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Política

La Justicia desestimó la denuncia de Suárez Colman contra Martín Soria

«Fue una maniobra para perjudicarlo», indicaron desde el bloque de legisladores del Frente de Todos.

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Foto: Archivo (Patagonia FotoPress).

La Justicia desestimó la causa por presunto cobro de sobresueldos de funcionarios municipales durante la gestión del ex intendente de General Roca y hoy diputado nacional Martín Soria, que había formulado el dirigente del PRO Nicolás Suárez Colman.

La acusación había sido radicada contra Soria y miembros de su gabinete en plena campaña electoral a comienzos de 2019, acusándolos de peculado. A casi dos años, la Justicia concluyó que no existía ningún delito.

Al respecto, la legisladora María Eugenia Martini, presidenta del bloque del Frente de Todos, se trató de una denuncia “sin sustento” y de una “clara manipulación política, que vinculó a un intento por desacreditar a Soria, cuando éste era el principal candidato por la oposición a la gobernación de Río Negro”.

“Probablemente quien la formuló (un conocido abogado de Roca y militante del PRO) supiera que no iba a llegar a nada”, señaló Martini, “pero se trataba de crear un clima y descalificar la figura de Soria durante la campaña electoral. Algo que los medios de comunicación replicaron”.

“Estas lamentables prácticas políticas, las hemos visto hasta el cansancio a nivel nacional, en la región y en el mundo, con consecuencias calamitosas”, dijo Martini, para quien, no obstante, “algunos dirigentes rionegrinos las emplearon para ensuciar a un adversario político, en este caso a Martín Soria, con un claro propósito electoral”.

“El beneficio político de este tipo de maniobras es repudiable considerando el daño que producen a la persona y al sistema democrático, tratándose además de una figura pública, referente partidario y candidato a gobernador”, expresó.

Este lunes la fiscal Julieta Villa, a cargo de la causa, concluyó que “quedó evidenciado que dichos fondos eran utilizados para solventar los gastos del proyecto político y para distintas obras de bien común, destinadas a los vecinos más carenciados”, y que nada tenían que ver con un descuento compulsivo a cada sueldo político para consolidar un sobresueldo destinado a Martín Soria, como apuntaba la denuncia.

Los aportes recibidos constituían “un fondo solidario en función al proyecto político del momento y no era usado para cuestiones personales del intendente de turno”, señaló la fiscal en su Resolución.

“Ahora que las cosas están claras, recordemos de aquí en más que éste es el nivel de engaño al que se sometió a la ciudadanía para conseguir una ventaja política, a partir de la mentira”, advirtió Martini, “pero la justicia tiene sus tiempos y para cuando conocemos la verdad, el daño ya está hecho”.

Para la legisladora, la causa de los sobresueldos resulta “un ejemplo más del lastimoso nivel que tienen muchos dirigentes políticos de nuestra provincia”.

“A las puertas de un nuevo año electoral, creo que los rionegrinos debemos estar atentos, y pensar seriamente qué calidad democrática aspiramos a tener en nuestra provincia”, concluyó.

Gremios

Tras el 4,6% de inflación, ATE exigió un aumento del 80% en una sola cuota para recuperar el poder adquisitivo

«La presión inflacionaria no cede y continúa deteriorando salarios y jubilaciones. Sin convocar a paritarias, el Gobierno está destruyendo todos los ingresos en el sector público», dijo Aguiar.

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Luego de que se diera a conocer el 4,6% de inflación de junio publicada por el INDEC, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió el urgente llamado a paritarias para lograr una recomposición salarial en un sólo pago.

«La presión inflacionaria no cede y continúa deteriorando salarios y jubilaciones. Sin convocar a paritarias, el Gobierno está destruyendo todos los ingresos en el sector público. Aumentó de manera drástica la cantidad de estatales que cayeron bajo la línea de la pobreza durante los últimos 7 meses y también el nivel de endeudamiento de sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Durante la misma jornada, se dieron a conocer los nuevos valores de la canasta básica familiar, indicando que se necesitan $873.169 para no ser pobre y $393.319 para no caer bajo la indigencia. A partir de estos montos, desde el sindicato informaron que más del 75% de los estatales (nacionales, provinciales y municipales) perciben salarios por debajo de la línea de la pobreza.

En este marco, el dirigente continuó con que «se observa un llamativo incremento de renuncias de distintos agentes a la administración pública. Se trata de un recurso humano muy valioso, con experiencia y altamente formado que decide pasarse al sector privado o hasta irse del país. Si no existe un llamado urgente para negociar salarios, se reafirma una política de vaciamiento del Estado. Desmantelamiento y desguace de su patrimonio, prestaciones y hasta de empleados».

«Luego de conocido este nuevo índice de evolución de los precios, desde ATE demandamos una suma fija de carácter permanente que tenga un rápido impacto en los sueldos más bajos de la escala y un 80% de aumento en una sola cuota. Esta es la única posibilidad de compensar la caída real que han experimentado nuestros salarios», agregó.

Durante el último encuentro, realizado el 1 de julio en medio de una fuerte represión contra los trabajadores reclamaban contra los despidos, el Gobierno se presentó sin ninguna oferta salarial.

«Los sueldos quedan cada vez más lejos del costo que tiene la canasta básica. Tenemos que prepararnos para incrementar las protestas. Los afiliados esperan que sus sindicatos los defiendan. No hacer nada frente a esto, es ser cómplices de nuestro propio empobrecimiento», concluyó Aguiar.

Además, el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 que rige para la Administración Pública Nacional se negocia de junio a mayo del siguiente año. Durante el acuerdo 2023-2024, la pérdida del poder adquisitivo fue del 22,4%.

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Política

Aprobaron Ley que regula los radares en Río Negro y las multas quedan nulas

Prohíbe el funcionamiento de radares en la provincia que no cuenten con la autorización de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

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Durante la sesión ordinaria en la Legislatura provincial, fue aprobado en segunda vuelta, por unanimidad, la Ley que regula el funcionamiento de los radares en Río Negro y da nulidad a las actas de infracción labradas.

La iniciativa, del Bloque CC ARI Cambiemos, otorga a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), un plazo de 90 días, a partir de la fecha de vigencia de la Ley, para regularizar en todo el territorio provincial, el funcionamiento de los radares controladores de velocidad en todo los caminos y rutas existentes. Además, prohíbe el funcionamiento de radares en la provincia, que no cuenten con la autorización de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y establece un procedimiento único para la autorización de los mismos.

«La mayoría de los radares en la provincia no cuentan con los requerimientos mínimos que
deben tener para cumplir su función preventiva, y terminan siendo una ‘trampa casa bobos’
solo con fines recaudatorios», subrayó durante la sesión el presidente del bloque, Javier Acevedo.

Uno de los puntos más importantes que propone la Ley es la nulidad de todas las actas de infracción labradas, y las que, habiendo sido labradas con anterioridad, aún no hayan sido abonadas por los presuntos infractores, debiendo el Juzgado de Faltas competente ordenar de oficio su archivo.

En relación a este punto, durante el tratamiento, el bloque pidió sustituir el artículo
que establece la nulidad de las multas, agregando una «excepción de aquellas infracciones
labradas a camiones de carga de arena silícea con fines de actividad industrial, debiendo el
Juzgado de Faltas competente ordenar de oficio su archivo».

La Ley fue sancionada por unanimidad y será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación
en el Boletín Oficial.

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Política

«No pasaron tres días del Pacto de Mayo y Juntos Somos Río Negro ya aumentó los impuestos»

El legislador Juan Martín rechazó el aumento de alícuotas de Ingresos Brutos aprobado en la Legislatura rionegrina.

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El legislador rionegrino Juan Martin (PRO-Unión Republicana) manifestó su rechazo al aumento de las alícuotas de Ingresos Brutos aprobado hoy (12/07) por la Legislatura con los votos de Juntos Somos Río Negro, el peronismo, el radicalismo y el ARI. «No pasaron tres días desde que el gobernador firmó el Pacto de Mayo, que habla de reducir y simplificar impuestos y ya los están aumentando», expresó.

El presidente del bloque PRO-Unión Republicano consideró «paradójico y contradictorio» el hecho de que en la misma sesión, a instancias del Ejecutivo, se haya tratado la adhesión al RIGI que contempla medidas de estímulo fiscal y al mismo tiempo se planteara un incremento en Ingresos Brutos. «Habla de lo incoherente e improvisado que es el gobierno», sostuvo.

«Hace tiempo que venimos advirtiendo que las cuentas provinciales no cierran y en lugar de hacer un esfuerzo del sector público para que cierren, siguen abusando de los contribuyentes», planteó Juan Martin, recordando que a principios de esta semana advirtió sobre los aumentos de los impuestos inmobiliarios y automotor en porcentajes superiores a la inflación.

«Quieren obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo, que es exprimir a los que trabajan y producen», concluyó.

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