Judiciales
Bernel fue condenado a 13 años de prisión
Es por 10 casos de abusos a niñas de 3° y 4° grado.
Los jueces María Evelina García Balduini, Gastón Martín y Laura Pérez impusieron hoy la pena de 13 años de prisión, más inhabilitación absoluta y perpetua, al ex maestro de primaria Javier Marcelo Ramón Bernel, quien fue declarado autor de los delitos de abuso sexual simple, agravado por ser encargado de la educación de las víctimas (9 hechos consumados y uno en grado de tentativa), en perjuicio de 10 alumnas.
Los jueces resolvieron, por unanimidad, aplicar la misma pena que había solicitado la fiscal del caso Belén Calarco, junto a la fiscal Jefe, Teresa Giuffrida.
Si bien los fundamentos completos de la decisión judicial se darán a conocer el próximo 18 de diciembre, la jueza vocera del Tribunal, García Balduini, explicó hoy los argumentos centrales del veredicto, en una audiencia que se desarrolló al mediodía en la Ciudad Judicial de Roca.
El Tribunal valoró como atenuante que Bernel “no tiene antecedentes penales” pero reconoció como agravantes que “su situación socio-económica y cultural (…) le permitía claramente discernir el sentido y las consecuencias de su obrar; es más, siendo un funcionario público: docente, maestro de grado en nivel primario”.
Sumó “el daño físico y moral que les fue causado a las tan vulnerables menores víctimas, de implicancias futuras inciertas; la reiterancia de las agresiones a las nenas (…), que revela un perfil personal cuanto menos peligroso para terceros al día de hoy y en el futuro, y perturbado –dicho esto en términos comunes-, en el aspecto sexual y la relación con los otros/as; la pluralidad de víctimas y, especialmente, su corta edad, que las torna aún más vulnerables”.
A la pena de prisión se suma la inhabilitación absoluta y perpetua y la inscripción de Bernel en el Registro Provincial de Abusadores Sexuales -ReProCoInS-.
Los jueces coincidieron con la Fiscalía al valorar como agravantes la cantidad de hechos y su reiterancia y también que “las agresiones sexuales (fueron) acompañadas de actitudes violentas en lo verbal y en lo físico, tanto en sus víctimas como sobre quienes podían atestiguar lo que pasaba; escudado en el manejo discrecional del ámbito escolar -aula, patio, puertas, ventanas, cortinas-, y haciendo uso del castigo que podrían recibir los alumnos -malas notas, reprobaciones-; la pluralidad de lugares donde cometió los hechos -3 diferentes-; la exposición a que sometió a otros/as niños/as, en tanto fueron testigos involuntarios de los abusos sexuales; la advertencia en un caso sobre que dañaría a la mamá si no hacía silencio”.
Por último, los jueces valoraron “los daños extendidos” a las niñas, enumerando que “no querían salir de sus casas, temían que no se creyera su relato, episodios de angustia y nerviosismo, y desvalorización del propio cuerpo (…), pesadillas, sentimientos de indefensión, depresión en algunas niñas”, así como “la afectación a la sociedad misma, atento las características de los presentes hechos, ocurridos en una institución del Estado que forma, enseña, educa, y por quien tiene una carga pública; y la premisa cierta (…) de que conforme la Psicología y en este tipo de delitos, a menor edad, mayor es el daño que se provoca”.
La sentencia completa, con los fundamentos del veredicto de culpabilidad dictado la semana pasada y los fundamentos integrales del monto de la pena aplicada, se dará a conocer en una audiencia convocada para el próximo 18 de diciembre.
Judiciales
Condenan a 13 años de prisión a un integrante de la banda de violentas entraderas en Roca
El condenado admitió haber participado en ocho hechos delictivos. La pena unifica una condena previa que le había sido impuesta en suspenso.
Un hombre fue condenado a una pena única de 13 años de prisión tras reconocer su participación en ocho hechos delictivos como integrante de una asociación ilícita que cometía violentas entraderas en el Alto Valle, varias de ellas en General Roca. La sentencia fue dictada este martes mediante un juicio abreviado, luego de que el acusado admitiera su responsabilidad en los delitos investigados por el Ministerio Público Fiscal.
La pena surge de la unificación de una condena de 11 años por los hechos reconocidos con otra condena previa de 2 años de prisión condicional, que fue revocada al comprobarse que el imputado volvió a delinquir. El pedido había sido formulado por la fiscal Belén Calarco, junto a las fiscales Verónica Villarruel y Eugenia Vallejos.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia, el juez Fernando Sánchez Freites, quien presidió el Tribunal integrado además por Luciano Garrido y Julio Martínez Vivot, detalló cada uno de los hechos atribuidos al acusado y homologó el acuerdo alcanzado entre las partes.
Los 11 años de prisión corresponden a los delitos de asociación ilícita, robos agravados por haber sido cometidos en lugar poblado y en banda, utilizando armas de fuego impropias, y en algunos casos también por privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia contra las víctimas.
Asimismo, el Tribunal hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal para revocar la condena condicional anterior, conformando una pena única de 13 años de prisión efectiva. También dispuso la declaración de reincidencia y el pago de las costas del proceso.
El condenado permanece detenido con prisión preventiva desde el inicio de la investigación y comenzará a cumplir formalmente la condena en los próximos días, ya que al aceptar el juicio abreviado renunció a los plazos de apelación.
De acuerdo con la investigación, la organización delictiva realizaba tareas de inteligencia sobre las viviendas elegidas y utilizaba vehículos previamente robados para trasladarse. Una vez en el lugar, sus integrantes ingresaban violentamente tras escalar techos y paredones, reducían a las víctimas mediante amenazas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían la entrega de dólares, dinero en efectivo y objetos de valor.
Además de dinero y joyas, la banda sustraía equipos electrónicos y los DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, con el objetivo de eliminar evidencia de los robos.
La investigación fue desarrollada por una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro creada especialmente para esclarecer esta serie de hechos, bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal. La causa continúa abierta y otros 11 imputados permanecen con prisión preventiva mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
Judiciales
Imputaron al conductor de la camioneta por la muerte de Jairo Lavacara en Guerrico
El Ministerio Público Fiscal atribuyó al joven de 22 años una maniobra negligente al girar en U sobre una calle rural de Guerrico.
La Justicia imputó este martes (07/07) a un joven de 22 años por el choque ocurrido el domingo (05/07) por la tarde en una calle rural de Guerrico, que terminó con la muerte de Jairo Agustín Lavacara, el motociclista de 19 años oriundo de General Roca.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el imputado conducía una Volkswagen Tiguan y que, alrededor de las 18.15, se encontraba detenido sobre la banquina en la intersección de las calles Ceferino Namuncurá y Nahuel Huapi. Según la acusación, inició una maniobra de giro en U «sin verificar y de manera negligente y antirreglamentaria», interponiéndose en la trayectoria de varias motocicletas que circulaban por el lugar.
Siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, una Honda CRV 250 conducida por Lavacara no logró evitar la colisión contra el lateral izquierdo de la camioneta. Como consecuencia del fuerte impacto, el joven sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte.
El fiscal Ricardo Romero atribuyó al conductor el delito de homicidio culposo por la conducción negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, calificación que fue aceptada por la jueza de Garantías María Gadano, quien tuvo por formulados los cargos e inició formalmente la investigación penal.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía figuran el acta de procedimiento confeccionada por la Comisaría 54° de Allen, testimonios de personas que viajaban en la Tiguan, la documentación del vehículo, la póliza de seguro, la licencia de conducir del imputado, el resultado negativo del test de alcoholemia, el informe técnico del Gabinete de Criminalística y las fotografías obtenidas durante las pericias realizadas en el lugar del siniestro.
Por su parte, el defensor particular Miguel Zeballos Díaz se opuso a la formulación de cargos y destacó que su asistido permaneció en el lugar del hecho, dio aviso a la Policía e intentó asistir a la víctima tras el choque.
En cuanto a las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó que el imputado deba presentarse periódicamente en una comisaría, mantener el domicilio informado ante la Justicia, conservar su número telefónico, abstenerse de cometer nuevos delitos, no consumir estupefacientes y no mantener contacto con familiares o allegados de la víctima.
La jueza hizo lugar al pedido fiscal, impuso las medidas cautelares solicitadas y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
Judiciales
Deberán indemnizar a un automovilista tras el desprendimiento de una rueda de auxilio en Ruta N° 22
El fallo rechazó la defensa del conductor, quien había negado manejar la camioneta al momento del hecho, y también responsabilizó al titular del vehículo.
Un hombre circulaba por la Ruta Nacional N° 22 y a la altura de Roca, una situación inesperada cambió su recorrido. La rueda de auxilio de una camioneta que ingresaba a la ruta se desprendió de la caja del vehículo, salió despedida y golpeó de frente su automóvil.
El impacto provocó importantes daños en el auto Ford Fiesta. Además de las reparaciones, el conductor perdió la posibilidad de utilizar el vehículo durante un tiempo y afrontó una disminución en su valor de reventa como consecuencia del siniestro.
Ante esa situación, el propietario del automóvil inició una demanda por daños y perjuicios contra el conductor de la camioneta y contra su titular registral. El fuero civil de Roca declaró responsables a ambos demandados y ordenó la indemnización por los daños materiales, la privación de uso y la desvalorización del vehículo.
La sentencia señaló que el desprendimiento de la rueda de auxilio configuró un supuesto de responsabilidad objetiva. En ese marco, consideró acreditado que la rueda provenía de la camioneta involucrada y que fue la causa del daño sufrido por el automóvil.
La jueza explicó que el caso se resolvió con base en la teoría del riesgo creado. Esa regla establece que quien utiliza un vehículo debe responder por los daños que ese vehículo cause, aun cuando no se pruebe una conducta negligente. En este caso, el riesgo se concretó cuando la rueda de auxilio se desprendió de la camioneta e impactó contra otro automóvil.
El fallo también descartó el planteo del conductor, quien afirmó que no manejaba la camioneta al momento del accidente. La magistrada valoró la denuncia presentada ante la aseguradora, la prueba incorporada al expediente y la falta de elementos que respaldaran esa versión.
Respecto del titular registral, la resolución recordó que la normativa vigente establece su responsabilidad por los daños ocasionados por el vehículo, salvo que demuestre una causa de eximición. Como no compareció al proceso ni acreditó ninguna circunstancia que lo liberara de responder, la jueza confirmó también su responsabilidad.
Al fijar la indemnización, la sentencia reconoció el costo actualizado de la reparación del automóvil. Además contempló una compensación por los días en que el hombre no pudo utilizarlo y otro monto por la pérdida de valor comercial.
