Judiciales
Dos detenidos por disparar a un auto en la noche del martes
Quedaron imputados y con prisión preventiva por dos meses. Habrían efectuado alrededor de 7 disparos.
Ayer (13/03) al mediodía el equipo de fiscales conformado por Luciano Garrido y Daniela Martinez formularon cargos a dos sujetos por el delito de tentativa de homicidio por el hecho ocurrido el pasado martes 10 de marzo.
Según la acusación fiscal, “se trata de una secuencia dinámica, todo comenzó alrededor de las 23.00 en la calle Villegas y Felix Heredia. El primer disparo se realiza cuando el auto de las víctimas va cruzando el lomo de burro ubicado allí, a raíz de ello quien iba conduciendo el Gol Country acelera, allí uno de los imputados se baja del vehículo y hace un segundo disparo. Tras ello sucede una persecución y en ese transcurso se efectúan al menos 5 disparos más. Hablamos de 7 en total, ya que 5 se encontraron en el auto y los otros dos en las personas víctimas. Terminando la secuencia en la estación de servicio de calle San Juan y Gadano”.
El equipo fiscal presentó como evidencia el acta de procedimiento del Destacamento 178, que intervino a raíz de un llamado que describió que había un vehículo realizando tiros. Además mencionó las entrevistas realizadas a testigos que dieron detalles del hecho, las declaraciones de las víctimas, de sus con allegados.
Agregaron como prueba los certificados confeccionados por el médico policial acerca de las lesiones que tienen ambos heridos, las precisiones brindadas por las pericias del Gabinete de Criminalística de donde estaban los ingresos de los disparos en el Gol atacado, las pericias del Cuerpo Médico Forense que revisó en el día de la fecha al hombre herido.
“Cabe mencionar que Criminalística indicó que el arma utilizada, basándose en los restos hallados y en las balas extraídas a las víctimas, la misma sería de calibre 9 mm”, explicaron.
En relación a la calificación legal, Garrido detalló que para uno de ellos corresponden los delitos de “co autor de tentativa de homicidio, agravado por uso de arma de fuego”, y para el otro “co autor de tentativa de homicidio agravado por uso de arma en concurso real con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal”.
En relación a la medida cautelar, Garrido señaló que sólo uno de ellos tiene un antecedente condenatorio, de una pena de 3 años de prisión condicional más reglas de conducta, por un hecho que tiene similares características.
“Contamos con antecedentes firmes para sostener que se cometió un hecho, que se encuadra en una figura penal y que de acuerdo a la calificación legal, de ninguna manera en caso de recaer condena la misma será dejada en suspenso. Uno de ellos conducía y el otro disparaba, hubo un claro reparto de tareas, un dominio de la acción y claramente un dolo homicida que no ha podido concretarse”, explicó el fiscal.
“Estar realizando disparos por calle Villegas hacia San Juan, a esa hora de la noche, se suma a la gravedad que tienen varias causas en trámite, donde los involucrados han participado tanto como víctimas y como victimarios”, agregó.
“Los autores se dieron a la fuga, no se ha podido dar ni con el arma ni con el vehículo, ambos se sustrajeron del accionar de la justicia, se realizaron 4 órdenes de allanamientos para poder dar con ellos, con el arma y el auto. No podemos omitir entonces que han ocultado o destruir el elemento utilizado, cuestión que evidencia que han intentado entorpecer el accionar de la justicia”.
El fiscal solicitó 3 meses de prisión preventiva y 4 para la investigación inicial preparatoria.
Por su parte la defensa particular, que fue la misma para ambos imputados, no presentó objeciones formales a la formulación pero si se opuso al plazo de la medida cautelar como a la naturaleza de la misma.
Por su parte, la jueza de Garantías María Gadano tuvo por formulados los cargos en los términos realizados por el Ministerio Público Fiscal, y estableció 2 meses de preventiva.
Judiciales
Fiscalía pidió más de 7 años de prisión para dos hombres acusados de cometer un violento robo en Roca
Ambos fueron declarados coautores de un robo doblemente agravado ocurrido en febrero de 2024. El Tribunal dará a conocer la sentencia el lunes 20 de octubre.
El Ministerio Público Fiscal solicitó que dos hombres sean condenados a penas de más de 7 años y medio de prisión, tras haber sido declarados coautores de un violento robo ocurrido en General Roca. La sentencia será leída el próximo lunes (20/10) a las 11.30 horas por el Tribunal Colegiado.
«Se trató de un hecho grave y premeditado, cometido por cuatro personas que se desplazaron en un vehículo y esperaron a un descuido de la víctima para apoyarle un arma en la nuca y maniatarla. Una vez en el interior de la casa, produjeron múltiples destrozos, arrancaron un DVR para no ser descubiertos y rompieron un sommier», explicó el fiscal del caso durante su alegato final.
El representante del Ministerio Público agregó que «la víctima expresó mucho temor a lo largo del proceso, motivo por el cual la fiscalía solicitó rondines policiales para garantizar su seguridad».
Para uno de los acusados, la Fiscalía pidió 7 años y 6 meses de prisión, además de la revocación de la condicionalidad de una condena anterior y la unificación de la pena por el mismo monto. En tanto, para el segundo hombre solicitó 8 años y 6 meses de prisión, con declaración de reincidencia y unificación de condenas en 27 años de prisión.
Por su parte, el defensor particular de ambos sostuvo que sus asistidos no participaron del hecho, cuestionó la falta de acreditación de los daños y pidió que se impongan las penas mínimas previstas por el Código Penal.
El hecho
Durante el juicio se comprobó que el robo ocurrió en febrero de 2024, cerca de las 15.30 horas, cuando la víctima abría el portón de ingreso a su vivienda. En ese momento, fue interceptada por dos de los cuatro autores, quienes la intimidaron con un arma de fuego -real o de utilería- y la obligaron a ingresar al domicilio.
Una vez dentro, la ataron de manos y pies con una soga y sustrajeron dinero en efectivo, una moto, un monitor, un DVR de cámaras de seguridad y un celular. Los delincuentes huyeron en un Citroën C4, vehículo que posteriormente fue identificado por las cámaras de seguridad de la ciudad.
La calificación legal del caso es robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada o de utilería, según los artículos 45, 166 (último párrafo) y 167 inciso 2° del Código Penal.
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Una duda familiar lo llevó descubrir su verdadera identidad: Impugnó su paternidad, pero conservará el apellido
Decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre.
Una de sus hermanas decidió hacerse una prueba de ADN por sus propios medios. Los resultados demostraron que la persona que la había criado no era su padre biológico. A partir de esa información, el hombre también comenzó a dudar sobre su verdadera identidad. Consultó a su madre, pero ella no aportó datos relevantes. Sin información certera, acudió al Poder Judicial.
El fuero de Familia de Luis Beltrán resolvió la demanda de impugnación de paternidad y rectificó la filiación del hombre. A pesar de este cambio, él expresó su voluntad de conservar el apellido, ya que con ese nombre se identifica social y afectivamente.
Durante el proceso se autorizó una prueba genética entre él y quien había cumplido el rol paterno. El informe pericial concluyó que no existía vínculo biológico entre ambos. Con base en la pericia genética, se resolvió desplazar el reconocimiento paterno.
El Tribunal reconoció el derecho del hijo a conocer su identidad biológica y a contar con un emplazamiento filial que refleje esa realidad.
El hombre decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre. Se analizó este planteo desde una perspectiva dinámica del derecho a la identidad. Reconoció que el apellido no solo se vincula con lo jurídico, sino que también constituye un aspecto profundo de la autopercepción y pertenencia.
En tanto, la sentencia ordenó la rectificación del acta de nacimiento en el Registro Civil correspondiente, eliminó el nombre del padre y dejó constancia únicamente de la madre.
Judiciales
Uno de los adolescentes imputados por el crimen de Julián Dobra se quitó la tobillera
Finalmente fue localizado en su vivienda y ahora lo internarán en uno de los dispositivos de la SENAF, hasta que continúe el proceso.
Este mediodía (09/10) la Fiscalía solicitó que se modifique la detención de uno de los menores imputados en el legajo que investiga el homicidio de Julián Dobra, tras la notificación por parte la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico que el adolescente se había quitado el dispositivo.
«Tras esa confirmación, durante la tarde de ayer (08/10) la Policía se hizo presente en la vivienda donde el joven venía cumpliendo la medida. De manera inmediata intervino la Brigada de Investigación y se convocó a la Unidad de Canes para dar con él. Sin embargo, durante esta mañana el adolescente se encontraba en su casa nuevamente», explicó el equipo fiscal.
En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal explicó que «pesa sobre el menor punible una imputación por un hecho grave, en calidad de participe primario. El 14 de agosto pasado se dictó una medida cautelar teniendo presente el peligro procesal de entorpecimiento a la investigación, sin embargo, con la actitud desplegada, hoy se suma el de fuga. Por ello es que con presencia de personal de SENAF es que solicitamos que sea internado en uno de los dispositivos que dicho organismo cuenta para este tipo de casos«.
Por su parte, la defensora pública de menores punibles explicó que «se ha trabajado en este tema, no se han encontrado otras medidas alternativas por eso se adhiere al pedido de la Fiscalía».
Finalmente, el juez de Garantías interviniente resolvió en pos de lo planteado por la Fiscalía.
Datos e imágenes de menores
Al inicio de la audiencia, la defensora de menores volvió a solicitar, a través del juez interviniente en este legajo, que se inste a los medios de comunicación de mantener la prohibición de publicar datos e imágenes de los menores que están involucrados en este o en cualquier otro legajo.
La defensora invocó, además de normativa provincial, la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional N° 20.056 sobre la prohibición de la difusión o publicidad de hechos referidos a menores de edad. Tal como indica la normativa internacional de raigambre nacional y provincial.
