Judiciales
Bernel fue condenado a 13 años de prisión
Es por 10 casos de abusos a niñas de 3° y 4° grado.
Los jueces María Evelina García Balduini, Gastón Martín y Laura Pérez impusieron hoy la pena de 13 años de prisión, más inhabilitación absoluta y perpetua, al ex maestro de primaria Javier Marcelo Ramón Bernel, quien fue declarado autor de los delitos de abuso sexual simple, agravado por ser encargado de la educación de las víctimas (9 hechos consumados y uno en grado de tentativa), en perjuicio de 10 alumnas.
Los jueces resolvieron, por unanimidad, aplicar la misma pena que había solicitado la fiscal del caso Belén Calarco, junto a la fiscal Jefe, Teresa Giuffrida.
Si bien los fundamentos completos de la decisión judicial se darán a conocer el próximo 18 de diciembre, la jueza vocera del Tribunal, García Balduini, explicó hoy los argumentos centrales del veredicto, en una audiencia que se desarrolló al mediodía en la Ciudad Judicial de Roca.
El Tribunal valoró como atenuante que Bernel “no tiene antecedentes penales” pero reconoció como agravantes que “su situación socio-económica y cultural (…) le permitía claramente discernir el sentido y las consecuencias de su obrar; es más, siendo un funcionario público: docente, maestro de grado en nivel primario”.
Sumó “el daño físico y moral que les fue causado a las tan vulnerables menores víctimas, de implicancias futuras inciertas; la reiterancia de las agresiones a las nenas (…), que revela un perfil personal cuanto menos peligroso para terceros al día de hoy y en el futuro, y perturbado –dicho esto en términos comunes-, en el aspecto sexual y la relación con los otros/as; la pluralidad de víctimas y, especialmente, su corta edad, que las torna aún más vulnerables”.
A la pena de prisión se suma la inhabilitación absoluta y perpetua y la inscripción de Bernel en el Registro Provincial de Abusadores Sexuales -ReProCoInS-.
Los jueces coincidieron con la Fiscalía al valorar como agravantes la cantidad de hechos y su reiterancia y también que “las agresiones sexuales (fueron) acompañadas de actitudes violentas en lo verbal y en lo físico, tanto en sus víctimas como sobre quienes podían atestiguar lo que pasaba; escudado en el manejo discrecional del ámbito escolar -aula, patio, puertas, ventanas, cortinas-, y haciendo uso del castigo que podrían recibir los alumnos -malas notas, reprobaciones-; la pluralidad de lugares donde cometió los hechos -3 diferentes-; la exposición a que sometió a otros/as niños/as, en tanto fueron testigos involuntarios de los abusos sexuales; la advertencia en un caso sobre que dañaría a la mamá si no hacía silencio”.
Por último, los jueces valoraron “los daños extendidos” a las niñas, enumerando que “no querían salir de sus casas, temían que no se creyera su relato, episodios de angustia y nerviosismo, y desvalorización del propio cuerpo (…), pesadillas, sentimientos de indefensión, depresión en algunas niñas”, así como “la afectación a la sociedad misma, atento las características de los presentes hechos, ocurridos en una institución del Estado que forma, enseña, educa, y por quien tiene una carga pública; y la premisa cierta (…) de que conforme la Psicología y en este tipo de delitos, a menor edad, mayor es el daño que se provoca”.
La sentencia completa, con los fundamentos del veredicto de culpabilidad dictado la semana pasada y los fundamentos integrales del monto de la pena aplicada, se dará a conocer en una audiencia convocada para el próximo 18 de diciembre.
Judiciales
Cayó de una escalera mientras podaba, lo operaron tres veces, continuó con dolor y le negaron la cobertura
El fuero Laboral de Roca aceptó la demanda presentada por el peón y condenó a la ART a brindar todas las prestaciones médicas necesarias para tratar su dolencia.
Un hombre cumplía tareas diarias como peón general en una chacra de Roca. Una mañana, mientras realizaba trabajos de poda, cayó de una escalera. El golpe le provocó múltiples fracturas en la mano derecha y un trauma directo en el dedo índice.
El hombre denunció el accidente ante la aseguradora de riesgos del trabajo. Por indicación médica, lo operaron en tres oportunidades. Luego, se le determinó una incapacidad laboral por limitación funcional. Recibió el alta, aunque continuó con dolor.
En una nueva consulta médica, le indicaron otra cirugía para extraer el material quirúrgico colocado en la mano. Acudió nuevamente a la ART, pero dictaminaron que las prestaciones otorgadas habían sido suficientes.
El fuero Laboral de Roca aceptó la demanda presentada por el peón y condenó a la ART a brindar todas las prestaciones médicas necesarias para tratar su dolencia. El fallo señaló especialmente la cirugía pendiente en el dedo índice de la mano derecha.
Durante el trámite judicial, se produjo toda la prueba. El perito médico designado por el tribunal informó que el hombre presenta una deformidad persistente en el dedo índice, con dolor y limitación funcional. Este cuadro justifica una nueva intervención quirúrgica. Ninguna de las partes impugnó el dictamen, por lo que el Tribunal lo consideró válido y determinante.
El Tribunal resolvió que las ART deben brindar prestaciones médicas hasta la curación completa o mientras persistan síntomas incapacitantes. En este caso, se comprobó la persistencia de síntomas, por lo que la aseguradora debe continuar con la cobertura médica requerida por el trabajador.
También se resolvió que la negativa de la ART a autorizar nuevas prestaciones careció de fundamentos técnicos. La empresa rechazó de forma genérica la documentación aportada por el hombre sin justificar su decisión. Esta conducta fue cuestionada por el tribunal por carecer de sustento probatorio.
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Comenzó el juicio a un anestesiólogo por la muerte de Valentín Mercado Toledo
La acusación afirma que el anestesiólogo no vigiló adecuadamente los parámetros vitales durante la operación, lo que habría provocado la encefalopatía que derivó en el fallecimiento del pequeño.
Durante la mañana de hoy (26/11), cuatro testigos dieron inicio al debate que se desarrolla en los Tribunales de General Roca por la imputación al anestesiólogo Mauricio Atencio Krause, de 45 años, acusado del delito de homicidio culposo por la muerte de Valentín Mercado Toledo, un niño de cuatro años, ocurrida en julio de 2024.
La Fiscalía, con adhesión de la querella que representa a la madre y al padre del niño, sostuvo en su acusación que durante el juicio se acreditará que «el hecho ocurrió entre las 8.28 del 11 de julio del año pasado y las 14.14 del 18 de julio, durante el tratamiento quirúrgico programado por una hernia diafragmática realizado al niño en el Sanatorio Juan XXIII».
Según la acusación, «en esa oportunidad, el médico anestesiólogo imputado, por su impericia, negligencia y por no tomar en cuenta la rigurosidad debida que indica el protocolo de actuación, causó la muerte de Valentín».
La Fiscalía afirmó que el niño sufrió una encefalopatía hipóxico isquémica durante la cirugía, debido a que el profesional «omitió vigilar y prestar atención anestésica en forma continua». Indicaron además que a las 10.50 del 11 de julio se detectó «un período anormal de 10 minutos sin registros de presión arterial ni pulsioximetría», lo que derivó en una taquicardia y posterior hipoxia, situación que -según la acusación- debió ser advertida por el anestesiólogo.
«Como consecuencia de ese accionar, el nene sufrió muerte encefálica y el 18 de julio falleció», concluyó el fiscal.
Al inicio del debate se presentaron las convenciones probatorias alcanzadas entre la Fiscalía, las querellas y la defensa del médico: el allanamiento realizado por el Gabinete de Criminalística de Roca, la confirmación de la Asociación de Anestesia y Analgesia de Río Negro sobre el domicilio laboral del profesional en el Sanatorio Juan XXIII, y los resultados de estudios toxicológicos e histopatológicos emitidos por el Laboratorio Regional de Investigación Forense de Chubut.
Hoy declararon la denunciante y madre del niño, la psicóloga de la OFAVI que intervino en la asistencia a la familia, el médico de cabecera del pequeño y uno de los consultores técnicos de la querella.
El juicio, a cargo de un Tribunal unipersonal, continuará mañana. Los alegatos de clausura serán el viernes 28 de noviembre a las 8.30.
Judiciales
Una demora administrativa dejó a un estudiante sin examen, pero la Justicia confirmó que había abonado en término
La universidad no registró a tiempo la cuota de junio y bloqueó el acceso a los exámenes. El juez de Paz determinó que el alumno cumplió con lo pactado y reconoció la relación de consumo educativa.
Un estudiante de abogacía de una universidad privada vivió una situación inesperada luego de abonar la cuota mensual prácticamente sobre el límite del segundo vencimiento. Aunque realizó el pago dentro del plazo permitido, la institución no lo registró a tiempo y el joven quedó imposibilitado de rendir los exámenes del cuatrimestre, dado que la habilitación para presentarse depende de tener todas las cuotas acreditadas.
Desde la universidad le informaron por correo electrónico que la habilitación del parcial se activaría recién «dos horas después de acreditado el pago», una demora administrativa que el alumno consideró determinante para su desempeño académico. A pesar de insistir con reclamos internos y participar de una instancia de mediación, no consiguió que la institución reconociera el pago en el momento oportuno.
Ante la falta de respuestas, decidió acudir al Juzgado de Paz de Allen, que intervino por tratarse de un conflicto encuadrado en una relación de consumo educativa. Tras la audiencia entre las partes, el juez determinó que la cuota correspondiente a junio de 2025 había sido pagada en tiempo y forma.
Para arribar a esa conclusión, el magistrado analizó principalmente la prueba documental aportada por ambas partes. Consideró innecesarias otras presentaciones y rechazó la testimonial ofrecida por la universidad al no estar debidamente justificada su pertinencia. Entre los elementos presentados por el estudiante se encontraba el recibo del pago efectuado el 30 de junio de 2025 en un centro autorizado, correspondiente al segundo vencimiento. Esa documentación acreditaba que el pago se realizó a través de los medios habilitados por la propia institución.
El expediente también incorporó correos electrónicos intercambiados entre las partes, en los cuales la universidad reconocía que la habilitación a los exámenes dependía de la acreditación del pago y que el sistema se actualizaba dentro de las dos horas siguientes. El joven informó haber realizado el pago durante esa misma jornada hábil, sin que la institución actualizara la información a tiempo.
Frente a esa evidencia, el juez sostuvo que el alumno cumplió con lo pactado y que su pago debía considerarse válido. En su resolución aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, ratificando la existencia de una relación de consumo en el ámbito educativo.
De todos modos, no se expidió sobre una eventual responsabilidad de la universidad en las demoras del sistema ni en los procesos internos de acreditación, ya que ese punto excedía el objeto de la acción. La institución, por su parte, argumentó que se trataba de una cuestión estrictamente académica. Finalmente, el juzgado dictó una acción meramente declarativa en favor del estudiante, cerrando el conflicto desde la normativa vigente en materia de defensa del consumidor.
