Judiciales
Comienza a definirse el jurado popular que juzgará el homicidio de una niña de Los Menucos
Se trata de 30 hombres y 30 mujeres (más otras 10 personas sorteadas como resguardo) domiciliadas en cualquiera de las localidades comprendidas en la Circunscripción.

La Oficina Judicial de Roca sorteó esta mañana (22/04) a las 70 personas de las cuales saldrá, en poco tiempo, el Tribunal popular de 12 ciudadanos y ciudadanas que darán su veredicto en el primer juicio por jurados en la Segunda Circunscripción Judicial. Se trata de 30 hombres y 30 mujeres (más otras 10 personas sorteadas como resguardo) domiciliadas en cualquiera de las localidades comprendidas en la Circunscripción, que tiene sus límites en Allen, Río Colorado y Maquinchao.
El caso que llegará a juicio por jurados tiene como imputados a un hombre y a una mujer acusados de cometer una serie de delitos que terminaron con la vida de una niña de tres años en el establecimiento rural Las Mochas, ubicado a unos kilómetros de Los Menucos. Los hechos que se juzgarán ocurrieron en abril de 2020.
El hombre llegará a juicio acusado de “lesiones graves y leves agravadas por haber sido cometidas con violencia de género, en concurso real con femicidio”, en tanto que la mujer será juzgada como presunta autora de “lesiones graves y leves agravadas por el vínculo, en concurso real con homicidio calificado por el vínculo”.
El sorteo realizado hoy se hizo sobre la base del listado general de potenciales jurados que sorteó el Tribunal Electoral Provincial en 2018 y que depuró la Oficina Judicial de Roca, consistente en una lista de 177 mujeres y 190 hombres. Esa nómina iba a ser utilizada para los juicios por jurados de 2019, pero ese año ningún caso penal llegó a esa instancia. La lista general se prorrogó para los juicios de 2020, pero sólo se pudo realizar uno, en Bariloche. Los restantes que estaban previstos para el año pasado se realizaron con jueces técnicos, en cumplimiento de una Ley sancionada por la Legislatura Provincial a raíz de la pandemia. Por lo que finalmente se prorrogó la vigencia de aquellos listados originales para los juicios por jurados de 2021.
Días atrás, en Viedma, el Tribunal Electora Provincial sorteó la nómina general de potenciales jurados para los juicios que se realicen en 2022.
Siguiente paso
El próximo paso del proceso es la audiencia de selección de jurados, que está prevista para el 4 de junio en Roca. Ese día, tras un procedimiento reglado por el Código Procesal Penal y supervisado por el juez Gastón Martín, quien dirigirá el juicio, quedará conformado un jurado imparcial y de integración plural de 12 personas: seis hombres y seis mujeres. Además se seleccionarán en la audiencia cuatro jurados suplentes.
La selección se hará de sobre el listado de las primeras 60 personas sorteadas hoy. En caso de resultar insuficientes, especialmente teniendo en cuenta la situación de pandemia, se utilizará el listado de 10 personas extra previsto por la Oficina Judicial.
El juicio
El 4 de junio quedará integrado el jurado popular (titular y suplentes), en tanto que el juicio se desarrollará en el Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca desde el 7 hasta el 11 de junio.
Con aplicación de un estricto protocolo sanitario se espera la declaración presencial de unos 40 testigos y peritos a lo largo de las primeras cuatro jornadas del debate, más los alegatos de clausura de las partes (Fiscalía, querella y ambas defensas) previstos para el viernes 11. A partir de ese momento el jurado pasará a deliberar en una sesión secreta hasta obtener su veredicto.
Protocolo
El STJ aprobó un protocolo para la realización de juicios por jurados que garantiza el distanciamiento social, el uso de barbijos, el control de síntomas, la higiene de manos y la desinfección de las salas, entre otros puntos. El Protocolo se aplica tanto para el jurado como para las partes, los testigos y los demás auxiliares del proceso. No se permitirá el ingreso de público y los medios de comunicación podrán seguir las audiencias de manera remota o por salas específicamente habilitadas para tal fin.
Judiciales
Caso Valentín Mercado: Piden confirmar la condena contra el anestesiólogo por el daño cerebral irreversible
Tras la apelación de la defensa del profesional condenado por homicidio culposo, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Impugnación que ratifique la sentencia en todos sus términos.

La causa por la muerte del niño Valentín Mercado Toledo sumó una instancia clave en el Tribunal de Impugnación de Río Negro. Tras el recurso presentado por la defensa del anestesiólogo condenado por homicidio culposo, la Fiscalía y la querella solicitaron formalmente que se confirme la sentencia original, rechazando cualquier reducción de la pena o limitación de la inhabilitación profesional.
El eje del conflicto radica en el planteo del profesional, quien busca que su inhabilitación para ejercer se circunscriba únicamente al ámbito pediátrico. Ante esto, el fiscal del caso fue tajante al señalar que la desatención durante la cirugía fue la causa directa del desenlace fatal. «Lo sucedido fue que la desatención por parte del imputado impidió advertir el súbito taponamiento, lo que derivó en un paro cardíaco», explicó. Según el Ministerio Público, el médico no cumplió con el consentimiento informado en el que asumía la responsabilidad de velar por el paciente durante toda la intervención.
La reconstrucción de los hechos indica que existieron cuatro minutos iniciales y determinantes en los que el anestesiólogo no actuó conforme a su rol. Si bien luego se logró estabilizar al niño con adrenalina y un cambio de tubo traqueal, la demora fue tan extensa que el daño cerebral resultó irreversible.
La querella acompañó estos argumentos, dejando la decisión final en manos del Tribunal, que ya pasó a deliberar.
Judiciales
Compensación económica tras una unión convivencial: Reconocen desequilibrio estructural y contexto de violencia
Se conocieron hace más de dos décadas y tuvieron un hijo. Pero la situación se volvió insostenible con el paso de los años.

Se conocieron en la facultad hace más de 20 años. Ella era alumna y tenía el sueño de recibirse de licenciada; él trabajaba como ayudante de cátedra. Al poco tiempo, ella abandonó sus estudios y sus proyectos para acompañar el crecimiento profesional de él.
Así, la joven se convirtió en asistente técnica en las películas de su pareja y en cuidadora de su familia. Durante casi dos décadas, sostuvo el hogar y los proyectos del hombre. Mientras la pareja acumulaba títulos académicos y prestigio, ella perdía autonomía. No tenía ingresos propios y dependía por completo de la voluntad de su pareja.
La situación se volvió insostenible con el paso de los años. Así, decidió dejar la vivienda familiar junto con su hijo. Dejó los equipos de trabajo, la casa que ayudó a construir y los vehículos de la familia. Regresó a la vivienda de sus padres, sin ahorros y con su carrera universitaria sin terminar. El hombre quedó con todos los bienes y mantuvo su estabilidad profesional intacta.
Ante esta realidad, recurrió al Poder Judicial para iniciar una compensación económica y reparar la desigualdad que provocó la ruptura.
El fuero de familia de Roca hizo lugar a la demanda. La jueza consideró acreditado un desequilibrio económico, derivado de la dinámica de la relación y de su ruptura.
La mujer mantuvo una relación de más de 20 años en la que postergó su desarrollo profesional y académico. Acompañó los proyectos laborales de su pareja y asumió, de manera casi exclusiva, las tareas domésticas y de cuidado, incluida la crianza del hijo en común.
También expresó que la relación se desarrolló en un contexto de violencia de género, caracterizado por control, descalificaciones y limitaciones a su autonomía personal y económica.
Por su parte, el hombre negó la existencia de desequilibrio y sostuvo que su crecimiento profesional fue fruto de su esfuerzo personal. Afirmó que la mujer desarrolló capacidades en el ámbito audiovisual y que contaba con posibilidades de inserción laboral.
La jueza destacó que la compensación económica tiene como finalidad corregir el perjuicio patrimonial que puede generar la ruptura de una vida en común, cuando una de las partes queda en situación de desventaja.
De la prueba producida surgió que durante la convivencia existió una asimetría de poder desde el inicio de la relación, que se trasladó a los ámbitos laboral y familiar. Se acreditó que la mujer quedó en una posición de dependencia, con limitaciones para desarrollar su autonomía, mientras que el hombre consolidó su carrera académica y profesional.
La jueza de Familia hizo lugar al reclamo y ordenó que el hombre el pago de una compensación. La magistrada destacó que existió un contexto de violencia de género y económica.
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En Río Negro, las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos jerárquicos judiciales
Representan el 55%, contra el 45% de los varones.

En el Poder Judicial de Río Negro, las mujeres ocupan el 55% de los cargos de juezas, jueces, secretarias y secretarios de las áreas jurisdiccionales, mientras que los varones representan el 45%.
La distribución cambia según la función. Del total relevado, el 68% corresponde a juezas y jueces y el 32% a secretarias y secretarios. Entre las 175 personas que ocupan cargos de juezas y jueces, el 45% son mujeres y el 55% varones. Entre las 84 personas que se desempeñan como secretarias y secretarios, en cambio, la presencia femenina asciende al 76%, frente al 24% de varones.
Pirámide demográfica y composición por áreas
El relevamiento registra 1.843 agentes en organismos jurisdiccionales y auxiliares. De ese total, 1.188 son mujeres y 655 varones. Además de juezas, jueces, secretarias y secretarios, la composición por función muestra mayoría femenina en el personal jurisdiccional, con 594 agentes, de los cuales el 78% son mujeres; en el personal de Mediación, con 81 cargos, también con 78% de mujeres; y en las áreas auxiliares, con 655 agentes, donde las mujeres representan el 62%. La única función con mayoría masculina, además de la magistratura, es la del personal de servicio: allí hay 254 cargos, con 55% de varones y 45% de mujeres.
La pirámide demográfica muestra que la mayor concentración del personal se ubica entre los 36 y 50 años, tanto en mujeres como en varones. En la distribución por fueros y organismos con equipos, el 39% del personal corresponde a organismos no jurisdiccionales, con 716 agentes, mientras que el 61% restante, con 1.127 agentes, se desempeña en organismos jurisdiccionales y de Mediación. Dentro de esa estructura, el bloque más numeroso reúne al fuero Civil, Comercial, Minería, Contencioso Administrativo y Familia, incluida la segunda instancia, con el 25% del total. Le siguen el fuero Penal con el 15%, Justicia de Paz con el 8%, el fuero del Trabajo con el 6%, Mediación con el 4% y el Superior Tribunal de Justicia con el 3%.
La información surge del informe elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.








