Sociedad
Buscan garantizar la paridad de género en la conducción de asociaciones civiles y fundaciones
La iniciativa, presentada por el Frente de Todos, alcanza también a las empresas del estado.
Un proyecto de Ley presentado por los legisladores María Eugenia Martini, María Inés Grandoso y Marcelo Mango, fija un cupo femenino del 50% en la conformación de los órganos de administración de las asociaciones civiles y fundaciones por crearse bajo supervisión de la Inspección General de Personas Jurídicas de Río Negro. La norma afectará también a nuevas Sociedades del Estado.
“La desigualdad entre varones y mujeres en los cargos directivos en empresas y entidades civiles resulta abismal, se trata de mecanismos de exclusión resultado de prácticas sociales, políticas, económicas y culturales que están profundamente arraigadas, y que debemos transformar”, explicó la presidenta del bloque del Frente de Todxs, María Eugenia Martini.
El proyecto, ingresado este jueves a la Legislatura, dispone que “asociaciones civiles y fundaciones en proceso de constitución que se encuentren bajo supervisión de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro y las Sociedades del Estado que se creen deben incluir en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, una composición que respete la paridad de género, garantizando la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos”.
Esta paridad será progresiva -determina la norma- en las sucesivas renovaciones de miembros, para lo cual requiere que Personas Jurídicas inspeccione y haga cumplir el criterio de igualdad de género en las nuevas designaciones.
Las mujeres exhiben alta calificación en diversos ámbitos de inserción laboral. Sin embargo, el grado de participación en el mercado de trabajo y los indicadores relativos a ingreso salarial y a puestos jerárquicos evidencian aún brechas significativas, lo que sugiere que no hay un acceso real a las mismas oportunidades de desarrollo a pesar del grado de calificación.
Precisamente, “avanzar en paridad de género en el ámbito de la conformación y composición de las personas jurídicas implica establecer reglas claras y efectivas para la igualdad de acceso y oportunidades”, destaca el proyecto en sus fundamentos.
Romper el denominado “techo de cristal” es un proceso que difícilmente se dé en forma natural, y por lo tanto requiere de acciones positivas, las cuales en la Argentina son reconocidas por la Constitución Nacional. De acuerdo a estimaciones del World Economic Forum, de no contar con herramientas legislativas que incidan en la organización social, lograr el estado de igualdad de género por el sólo devenir histórico demoraría más de 200 años.
“Como todo derecho que se consagra, la incorporación e integración femenina en la dirección de nuestras asociaciones y empresas fortalece y enriquece a nuestras organizaciones y a la comunidad, esto es responsabilidad del Estado, y se trata de seguir profundizando el espíritu de leyes que ya existen en el país”, señaló Martini.
El proyecto va en línea con la Resolución 34/2020 emitida en agosto por la Inspección General de Justicia de la Nación que determina la obligatoriedad de establecer la paridad de género en los órganos de administración y de fiscalización que constituyen las personas jurídicas que se conformen e inscriban a nivel nacional.
La norma propuesta por el Frente de Todxs, y que inicia ahora su derrotero legislativo, destaca además que “la importancia de las asociaciones civiles y fundaciones es crucial para la ciudadanía de nuestra provincia, su labor en los ámbitos deportivos, sociales y de activismo ambiental y cultural es irreemplazable”, asegura, y considera “pertinente en un proceso escalonado”, apuntar “a la mayor participación de las mujeres en estos ámbitos ciudadanos” entre los cuales incluye también a futuras empresas del Estado provincial.
“Entendemos que del mismo modo que ocurrió con la Ley que fijó la paridad de género para los cargos políticos, o el cupo en las organizaciones sindicales, esta Ley que proponemos va en el sentido de garantizar para la mujer un lugar en los espacios de toma de decisión en pie de igualdad con los varones”, concluyó Martini.
Roca
Roca puso en marcha una obra clave: Comenzó el conector vial de calle Güemes
Se intervendrá el tramo entre Jujuy y Mendoza con mejoras integrales.
Con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad urbana, el Municipio de General Roca comenzó la ejecución de una nueva obra vial sobre calle Güemes.
Se trata del conector vial Gral. M.M. Güemes, que abarca el tramo comprendido entre las calles Jujuy y Mendoza. El proyecto contempla pavimentación, construcción de cordón cuneta y badenes, además de la incorporación de estacionamientos a 45° y señalización horizontal.
Asimismo, se realizarán obras complementarias como la colocación de alcantarillas en calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes.
Esta intervención forma parte del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial, que prevé una serie de mejoras en arterias clave de la ciudad para facilitar la circulación vehicular y la integración entre distintos sectores.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
