Judiciales
Le pagaron una indemnización en cuotas, hizo el reclamo y un fallo incrementó el monto
Un trabajador petrolero cobrará casi medio millón de pesos más de lo que ya había percibido por ser despedido de una importante empresa del Alto Valle.
Un hombre que se desempeñaba en el rubro petrolero en la región del Alto Valle fue despedido por falta de trabajo y la empresa le abonó una indemnización menor a la que fija la ley. Incluso se la pagó en ocho cuotas. Un fallo de la Cámara Laboral estableció un monto extra de $442.000.
El trabajador tenía 20 años de antigüedad y según consignó en la demanda el motivo del despido fue por “falta de trabajo debido a la inexistencia de contrato en ejecución o próximos a ejecutarse”. Le ofrecieron una indemnización de $367.000 a pagar en ocho cuotas mediante cheques. El hombre sostuvo que en ese momento aceptó porque su familia había sufrido las inundaciones en Comodoro Rivadavia y tenía que viajar con urgencia.
El reclamo tramitó en la Cámara Laboral de Cipolletti antes de las medidas dispuestas por el gobierno por la pandemia del Covid-19. En consecuencia el fallo ya fue notificado a las partes.
El tribunal fijó una indemnización por la suma de $442.968 en concepto de saldo de la indemnización por despido y recargo indemnizatorio previsto por el artículo segundo de la ley N° 25.323 sobre el importe indemnizatorio impago. Esa norma dispone el incremento del 50% sobre las indemnizaciones por antigüedad, preaviso e integrativa por mes de despido si el empleador no abona las mismas en tiempo oportuno.
Pago electrónico
El uso del sistema de banca electrónica (e-Bank) para realizar todos los pagos derivados de sentencias, como indemnizaciones, honorarios, impuestos y contribuciones es obligatorio desde el 1 de mayo de 2017 en todos los organismos del Poder Judicial de Río Negro.
Con esta herramienta se habilitan los pagos electrónicos a los justiciables (por ejemplo, el pago de indemnizaciones y multas); a los abogados, peritos y otros auxiliares por sus honorarios y a organismos que perciben aportes y/o impuestos, como la Caja Forense o la Agencia de Recaudación Tributaria provincial.
De esta manera, entre otros beneficios, se evita que la ciudadanía y operadores judiciales deban esperar por sus cheques en las mesas de entrada de los juzgados y luego hacer colas en las ventanillas bancarias. También se evita que tengan que viajar hasta la sede judicial a las personas que viven en otras localidades.
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Acuerdo Institucional: Ricardo Apcarian presidirá el Superior Tribunal desde febrero
El magistrado ya había ocupado la Presidencia del máximo órgano judicial provincial en 2021.
El Superior Tribunal de Justicia se reunió en Acuerdo Institucional y designó autoridades para el año judicial que comenzará el 1 de febrero de 2026. El juez Ricardo Apcarian presidirá el máximo órgano judicial provincial, según quedó estipulado en la Acordada 33/2025.
La Ley Orgánica establece que «la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia será ejercida anualmente por el juez o la jueza que el mismo Cuerpo designe en la primera quincena de diciembre de cada año. En la misma oportunidad se establecerá el orden en que sus integrantes reemplazarán la Presidencia en caso de ausencia u otro impedimento».
En cuanto al orden de subrogancias en la presidencia se dispuso en primer término al vocal Sergio Barotto, en segundo a Liliana Piccinini, luego Sergio Ceci y por último a la actual presidenta, Cecilia Criado.
También se dispusieron los jueces y juezas delegadas en cada circunscripción. Se mantienen en la Primera Liliana Piccinini, en la Segunda Sergio Barotto. Sergio Ceci estará a cargo de la Cuarta y la Tercera Circunscripción tendrá como jueza delegada a Cecilia Criado.
La resolución también asigna las representaciones institucionales para el período. En el Foro Patagónico de Superiores Tribunales participarán Sergio Barotto y Sergio Ceci. La Presidencia del Superior Tribunal representará al Poder Judicial ante la Junta Federal de Cortes y ante el Foro Federal de los Consejos de la Magistratura, además de ejercer la representación ante la Justicia de Paz, el Centro de Documentación Jurídica y la Oficina de Derechos Humanos y Género.
Por su parte, Barotto encabezará la Escuela de Capacitación Judicial, mientras que Apcarian hará lo propio en el Comité de Informatización.
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Nuevos imputados en el caso de asociación ilícita: La justicia formaliza cargos contra dos neuquinos
El equipo fiscal amplía la investigación y suma a dos hombres a la lista de imputados. Los hechos ocurrieron entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 en diversas ciudades de la región.
El equipo fiscal a cargo de la investigación sobre una presunta asociación ilícita que opera en varias ciudades de la región amplió hoy (10/12) la lista de imputados. En esta ocasión, se formularon cargos contra dos hombres oriundos de Neuquén, de 38 y 34 años, quienes, según la acusación, habrían formado parte de una red delictiva dedicada a la comisión de delitos en diferentes puntos de la provincia.
Ambos imputados se encuentran con prisión preventiva desde su detención y fueron formalmente acusados de los delitos de asociación ilícita y robo en poblado y en banda.
Con estos nuevos cargos, el número de imputados en la causa asciende a siete, tras la confirmación de las acusaciones y las medidas preventivas dictadas ayer. Los hechos que motivaron la acusación ocurrieron entre octubre de 2024 y septiembre de este año, y abarcaron diversas localidades de la región, como General Roca, Villa Regina, Cipolletti, Allen y Neuquén Capital.
Según la Fiscalía, los dos hombres imputados habrían acordado formar parte de una organización delictiva cuya finalidad era la comisión de delitos en contra de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional. «El grupo tenía un objeto común, afectando el orden público y la seguridad social a través de una pluralidad de maniobras delictivas», explicó el Ministerio Público Fiscal. Los acusados, siempre bajo la misma estrategia delictiva, habrían ejecutado ilícitos de diversa índole, creando un clima de inseguridad y alterando la confianza social.
Uno de los hechos destacados de la imputación ocurrió el 2 de octubre de 2024 en General Roca, cuando los dos hombres, en compañía de otros miembros de la organización, ingresaron por la fuerza a un domicilio ubicado en calle San Juan al 3500. En ese robo, se apoderaron de una billetera con documentos personales, una hidrolavadora, un taladro y un automóvil Fiat Cronos. Este vehículo, tras ser utilizado en otros delitos, fue finalmente abandonado en Cipolletti, según detallaron fuentes judiciales.
La Fiscalía solicitó que ambos imputados sean juzgados como coautores de asociación ilícita y robo en poblado y en banda. El juez de Garantías que interviene en la causa validó las acusaciones y ratificó las medidas cautelares dispuestas.
El caso, que continúa bajo investigación, ha cobrado relevancia no solo por el número de imputados involucrados, sino también por la complejidad de los delitos cometidos y la cantidad de localidades afectadas. La causa se mantiene abierta mientras se profundizan las pruebas y se siguen evaluando las posibles conexiones entre los acusados y otras personas que podrían estar vinculadas a la organización criminal.
La Fiscalía, por su parte, destacó que aún existen líneas de investigación activas y que no se descartan más imputaciones a medida que avancen las pesquisas.
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La Justicia ratificó la prisión preventiva para la banda acusada de 12 violentos robos en la región
Tras el fallo, continúan vigentes las calificaciones y medidas cautelares dictadas luego de los allanamientos simultáneos del 13 de noviembre, que derivaron en la detención de los 5 acusados.
El juez de juicio no hizo lugar este martes (09/12) a los agravios presentados por las defensas particulares de los 5 imputados señalados por la Fiscalía como integrantes de una asociación ilícita que habría perpetrado 12 hechos delictivos en el Alto Valle. Con esta decisión, se mantienen en pie tanto la acusación fiscal como la calificación legal y las prisiones preventivas solicitadas oportunamente por el Ministerio Público Fiscal.
La formulación de cargos había tenido lugar el pasado 13 de noviembre, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados por la Policía de Río Negro en General Roca y Cipolletti. En aquella audiencia, el juez de Garantías dispuso la prisión preventiva por 4 meses para todos los imputados.
Según la acusación, el grupo actuaba bajo un modus operandi reiterado y minucioso: realizaban tareas previas de vigilancia sobre objetivos seleccionados, utilizaban uno o dos vehículos sustraídos para trasladarse y irrumpían violentamente por accesos traseros, trepando paredones y techos. En el interior, reducían a las víctimas con armas de fuego, las ataban con alambres o precintos y exigían dólares y la ubicación de cajas fuertes.
También se llevaban elementos de valor como oro, dispositivos electrónicos -aunque no teléfonos celulares- y los DVR de cámaras de seguridad, para borrar registros de su ingreso.
Los 12 hechos imputados ocurrieron entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, 11 en General Roca y uno en Allen.
Además de la acusación por integrar una asociación ilícita, a los imputados se les atribuyen distintos delitos según su presunta participación en cada caso: robo simple y agravado por ser cometido en poblado y en banda, en algunos episodios agravado por escalamiento, y privación ilegítima de la libertad con violencia. Algunos enfrentan también cargos por robo y hurto de vehículos.
Durante la audiencia, la Fiscalía reiteró que «estas 5 personas se dedicaban a trabajar de esto: hay una selectividad de objetivos, un análisis prolijo de las víctimas y una estrategia definida para concretar los hechos».
La fiscal jefa agregó que la conducta «supera la mera actuación plural circunstancial» y que los hechos «han conmocionado a la sociedad», sin descartar que puedan surgir nuevas evidencias o involucrados.
Con el rechazo de los agravios, la situación procesal de los 5 acusados continúa sin modificaciones y se mantienen las medidas cautelares establecidas por el juez de Garantías.
