Sociedad
Buscan garantizar la paridad de género en la conducción de asociaciones civiles y fundaciones
La iniciativa, presentada por el Frente de Todos, alcanza también a las empresas del estado.
Un proyecto de Ley presentado por los legisladores María Eugenia Martini, María Inés Grandoso y Marcelo Mango, fija un cupo femenino del 50% en la conformación de los órganos de administración de las asociaciones civiles y fundaciones por crearse bajo supervisión de la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro. La norma afectará también a nuevas Sociedades del Estado.
“La desigualdad entre varones y mujeres en los cargos directivos en empresas y entidades civiles resulta abismal, se trata de mecanismos de exclusión resultado de prácticas sociales, políticas, económicas y culturales que están profundamente arraigadas, y que debemos transformar”, explicó la presidenta del bloque del Frente de Todxs, María Eugenia Martini.
El proyecto, ingresado este jueves a la Legislatura, dispone que “asociaciones civiles y fundaciones en proceso de constitución que se encuentren bajo supervisión de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro y las Sociedades del Estado que se creen deben incluir en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, una composición que respete la paridad de género, garantizando la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos”.
Esta paridad será progresiva -determina la norma- en las sucesivas renovaciones de miembros, para lo cual requiere que Personas Jurídicas inspeccione y haga cumplir el criterio de igualdad de género en las nuevas designaciones.
Las mujeres exhiben alta calificación en diversos ámbitos de inserción laboral. Sin embargo, el grado de participación en el mercado de trabajo y los indicadores relativos a ingreso salarial y a puestos jerárquicos evidencian aún brechas significativas, lo que sugiere que no hay un acceso real a las mismas oportunidades de desarrollo a pesar del grado de calificación.
Precisamente, “avanzar en paridad de género en el ámbito de la conformación y composición de las personas jurídicas implica establecer reglas claras y efectivas para la igualdad de acceso y oportunidades”, destaca el proyecto en sus fundamentos.
Romper el denominado “techo de cristal” es un proceso que difícilmente se dé en forma natural, y por lo tanto requiere de acciones positivas, las cuales en la Argentina son reconocidas por la Constitución Nacional. De acuerdo a estimaciones del World Economic Forum, de no contar con herramientas legislativas que incidan en la organización social, lograr el estado de igualdad de género por el sólo devenir histórico demoraría más de 200 años.
“Como todo derecho que se consagra, la incorporación e integración femenina en la dirección de nuestras asociaciones y empresas fortalece y enriquece a nuestras organizaciones y a la comunidad, esto es responsabilidad del Estado, y se trata de seguir profundizando el espíritu de leyes que ya existen en el país”, señaló Martini.
El proyecto va en línea con la Resolución 34/2020 emitida en agosto por la Inspección General de Justicia de la Nación que determina la obligatoriedad de establecer la paridad de género en los órganos de administración y de fiscalización que constituyen las personas jurídicas que se conformen e inscriban a nivel nacional.
La norma propuesta por el Frente de Todxs, y que inicia ahora su derrotero legislativo, destaca además que “la importancia de las asociaciones civiles y fundaciones es crucial para la ciudadanía de nuestra provincia, su labor en los ámbitos deportivos, sociales y de activismo ambiental y cultural es irreemplazable”, asegura, y considera “pertinente en un proceso escalonado”, apuntar “a la mayor participación de las mujeres en estos ámbitos ciudadanos” entre los cuales incluye también a futuras empresas del Estado provincial.
“Entendemos que del mismo modo que ocurrió con la Ley que fijó la paridad de género para los cargos políticos, o el cupo en las organizaciones sindicales, esta Ley que proponemos va en el sentido de garantizar para la mujer un lugar en los espacios de toma de decisión en pie de igualdad con los varones”, concluyó Martini.
Judiciales
Ordenaron el retiro del carnet de conducir y la suspensión de la línea telefónica por una deuda alimentaria
Las medidas fueron ordenadas por una jueza de Familia luego de verificar que el progenitor no dio cumplimiento a un convenio alimentario previamente homologado.
El retiro del carnet de conducir y la suspensión de líneas telefónicas fueron las medidas dispuestas contra un padre que no acreditó el pago de una cuota alimentaria fijada a favor de su hija menor de edad. Las decisiones se adoptaron en el marco de un expediente de familia y tuvieron como finalidad compeler el cumplimiento de una obligación alimentaria vigente.
Las medidas fueron ordenadas por una jueza de Familia de Cipolletti luego de verificar que el progenitor no dio cumplimiento a un convenio alimentario previamente homologado. Además del retiro de la licencia de conducir o, en su caso, la prohibición de tramitarla o renovarla, la magistrada dispuso oficiar al Registro Provincial de Deudores Alimentarios para la inscripción correspondiente y ordenó la suspensión de líneas telefónicas fijas o móviles de su titularidad.
La resolución se dictó tras una intimación previa cursada el año pasado, en la que se requirió al padre que acreditara el pago de los alimentos bajo apercibimiento de adoptar medidas razonables para garantizar la obligación. Esa intimación no fue impugnada y, ante la persistencia del incumplimiento, la jueza hizo efectivos los apercibimientos anunciados.
Contra esa decisión, el progenitor presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. En su planteo sostuvo que las medidas adoptadas no resultaban eficaces para asegurar el pago de los alimentos y que su situación económica le impedía cumplir regularmente con la cuota. Señaló que realizaba trabajos informales vinculados a tareas domiciliarias y que se encontraba sin empleo. También cuestionó la valoración de la prueba y afirmó que efectuó depósitos y transferencias parciales que, a su criterio, no fueron considerados de manera adecuada. En ese contexto, solicitó que se dejaran sin efecto las sanciones y que se le concediera un plazo para regularizar una cuota correspondiente a un período determinado.
La persona que reclamó los alimentos respondió y sostuvo que la cuota alimentaria convenida y homologada continuaba plenamente vigente. Indicó que el padre no promovió ningún incidente tendiente a modificar la prestación y que, hasta tanto ello ocurra y exista una resolución judicial, la obligación resulta exigible en los términos fijados. También remarcó que las medidas dispuestas se encuentran previstas en la normativa vigente y dentro de las facultades del Poder Judicial para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. En el mismo sentido se pronunció la Defensora de Menores, quien recomendó mantener lo resuelto.
Al intervenir en el caso, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Cipolletti analizó el recurso y señaló que la resolución cuestionada constituyó una consecuencia directa de una intimación anterior que había quedado firme. En ese contexto, destacó que no resulta procedente impugnar la providencia que hace efectivo un apercibimiento cuando el acto que le dio origen no fue cuestionado oportunamente, ya que los plazos procesales operan de manera preclusiva.
El Tribunal también recordó que el derecho alimentario de niñas, niños y adolescentes se encuentra protegido por normas de jerarquía constitucional y supralegal, y que la obligación alimentaria no se modifica por manifestaciones unilaterales sobre la situación laboral del progenitor. Para alterar una cuota vigente resulta necesario promover el trámite judicial correspondiente y obtener una resolución que así lo disponga.
Con esos fundamentos, la Cámara rechazó el recurso de apelación y confirmó la resolución dictada en primera instancia en todo lo que fue materia de agravio, incluidas las medidas de retiro del carnet de conducir y suspensión de la línea telefónica.
Roca
Alta Barda tiene nueva iluminación LED: Cambiaron 70 puntos de luz y sumaron 12 nuevas luminarias
La reconversión tecnológica permite reducir el consumo energético, mejorar la visibilidad y bajar los costos de mantenimiento.
El Municipio de Roca completó una obra de modernización del alumbrado público en el Barrio Alta Barda, donde reemplazó luminarias de sodio por tecnología LED en 70 puntos e incorporó 12 nuevas luminarias que amplían la cobertura del servicio en el sector.
Los trabajos se llevaron adelante sobre las calles Darwin, Elías Quilodrán, El Ceibo, Las Petuñas y Félix Heredia.
La tecnología LED permite reducir el consumo energético, mejorar la visibilidad nocturna y disminuir los costos de mantenimiento, además de generar un menor impacto ambiental en comparación con el sistema anterior.
Con esta intervención, el Municipio avanza en el plan de reconversión del alumbrado público en distintos barrios de la ciudad, con «el objetivo de brindar espacios más seguros y eficientes para los vecinos», destacaron.
Roca
Los combustibles acumulan entre un 16% y un 18% de aumento sólo en marzo
Desde enero, el combustible acumula una suba del 22%, cifra que ya supera más de la mitad del aumento registrado a lo largo de todo el año 2025.
La guerra en Medio Oriente llegó a los surtidores del Alto Valle. En lo que va de marzo, los combustibles acumularon aumentos de entre el 16% y el 18% en las diferentes estaciones de servicio de General Roca.
Los especialistas explican que las subas no responden a un criterio uniforme: cada petrolera las aplica en forma independiente, en diferentes momentos y con distintos porcentajes. Básicamente, todos los días, en alguna petrolera o en alguna ciudad se registra un incremento.
Los números reflejan el impacto en el bolsillo. La nafta Súper, que en febrero costaba $1.609 el litro, trepó a $1.912 en marzo, un incremento del 18,8% -datos de YPF en Roca-. En lo que va de 2026, la suba acumulada ya alcanza el 22%, superando más de la mitad del aumento registrado durante todo el año 2025, cuando el precio pasó de $1.128 a $1.611, con una variación del 42,8%.
La evolución de los precios dependerá tanto del conflicto bélico como de la inflación interna. Y es que una sola declaración del presidente Donald Trump logró que el precio del petróleo bajara de manera considerable, lo que abre la posibilidad de una corrección si el escenario internacional se estabiliza.
No obstante, la región tiene una posición particular frente a esta situación: mientras el aumento golpea a los consumidores, el Alto Valle se beneficia como zona exportadora de crudo a precios más favorables en el mercado externo.
