Judiciales
Río Negro presentó un amparo por una nueva falla que dejó sin servicio a Planicie Banderita
Esto motivó un alto nivel de turbiedad en el servicio de agua potable.
El gobierno de Río Negro presentó un recurso de amparo ante una nueva falla que dejó fuera de servicio a la central hidroeléctrica Planicie Banderita. Esta situación pone en riesgo la prestación del servicio de agua potable y el sistema de riego en el Alto Valle.
El incidente (el cuarto en los últimos ocho años), se produjo el pasado 10 de septiembre y aún no se tienen certezas por parte del concesionario (ORAZUL) de cuándo volverá a ponerse en servicio.
“Esta situación genera graves consecuencias en el servicio de agua potable en varias localidades y afecta a cientos de familias, porque el servicio se interrumpe varias veces ante la disminución de la capacidad de potabilización”, explicó el gobernador Alberto Weretilneck.
Señaló además que esta situación “afecta seriamente y pone en peligro nuestra producción frutihortícola del Alto Valle, porque también se genera una merma del caudal para riego a niveles inferiores a los necesarios”.
“Realizamos esta acción preventiva en la Justicia ante la pasividad y la negativa de la Secretaría de Energía de la Nación a buscar un solución de fondo a esta problemática que lleva años, y que afecta seriamente a nuestras familias y nuestra producción”, sentenció Weretilneck.
La Provincia ha realizado importantes esfuerzos para racionalizar los usos del agua y, por lo tanto, reservar en los embalses todo el excedente estacional para garantizar un adecuado programa de erogaciones. Ante esta falla, se imposibilita sacar los volúmenes de agua del embalse.
Planteada esta situación, se está conduciendo el caudal necesario por el tramo de río Neuquén entre Portezuelo Grande y el compensador El Chañar provocando que el agua llegue con una turbiedad excesiva (diez veces mayor) dificultando los procesos de potabilización de agua para consumo humano.
Esto afecta el abastecimiento de Campo Grande, Cinco Saltos, Fernandez Oro, Allen y sectores de General Roca y Cipolletti, donde la prestadora Aguas Rionegrinas tiene serias dificultades para cumplir con su obligación, con costos adicionales por mayor consumo de energía, insumos químicos y obras de contingencia, llegando incluso a tener que suspender el proceso de potabilización dado la elevada turbiedad.
Además, esta situación en caso de prolongarse en el tiempo, pone en serio riesgo a la producción de todo el Alto Valle de la provincia, al disminuir en época de estiaje (diciembre y enero) el caudal del río Neuquén aguas arriba de Portezuelo Grande a valores inferiores a los requeridos para todos los usos y además de ello, a la negativa del Estado Nacional de sacar el agua embalsada en el complejo Cerros Colorados.
El titular del DPA, Fernando Curetti, explicó que se pidió “una profunda investigación para determinar si hubo o no negligencia del concesionario ante el evento de falla”.
También se exigió que se realicen de forma urgente las pruebas monitoreadas de las turbinas, para determinar su funcionamiento, para erogar de inmediato el caudal en cantidad y calidad necesaria para garantizar todos los usos en función a lo que requieran las jurisdicciones.
Del mismo modo, se solicitó que se prevean fondos para asumir los mayores costos de potabilización en las plantas que toman directamente desde el río Neuquén y las que toman del sistema de riego y se han visto afectadas por la turbiedad.
“Hacemos al Estado Nacional responsable civil y penalmente por los daños y consecuencias económicas, humanas y ambientales que se ocasionen a partir de este inconveniente”, explicó Curetti.
Judiciales
Condenan a 4 años de prisión a dos acusados de distribuir material de abuso sexual infantil
Los hechos fueron detectados tras reportes de Google y WhatsApp al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que alertó al Ministerio Público Fiscal rionegrino. Uno de ellos es de Roca.
El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial logró esta semana que dos hombres fueran condenados a cuatro años de prisión efectiva por delitos vinculados con la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).
Las causas, tramitadas en General Roca y Choele Choel, se resolvieron en el marco de juicios abreviados, luego de que ambos imputados reconocieran su responsabilidad penal.
El primer caso ocurrió en Choele Choel y fue detectado en agosto de 2022, cuando Google denunció la actividad sospechosa a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo con el cual el Ministerio Público Fiscal argentino mantiene un convenio de cooperación. La investigación determinó que el acusado tenía en su poder múltiples fotos y videos con contenido de abuso sexual infantil, lo que derivó en su procesamiento y condena.
El segundo hecho fue investigado en General Roca, donde un hombre aceptó haber cometido tres delitos durante 2024. Según la Fiscalía, el imputado subió videos a los servidores de WhatsApp, facilitó contenido a otros usuarios y almacenó material en su teléfono celular, el cual fue secuestrado durante un allanamiento. La pericia de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) confirmó que el dispositivo contenía 21 videos con imágenes de víctimas menores de edad.
Las pruebas reunidas incluyeron los reportes internacionales, los allanamientos realizados en los domicilios de los acusados, peritajes informáticos de OITel, informes del Gabinete de Criminalística y evaluaciones médicas del Cuerpo de Investigación Forense, que confirmaron la edad de las víctimas.
En Choele Choel, la condena fue por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, en concurso ideal, mientras que en Roca, la figura legal aplicada fue tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil agravadas por ser las víctimas menores de 13 años, ambas previstas en el artículo 128 del Código Penal.
Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en la pena solicitada y, tras renunciar a los plazos procesales, los dos condenados ya se encuentran cumpliendo su condena.
Judiciales
Se realizó el sorteo de jurados populares para los próximos dos años
En las circunscripción con cabecera en General Roca fueron seleccionados 500 mujeres y 500 varones.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
El procedimiento, conforme al Código Procesal Penal, fue supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y estuvo a cargo de Lotería de Río Negro. Participaron el vocal del STJ Sergio Ceci, el juez electoral Carlos Da Silva, la secretaria electoral Verónica Belloso, el director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Nicolás Farina, Virginia Sastre, del Tribunal de Impugnación y Nicolas Rochas del Ministerio Público. También asistieron la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, autoridades de Lotería y representantes del Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción, en nombre de todos los colegios de la provincia.
Se sortearon 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionaron 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones con cabecera en General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearon 500 mujeres y 500 varones en cada una.
Las personas seleccionadas recibirán información a través de las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción, donde se les indicarán los pasos a seguir y los canales de contacto disponibles.
Cada persona sorteada recibirá una comunicación oficial que incluirá una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para la respuesta. Esta podrá remitirse gratuitamente por Correo Argentino o completarse en forma digital a través del sitio web: jurados.jusrionegro.gov.ar.
Los datos recabados permitirán realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales que impidan integrar un tribunal popular. La información será tratada de manera confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.
Ningún funcionario o funcionaria judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible.
Desde la implementación del juicio por jurados en Río Negro, las personas seleccionadas por sorteo participan en los procesos penales más graves y públicos. El sistema establece que el jurado popular esté compuesto por doce miembros cuando el fiscal anticipa que solicitará una pena superior a doce años de prisión.
Para integrar un jurado popular en Río Negro es necesario ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Quedan excluidas las personas con condenas por delitos dolosos, así como quienes ejerzan profesiones jurídicas, funcionarias y funcionarios judiciales, auxiliares de justicia, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.
Judiciales
Múltiples estafas por viajes al exterior: La acusada deberá continuar cumpliendo medidas cautelares
Entre ellas se encuentran el bloqueo de cuentas y presentarse en Fiscalía periódicamente.
En pos de que cese el delito y el posible provecho de la maniobra, el Ministerio Público Fiscal insistió en que Yolanda Livera, la mujer propietaria de la agencia Lola Tour y que está siendo investigada por presunta estafa por venta de viajes al exterior continúe cumpliendo con las medidas cautelares.
Los tres abogados querellantes, representando a cuatro de los denunciantes, adhirieron íntegramente a los términos fiscales.
Por su parte, el defensor penal público solicitó que se deje sin efecto el bloqueo de cuentas, así la mujer «puede seguir cumpliendo con los compromisos asumidos antes de la fecha mencionada por la Fiscalía. De otra manera, podrían aparecer nuevas denuncias porque ella no podrá cumplir con los viajes ya vendidos. Esto es sin inaugurar nuevas ventas».
La parte acusadora se opuso a dicha propuesta y el fiscal explicó que «hemos unificado hasta ahora 21 legajos, con diferentes víctimas y diversas modalidades de estafa, hechos que habrían ocurrido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 17 de octubre de este año».
Durante la audiencia, Livera, asistida por su defensor, declaró sobre la medida cautelar de bloqueo y congelamiento de las cuentas y las consecuencias que ello podría tener sobre clientes que tienen viajes a futuro.
Finalmente, la jueza resolvió que la mujer siga realizando presentaciones en la Fiscalía interviniente, que el bloqueo y congelamiento de cuentas bancarias, activos digitales, billeteras virtuales, opere hasta el 16 de febrero del año que viene.
En caso de que se verifique algún incumplimiento a las medidas, la Fiscalía podrá solicitar otra audiencia para pedir medidas mas gravosas y garantizar el adecuado avance de los legajos fiscales.
