Judiciales
Inspeccionaron las cárceles de Roca y Cipolletti
Ahora será tiempo de elaborar un informe para analizar que medidas se tomarán al respecto sobre el estado de las mismas.
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Adriana Zaratiegui, junto a un equipo de agentes judiciales y del gobierno provincial inspeccionó las cárceles de Cipolletti y Roca. La actividad se enmarcó en la manda constitucional para la supervisión del funcionamiento y estado de los establecimientos carcelarios en la provincia.
Se realizó idéntica recorrida hace dos semanas en Bariloche y próximamente se hará en el penal de Viedma. Con todo lo informado, observado y registrado se elaborará un informe general.
La comitiva judicial se completó con el titular de la Secretaría Penal del STJ, Wenceslao Arizcuren; la relatora del organismo, Romina Bruno; la Coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial, Beatriz Mosqueira. En Cipolletti participaron el juez de Ejecución Lucas Lizzi y el secretario de ese organismo, Francisco Jara. En tanto que en Roca se sumaron el juez de Ejecución Juan Pablo Chirinos y la secretaria del juzgado, Jessica González.
Junto a los funcionarios y funcionarias judiciales estuvieron la Secretaria de Seguridad y Justicia de la provincia, Betiana Minor, y el Director General del Servicio Penitenciario, Hugo Cecchini. En cada recorrida los acompañaron los Directores y Jefes de Área Interna de las respectivas unidades.
En Cipolletti las autoridades judiciales mantuvieron una reunión general y solicitaron información sobre la cantidad de personas alojadas, cuántos varones y mujeres se encuentran en el establecimiento, si existen dentro de su población personas trans, personas con algún tipo de discapacidad o con especiales requerimientos de salud, entre otras cuestiones. Además, se requirió el detalle de las personas que se encuentran detenidas por sentencia firme y por prisión preventiva.
Luego las autoridades se entrevistaron con las mujeres privadas de la libertad, con los hombres detenidos que estaban en el sector de carpintería y con los del sector de autodisciplina. También visitaron la cocina del penal, entre otras dependencias.
Asimismo, se tomaron entrevistas a los equipos médicos, psicológicos, trabajadores sociales, enfermeros y docentes que cumplen funciones en el establecimiento cipoleño.
En tanto que en el Establecimiento de Ejecución Penal N° 2 de Roca la recorrida comenzó por el aula de trabajo psicosocial y biblioteca, donde se llevan adelante talleres y proyectos relacionados principalmente con el arte y la expresión; siguió por el sector cocina, el área de atención médica y la sala de monitoreo.
Luego el grupo mantuvo una extensa entrevista con el coordinador educativo de la unidad y finalizó en el pabellón femenino, donde actualmente hay 14 mujeres privadas de la libertad. A lo largo del recorrido se fueron registrando datos sobre cantidad de internos, situaciones procesales, distribución de la población carcelaria por género y por tipo de delito, las condiciones tratamentales actuales y las condiciones generales de detención.
Judiciales
Imputaron a la dueña de una agencia de viajes que vendía traslados a Italia que nunca se realizaron
La mujer está bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Se ordenó la inhibición de bienes y la presentación diaria ante la Justicia.
Ayer (17/10) por la tarde, el Ministerio Público Fiscal de General Roca solicitó la aplicación de estrictas medidas cautelares contra una mujer investigada por presunta estafa en la venta de viajes al exterior.
Según la acusación, el hecho bajo investigación habría ocurrido entre octubre de 2024 y agosto de 2025, en un local ubicado sobre calle Mitre 930 de Roca, donde la imputada -representante de una empresa de viajes Lola Tour se habría ganado la confianza de un grupo de personas a las que ofreció paquetes turísticos a Italia.
De acuerdo con la Fiscalía, la mujer emitía comprobantes falsos y aparentaba tener la capacidad para brindar el servicio. Sin embargo, nunca gestionó los pasajes ni las reservas de alojamiento, y llegada la fecha del viaje, éste no se concretó.
Las víctimas, integrantes de un grupo de estudio, habrían abonado la totalidad del paquete, sin recibir el reintegro del dinero pese a los reclamos reiterados. «De esa manera, les ocasionó un perjuicio patrimonial significativo», explicó la representante fiscal durante la audiencia.
Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público se encuentran 15 denuncias formales, testimonios, el allanamiento de la vivienda de la acusada y el secuestro de documentación vinculada a las operaciones.
Tras el pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza interviniente ordenó la inhibición general de todos los bienes de la mujer, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente en la Fiscalía.
En caso de incumplir las medidas impuestas, la Fiscalía podrá solicitar una nueva audiencia para evaluar sanciones más severas y garantizar el avance de la causa.
Judiciales
Pagó las 84 cuotas de un plan de ahorro y nunca le entregaron el vehículo
La empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.
Un hombre de Cipolletti se inscribió a un plan de ahorro con la expectativa de adquirir un Volkswagen Fox cero kilómetro. Abonó cada una de las 84 cuotas pero nunca le entregaron el vehículo. Impulsó un reclamo civil y obtuvo una sentencia favorable: la empresa tendrá que devolverle el dinero e indemnizarlo por el incumplimiento.
El plan, de tipo 70/30, se orientaba a la adquisición de un Volkswagen Fox Confortline, cinco puertas, motor 1.6. El contrato preveía 84 pagos mensuales y una vez cancelado, la empresa debía adjudicar el vehículo si el adherente cumplía con los requisitos establecidos. El ciudadano completó todos los pagos en marzo de 2017 y solicitó la unidad en varias oportunidades, sin obtener respuesta.
Ante la falta de información, remitió dos cartas documento. En la primera, pidió detalles sobre el procedimiento y los datos para concretar el pago del 30% restante. En la segunda, intimó a la empresa a entregarle el vehículo o devolverle las sumas abonadas. Ninguna de las misivas fue respondida.
La jueza del caso concluyó que el contrato se resolvió por un incumplimiento imputable a la empresa. Determinó que no existió comunicación fehaciente hacia el adherente sobre los sorteos, los requisitos para la adjudicación ni el resultado de la liquidación final. Tampoco surgió prueba alguna de que la firma hubiera notificado al consumidor sobre el avance o finalización del plan.
El fallo ordenó la devolución del total de las cuotas abonadas, con intereses desde la fecha de cada pago. También reconoció una indemnización por la privación de uso del rodado, al establecer que el ciudadano mantuvo durante más de un año la expectativa legítima de acceder al vehículo.
La sentencia incluyó una compensación por daño moral: valoró la frustración causada por el incumplimiento, luego de siete años de aportes cumplidos. Destacó la ausencia total de información por parte de la empresa, incluso después de las intimaciones formales.
Finalmente, la resolución impuso una multa por daño punitivo. La jueza consideró que la empresa actuó con desinterés frente a los derechos del consumidor y con un nivel de desinformación que justificó la sanción prevista por la Ley de Defensa del Consumidor.
La sentencia es de primera instancia y el fallo no está firme porque puede ser apelado. La empresa condenada es Volkswagen S.A de ahorro para fines determinados.
Judiciales
Condenado a 4 años de prisión por distribuir material de abuso infantil
El hombre de 36 años reconoció haber compartido imágenes de abuso sexual infantil a través de redes sociales.
Un hombre de 36 años fue condenado a 4 años de prisión efectiva por distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil, en el marco de un juicio abreviado llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Penal Pública.
Durante la audiencia, el imputado reconoció haber cometido los hechos investigados: 5 episodios ocurridos entre 2023 y 2024, todos en la localidad de Cervantes.
Según la Fiscalía, el hombre poseía y distribuía imágenes y videos de contenido sexual infantil a través de medios electrónicos y redes sociales. La denuncia se originó a partir de un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organización internacional que trabaja en la detección de este tipo de delitos y mantiene convenios de cooperación con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y, a su vez, con el de Río Negro.
Durante la investigación, se realizaron allanamientos en el domicilio del acusado, donde se secuestró material informático. También se incorporaron al expediente los informes periciales de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) y de la Delegación de Criminalística de Cervantes.
El Tribunal Colegiado consideró acreditada la responsabilidad penal del hombre por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil en concurso real con tenencia de material de abuso sexual infantil con fines de distribución agravado por ser menores de 13 años, de acuerdo a lo previsto en los artículos 128, 1°, 3° y último párrafo del Código Penal.
El condenado no posee antecedentes penales ni causas en trámite, y deberá cumplir la pena de prisión efectiva, además de afrontar las costas del proceso judicial.
