Ayer (23/12) a la mediodía, el equipo del Ministerio Público Fiscal que investiga una asociación ilícita vinculada a una serie de robos bajo la modalidad de entraderas formuló cargos contra tres hombres más, detenidos el lunes (22/12) tras la realización de cuatro allanamientos en General Roca. Con estas nuevas imputaciones, ya son 10 las personas acusadas en la causa.

Durante la audiencia, la Fiscalía imputó a los tres hombres como integrantes de la asociación ilícita, atribuyéndoles además participación directa en distintos hechos. Uno de ellos fue acusado por el delito de tentativa de robo en poblado y en banda, otro por robo en poblado y en banda, y el tercero por robo agravado por ser cometido en poblado, en banda y con el uso de un arma de fuego impropia.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva para los imputados, al considerar que, si bien no registran antecedentes penales, la calificación legal de los hechos prevé una eventual pena de cumplimiento efectivo. En ese sentido, la fiscal del caso remarcó que «estas personas ultrajaron domicilios y atacaron a personas con alto grado de vulnerabilidad, avanzando contra adultos mayores».

Asimismo, la Fiscalía sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado el grado de organización con el que se habrían cometido los hechos. Se mencionó el ocultamiento y destrucción de vehículos utilizados para los delitos, como el caso de una Jeep Compass hallada incendiada en la zona de chacras de Allen, y la existencia de un testigo de identidad reservada cuya seguridad debe ser resguardada.

En el marco del proceso, se dispuso el envío de los teléfonos celulares secuestrados a la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) para su análisis, además de la realización de otras medidas cautelares, como ruedas de reconocimiento. A pedido de la Fiscalía, el juez resolvió que en esta etapa no se publiquen datos ni imágenes de los imputados para no afectar las diligencias pendientes.

Las defensas se opusieron tanto a la formulación de cargos como a la prisión preventiva. El defensor penal público propuso la colocación de tobilleras electrónicas y prohibiciones de acercamiento, mientras que un abogado particular destacó la situación laboral y familiar de uno de los imputados. Sin embargo, el juez de Garantías rechazó los planteos y resolvió dictar la prisión preventiva por el plazo de dos meses.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha un operativo especial de salud y seguridad de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con atención garantizada en los hospitales públicos, acciones preventivas y un refuerzo de la presencia policial en todo el territorio provincial.

Desde el Ministerio de Salud se confirmó que durante los días 24 y 25 de diciembre, y 31 de diciembre y 1 de enero, los 36 hospitales públicos de la provincia mantendrán el normal funcionamiento de los servicios de emergencia. El esquema contempla guardias activas y pasivas de acuerdo a la complejidad de cada establecimiento, con la participación de alrededor de 1.200 trabajadores y trabajadoras de la salud, entre médicos, personal de enfermería, técnicos y agentes administrativos.

Este dispositivo permitirá brindar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad durante las jornadas festivas y garantizar el acceso a la atención sanitaria en todo el territorio rionegrino. Desde la cartera sanitaria se reiteró la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana, recomendando un consumo moderado de alcohol, evitar el uso de pirotecnia y conducir de manera responsable.

En paralelo, la Policía de Río Negro desplegó un amplio operativo de seguridad que se extenderá desde el 20 de diciembre hasta el 20 de febrero de 2026, con el objetivo de reforzar la prevención, la seguridad vial y la cobertura policial, especialmente en los principales destinos turísticos.

El refuerzo de efectivos incluye 127 agentes en Bariloche y la zona, 26 en El Bolsón, 110 en Las Grutas y alrededores, 10 en el Cuerpo de Seguridad Vial de San Antonio Oeste, 10 en la Subcomisaría 62° de Puerto San Antonio Este, 15 en la Subcomisaría 57° de Playas Doradas y 38 en la Comisaría 39° de El Cóndor.

Además, se destinaron 10 efectivos al Destacamento 115° de Lago Pellegrini y 43° a la Unidad Regional V de Cipolletti, fortaleciendo la presencia policial en puntos estratégicos durante la temporada de mayor afluencia turística.

Desde el Gobierno provincial destacaron que «este operativo integral busca garantizar que las familias rionegrinas puedan celebrar las fiestas de fin de año con mayor tranquilidad, reforzando tanto la atención sanitaria como la seguridad en rutas, ciudades y zonas turísticas».

Recomendaciones para una celebración segura

• Designar un conductor responsable y respetar Alcohol Cero al volante.
• Evitar el uso de pirotecnia para prevenir lesiones y proteger a personas sensibles y mascotas.

Como ocurre semanalmente en la ciudad, inspectores municipales de Tránsito llevaron adelante controles vehiculares en distintos sectores de General Roca, con el objetivo de preservar la seguridad vial tanto en la zona urbana como en áreas rurales.

Los operativos se desarrollaron durante la semana comprendida entre el lunes 15 y el domingo 21 de diciembre y arrojaron como resultado la confección de 216 actas de infracción. Del total, 17 casos registraron alcoholemia positiva, lo que derivó en la retención preventiva de 8 vehículos.

Además, por distintas infracciones se realizaron otras 24 retenciones, alcanzando un total de 32 vehículos secuestrados, de los cuales 28 fueron motocicletas y 4 automóviles. Entre las faltas más frecuentes detectadas se encontraron la falta de licencia de conducir, la ausencia de seguro obligatorio y el mal estacionamiento.

Desde la Dirección de Tránsito del Municipio recordaron que en General Roca se encuentra vigente la Ordenanza 5020/23 de Alcohol Cero al Volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre.

La infracción a esta normativa es considerada una falta grave y contempla sanciones que van desde 1.000 a 3.000 USAM, lo que equivale a multas de entre $1.000.000 y $3.000.000 según la tarifaria vigente al 22 de diciembre de 2025, además de la inhabilitación de la licencia de conducir.

Desde el Municipio insistieron en que el consumo de alcohol, incluso en pequeñas cantidades, incrementa significativamente el riesgo de protagonizar siniestros viales y puede generar consecuencias graves no solo para quien conduce, sino también para el resto de los usuarios de la vía pública. Por tal motivo, se recomienda evitar la ingesta de alcohol al conducir o designar un conductor responsable para garantizar la seguridad de todos.