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Estafa al IPROSS: El perjuicio económico llegaría a 70 millones de pesos

Conocé el detalle de farmacia por farmacia que brindó en la audiencia la Fiscalía.

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El equipo de fiscales encabezado por Teresa Giuffrida, junto a Gastón Britos Rubiolo, formularon cargos a siete personas por estafa agravada en perjuicio de la administración pública en variadas modalidades, en la causa IPROSS. Asimismo solicitaron la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país, presentación en Fiscalía cada 7 días y la continuación de embargos por el plazo que dura la investigación preparatoria, 4 meses.

La jueza de Garantias Natalia Gonzalez tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal a los que la querella, la Fiscalia de Estado, adhirió en un todo. Sin embargo dispuso que los imputados asistan cada 15 días a la presentación judicial.

Luego de tres días de audiencias y tras la complejidad el caso, concluyó este viernes (14/02) la imputación basada en los hechos que dieron origen el año pasado a la denuncia concretada por la actual gestión del Colegio de Farmacéuticos de General Roca.

La acusación fiscal presentó tres hechos, ordenados según modalidad, y descriptos de manera quincenal y por farmacia. Los mismos se habrían iniciado en diciembre de 2013 y se extendieron hasta abril de 2019.

Además las estafas habrían sido, por un lado generar recetas de medicamentos de los Planes de Epilepsia y Diabetes de afiliados a la obra social IPROSS de esta provincia, nunca haber vendido esos remedios, y usar para ello el sistema informático de liquidación quincenal que posee el Colegio de Farmacéuticos.

La otra estafa fue agregar esos medicamentos a la liquidación final de cada una de las farmacias señaladas por la fiscalía. Esa liquidación era remitida al área de Administración del Colegio para la generación de una factura de cobro (orden de pago) que se remitía también a IPROSS para su pago y que la entidad estatal acreditaba dicha erogación en la cuenta corriente del Colegio.

El tercer hecho consistió en generar o modificar recetas de medicamentos en el sistema que cada farmacia tenía, las mismas eran ficticias y no se correspondían con medicamentos efectivamente vendidos en mostrador (esos remedios nunca fueron comprados a ninguna droguería). Luego agregaban ello a los lotes de medicamentos vendidos que nunca fueron controlados ni auditados por quien se encargaba de ello en el Colegio.

Monto del perjuicio económico ocasionado a IPROSS

«El mismo resulta indeterminado dada la cantidad y complejidad de maniobras pergeñadas por la auditora del Colegio y el resto de los imputados, pero podría estimarse, -como mínimo-, en la suma de: $70.020.552,39 aproximadamente, teniendo en cuenta el valor histórico de los medicamentos objetos del delito, de acuerdo al detalle aportado por el Colegio de Farmacéuticos según el sistema informático Xarion y Xelion.

Dicho monto se subdivide en las diferentes farmacias beneficiarias de las sumas, los que arrojan un valor individual de: $6.220.592,43 (Farmacia Fasano); $30.386.591,28 (Farmacia Tucumán); $14.056.807,59 (Farmacia Santa Teresita); $17.115.765,04 (Farmacia Araucana-Jacobacci); $2.240.796,05 (Farmacia Farmacentro).

De todas maneras los fiscales aclararon que «ello sin perjuicio de la realización de la pericial informática sobre los elementos secuestrados y la eventual determinación que pueda surgir por parte de la pericial contable a desarrollarse.

Plexo probatorio

El Ministerio Público Fiscal reunió hasta el momento y para dar por sentada la imputación, variada y profusa prueba documental, entre lo que se cuenta con informes de entidades bancarias, informes de la AFIP, planillas de los programas informáticos de carga tanto de la farmacias implicadas como del colegio de Farmacéuticos.

Además material fílmico, imágenes forenses, copia de backups y archivos aportados por el proveedor del sistema informático, y entrevistas.

La audiencia continuará el próximo lunes (17/02) para terminar de resolver algunas de las medidas cautelares pendientes.

Judiciales

«Nos hemos puesto a disposición de la familia desde el primer momento, para compartir un espacio donde aclarar sus dudas»

El Sanatorio Juan XXIII emitió un comunicado tras la muerte del niño Valentín y la denuncia por mala praxis.

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El Sanatorio Juan XXIII emitió un comunicado de prensa respondiendo a la denuncia por mala praxis por parte de la familia de Nahitan Valentín Mercado Toledo, el niño de 4 años que murió luego de una intervención quirúrgica. Están implicados un anestesista y un cirujano de la clínica privada .

«Ante el hecho que ha tomado estado público, relacionado con el fallecimiento de un niño de 4 años de edad, ocurrido en este establecimiento, consideramos necesario brindar a la opinión pública, la información que, responsablemente, estamos en condiciones de dar, sin vulnerar el debido secreto médico (por eso la información es limitada a lo que los familiares ya compartieron a los medios de comunicación)», indicaron desde el Sanatorio Juan XXIII.

En este sentido, detallaron que «el día 11 de julio, el niño ingresó para una cirugía programada de hernia de diafragma -una hernia diafragmática es una anomalía en la que el diafragma no se ha desarrollado completamente. Debido a esto, los órganos abdominales como el estómago, el intestino, el bazo, parte del hígado y el riñón pueden ocupar la cavidad torácica, presionar los pulmones y causar dificultad respiratoria y otros problemas serios, que obligan a la resolución quirúrgica-. Finalizada la cirugía, el niño sufrió un paro cardio respiratorio», explicaron.

«Al haber sido un paro cardíaco presenciado, fue inmediatamente reanimado con éxito, estabilizado y derivado a la Unidad de cuidados intensivos. El paro cardíaco intraoperatorio, si bien es muy poco frecuente, es un riesgo siempre presente y con alta mortalidad», agregaron desde el sanatorio privado ubicado en la esquina de calles 9 de Julio y Buenos Aires.

«El desenlace de la evolución, lamentablemente, fue, a pesar de todos los cuidados, el fallecimiento del niño el día 18 de julio. Nos hemos puesto a disposición de la familia desde el primer momento, para compartir un espacio donde aclarar sus dudas, preguntas o todo lo que necesitaran y pudiera ayudar en el difícil momento que les tocaba vivir», añadieron.

Ante la denuncia de los familiares, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación al respecto. «Desde esta institución médica, manifestamos, en primer lugar, nuestro profundo pesar por el desenlace. Hemos puesto a disposición, y ha sido entregada, inmediatamente cuando fue solicitada, toda la información y documentación necesaria para facilitar la actuación de los organismos externos que sean competentes en esta materia», indicaron.

«El Sanatorio cuenta con un Comité de Gestión de Riesgo y Seguridad del Paciente, que permanentemente trabaja por brindar una atención de calidad y segura. El cumplimiento de las políticas de seguridad del paciente es parte de nuestro compromiso permanente, y constituye un objetivo central de la gestión de este Sanatorio. Por lo que, hechos como éste, nos afectan profundamente. Aun sabiendo que las estadísticas internacionales revelan que un 50% de los eventos, a pesar de todos los cuidados, no se pueden evitar», manifestaron.

«Un pilar de la seguridad es la transparencia, por lo que seguimos a disposición tanto de la familia, como de la autoridad competente», concluyeron desde el Sanatorio Juan XXIII.

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Convocan a una marcha para pedir Justicia por Valentín

Se trata del niño que falleció en el Sanatorio Juan XXIII. Investigan un posible caso de mala praxis. La concentración será hoy a las 17 horas en Avenida Roca y Tucumán.

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Familiares y amigos de Nahitan Valentín Mercado Toledo, el niño de 4 años que murió en el Sanatorio Juan XXIII, convocaron a una movilización para pedir Justicia. Se investiga un posible caso de mala praxis, donde están implicados un anestesista y un cirujano de la clínica privada.

La marcha será a las 17 horas en Avenida Roca y Tucumán. Convocan a toda la sociedad a sumarse.

El sepelio aun no fue confirmado, ya que todavía no se le ha practicado la autopsia al cuerpo, la cual será fundamental para conocer detalles sobre el fallecimiento del niño.

Valentín falleció este jueves (18/07) a la tarde en el sanatorio privado ubicado en calles Buenos Aires y 9 de Julio, luego de que le realizaran, la pasada semana, una cirugía de hernia de diafragma. Desde ese momento, la víctima estuvo internado en terapia intensiva hasta ayer, donde el personal médico confirmó a su familia que había fallecido por muerte cerebral.

Tras lo sucedido, la familia denunció a un anestesista y a un cirujano del sanatorio por mala praxis y falacias durante sus días de internación. Rápidamente intervino la Fiscalía en turno y personal del Gabinete de Criminalística allanó el Juan XXIII y secuestraron documentación que pueda aportar a conocer los detalles sobre lo sucedido.

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Planes de ahorro: Concesionaria demandó a fabricante por no entregar un auto

Aunque la clienta pagó la totalidad del plan, la fábrica no entregó el auto por más de un año.

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Luego de abonar la totalidad de las cuotas de un plan de ahorro previo, el fabricante no entregó el vehículo por más de un año. Entonces, se inició una demanda judicial. Lo destacado del caso fue que, esta vez, quien demandó fue la propia concesionaria, radicada en Viedma. Intentó que se aplique la Ley de Defensa del Consumidor, pero el fallo dijo que no correspondía.

En principio, una mujer había suscripto un plan de ahorro para adquirir un vehículo Chevrolet Tracker. Cuando terminó de pagarlo, cedió el contrato a Líder Automotores.

La adjudicación se produjo a finales de 2020, en plena pandemia de Covid. Un año después, el vehículo no había sido entregado, entonces la concesionaria inició una demanda contra el fabricante.

En su presentación, la concesionaria dio cuenta de las intimaciones cursadas, de las respuestas negativas y también cuestionó «el trato que le proporcionara en su carácter de consumidor, calificando el accionar de la accionada como indigno y contrario a las obligaciones impuestas al comerciante por la Ley de Defensa del Consumidor y Constitución Nacional».

Justamente en este punto se centró la primera cuestión a decidir en el proceso: ¿puede la concesionaria ampararse en la Ley de Defensa del Consumidor? Corrido traslado al Ministerio Público Fiscal indicó que no.

Poco después de presentada la demanda, el auto fue entregado. Así lo comunicó la propia concesionaria. El juez resolvió que la empresa «aún siendo cesionario del contrato de adhesión, no encuadra en la figura de usuario o consumidor». Entonces, se recaratularon las actuaciones como proceso ordinario.

Chevrolet SA de Ahorros Para Fines Determinados no contestó demanda «por lo que al caso resulta aplicable la presunción de verdad de los hechos».

Tras analizar la prueba, «ha quedado comprobado en autos que el vehículo fue entregado luego del inicio de la demanda y que a su vez la administradora no ha acreditado el pago de la multa contractual a la que se ha obligado mediante su propia construcción contractual frente al suscriptor».

El juez concluyó que «existe probada la responsabilidad de la demandada por incumplimiento contractual con base en la entrega tardía de la unidad».

De esta manera, condenó a Chevrolet SA de Ahorro Para Fines Determinados a abonar la multa prevista en el propio contrato. Sin embargo, rechazó otros rubros solicitados por la concesionaria, como daño moral, daño emergente y daño punitivo, que plantea la Ley de Defensa del Consumidor, justamente por no tratarse de una relación de consumo.

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