmente responsable por unanimidad del delito de lesiones graves agravadas por violencia de género, por el vínculo de pareja y por el uso de arma de fuego, luego de que el Tribunal Colegiado interviniente tuviera por acreditado que disparó contra su ex pareja hiriéndola en el pie con su arma reglamentaria.

El hecho ocurrió el 18 de mayo pasado en el domicilio de la víctima. El presidente del Tribunal destacó la solidez del testimonio de la damnificada, quien mantuvo su declaración sin variaciones desde la denuncia inicial hasta el debate oral. «Pudo describir tanto las situaciones previas como lo ocurrido el 18 de mayo pasado en su domicilio, con precisión y detalle», señaló el magistrado.

El Tribunal también descartó de manera categórica el carácter accidental del episodio. «La consecuencia de este episodio pudo haber sido más grave si el disparo efectuado por el imputado hubiese impactado en otra parte del cuerpo de la víctima. No cabe duda de que no fue un hecho accidental, sino doloso», expresó el presidente del cuerpo judicial.

En la misma audiencia, la Fiscalía solicitó la prórroga de las medidas cautelares hasta la firmeza del fallo para resguardar a la víctima, quien deberá declarar en la próxima audiencia de cesura de la pena.

La defensa penal pública no formuló oposición y el Tribunal resolvió prorrogar la prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros y de todo tipo de contacto, tanto directo como a través de terceros o medios electrónicos.

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Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión

La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.

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Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.

La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.

Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.

El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.

La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.

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